PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Procedimiento Trilateral
Procedimiento Administrativo Sancionador
1
I.- Procedimiento General y
Procedimientos Especiales
2


La función administrativa se debe
canalizar a través de un procedimiento
Procedimiento Administrativo

PARADA:
“Es la forma propia de la función administrativa,
de la misma manera que el proceso lo es de la
función judicial y el procedimiento parlamentario
de la función legislativa.”
3
Procedimiento administrativo



Es la forma de la potestad administrativa.
Instrumento formal destinado encauzar jurídica
y racionalmente el ejercicio de la función
administrativa.
Estado para tutela del interés público no
solamente ejerce prerrogativas de poder
público,
a
través
del
procedimiento
administrativo, sino que también limita su
ejercicio (abusivo) en función de las garantías
que reconoce a los actores del procedimiento.
4
Procedimiento administrativo



Mecanismo destinado a garantizar un mejor
funcionamiento de la administración.
Otorga a los administrados la posibilidad de
hacer valer sus derechos frente al
funcionamiento
deficiente
de
la
administración.
Cauce a través del cual la Administración
valorará todos los intereses en juego a fin de
adoptar la mejor decisión.
TAWIL, Guido Santiago: Sobre el futuro del procedimiento administrativo
5

Procedimiento Administrativo


Modelo Lineal: La Administración es parte y
órgano decisor al mismo tiempo.
Modelo Triangular: La Administración se
sitúa en una posición de independencia e
imparcialidad frente a los dos o más
administrados con intereses contrapuestos:
“La Administración aparece decidiendo en un
conflicto entre particulares, de manera que carece
en absoluto de la condición de parte, pues es
totalmente ajena a la relación jurídica discutida”.
6


Procedimiento General
Procedimientos Especiales:

GONZALES NAVARRO:
“… procedimiento que ha sido pensado para una
hipótesis particular y concreta cuyo contenido
aconseja una tramitación distinta a la general”.

Elementos tipificantes:


Singularidad de la materia tratada.
Jerarquía normativa de su origen:

Regímenes especializados sólo pueden sustentarse si
parten de una norma con rango de ley
7

Procedimientos Especiales (P.E.) de la
LPAG:



Procedimiento Trilateral.
Procedimiento Administrativo Sancionador.
Régimen normativo aplicable a los P.E.



Norma especial con rango de ley.
Capitulo especial de la LPAG.
Régimen ordinario de la LPAG.
8
ANALISIS DE CASOS
9
Caso 1:
Interpretación Contrato de Concesión Red Vial 6
10
Caso 1:
Interpretación Contrato de Concesión Red Vial 6
Ley Nº 26917, Ley de Creación de OSITRAN
Artículo 7.- Funciones
7.1. Las principales funciones de OSITRAN son las siguientes:
(…)
e) Interpretar los títulos en virtud de los cuales las Entidades
Prestadoras realizan sus actividades de explotación.
f) Emitir opinión técnica sobre la procedencia de la renegociación o
revisión de los contratos de concesión. En caso ésta sea procedente,
elaborará el informe técnico correspondiente y lo trasladará al
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
(…)
Caso 1:
Interpretación Contrato de Concesión Red Vial 6


14.12.2006,COVIPERU, solicitó a OSITRAN la interpretación
de la Cláusula 5.2 del Contrato de Concesión.
La empresa Concesionaria solicitó que, respecto del décimo
párrafo de la Cláusula 5.2, se le confirme, entre otras, la
siguiente interpretación:
 Que, la fecha de aplicación del peaje previsto en el literal
c) de la Cláusula 8.17 del Contrato de Concesión, así
como el reajuste anual del mismo, no se verá alterado
cuando por causas imputables al Concedente, no sea
posible culminar las obras correspondientes a la 1ra
Etapa por el incumplimiento total o parcial de su
obligación de entregar los predios necesarios para la
12
ejecución de las obras de la 1ra Etapa.
Caso 1:
Interpretación Contrato de Concesión Red Vial 6


De acuerdo a la interpretación de la
Concesionaria, la cláusula 5.2, prevé el derecho
del privado para cobrar el peaje ajustado de US$
1,50 a partir de la fecha originalmente prevista
para la terminación de las obras iniciales, es decir
a partir del 20.09.2009.
El
Concedente,
absolvió
el
traslado
contestando que estaba de acuerdo con la
interpretación
del
efectuada
por
el
Concesionario.
13
Caso 1:
Interpretación Contrato de Concesión Red Vial 6



¿Es un procedimiento administrativo?
De ser el caso, ¿qué procedimiento es?
¿Cómo debe resolverse?
14
Caso 1:
Interpretación Contrato de Concesión Red Vial 6

24.01.2007: Resol. 010-2007-CD-OSITRAN
interpretó Cláusula 5.2, señalando, entre otras
cosas, lo siguiente:

La fecha de aplicación del cobro del peaje a que se
refiere el literal c) de la Cláusula 8.17, así como el
método de ajuste respectivo, dependerá de que el
Concesionario realice las obras correspondientes en
el área de los predios que le fueron entregados por
el Concedente y sobre los cuales no se compruebe
imposibilidad de ejecución de obras.
15
II.- PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO TRILATERAL
16
Controversias materia del
Procedimiento Trilateral
17
Controversias materia del
Procedimiento Trilateral
a) Conflictos entre administrados:
Administración resuelve un conflicto suscitado entre particulares,
respecto de una relación jurídica respecto de la cual la administración no
es parte; sin embargo, que la relevancia del conflicto se encuentra
íntimamente relacionada con el interés público.
Caso: Impugnación de procedimientos administrativos de selección de contratistas ante el Tribunal
Administrativo de la OSCE.
b) Conflictos entre una entidad pública y un particular.Implica (puede implicar) una actuación previa efectuada por una entidad
pública. Autoridad inicial pasa a tener la condición de emplazado dentro
de un procedimiento administrativo (sujeto), cuya resolución será de
competencia de una autoridad superior (diferente) a la que inicialmente
emitió la decisión.
Caso: Impugnación de procedimientos administrativos de selección de contratistas ante el Tribunal
Administrativo de la OSCE.
18
Controversias materia del
Procedimiento Trilateral
c) Conflictos entre entidades públicas:
Entidades pueden participar en un procedimiento administrativo sin
ninguna prerrogativa especial, teniendo la condición de
administrados.


Objeción:

Entidades públicas no poseen derechos sino competencias , por ello, en caso de conflicto
entre entidades públicas, la vía para resolverlo es mediante la figura del conflicto de
competencias .
Sin embargo:

Art. 50.1º de la LPAG, entidad pública puede actuar como administrado en un
procedimiento sin que ello implique desnaturalizar la esencia de aquel.
19
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA QUE SE
DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO

Autoridad
administrativa
resolutora
en
el
procedimiento administrativo trilateral, está obligada
a:
 Mantener imparcialidad. (igualdad entre partes)
 Respetar
principio de contradicción en el
procedimiento
 Respetar los derechos correspondientes al debido
procedimiento administrativo.
20
VALOR DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO TRILATERAL: LIMITES EN LA
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VERDAD
MATERIAL
Administración NO renuncia al deber de verificar la verdad de los
hechos propuestos por las partes cuando su pronunciamiento pueda
revestir una afectación al interés público
21
VALOR DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO TRILATERAL: LIMITES EN LA
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VERDAD
MATERIAL
22
VALOR DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO TRILATERAL: LIMITES EN LA
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VERDAD
MATERIAL

Principio General Procesal de la carga de la prueba:


Procedimiento Bilateral:


“quien afirme un hecho debe probarlo”
Carga de la prueba recae básicamente en la Administración.
(PP de Verdad Material e Impulso de Oficio).
Procedimiento Trilateral:



Por posición neutral de la Administración (presunción que partes
actúan en igualdad de condiciones), el PP de verdad material se
atenúa, así carga de la prueba recae en los administrados.
Sin embargo, si se presenta desigualdad entre partes (protección al
consumidor) la Administración distribuye carga de la prueba hacia
quien esté en mejor posición de asumirla.
Finalmente, si se presenta interés publico, Autoridad deberá
23
ejercer su facultad de ordenar y producir pruebas .
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
TRILATERAL
Aplicación supletoria del tramite del PAT dispuesto en la LPAG
Inicio del PAT: De Parte – De Oficio
24
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
TRILATERAL
Petición del Reclamo
25
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
TRILATERAL


Art. 223.1 de la LPAG, tiene un excesivo rigor formal que no se
encuentra en sintonía con la vigencia del PP de Informalismo a
favor del administrado en la tramitación de los procedimientos
administrativos.
Art. 461° del CPC, la rebeldía de una de las partes causa “presunción
legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la
demanda”.
26
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
TRILATERAL
 Excesivo
margen de discrecionalidad a favor de la
Administración.
 No se deduce algún indicio de qué debemos entender por
“apropiado y razonable”.
 Debería exigirse que Reclamado formule pedido de ampliación
de plazo para contestar o, que en todo caso, comunique a la
Autoridad la circunstancia objetiva que le impida efectuar su
contestación a la reclamación dentro del plazo establecido.
27
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
TRILATERAL
 Debería haberse previsto la posibilidad de permitir la
alegación de nuevos hechos sobrevinientes a la
reclamación, o la ocurrencia del alguna circunstancia
que tenga incidencia en el desarrollo del
procedimiento.
28
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
TRILATERAL
29
Otras disposiciones de la LPAG que
hacen referencia al PAT
30
Otras disposiciones de la LPAG que
hacen referencia al PAT
31
Otras disposiciones de la LPAG que
hacen referencia al PAT
32
Otras disposiciones de la LPAG que
hacen referencia al PAT
33
Conclusiones


En cuanto a los sujetos del procedimiento, no existe un
consenso unánime con respecto al rol que pueden
cumplir las entidades públicas como parte. Existen
posiciones restrictivas y amplias sobre este tema (en el
fondo se diferencian por el alcance de la noción de
administrado).
En algunos casos se atenta contra PP de Informalismo.


La naturaleza instrumental del Procedimiento Administrativo
hace que se atenúen las exigencias formales en aras de
salvaguardar el interés público presente en su desarrollo.
Fin del Procedimiento Administrativo: verdad material
34
Caso 2
Procedimiento de Determinación del
Factor de Productividad
35
Caso 2
Procedimiento de Determinación del
Factor de Productividad


Procedimiento fijación, revisión y aplicación de tarifas y
cargos:
 El Regulador fijará el procedimiento (RETA)
 Transparencia de la información (pre-publicación mínimo 15
días hábiles)
 Audiencia
públicas descentralizadas, para sustentar los
criterios, metodologías, estudios que justifican la fijación de
tarifas.
Tarifa ¿acto administrativo?
36

Acto Administrativo Regulatorio:





… si bien están dirigidos a un destinatario directo e
individualizado…
…muchas veces proyectan sus efectos hacia terceros sujetos que…
…son efectivamente afectados o incididos en su esfera de interés
por las decisiones administrativas de los reguladores.
… es fruto del carácter triangular de la relación jurídico –
regulatoria…
… lo que determina las diferencias con la concepción … tradicional
del acto administrativo que propugna un acto individual de
exclusiva eficacia personal (*).
(*) DANOS, Jorge: ¿Constituye el Acto Administrativo fuente del derecho en el ordenamiento jurídico peruano?
37
Caso 2
Procedimiento de Determinación del
Factor de Productividad
Contexto:
 Revisión tarifaria del AIJCh se efectúan empleando
price cap (RPI – X).
 Mecanismo está establecido en contrato y RETA.
Donde:
RPI: Índice de Precios al Consumidor USA.
X: factor de productividad.
38
Caso 2
Procedimiento de Determinación del
Factor de Productividad


30/12/08, mediante Resolución Nº 064-2008-CD-OSITRAN
se aprobo el factor de productividad (“X”) de 0,53% para el
período comprendido entre el 01/01/09 al 31/12/13.
12/01/09 LAP comunicó que ha identificado “un aspecto
que constituye un error, el mismo que está referido a la
estimación del “Índice de Precios de Insumos de LAP””.
Específicamente, una inadecuada combinación de
valores en la hoja de cálculo del programa Excel, cuya
corrección no produciría una alteración de los sustancial
del contenido del acto ni del sentido de la decisión tomada
por OSITRAN, la cual conlleva el proceso de revisión
tarifaria aplicando criterios y metodologías adoptadas por
el regulador para determinar el valor del “X”.
39
Caso 2
Procedimiento de Determinación del
Factor de Productividad


(i)
(ii)
En tal sentido, LAP sostiene que con la corrección del
error detectado el factor “X” sería de -0,49%, en lugar del
0,53% fijado en la Resolución Nº 064-2008-CDOSITRAN.
03/03/09, OSITRAN:
Declaró FUNDADA la solicitud de rectificación de error
material, respecto al cálculo del índice de precios de los
insumos utilizados por el Concesionario,
Modificó el artículo 1º de la Resolución Nº 064-2008-CDOSITRAN, en el sentido de aprobar el Factor de
Productividad (“X”) de -0,49% (para el período 20092013.
40
Rectificación de
errores
Artículo 201.- Rectificación de errores
201.1 Los errores material o aritmético en los
actos administrativos pueden ser rectificados
con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los
administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de
la decisión.
201.2 La rectificación adopta las formas y
modalidades de comunicación o publicación
que corresponda para el acto original.
41
(…)

MORON
“Para la procedencia de esta figura, la decisión debe ser
contraria a la lógica y al sentido común (defecto en la
redacción, error ortográfico o numérico, etc.), por lo que no
procede aspirar mediante esta vía a alterar lo
sustancial de una decisión ni corregir deficiencias
volitivas durante su motivación. El límite natural es objetivo:
no puede ir más allá de la esencia de la resolución
que pretende aclarar (…)”
La figura alude a “un error atribuible no a las
manifestaciones de voluntad o razonamiento
contenido en el acto sino al soporte material que lo
contiene”.
42
(…)

GONZÁLEZ PÉREZ:
“Los errores materiales o aritméticos (...) han sido
caracterizados como aquellos que versan sobre un
hecho, cosa o suceso, esto es, una realidad
independiente de toda opinión, criterio particular o
calificación (...) estando excluido de su ámbito todo
aquello que se refiera a cuestiones de derecho,
apreciación de la trascendencia o alcance de los
hechos indubitados, valoración legal de las
pruebas, interpretación de disposiciones legales y
calificaciones jurídicas que puedan establecerse”
43
(…)



Error evidente es decir, la decisión debe ser
contraria a la lógica y al sentido común
(defecto en la redacción, error ortográfico o
numérico, etc.).
En consecuencia, no califican como tal las
manifestaciones
de
voluntad
o
los
razonamientos contenidos en el acto
administrativo.
No puede alterar lo sustancial de una
decisión ni corregir deficiencias volitivas
incurridas durante su motivación.
44
Caso
La carga probatoria y
el principio de actuación de oficio



Enero: Concesionario suscribe contrato
de concesión con el Estado.
Enero:
Concesionario
hizo
observaciones respecto del estado de
algunos bienes de la concesión.
Marzo: Concesionario suscribió acta de
recepción de bienes, donde indica que
los recibe en buen estado.
45



La prueba en el procedimiento administrativo en general se
considera una extensión del derecho al debido proceso.
Las pruebas aportadas por los administrados en todo
procedimiento administrativo se presumen validas, salvo
que la administración pública demuestre lo contrario.
La carga de la prueba:
 Indica quien tiene la facultad de demostrar la invalidez
de las pruebas presentadas.
 Facultad de exhibir pruebas (complementariamente).
[CESPEDES ZAVALETA: Adolfo: La prueba y su regulación en el procedimiento administrativo general y en la
jurisprudencia del tribunal constitucional. En: La prueba en el procedimiento administrativo. Diálogo con la
Jurisprudencia]
46


La Administración Pública no puede exigir a los
administrados que aporten pruebas que la misma
entidad, en razón de sus funciones, está obligada a
contar(*).
Los hechos públicos y notorios no deben ser probados
por los administrados(*).
[(*)CESPEDES ZAVALETA: Adolfo: La prueba y su regulación en el procedimiento administrativo general y en
la jurisprudencia del tribunal constitucional. En: La prueba en el procedimiento administrativo. Diálogo con la
Jurisprudencia]
47


Principio General de la carga de prueba:
 quien afirma un hecho debe probarlo.
Sin embargo, respecto de la prueba, son aplicables los
principios de:
 verdad material,
 impulso de oficio,
 presunción de veracidad e
 Informalismo.
48


Por tanto, en principio, la carga de la prueba recae
en la Autoridad Administrativa.
Es la Administración la que debe explicitar las
razones por las cuales no le genera convicción lo
aportado por el administrado.
[GUZMAN NAPURI, Christian: La carga de la prueba en el procedimiento administrativo. En: La prueba en el
procedimiento administrativo. Diálogo con la Jurisprudencia]
49
III.- Procedimiento
Administrativo Sancionador
50
Constitución 1993
Artículo 44°. Son deberes primordiales del
Estado: defender la soberanía nacional; garantizar
la plena vigencia de los derechos humanos;
proteger a la población de las amenazas contra su
seguridad; y promover el bienestar general que se
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral
y equilibrado de la Nación.
(…)
51


A través de la potestad sancionadora, la
Administración, puede cumplir sus fines
constitucionales.
Sin embargo, Hay la necesidad de
someter
esta
potestad
a
los
mecanismos de limitación y control del
poder.
52
Autotutela



La Administración es juez y parte.
Está sometida al control jurisdiccional.
Debe respetar principios.
53
Tribunal constitucional
Exp. Nº 2050-2002-AA/TC:
“(...) los principios de culpabilidad,
legalidad,
tipicidad,
entre
otros,
constituyen principios básicos del derecho
sancionador, que no sólo se aplican en el
ámbito del derecho penal, sino también
en el del derecho administrativo
sancionador (…)”
54
Principios de la potestad
sancionadora según la Ley
Nº 27444
Principio de Legalidad

Sólo por norma con rango de ley cabe
atribuir a las entidades la potestad
sancionadora y la consiguiente previsión
de las consecuencias administrativas
que a título de sanción son posibles de
aplicar a un administrado, las que en
ningún caso habilitarán a disponer la
privación de libertad.
55
Principio del Debido Procedimiento

Las entidades aplicarán sanciones
sujetándose
al
procedimiento
establecido respetando las garantías
del debido proceso.
56
Principio de razonabilidad

Las autoridades deben prever que la
comisión de la conducta sancionable no
resulte más ventajosa para el infractor
que cumplir las normas infringidas o
asumir la sanción; así como que ésta
debe ser proporcional al incumplimiento
y seguir los criterios siguientes, en
orden de prelación:
57






Gravedad del daño al interés público o bien
jurídico protegido.
El perjuicio económico causado.
La repetición y/o continuidad.
Las circunstancias de la comisión de la
infracción.
El beneficio ilegalmente obtenido.
La existencia o no de intencionalidad.
58
Principio de Tipicidad

Sólo
constituyen
conductas
sancionables
administrativamente las infracciones previstas
expresamente en normas con rango de ley
mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación
extensiva
o
analogía.
Las
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden
especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar
las conductas o determinar sanciones, sin constituir
nuevas conductas sancionables a las previstas
legalmente, salvo los casos en que la ley permita
tipificar por vía reglamentaria.
59
Principio de Irretroactividad

Son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes en el
momento de incurrir el administrado
en la conducta a sancionar, salvo
que las posteriores le sean más
favorables.
60
Principio de Continuación de
Infracciones (1/2)

Para
imponer
sanciones
por
infracciones en las que el administrado
incurra en forma continua, se requiere
que hayan transcurrido por lo menos
30 días desde la fecha de la imposición
de la última sanción y se acredite
haber solicitado al administrado que
demuestre haber cesado la infracción
dentro de dicho plazo.
61
No hay Continuación de Infracciones
cuando: (2/2)
En trámite un recurso administrativo.
 Cuando
el recurso administrativo
interpuesto no hubiera recaído en acto
administrativo firme.
 Cuando la conducta que determinó la
sanción original haya perdido el
carácter de infracción administrativa.
62
Principio de Causalidad


La responsabilidad debe recaer en
quien realiza la conducta omisiva o
activa
constitutiva
de
infracción
sancionable.
Sin embargo, el 232.2 establece la
solidaridad cuando son varios los
obligados a realizar alguna acción.
63
Principio de Presunción de Licitud

Las entidades deben presumir que
los administrados han actuado
apegados a sus deberes mientras no
cuenten con evidencia en contrario.
64
Principio de Concurso de Infracciones

Cuando una misma conducta califique
como más de una infracción se aplicará
la sanción prevista para la infracción de
mayor gravedad, sin perjuicio que
puedan
exigirse
las
demás
responsabilidades que establezcan las
leyes.
65
Principio de Non bis in idem
No se podrá imponer sucesiva o
simultáneamente una pena y una sanción
administrativa por el mismo hecho en los
casos que se aprecie la identidad del
sujeto, hecho y fundamento.
 Es compatible con reposición al estado
anterior a la violación.
 Es compatible con la indemnización
judicial por daños y perjuicios.
66
Caracteres
procedimiento
27444






generales
sancionador
del
en la
Es supletorio.
No se aplica en sus relaciones con su
personal (facultad disciplinaria).
La potestad sancionadora no se delega.
Se admiten las medidas cautelares.
No se puede ejecutar la sanción mientras
no se agote la vía administrativa.
Prohibición de la reforma en peor.
67
Caracteres específicos del
procedimiento sancionador
En la medida que la organización de la entidad lo
permita, deben ser diferentes las autoridades que
instruyen de las que resuelven.
 Los hechos que se han declarado como probados
por resoluciones judiciales firmes, son vinculantes.
 Si el administrado no se defiende, no se le puede
considerar culpable automáticamente.
 Se inicia siempre de oficio.
 Son válidas las actuaciones preliminares.
68
Procedimiento específico (1)
Se debe formular la notificación de cargos:
 Hechos que se le imputan.
 Calificación de las infracciones que constituirían
los hechos que se le imputan.
 Las sanciones que se le podrían imponer.
 La
autoridad competente para imponer la
sanción.
 La
norma que le atribuye la competencia
sancionadora a la autoridad.
69
Procedimiento específico (2)
Se le debe otorgar un plazo mínimo de 5
días hábiles para defenderse.
 Luego del plazo, la autoridad deberá
efectuar todas las acciones necesarias
para determinar la existencia o no de la
conducta pasible de sanción.
 Concluida
esta etapa, la autoridad
resolverá si se impone o no la sanción.
70
Procedimiento específico (3)



Si el instructor no es quien resuelve,
deberá elevar un proyecto de resolución al
órgano resolutor.
El órgano resolutor podrá disponer
actuaciones complementarias.
Si fuere el caso, la resolución se notifica
también al órgano u entidad que formuló
la solicitud o a quien formuló la denuncia.
71
Caso
Libre competencia
Decreto Legislativo N°701
TITULO V
DEL PROCEDIMIENTO
CAPITULO UNICO
Art. 15.- La investigación será iniciada por la Secretaria de
Oficio, previa aprobación de la Comisión, o a petición de
parte. Si la Secretaria estima existen indicios razonables de
violación de la presente Ley, notifica al presunto
responsable enumerando los hechos que supuestamente
infringen la Ley.
72
Caso
Libre competencia
Artículo 16.- El denunciado podrá contestar los cargos en
un plazo de quince (15) días, ofreciendo las pruebas
correspondientes. Durante este periodo, otras partes con
interés legítimo pueden apersonarse en el procedimiento,
expresando los argumentos y ofreciendo las pruebas que
resulten relevantes.
El término probatorio es de treinta (30) días contados a
partir del vencimiento de plazo para la contestación. Los
gastos de actuación de la prueba son de cargo de las
partes que las ofrecen, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 23.
73
Caso: Abuso de
Posición de Dominio




01/08/03 OSITRAN solicitó a CLC-INDECOPI
inicie investigación para determinar si
FETRASA había incurrido en violación a las
normas de libre competencia.
27/08/04 FERSIMSAC presentó denuncia
contra FETRASA por abuso de posición de
dominio.
27/10/04 CLC inicio DE OFICIO procedimiento
sancionador contra FETRASA.
17/11/04 CLC admitió a tramite denuncia de
FERSIMSAC y ACUMULÓ procedimientos.
74
Caso: Abuso de
Posición de Dominio




04/09/06 Declaró INFUNDADA denuncia iniciada
DE OFICIO e interpuesta por FERSIMSAC.
06/09/06 CLC notificó Resolución a FERSIMSAC y
FETRASA.
15/09/06 CLC remite copia de Resolución a
OSITRAN y al MTC.
06/10/06 OSITRAN se apersona a la instancia e
interpone recurso de apelación.
75
Caso: Abuso de
Posición de Dominio

25/10/06 ST de CLC comunicó a
OSITRAN lo siguiente:



El plazo de impugnación del acto
administrativo venció.
Pronunciamiento de la CLC quedo FIRME.
OSITRAN no ha sido parte en el
procedimiento por lo que no corresponde
tramitar el escrito como apelación.
76
Acto Firme
Artículo 212.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para
interponer los recursos administrativos
se perderá el derecho a articularlos
quedando firme el acto..
77
Acto Firme

Cosa Decidida
Acto Administrativo Firme
78
Acto Firme


Contra dicho acto no procede recurso
administrativo alguno.
Contra dicho acto no procede la
interposición
de
demanda
contencioso- administrativa.
79
Acto Firme


Cosa Juzgada = Cosa Decidida
Cosa Juzgada.- Características:
 Inimpugnable
 Inmodificable
80
Acto Firme

Actos
Administrativos
Firmes
pueden
ser
MODIFICADOS
o
REVOCADOS en Sede Administrativa:



Nulidad de Oficio
Revocación
Ejercicio del Derecho de Petición
81
Acto Firme
“Debe tenerse presente que para la
Administración no es fin ni propósito final
la realización del derecho – ultima ratio -;
sino que utiliza este como uno de los medios
más importantes para el bienestar de la
colectividad. En cambio, para la justicia el
fin es la aplicación correcta del derecho y
la paz jurídica entre los contendientes.
El vencedor en juicio debe estar seguro de
que el fallo que lo favoreció no será
impugnado después; (...)”
[ NUÑEZ BORJA, citado por: MORON “Comentarios a la Ley del Procedimiento Adm. General”]
82
Acto Firme
Por lo tanto:
 Cosa Decidida



No es inmutable
No es inimpugnable
Es
posible
iniciar
un
nuevo
procedimiento respecto a un aspecto
decidido por la Administración en un
procedimiento anterior
83
Caso
Equipo celular
84
Caso
Equipo celular





Agosto 2008: Usuario compro equipo celular tipo slider.
Julio 2009: Celular recibe llamadas pero no puede hacerlo
funcionar con el teclado. Tampoco marca llamadas.
Julio 2009: Usuario efectúa reclamo ante empresa
solicitando cambio de equipo por estar dentro de periodo
de garantía. Empresa desestima reclamo.
Agosto 2009: Interpone reclamo ante INDECOPI.
Diciembre 2009: INDECOPI resuelve a favor del usuario.
85
Caso 8
Equipo celular


Enero 2010: Empresa apela, sobre la base de los siguientes principales
argumentos:
 El denunciante ha usado el equipo celular durante el transcurso de 11(once)
meses, antes de reportar la falla, motivo por el cual, “no resulta
razonable pensar que éste [el equipo] podría tener una falla de
origen”.
 “Tanto la Orden de Servicio Técnico N° 00411161 como el Informe
N° 57 de A-NOVO han confirmado que el celular mostraba signos
externos de maltrato del equipo (estaba rayado y golpeado)”.
 “El Informe N° 57 de A-NOVO se (sic) anexa una foto del equipo en
la que claramente se observa que el cable Flex se encontraba
cortado, lo cual no puede ser el resultado de un problema de
origen, sino de una manipulación indebida del equipo”.
Por lo tanto, la recurrente concluye que “… sí ha podido … acreditar,
razonablemente desde el punto de vista técnico, que el desperfecto
hallado en el equipo no responde a un problema de origen”.
86
Caso
Equipo celular

La entonces, Sala de Defensa de la
Competencia N° 2 del Tribunal del
INDECOPI, declaró fundada la
apelación y revocó la resolución de
primera instancia.
87

“La carga de la prueba no depende solo de la invocación de
un hecho sino de la posibilidad de producir prueba”.
 Carga probatoria dinámica: “Impone el peso de la
prueba en la cabeza de aquella parte que por su situación
se halla en mejores condiciones de acercar prueba a la
causa, sin importar si es actor o demandado.”
 “La superioridad técnica, la situación de prevalencia o la
mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole o
complejidad del hecho de acreditar la Litis, generan el
traslado de la carga probatoria hacia quien se halla en
mejores condiciones de probar”.
[TASSANO, Hebert: La prueba en el procedimiento administrativo del servicio publico de electricidad]
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TUO de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor
(norma aplicable al caso):
“Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y
calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y
leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda
comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto
indicados en el envase, en lo que corresponde.
El proveedor se exonerará de responsabilidad únicamente si logra acreditar que
existió una causa objetiva, justificada y no previsible para su actividad
económica que califique como caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o
negligencia del propio consumidor para no cumplir con lo ofrecido. La carga de
la prueba de la idoneidad del bien o servicio corresponde al proveedor.”
[El subrayado es nuestro]
89
Principio de colaboración


La decisión emanada del organismo estatal no debe
ser emitido como consecuencia de una disputa entre
administración y administrado, sino que debe ser
entendida como el fruto de una conjunción de
esfuerzos entre ellos.
Los administrados deben acudir al procedimiento no
por imposición legal sino por asumirse que ello
permitirá solucionar los conflictos sin necesidad e
recurrir a una instancia judicial.
TAWIL, Guido Santiago: Sobre el futuro del procedimiento administrativo
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Acto y Procedimiento Administrativo