LEY DE TRANSPARENCIA Y
PORTALES DE TRANSPARENCIA
DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y
CONTROL
 Sin control no hay democracia.
 Para controlar se necesita información.
 Para informarnos necesitamos transparencia.
 Entendimiento correcto de la democracia.
 Corrupción.
 Crisis económica.
ANTECEDENTES
 Artículo 105.b) Constitución Española:
La ley regulará:
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y
defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la
intimidad de las personas.
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, desarrolla en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos
a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los
archivos administrativos.
ANTECEDENTES
 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.
 Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 28 de enero de 2003, sobre el acceso del público a la
información ambiental y por la que se deroga la Directiva
90/313/CEE, del Consejo.
 Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen
medidas para la participación del público en determinados
planes y programas relacionados con el medio ambiente.
ANTECEDENTES
 Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización
de la información del sector público, que regula el uso
privado de documentos en poder de
Administraciones y organismos del sector público.
 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos.
LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE,
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y BUEN GOBIERNO.
OBJETO
 Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad
pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la
información relativa a aquella actividad y establecer
las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir
los responsables públicos así como las consecuencias
derivadas de su incumplimiento.
DESTINATARIOS
 a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las
entidades que integran la Administración Local.
 b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así
como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
colaboradoras de la Seguridad Social.
 c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas
empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia
funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan
atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre
un determinado sector o actividad.
 d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia,
vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de
ellas, incluidas las Universidades públicas.
DESTINATARIOS
 e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades
sujetas a Derecho Administrativo.
 f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el
Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el
Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal
de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas
análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
 g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa
o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50
por 100.
 h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia
de fundaciones.
 i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y
entidades previstos en este artículo.
OTROS SUJETOS OBLIGADOS.
 Las disposiciones del capítulo II del título I serán también
aplicables a:
 a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y
organizaciones empresariales.
 b) Las entidades privadas que perciban durante el período
de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía
superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del
total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o
subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la
cantidad de 5.000 euros.
PUBLICIDAD ACTIVA
 Principios generales.
 Los entes citados en el art. 2.1 publicarán de forma
periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la
transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública.
PUBLICIDAD ACTIVA
 Las obligaciones de transparencia se entienden sin
perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica
correspondiente o de otras disposiciones específicas
que prevean un régimen más amplio en materia de
publicidad.
 Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía.
PUBLICIDAD ACTIVA
 Serán de aplicación, en su caso, los LÍMITES al
derecho de acceso a la información pública previstos
en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la
protección de datos de carácter personal, regulado
en el artículo 15.
 A este respecto, cuando la información contuviera
datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se
llevará a cabo previa disociación de los mismos.
PUBLICIDAD ACTIVA
 PROCEDIMIENTO:
 La información sujeta a las obligaciones de transparencia
será publicada en las correspondientes sedes electrónicas
o páginas web y de una manera clara, estructurada y
entendible para los interesados y, preferiblemente, en
formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos
adecuados para facilitar la accesibilidad, la
interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la
información publicada así como su identificación y
localización.
PUBLICIDAD ACTIVA
 Toda la información será comprensible, de acceso
fácil y gratuito y estará a disposición de las personas
con discapacidad en una modalidad suministrada por
medios o en formatos adecuados de manera que
resulten accesibles y comprensibles, conforme al
principio de accesibilidad universal y diseño para
todos.
QUÉ DEBE SER OBJETO DE DICHA
PUBLICIDAD?
 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
 INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA
 INFORMACIÓN ECONÓMICA
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL,
ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN
 Los sujetos citados publicarán información relativa a:




las funciones que desarrollan,
la normativa que les sea de aplicación
así como a su estructura organizativa.
A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado
 que identifique a los responsables de los diferentes
órganos y
 su perfil y trayectoria profesional.
INFORMACIÓN
DE RELEVANCIA JURÍDICA
 Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:
 a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas
planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
 b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa
les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos
correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación
se realizará en el momento de su aprobación.
 c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea
preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos
hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello
suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
 d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los
textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo
regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
 e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser
sometidos a un período de información pública durante su tramitación.
INFORMACIÓN ECONÓMICA,
PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA





Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo,
la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o
presupuestaria que se indican a continuación:
a) Todos los CONTRATOS, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que,
en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la
identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de
publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la
información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente.
Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de
contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de
contratos del sector público.
b) La relación de los CONVENIOS suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de
duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las
obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se
firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las
subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la
adjudicación e importe de la misma.
c) Las SUBVENCIONES y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o
finalidad y beneficiarios.
INFORMACIÓN ECONÓMICA,
PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA






d) LOS PRESUPUESTOS, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información
actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
e) Las CUENTAS ANUALES que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por
parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.
f) Las RETRIBUCIONES percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades
incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones
percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de COMPATIBILIDAD que afecten a los empleados
públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la
Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.
h) Las de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
DECLARACIONES ANUALES DE BIENES Y ACTIVIDADES Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando
el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo
dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado.
En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se
garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios
públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.
CONTROL
 El cumplimiento por la Administración General del Estado
de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto
de control por parte del CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNO.
 En ejercicio de la competencia prevista en el apartado
anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de
acuerdo con el procedimiento que se prevea
reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que
se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para
el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones
disciplinarias que procedan.
PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
 La Administración General del Estado desarrollará un
Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la
Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a
toda la información a la que se refieren los artículos
anteriores relativa a su ámbito de actuación.
 El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, la información de la
Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite
con mayor frecuencia.
DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
 Todas las personas tienen derecho a acceder a la
información pública, en los términos previstos en el
artículo 105.b) de la Constitución Española, y por la
Ley de Transparencia.
 Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas
competencias, será de aplicación la correspondiente
normativa autonómica.
INFORMACIÓN PÚBLICA
 Se entiende por información pública los contenidos o
documentos, cualquiera que sea su formato o
soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos
incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la
ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el
ejercicio de sus funciones.
LÍMITES AL DERECHO DE ACCESO













El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un
perjuicio para:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o
disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.
 Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que
se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se
podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por
escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho
manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el
acceso.

7.2 LOPD.- Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser
objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación
sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos
políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones,
fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica,
religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin
perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del
afectado.
 Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los
que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la
comisión de infracciones penales o administrativas que no
conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo
se podrá autorizar en caso de que se cuente con el
consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera
amparado por una norma con rango de Ley.
 7.3.- LOPD Los datos de carácter personal que hagan referencia
al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser
recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés
general, así lo disponga una ley o el afectado consienta
expresamente.
SOLICITUD DE ACCESO
 El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación
de la correspondiente SOLICITUD, que deberá dirigirse al titular del órgano
administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en
posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan
potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o
entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas.
 La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:




a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de
comunicaciones.
d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.
CAUSAS DE INADMISIÓN
 Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
 a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de
publicación general.
 b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la
contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e
informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
 c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción
previa de reelaboración.
 d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se
desconozca el competente.
 e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no
justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
BUEN GOBIERNO
 Ámbito de aplicación.
 En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de
este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de
Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado
y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado,
vinculadas o dependientes de aquella.
 A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal
consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de
intereses.
 Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo
con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal
consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las
Entidades Locales.
PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO
 Las personas comprendidas en el ámbito de
aplicación de este título observarán en el ejercicio de
sus funciones lo dispuesto en la Constitución
Española y en el resto del ordenamiento jurídico y
promoverán el respeto a los derechos fundamentales
y a las libertades públicas.
PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO
Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes:
 a) Principios generales:
 1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos,
de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y
con el objetivo de satisfacer el interés general.
 2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público,
absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos
principios.
 3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que
mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés
particular.
PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO
 4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de
ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
 5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de
sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación
de servicios públicos.
 6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los
ciudadanos con esmerada corrección.
 7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y
actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin
perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO
 Principios de actuación:
 1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto
a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de
intereses.
 2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones
conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
 3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier
actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
 4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la
finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción
que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las
Administraciones.
PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO
 5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles
con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que
concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
 6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o
de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan
condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una
mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio
de la Administración Pública correspondiente.
 7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.
 8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos
públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las
permitidas por la normativa que sea de aplicación.
 9.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas
personales o materiales.
LOS LÍMITES Y GARANTÍAS
DEL INFORMADOR:
EL SECRETO PROFESIONAL
RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
 Artículo 20
 Se reconocen y protegen los derechos:
 a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro
medio de reproducción.
 b) A la producción y creación literaria, artística, científica y
técnica.
 c) A la libertad de cátedra.
 d) A comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la
cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio
de estas libertades.
CONCEPTO
 DERECHO DE LOS PROFESIONALES DE LA
INFORMACIÓN
 A NO REVELAR LAS FUENTES DE LA MISMA
 NO DECLARAR ANTE LOS JUECES SOBRE HECHOS
QUE ELLOS REVELEN EN SUS INFORMACIONES
 NO ENTREGAR MATERIAL INFORMATIVO
39
NATURALEZA
 DERECHO: FRENTE A LOS PODERES PÚBLICOS Y
TERCEROS
 DEBER: ANTE LA FUENTE INFORMATIVA
 DOBLE NATURALEZA: JURÍDICA Y MORAL
40
FUNDAMENTO
 PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE POSIBLE
CONSECUENCIAS ADVERSAS
 SALVAGUARDAR LA CREDIBILIDAD Y DISCRECCIÓN
DEL PERIODISTA
 GARANTIZAR LA FLUIDEZ INFORMATIVA
 PROTEGER EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
41
TITULARIDAD
 PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN:
 REGULARIDAD
 RETRIBUCIÓN
 TITULACION?
42
DESTINATARIOS
 PODER JUDICIAL
 PODER LEGISLATIVO
 TERCEROS:
 EMPRESA PERIODÍSTICA
 OTROS
43
DESARROLLO DEL DERECHO
 El legislador no ha desarrollado aún el derecho al
secreto profesional.
 La ausencia de desarrollo es muy probablemente
fruto de la creencia de los propios profesionales de la
información –no compartida por la mayoría de la
doctrina constitucionalista- de que es más garantista
acogerse a este derecho invocando directamente el
artículo 20.1.d) CE, sin ninguna norma intermedia.
44
DESARROLLO
 La inexistencia, pues, de norma de desarrollo obliga a
caracterizar el derecho exclusivamente sobre la base
de su reconocimiento por la norma constitucional y
(desde la STEDH Goodwin, de 25 de marzo de 1996)
por la CEDH.
45
CASO GOODWIN
 Demanda en defensa del secreto profesional de los
periodistas.
 Fue planteada por el británico William Goodwin.
 Se negó a revelar la identidad de una fuente.
 Por lo que resultó condenado en su país a una multa
de 5.000 libras esterlinas.
46
CASO GOODWIN
 En noviembre de 1989, una persona telefoneó al periodista
-que trabajaba para la revista The Engineer- y le facilitó
informaciones sobre problemas financieros de una
empresa. El periodista llamó a esa sociedad para verificar
los datos. Pero la empresa estimó que procedían de un
documento confidencial desaparecido y logró que un
tribunal bloqueara la publicación del artículo.
 El juez exigió además la entrega de las notas del periodista
y la revelación de la fuente. El periodista se negó a ello y
fue condenado a una multa de 5.000 libras.
47
ANALISIS DOCTRINAL
 Serían sus notas principales las siguientes:
a) El secreto al que se refiere el artículo 20.1.d) CE
constitucionaliza el derecho que ostentan los
periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes ni
el material de trabajo en que se basan para publicar
una determinada información (también puede
ejercerse por el director de un medio para no revelar
la identidad de quien publica una carta al director: STC
15/1993, FJ 2).
48
ANALISIS DOCTRINAL
 Para la mayoría de la doctrina, estamos ante un
derecho a no revelar estos datos que, a diferencia del
secreto profesional contemplado en el artículo 24.2
CE, no protege las fuentes, sino sólo al periodista, con
independencia de que pueda pesar también sobre
éste una obligación deontológica o jurídica, pero
basada en otras normas (contractuales, por ejemplo)
de no revelar su identidad.
49
ANÁLISIS DOCTRINAL
 b) El derecho al secreto se ejerce frente a cualquier
instancia pública que pudiera requerir al periodista
para revelarlo (administrativas, parlamentarias o
judiciales) y le exime de las responsabilidades que se
derivan de no cooperar con esas instancias.
50
ANÁLISIS DOCTRINAL
 En los procedimientos judiciales, el derecho al secreto se
ejerce siempre que el periodista comparezca como testigo.
 Pues, si lo hiciera como imputado, se incluiría en el general
a no declarar contra sí mismo del artículo 24 CE. En esos
casos, sin embargo, la alegación genérica del secreto
profesional para no determinar las fuentes utilizadas no
exonera al periodista de probar por otros medios que se ha
actuado con la suficiente diligencia profesional (STC
123/1993, FJ 4).
51
ANÁLISIS DOCTRINAL
 c) En ausencia de norma de desarrollo, queda a la
ponderación jurisprudencial la determinación de los
casos en los que, estando en juego lesiones
irreparables de derechos fundamentales y cuando no
hubiera otro medio de averiguar la verdad, el derecho
al secreto profesional debería ceder ante estos otros
bienes constitucionales, aplicando siempre el
principio de proporcionalidad.
52
AMBITO JUDICIAL
 Artículo 263 LECR: OBLIGACIÓN DE DENUNCIA
La obligación impuesta en el párrafo primero del
artículo anterior no comprenderá a los Abogados ni a
los Procuradores respecto de las instrucciones o
explicaciones que recibieren de sus clientes. Tampoco
comprenderá a los eclesiásticos y ministros de cultos
disidentes respecto de las noticias que se les hubieren
revelado en el ejercicio de las funciones de su
ministerio.
53
LEY ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
 Artículo 416 OBLIGACIÓN DE DECLARAR
Están dispensados de la obligación de declarar:
1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y
descendente, su cónyuge o persona unida por relación de
hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos
consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos
hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que
se refiere el número 3 del artículo 261.
54
LEY ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
 El Juez instructor advertirá al testigo que se halle
comprendido en el párrafo anterior que no tiene
obligación de declarar en contra del procesado; pero
que puede hacer las manifestaciones que considere
oportunas, y el Secretario judicial consignará la
contestación que diere a esta advertencia.
55
LEY ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
 2. El Abogado del procesado respecto a los hechos
que éste le hubiese confiado en su calidad de
defensor.
Si alguno de los testigos se encontrase en las
relaciones indicadas en los párrafos precedentes con
uno o varios de los procesados, estará obligado a
declarar respecto a los demás, a no ser que su
declaración pudiera comprometer a su pariente o
defendido.
56
LEY ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
 Artículo 417
No podrán ser obligados a declarar como testigos:
1.º Los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes
sobre los hechos que les fueren revelados en el
ejercicio de las funciones de su ministerio.
57
LEY ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
2.º Los funcionarios públicos, tanto civiles como
militares, de cualquier clase que sean, cuando no
pudieren declarar sin violar el secreto que por razón
de sus cargos estuviesen obligados a guardar, o
cuando, procediendo en virtud de obediencia debida,
no fueren autorizados por su superior jerárquico para
prestar la declaración que se les pida.
3.º Los incapacitados física o moralmente
58
LEY ENJUICIAMIENTO CIVIL
 Artículo 371. Testigos con deber de guardar secreto.
1. Cuando, por su estado o profesión, el testigo tenga el
deber de guardar secreto respecto de hechos por los
que se le interrogue, lo manifestará razonadamente y
el tribunal, considerando el fundamento de la
negativa a declarar, resolverá, mediante providencia,
lo que proceda en Derecho. Si el testigo quedare
liberado de responder, se hará constar así en el acta.
59
ÁMBITO PARLAMENTARIO
Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia
ante las Comisiones de Investigación del Congreso y
del Senado o de ambas Cámaras.
Artículo 1
1. Todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que
residan en España están obligados a comparecer
personalmente para informar, a requerimiento de las
Comisiones de Investigación nombradas por las
Cámaras Legislativas.
60
 2. Las Mesas de las Cámaras velarán por que ante las
Comisiones de Investigación queden salvaguardados
el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el
secreto profesional, la cláusula de conciencia y los
demás derechos constitucionales.
61
CONCLUSIONES
 Los límites del secreto, serían el conflicto con otros
derechos fundamentales o en interés de la Justicia.
 Actualmente, sin embargo, debería estudiarse el caso
concreto, ya que a la ausencia de ley se une que el
Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre
estos posibles límites.
62
MUCHAS GRACIAS.-
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TRANSPARENCIA