CONTRATOS QUE CELEBRA LA ADMINISTRACION
a.
b.
Contratos administrativos
Contratos privados
La diferencia entre ambos tipos de contratos radica en:
1. La forma en que satisfacen el interés público
2. El régimen jurídico que los regula
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CONCEPTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
“ES AQUEL CELEBRADO ENTRE UN ORGANO DE LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO Y UN PARTICULAR U OTRO ORGANO PUBLICO, CUYO
OBJETO ES SATISFACER DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA UN FIN DE
INTERES PUBLICO, A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE UN REGIMEN
NORMATIVO DE DERECHO ADMINISTRATIVO.”
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CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
a.
Concurrencia de un órgano estatal.
b.
Existencia de un fin de interés público: satisfacción directa e inmediata
de una necesidad colectiva o de interés general.
c. Presencia de un régimen jurídico especial de naturaleza pública.
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EL REGIMEN JURÍDICO ESPECIAL DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO
a.
Existencia de principios especiales:
preeminencia de la
Administración y mutabilidad unilateral del contrato por decisión de
aquella.
b.
Existencia de potestades exorbitantes al derecho común: dirección,
inspección, control, interpretación unilateral, ius variandi, término
por decisión unilateral.
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c.
d.
Existencia de un procedimiento de contratación especial:
caracterizado por su formalidad, publicidad, igualdad e idoneidad.
Derecho del contratista al equilibrio económico del contrato. Por
hechos imputables a la Administración: modificación unilateral del
contrato y hecho del príncipe. Por hechos ajenos a aquella:
imprevisión y fuerza mayor.
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PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
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1.-
Principio de Legalidad
El principio de legalidad significa el sometimiento de los
poderes públicos a la ley. La legalidad comprende al
conjunto del ordenamiento jurídico y por ello este principio
se denomina de juridicidad.
Su reconocimiento se encuentra en los arts. 6° y 7° de la
CPR y en el art. 2° de la Ley N° 18.575.
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El principio de legalidad puede resumirse en el hecho que la Administración
se encuentra plenamente sometida al derecho. Ello significa que debe
respetar las normas emanadas del parlamento, pero también todas las
otras disposiciones que integran el sistema normativo.
Lo anterior lleva a sostener que la Administración no tiene libertad para
contratar, sino en los casos y bajo las formas claramente dispuestas por las
normas.
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2.-
Principio de formalismo
La C.P.R. establece que para que los actos de los órganos del Estado, entre
ellos de la Administración, sean válidos, deben realizarse “en la forma que
prescriba la ley” (art. 7°, inc. 1°).
Lo anterior expresa dos ideas sustantivas: que los actos y contratos de la
Administración deben someterse a determinados requisitos para su válida
dictación y celebración (forma –procedimiento) y para expresar la voluntad
del órgano que lo emite (forma-externalidad).
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De esta forma, los actos previos a la celebración del contrato y el
contrato mismo, deberán cumplir con las formas y el procedimiento
establecidos para el tipo de contrato que corresponda. Los primeros
regularmente consistirán en procedimientos concursales. Por su parte,
el contrato y su perfeccionamiento, dependerán de lo que para caso se
establezca.
Sin perjuicio de lo anterior y en los casos de ausencia de regulación,
los actos previos a la celebración del contrato, deberán ajustarse a las
disposiciones de Ley N° 19.880, salvo que se trate de empresas
públicas.
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3.-
Principio de publicidad
La publicidad y la transparencia son los principios estructurales sobre los
cuales descansa la gestión contractual de la Administración del Estado.
Dichos principios se traducen en la obligación de la Administración de
recurrir a procedimientos públicos e idóneos para seleccionar a los
contratantes.
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Por ello, la regla general de contratación es la licitación pública, es decir, un
procedimiento concursal que permite a cualquier interesado que cumpla las
condiciones establecidas participar en los procedimientos contractuales.
Ella está establecida en el art. 9° de la Ley N° 18.575, pero también en
leyes especiales, como por ejemplo en el art. 8°, inc. 4°, de la Ley N°
18.695 y art. 5° de la Ley N° 19.886.
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4.-
Principio de la igualdad
Este principio se traduce en que frente a diferentes sujetos que se
encuentren en idénticos supuestos de hecho y que cumplan los requisitos
para contratar con la Administración, ésta no puede actuar
discrecionalmente, impidiendo la participación de unos y permitiendo que lo
hagan otros.
En virtud de este principio, cualquier persona es un contratante potencial
del Estado.
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Adicionalmente, este principio exige que desde el comienzo del
procedimiento de licitación hasta la celebración y perfeccionamiento del
contrato, todos los oferentes se encuentren en la misma situación,
cuenten con las mismas facilidades y puedan hacer sus ofertas y
ejercer sus derechos sobre idénticas condiciones o bases.
Una manifestación de este principio es el de estricta sujeción a las
bases o condiciones de la contratación recogido en el art. 10, inc. 3°,
de la Ley N° 19.886 y en la jurisprudencia de la C.G.R.
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5.-
Principio de la idoneidad del contratante
Si bien es cierto que cualquier ciudadano o persona, nacional o extranjera,
puede contratar con la Administración, ésta debe garantizar y velar porque
los sujetos que contraten con ella, sean dignos de confianza y tengan la
experiencia necesaria.
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Por ello, no cualquier persona puede ser contratante de la Administración,
sino sólo aquellas que cumplan con los requisitos de idoneidad profesional,
técnica y financiera, que permitan garantizar el normal funcionamiento de
los servicios públicos.
Otra expresión de este principio es la existencia de un registro de
contratistas.
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6.-
Principio de la mutabilidad del contrato
La contratación administrativa, siempre se encuentra asociada a la
naturaleza pública de las prestaciones y de los fines que ellas persiguen
satisfacer. De ahí entonces, que los contratos que celebre la Administración
también deben permitir su adecuación a los cambios que esas necesidades
puedan experimentar durante su ejecución.
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La mutabilidad del contrato o ius variandi corresponde a una de las
características más sobresalientes del contrato administrativo, ya que su
existencia descansa en el interés público directamente involucrado.
Sin embargo, la mutabilidad del contrato debe compatibilizarse con el
derecho del contratista a exigir la salvaguarda de sus derechos
contractuales. Por ello, cuando la Administración hace uso de esta potestad
debe compensar económicamente al contratante, sea a través del aumento
del precio o de la indemnización correspondiente.
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7.-
Principio de la preeminencia de la administración
La Administración, cuando contrata, no se encuentra en una situación de
igualdad frente a su contratante. Mientras éste satisface su interés
particular, la administración satisface el interés general. Los resultados de
la ejecución de un contrato son de suma importancia para la
Administración, razón por la cual ella cuenta con un conjunto de potestades
para asegurar su cumplimiento, cuales son: de dirección, control y sanción,
interpretación, modificación y término unilateral del contrato.
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8.-
Principio del control
El acto de la Administración que adjudica el contrato y que está
contenido en una resolución, está sometido a un control de legalidad y
de mérito, oportunidad y conveniencia. Ambos son ejercidos
primeramente por el mismo órgano que contrata, por aplicación del
art. 11 de la Ley N° 18.575, pero además, tratándose del control de su
juridicidad, éste lo efectúa la C.G.R. a través de la toma de razón de la
resolución de adjudicación.
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Pero además del autocontrol que ejerce la propia Administración, éste
puede tener lugar mediante los recursos administrativos establecidos en la
Ley N° 19.880, especialmente los recursos de reposición y jerárquico (art.
59).
En sede jurisdiccional, asimismo, este control se podrá llevar a cabo por el
juez contencioso administrativo con competencia general o especial, esto
es, el juez civil o el Tribunal de Contratación Pública, a vía ejemplar, cuando
se trate de los casos previstos en la Ley N° 19.886.
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9.- Principio del equilibrio económico
Existe como contrapartida de los poderes exorbitantes o extraordinarios que
la Administración posee en los contratos administrativos.
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En particular surge como una garantía en favor del contratista frente a
la obligación que pesa sobre él de cumplir las modificaciones
contractuales que disponga la Administración o que durante la
ejecución del contrato.
Cuando la Administración celebró el contrato existió un equilibrio
financiero en las prestaciones que se rompe con el ejercicio de las
potestades de aquella.
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De esta forma, lo que este principio persigue es que cuando la
Administración haga uso de esas prerrogativas, el contratista sea
compensado o indemnizado para reestablecer el equilibrio económico
contractual que se haya visto alterado.
También este derecho se puede hacer valer frente a otras circunstancias
que rompan ese equilibrio, cuales son el hecho del príncipe, la imprevisión y
la fuerza mayor.
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10.- Principio de la buena fe
Este significa que los contratos obligan no sólo a lo que emane de sus
cláusulas, sino de aquello que derive de la naturaleza de las obligaciones
que se pacten.
Implica cumplir los contratos con equidad y teniendo siempre en vista el
objeto que, en el caso de los contratos administrativos, es la satisfacción
del interés general.
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11.- Principio de probidad
Este principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable y
un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del
interés general sobre el particular.
En al ámbito de la contratación administrativa su aplicación deviene del
art. 8° de la CPR y del art. 52 de la Ley N° 18.575 y se manifiesta, a vía
ilustrativa, en los casos de omisión o elusión de la licitación pública (art. 62
N° 7).
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TIPOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
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TIPOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
• NOMINADOS
• INNOMINADOS
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I.-
Contrato de obra pública
El contrato de obra pública es aquél que tiene por objeto la
construcción, modificación, conservación, o demolición de un bien
inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o
sustancia del suelo o del subsuelo por cuenta de un órgano de la
Administración del Estado, con el fin de satisfacer una finalidad
pública de manera directa e inmediata.
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La esencia de este contrato se encuentra en el principio de riesgo y
ventura con que el constructor asume su cumplimiento, lo que significa
que debe terminar y entregar la obra convenida contra un precio fijo,
debiendo soportar el mayor riesgo o beneficiarse de la menor
onerosidad que el contrato pueda originar.
El contrato de obra contiene una obligación de resultado, es decir, lo
que importa para su celebración es la terminación de la obra, pero no
el costo que haya debido demandar al constructor.
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La Administración puede recurrir a diversos tipos de contratos para
encomendar a un tercero la realización de una obra pública:
a) mediante la celebración de un contrato de ejecución de obra
pública.
b) mediante la celebración de un contrato de concesión de obra
pública.
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En el primero la obra es encomendada a cambio del pago de un precio que
efectúa la propia Administración con recursos propios.
En el segundo participan tres personas: un órgano estatal, que decide
contratar la obra; el concesionario, que acepta ejecutarla a su costa y riesgo,
y el particular o usuario de la obra, quien mediante el pago de un valor o
tarifa al concesionario le compensará el costo que le haya significado realizar
la obra y le permitirá obtener la utilidad correspondiente.
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II.- Contrato de suministro
Contrato de suministro es aquel que tiene por objeto la compra o el
arrendamiento, incluso con opción de compra, de bienes muebles.
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III.- Contrato de servicios
El contrato de prestación de servicios es aquel:
a)
b)
Cuyo objeto es la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de
productos intangibles.
Cuyo objeto es prestar servicios y suministrar bienes, cuando el valor de
éstos sea inferior al 50% del valor total o estimado del contrato.
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
Los contratos de servicio se clasifican en:
a) servicios generales: no requieren un desarrollo intelectual intensivo.
b) servicios personales: requieren un desarrollo intelectual intensivo.
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
Los contratos de servicios personales se subclasifican en:
a) servicios personales propiamente tales: requieren un desarrollo
intelectual intensivo.
b) servicios personales especializados: requieren de una preparación,
experiencia, conocimientos o habilidades específicas en una determinada
ciencia, arte o actividad.
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IV.- Contrato de gestión de servicios públicos.
Este contrato representa una técnica de gestión de servicios públicos,
consistente en confiar a un particular la operación o ejecución del servicio,
pero sin traspasar el ejercicio de potestades públicas. Es una forma de
gestión indirecta, ya que lo usual es que ella sea efectuada por los propios
órganos y servicios de la Administración del Estado.
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SISTEMAS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA


SISTEMAS LICITATORIOS
* LICITACION PUBLICA
* LICITACION PRIVADA
SISTEMAS NO LICITATORIOS
* CONTRATACION O TRATO DIRECTO
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
LA LICITACION
* CONCEPTO
* PRINCIPIOS DE ESTRICTA SUJECION A LAS BASES
LOS OFERENTES.
* VENTAJAS Y DESVENTAJAS
* LAS BASES. SU CONTENIDO E IMPORTANCIA
* CONTRAVENCIONES: OMISION Y FRAGMENTACION.
E IGUALDAD DE
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
LA CONTRATACION DIRECTA
* CAUSALES DE PROCEDENCIA
* VENTAJAS Y DESVENTAJAS
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CONTENIDO DE LA LEY N° 19.886
SU PROPOSITO ES:
a) HACER MAS EFICIENTE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA.
B) HACER MAS TRANSPARENTE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
c) PERFECCIONAR EL REGIMEN DE CONTROL DE LA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA
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PARA LOGRAR LO ANTERIOR, EL ARTICULADO DE LA LEY N° 19.886
REGULA TRES GRUPOS DE MATERIAS:


EL PRIMERO ESTA DESTINADO A REGULAR LOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
PRINCIPALMENTE SU OBJETO, LOS REQUISITOS PARA SU
CONTRATACIÓN, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y LAS
POTESTADES QUE PUEDE EJERCER LA ADMINISTRACIÓN.
EL SEGUNDO GRUPO DE DISPOSICIONES REGULA:
* UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN
* UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN
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
* LA CREACIÓN DE UN ORGANO ESTATAL ENCARGADO DE
ADMINISTRAR LOS SISTEMAS ANTERIORES Y ASESORAR A LOS
USUARIOS,
DENOMINADO
DIRECCIÓN
DE
COMPRAS
Y
CONTRATACIÓN PUBLICA.
- NATURALEZA JURIDICA
- FUNCIONES
- IMPORTANCIA DE LOS CONVENIOS MARCO
EL TERCER GRUPO DE DISPOSICIONES CREA Y REGULA UN ORGANO
JURISDICCIONAL
Y
UN
PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO,
DESTINADO
A
CONOCER
Y
RESOLVER
DETERMINADAS CONTROVERSIAS PRODUCIDAS CON OCASIÓN DE
LOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS POR LA LEY
N° 19.886, DENOMINADO TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA.
- INTEGRACION
- COMPETENCIA
- ROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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I.- OBJETO DE LA TESIS