VIOLENCIA DE GÉNERO
Y DISCAPACIDAD
INDICE
1. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS
MUJERES CON DISCAPACIDAD
2. VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES
CON DISCAPACIDAD
3. PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO
LEY INTEGRAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
4. PARTICIPACIÓN EN EL
OBSERVATORIO ESTATAL DE
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
1. SITUACIÓN ACTUAL
DE LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD
 Más de la mitad de la población con
discapacidad son mujeres
 Pese a ser una población
heterogénea, comparten sufrir un alto
índice de discriminación
 Ello se traduce en:
• Mayor índice de analfabetismo
• Niveles educativos más bajos
• Menor actividad laboral
• Puestos de trabajo más bajos y/o
peor remunerados
• Mayor aislamiento social
• Baja autoestima
• Dependencia económica
• Dependencia socioafectiva y
emocional
• Mayor posibilidad de sufrir violencia de
género
• Menor desarrollo personal y social
• Desconocimiento de la sexualidad con
mitos erróneos al respecto
• Desprotección socio sanitaria
• Baja autovaloración de la imagen
corporal
2. VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MUJERES CON
DISCAPACIDAD
FACTORES PERSONALES
FACTORES SOCIALES VIOLENCIA DE
GÉNERO
 FACTORES PERSONALES
1) AUTOPERCEPCIÓN NEGATIVA
2) AUSENCIA DE CONCIENCIA DE
VÍCTIMA
3) ESCASO O NULO ACCESO A UN
EMPLEO REMUNERADO
4) SITUACIÓN ECONÓMICA
DEFICITARIA
5) AUSENCIA DE AUTONOMÍA
PERSONAL
 FACTORES SOCIALES
1) PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS
MUJERES CON DISCAPACIDAD
2) TABÚES Y MOTIVACIONES QUE
RODEAN EL ABUSO SEXUAL HACIA
UNA MUJER CON DISCAPACIDAD
 Mito de la “deshumanización”
 Mito de la “mercancía dañada”
 Mito de la “insensibilidad al dolor”
 Mito de la “amenaza de la
discapacidad”
 Mito de la “indefensión”
PARTICIPACIÓN DEL CERMI
EN EL DESARROLLO DE LA
LEY ORGÁNICA DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INTEGRAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
A) El artículo 3.3 de la Ley dispone que las “campañas de
información y sensibilización contra esta forma de violencia
se realizarán de manera que se garantice el acceso a las
mismas de las personas con discapacidad”.
B) El artículo 17.1 establece la garantía de que los derechos
reconocidos en esta Ley se aplicarán sobre todas las
mujeres víctimas de la violencia de género con
independencia de “cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.
C) El artículo 18.2 establece una protección especial a las
mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de
género, en el “acceso integral a la información sobre sus
derechos y sobre los recursos existentes” Así, se presta una
atención específica a personas con discapacidades de
comunicación, debiendo ofrecerse dicha información “en
formato accesible y comprensible… tales como lengua de
signos y otras modalidades u opciones de comunicación,
incluidos los sistemas alternativos y aumentativos”.
D) En los artículos 27.2 y 27.4 se incrementa el importe de la
ayuda de pago único en favor de las víctimas de la violencia
de género que carezcan de rentas superiores al 75% del SMI.
La cuantía general de la ayuda es equivalente a seis meses
de subsidio de desempleo. Pero cuando la víctima de la
violencia de género tiene una minusvalía en grado igual o
superior al 33%, se eleva a doce meses de subsidio de
desempleo. En caso que la víctima tenga responsabilidades
familiares, la ayuda general se eleva a dieciocho meses, pero
si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella
tienen una minusvalía en grado igual o superior al 33%, la
cuantía se incrementa hasta los veinticuatro meses de
subsidio de desempleo.
E) El número 4 del artículo 32 de la Ley, dedicado a los llamados
Planes de Colaboración, dispone: “En las actuaciones
previstas en este artículo se considerará de forma especial la
situación de las mujeres que, por sus circunstancias
personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la
violencia de género o mayores dificultades para acceder a
los servicios previstos en esta Ley, tales como las
pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se
encuentran en situación de exclusión social o las mujeres
con discapacidad.”
F) Asimismo, en materia de formación, también se tiene en
cuenta la discapacidad, según los términos del artículo 47,
que dice: “El Gobierno, el Consejo General del Poder
Judicial y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, asegurarán una formación
específica relativa a la igualdad y no discriminación por
razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de
formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios
Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos
Forenses. En todo caso, en los cursos de formación
anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de
las víctimas.”
PARTICIPACIÓN DEL
CERMI EN EL
OBSERVATORIO ESTATAL
DE VIOLENCIA SOBRE LA
MUJER
 Participación del CERMI en el Observatorio Estatal de
Violencia sobre la mujer con dos vocalías
Según la III Macroencuesta sobre Violencia (2006) el 8.1% de
las mujeres con discapacidad declaran haber sido víctimas
de malos tratos durante el último año. Este porcentaje es
más elevado que el obtenido entre las mujeres sin
discapacidad (3.4%).
Además el 13.0% de ellas son consideradas “técnicamente”
como maltratadas, frente al 9.4% de las que no tienen
discapacidad.
MEDIDAS:
 Inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional
de Salud, a través del Real Decreto 1030/2006, la
“detección y atención a la violencia de género y malos
tratos en todas las edades, especialmente menores,
ancianos y personas con discapacidad” en el nivel de
Atención Primaria. Así mismo, en la Atención de Urgencia
se ha incorporado la discapacidad en los términos de
“comunicación a las autoridades competentes de aquellas
situaciones que lo requieran, especialmente en el caso de
sospecha de violencia de género y malos tratos en
menores, ancianos y personas con discapacidad.”
 Inclusión en el Protocolo Común para la Atención
Sanitaria ante la Violencia de Género de la necesidad de
atención específica a las mujeres con discapacidad.
 Establecimiento de la garantía de accesibilidad de la
comunicación para las mujeres con discapacidad, tanto
en el derecho a la información como en los recursos y en
los modelos de intervención.
MEDIDAS:
- Incorporación de distintos indicadores en la base de datos
que se utiliza para realizar un análisis de las medidas
adoptadas en la lucha contra la violencia de género, tales
como:
- Datos sobre si la víctima tiene discapacidad o si bien debido
a la agresión ésta ha desarrollado una discapacidad como
consecuencia de las lesiones producidas. Así mismo
también se define si el agresor es una persona con
discapacidad.
- Dotación de intérpretes de Lengua de Signos o de medios
de apoyo aumentativos y alternativos a la comunicación oral
en comisarías, juzgados, puntos de información u otros.
- Inclusión de la discapacidad en los materiales elaborados
para los profesionales de protocolos de actuación para
ayudar a las víctimas con discapacidad.
-
Accesibilidad de los centros de acogida temporal y los
servicios prestados para mujeres con discapacidad.
-
Número de campañas de sensibilización que los
medios de comunicación dirigen a las personas con
discapacidad en lo que se refiere a la violencia de
género.
-
Accesibilidad de los servicios sociales para las
mujeres con discapacidad.
II INFORME DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
-Informe sobre los “Procesos y realidades de las mujeres
con discapacidad a causa de la violencia de género”
- Inclusión de la Discapacidad
- Los datos estadísticos deben ser desglosados por
discapacidad. Información como:
Nº de víctimas mortales
Denuncias
Asuntos Judiciales
Mujeres con protección judicial activa
Usuarias del servicio de teleasistencia móvil
Contratos bonificados y contratos de sustitución
Percepción de Renta Activa de Inserción
Percepción de la Ayuda Económica prevista en el
artículo 27 de la Ley
Concesiones de autorización de residencia temporal
por circunstancias excepcionales de mujeres
extranjeras
- Realización de un estudio con el objetivo de detectar la
violencia de género. Pueden existir muchas mujeres
con discapacidad que viven en entornos cerrados y
segregados. Mujeres con discapacidad que
desconocen que están siendo víctimas de violencia,
que dependen de forma vital de su agresor, y que no
tienen acceso a la información, no siendo posible para
ellas ni siquiera llegar de forma independiente a la
comisaría para denunciar.
Artículo 16
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo,
administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger
a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra
todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para
impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras
cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el
género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores,
incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir,
reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados
Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género
y la discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los
Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir
a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades
independientes.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la
recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración
social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de
explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de
protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea
favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la
persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas
legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los
casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean
detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
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