Políticas de la UE
Mercado Interior
Directiva Bolkestein
Se conoce como Directiva Bolkestein la propuesta de directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea
relativa a los servicios en el mercado interno, presentada por la
Comisión Europea en febrero de 2004 y aprobada finalmente en
noviembre de 2006, entrando en vigor el 28 de diciembre de
2006 (Directiva 123/2006/CE)
Objetivos de la directiva
En opinión de la Comisión Europea, que en julio de 2002 presentó un
informe sobre el estado del mercado interno de servicios, la
integración de dicho mercado se encuentra muy alejada de disfrutar
plenamente el potencial del crecimiento económico. La directiva
Bolkestein pretende liberalizar la circulación de servicios dentro de la
Unión Europea, ya que los servicios representan el 70% del empleo
en Europa, y su liberalización, en opinión de algunos economistas,
aumentaría el empleo y el PIB de la Unión Europea. La directiva
Bolkestein se inserta en el contexto de neoliberalización de la Agenda
de Lisboa.
Objetivos de la directiva
La directiva no pretende establecer una disciplina específica en el
amplio sector de los servicios: se propone como una directiva-marco,
estableciendo pocas reglas de carácter muy general, y deja a los
estados miembros la decisión sobre cómo aplicar sus principios. El
principio general en que la directiva se inspira es el ejemplificado por
la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas en la famosa
sentencia Cassis de Dijon de 1979, relativa a la libre circulación de
bienes. La Corte había sostenido que si un bien es producido y
comercializado en un estado europeo, los otros estados miembros no
tienen derecho a limitar su circulación. Se trata de un principio de
confianza mutua, que permitió eliminar de golpe múltiples pequeñas
diferencias de regulación que limitaban el progreso del mercado
interno. La directiva Bolkestein pretende alcanzar un objetivo similar
en el sector servicios.
La directiva no contempla algunos ámbitos ya regulados en otros
elementos de normativa comunitaria: los servicios financieros, las
redes de comunicaciones electrónicas, los servicios de transporte y el
sector fiscal.
Contenido de la propuesta original
Libertad de establecimiento
La directiva Bolkestein pretende simplificar los
procedimientos administrativos, eliminar el
exceso de burocracia y, sobre todo, evitar las
discriminaciones basadas en la nacionalidad de
aquellos que intentan establecerse en otro país
europeo para prestar servicios. Para alcanzar
estos objetivos propone la creación de
"ventanillas únicas" donde los prestadores de
servicios puedan llevar a término todas las
formalidades necesarias, la posibilidad de
completar estos procedimientos por medio de
Internet, la eliminación de requisitos
burocráticos inútiles, autorizaciones
discriminatorias y discriminaciones basadas en
la nacionalidad.
Contenido de la propuesta original
Libre circulación de servicios
La libre circulación de servicios se diferencia de la libertad de
establecimiento porque trata los casos de quien se muda
temporalmente de un país a otro con el objetivo de prestar un
servicio limitadamente en el tiempo. En estos casos la Directiva
habilita a eximir al prestador de algunos de los trámites que se
exigen en el caso del establecimiento.
La libre circulación se distingue claramente de la libertad de
establecimiento en que esta última conlleva la realización de una
actividad económica a través de un establecimiento fijo y por un
período indeterminado. Por el contrario la libre circulación de
servicios se define por la ausencia de una participación estable y
continua en la vida económica del estado miembro anfitrión. La
distinción puede no ser tan clara en muchos casos, y habrá que
atender tanto a la duración, como a la regularidad, periodicidad y
continuidad en la prestación de servicios. En definitiva, el
establecimiento requiere la integración en la economía del estado
de que se trate, lo que normalmente lleva conexa la adquisición
de una clientela a partir de un domicilio profesional estable.
Contenido de la propuesta original
El principio del país de origen
La directiva proponía el principio del país de origen, según el cual el prestador de
servicios que se muda a otro país europeo debe atenerse a la legislación de su país
de origen. El objetivo sería animar a las entidades prestatarias de servicios a mudarse
sin tener que informarse sobre 25 legislaciones nacionales diferentes.
El principio del país de origen se centra principalmente en aspectos legales relativos a
diplomas, regulaciones, necesidad de autorizaciones particulares, etc. En cuanto al
Derecho Laboral, regulado por la directiva 96/71/CE, quedan excluidos del principio
del país de origen las normas relativas al salario mínimo; a la salud, higiene y
seguridad; a los derechos de mujeres gestantes y a la maternidad; los derechos de
niños y jóvenes; las consideraciones de paridad en el tratamiento a hombres y
mujeres, y las vacaciones pagadas. Pero quedan sujetas a este principio otras
normativas fundamentales como el Derecho de huelga, las condiciones de
contratación y despido y las contribuciones de la Seguridad Social.
Existen también otras excepciones generales al principio del país de origen,
especialmente en materias reguladas a partir de otras normas europeas, entre las
cuales destacan las siguientes: los servicios postales; la distribución de energía
eléctrica, gas y agua; las cualificaciones profesionales; los derechos de autor; las
razones de orden público salud y seguridad.
Existen otras excepciones transitorias al principio del país de origen: el transporte de
capital financiero, los juegos de azar y la recuperación judicial de créditos.
En casos excepcionales, un estado puede aplicar excepciones para casos individuales
al principio del país de origen. Esto es aplicable particularmente en el ejercicio de
profesiones sanitarias y en la tutela del orden público.
Las modificaciones del Parlamento
Para responder a los extendidos temores sobre la directiva, el Partido
Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo (los dos principales grupos
del Parlamento Europeo) alcanzaron un acuerdo sobre un texto de
compromiso quie elimina por completo el principio del país de origen, e
incluye numerosas excepciones y protecciones para evitar una reducción
de los derechos laborales y las tutelas sociales. El texto de compromiso,
adoptado por el Parlamento Europeo en sesión plenaria el 16 de febrero de
2006, suele ser referenciado con el nombre de la relatora socialdemócrata
alemana Evelyne Gebhardt.
La propuesta inicial de enmienda a la totalidad del Partido Verde Europeo y
del Partido de la Izquierda Europea fue rechazada por 486 votos en contra
y 153 votos a favor. El texto de compromiso fue aprobado con 391 votos a
favor, 213 en contra y 34 abstenciones. Votaron a favor gran parte de los
miembros del grupo popular, de los liberales y del grupo socialista, con la
excepción de los socialistas franceses. Votaron en contra la mayoría de
representantes de la Izquierda Europea, de los Verdes, Independencia y
Democracia y la Unión por la Europa de las Naciones.
Las modificaciones del Parlamento
El nuevo texto distingue el acceso a los mercados europeos, que debe ser
lo más libre y desregulado posible, del ejercicio de las actividades de
servicios, que debe seguir las normas del país de destino, para no
interferir con los equilibrios de los mercados locales. Se explicitan
numerosas excepciones no exentas de ambigüedad, como la exclusión de
servicios de interés general prestados por el Estado, mientras que se hace
referencia a sectores ya privatizados y no tiene en cuenta la privatización o
la abolición de monopolios. Aparte de las exclusiones de los servicios de
interés general (aquellos prestados por el Estado en el ámbito de su
política social), se añade la posibilidad de excluir algunos servicios de
interés económico general. También cambia la obligación de control sobre
las prestaciones temporales de servicios, que en la versión original era
atribuida al estado de origen; en la versión definitiva el estado de destino
es el responsable de garantizar el respeto a la legislación y normativa
nacionales.
“Viking”, “Laval” Y “Ruffert”, tres sentencias contrarias a la negociación colectiva, el principio de igualdad y el
derecho a acciones colectivas
En el segundo semestre de 2008 se dio un ataque a la línea de flotación de los Derechos de los trabajadores este encuentra
su origen en las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas conocidas como “Laval”, “Viking
Lines” y “Ruffert”, a la que se debería sumar la sentencia Volkswagen.
La sentencia “Laval” condena una acción sindical legal de sindicatos suecos contra una empresa letona instalada en el país
nórdico que retribuía a sus trabajadores letones en relación no a los convenios colectivos del lugar de trabajo sino del país
báltico. La resolución judicial indica que no se ajusta a la legalidad el obligar mediante acciones de conflicto colectivo a que
inicie negociación sobre cuestiones salariales de los trabajadores desplazados. Ello tiene como efecto que los convenio
colectivos del lugar del prestación de servicios no sean de aplicación.
La sentencia “Viking Lines” no estima ajustada a derecho la actuación de un sindicato de marineros finlandeses (ni del
federación internacional ITF) que desarrollaban acciones de solidaridad colectiva para que no se permitiese matricular en
Estonia un buque de su país con el objetivo de burlar la aplicación de los convenios colectivos de Finlandia. La resolución
del máximo tribunal europeo señala que medidas de conflicto colectivo como las realizadas contra Viking Lines, constituyen
restricciones a la normativa europea. Lo anterior no sólo supone un ataque a la negociación colectiva sino al derecho a
huelga.
La sentencia “Ruffert” señala como no ajustada a derecho la normativa del Estado alemán de Baja Sajonia que imponía la
obligación de realizarse contratos públicos con empresas que retribuyan en relación al salario mínimo del convenio colectivo
de la zona, dando así la razón a una empresa polaca subcontratada del sector de la construcción que pretende abonar
retribuciones de su país, prácticamente un 50% inferiores a las alemanas. La resolución judicial que fundamenta su decisión
en el derecho a la libre prestación de servicios y la competencia, parece haber creado escuela, habiéndose realizado en el
Estado español durante los últimos 9 meses actuaciones de la Comisión Nacional de la Competencia que sancionan a
sindicatos por establecer en convenios colectivos precios mínimos para los servicios, contratas o concursos a que puedan
presentarse empresas.
La sentencia “Volkswagen”, declara no ajustado a derecho tanto el voto cualificado de la Administración Pública (Estado de
Baja Sajonia) que participa en el Consejo de Administración como la presencia de dos miembros del Comité de Empresa en
el Consejo de Vigilancia Volkswagen. Se limita así tanto la participación pública en la economía como la representación de
los trabajadores en las empresas.
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