Unidad 1 Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia
 Consejo de la Magistratura
 Fuero Federal
 Fuero Nacional
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El Poder Judicial de la Nación
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Es uno de los tres poderes que conforman la República
Argentina y es ejercido por la Corte Suprema de Justicia (CSJN)
y por los demás tribunales inferiores que estableciere el
Congreso en el territorio de la Nación. Esta regulado en la
sección tercera de la segunda parte de la Constitución de la
Nación Argentina.
La designación de los jueces la realiza el Presidente de la Nación
con acuerdo del Senado, sobre la base de una terna integrada
por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo
de la Magistratura, órgano de composición multisectorial, a quien
corresponde el control directo de los jueces y la administración
del Poder judicial.[1] Los jueces permanecen en sus cargos
"mientras dure su buena conducta" y solo pueden ser removidos
en caso de infracciones graves, por un Jurado de Enjuiciamiento,
integrado por legisladores, magistrados y abogados.
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Consejo de la Magistratura
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Es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, incorporado a la CN en el año 1994, y se
encuentra regulado por la Ley 24.937 (t.o. por Decreto 816/1999), norma esta última que fue
reformada parcialmente por la Ley 26.080 (t.o. por Decreto 207/2006).
Las atribuciones del Cuerpo han sido establecidas por el art. 114 de la Constitución Nacional, en los
siguientes términos:
“… tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.”
“El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos
resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado,
asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.”
1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.
2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.
3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.
4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.
5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación
correspondiente.
6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia
de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.”
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Además de lo expuesto, son atribuciones propias del Consejo:
• Organizar el funcionamiento de la Escuela Judicial, dictar su reglamento, aprobar sus programas de estudio y establecer el valor de los
cursos realizados, como antecedentes para los concursos convocados. Planificar los cursos de capacitación para magistrados,
funcionarios y empleados del Poder Judicial para la eficaz prestación del servicio de justicia.
• Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Autarquía Judicial y la
Ley de Administración Financiera, y ejecutarlo.
¿Cómo está integrado?
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El Consejo está integrado por trece miembros, de acuerdo con la siguiente composición:
1. Tres jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema D`Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de
cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República.
2. Seis legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de
los partidos políticos, designarán tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría.
3. Dos representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula. Uno de los
representantes deberá tener domicilio real en cualquier punto del interior del país.
4. Un representante del Poder Ejecutivo.
5. Un representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y
contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con mayoría absoluta de sus
integrantes.
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Justicia Federal
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De acuerdo al artículo 116 de la Constitución, corresponde a la Corte Suprema y
a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las
causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes
nacionales, salvo los casos que corresponden a la justicia provincial; y por los
tratados internacionales; de las causas concernientes a embajadores, ministros
públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción
marítima; de los asuntos en que la Nación Argentina sea parte; de las causas que
se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra;
entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos,
contra un Estado o ciudadano extranjero.
Dichas causa deben resolverse únicamente ante el fuero federal. Actuando, en tal
situación, la Corte Suprema de Justicia como tribunal de apelación, si fuese el
caso.
Jurisdicciones federales
El territorio del país se encuentra dividido en 17 jurisdicciones federales, que intervienen en
los asuntos sobre materia federal que ocurran en sus jurisdicciones.
• Justicia Federal de Bahía Blanca
• Con jurisdicción sobre el sur de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de La Pampa
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Corte Suprema de Justicia de la Nación
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal
de justicia del país. La Corte tiene competencia originaria sobre
determinadas materias que se encuentran reguladas en el
artículo 117 de la Constitución, entre ellas las referentes a
embajadores, ministros y cónsules extranjeros y también los
juicios entre provincias argentinas. Con competencia originaria se
alude a que cualquier caso judicial que contenga esos elementos
deberá ocurrir directamente a la Corte Suprema como órgano
judicial decisor.
También es última instancia decisoria por vía de apelación (a
través de un recurso extraordinario federal), si el caso suscitare
una cuestión federal, que traiga aparejada la necesidad de
decidir en un conflicto suscitado entre dos leyes de igual o
diferente rango o respecto de tratados internacionales.
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Fueros con Competencia en todo el País
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Justicia Nacional de Casación Penal
Justicia Federal de la Seguridad Social
Fueros Nacionales
Justicia Nacional en lo Comercial
Justicia Nacional del Trabajo
Justicia Nacional en lo Civil
Justicia Nac. en lo Crim. y Correccional
Fueros Federales
Justicia Nacional en lo Penal Económico
Justicia Nac. en lo Civil y Com. Federal
Justicia Nac. en lo Cont. Adm. Federal
Justicia Nac. en lo Crim. y Corr. Federal
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Justicia Nacional Electoral
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3.
4.
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Justicia provincial
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Cada una de las provincias de Argentina, basándose en la autonomía reconocida por la Constitución nacional
en su artículo 5, establece la administración y organización de la justicia ordinaria dentro de su territorio. Es
por ello que en Argentina hay una organización judicial distinta en cada una de las provincias. Dicha
organización es creada de acuerdo a cada una de las constituciones provinciales.
Cada provincia regula su sistema procesal, dictando sus propios códigos de procedimiento, aunque aplican –
con diferencias de criterio adecuadas a las condiciones sociales, económicas o culturales locales- el mismo
derecho de fondo o material. Así, con veinticuatro diferentes normativas procesales, siempre se aplica el
mismo Código Civil, Comercial, Penal, derecho Supranacional, Tratados internacionales, etc.
Algunas provincias siguen líneas de organización más cercanas a la jurisdicción federal, otras siguen líneas
que suelen calificarse de "más progresistas" como ser: proceso penal bilateral, investigación a cargo de la
Fiscalía, jurados mixtos y populares -según la gravedad del delito-. Mayor inmediación y simplificación de las
formas para hacer una justicia más accesible al público. Es aleatorio si el procedimiento es oral o escrito, en
todo caso, siempre los valores a los cuales arribar son la simplicidad para el justiciable y la accesibilidad.
La mayoría de las justicias provinciales están divididas en Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia,
Cámaras de Apelaciones y un máximo tribunal provincial, cuyo nombre varía según la jurisdicción. A modo de
ejemplo, encontramos la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la Suprema Corte de Justicia de Buenos
Aires o el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
En cuanto a accesibilidad, la República Argentina en su jurisdicción nacional -el ámbito federal- como en sus
jurisdicciones locales -cada provincia como entidad independiente- tienen asegurados sistemas de Defensa
Pública gratuita. De modo tal que, si bien imperfectamente, cuando menos el acceso a la justicia esté
garantizado a pesar de las carencias económicas
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Otro Entes Relacionados con el
Poder Judicial
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El Ministerio Público de Argentina es un órgano constitucional bicéfalo integrado
por el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el Procurador General de la Nación y
encargado de la acción de los fiscales, y el Ministerio Público de la Defensa
dirigido por el Defensor General de la Nación y encargado de la acción de los
defensores oficiales o públicos. Los fiscales son los encargados de defender los
intereses públicos en los procesos judiciales, instando la acción pública, en tanto
que los defensores públicos son los encargados de defender los derechos de las
personas perseguidas por los tribunales del país o que, por alguna circunstancia
no pueden ejercer su defensa, como en el caso de los menores, incapaces o
afectados por discriminaciones.
La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo que asiste
técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector
público. Fue creada en el año 1992 a partir de la Ley 24156. Verifica el
cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional;
controla la exposición completa, clara y veraz de las cuentas públicas y analiza la
administración de los intereses fiscales, pero no coadministra: examina hechos,
actos y documentos una vez finalizados los ejercicios contables de los entes que
se haya decidido auditar. Con sus informes de auditoría, que incluyen
comentarios, conclusiones y recomendaciones, asesora al Poder Legislativo
sobre el desempeño de la Administración Pública Nacional y la situación de la
hacienda pública.
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Ejemplos
Buscar dos ejemplos de materias del
 Fuero Federal Contencioso
Administrativo
 Fuero Federal Penal
 Fuero Provincial Civil y Comercial
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