Guillermo Sevilla Gálvez
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STC 03771-2004-PHC/TC
Miguel Cornelio Sánchez Calderón
Fecha de Publicación: 29/12/2004
Contenido normativo: Plazo razonable de detención
Sumilla: Se reitera los criterios por los cuales se
controla el plazo razonable de una medida coercitiva
como es la detención preventiva, tales como la
naturaleza y complejidad de la causa, la actitud de los
protagonistas del proceso llámese fiscales o jueces y la
propia actividad del detenido o procesado.
Precedente Vinculante
Los parámetros legales, si bien son válidos para el
enjuiciamiento de un caso concreto en el que haya sido
dispuesta la medida, sin embargo, no agotan el contenido
de dicho derecho fundamental, de modo que ni todo el
plazo máximo legal es per se razonable, ni el
legislador es totalmente libre en su labor de
establecer o concretar los plazos máximos legales.
Aunque no haya transcurrido todavía el plazo máximo
legal, puede lesionarse el derecho a la libertad
personal si el imputado permanece en prisión
provisional más del plazo que, atendidas las
circunstancias del caso, excede de lo razonable. Su
duración debe ser tan solo la que se considere
indispensable para conseguir la finalidad con la que se ha
decretado la prisión preventiva; por lo tanto, si la medida
ya no cumple los fines que le son propios, es preciso
revocarla de inmediato.
19. para valorar si la duración de la detención judicial ha excedido, o no, el
plazo máximo, este Tribunal, integrando el concepto de plazo razonable,
se refirió a los criterios sentados por la doctrina del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) cf. Caso Berrocal Prudencio, Exp. N.º 29152004-HC/TC, que en síntesis son los siguientes: 1. La naturaleza y
complejidad de la causa. Es menester tomar en consideración factores tales
como la naturaleza y gravedad del delito (Caso Tomasi. Sentencia del
TEDH, del 27 de agosto de 1992), los hechos investigados, los alcances de
la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos delictivos,
la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro elemento que
permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una
determinada causa resulta particularmente complicada y difícil. 2. La
actitud de los protagonistas del proceso: por una parte, la inactividad o, en
su caso, la actividad desplegada por el órgano judicial, esto es, analizar si
el juez penal ha procedido con diligencia especial y con la prioridad
debida en la tramitación del proceso en que el inculpado se encuentre en
condición de detenido, y, por otra, la propia actividad procesal del
detenido, a efectos de determinar la razonabilidad del plazo, distinguiendo el
uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la falta de
cooperación mediante la pasividad absoluta del imputado (muestras,
ambas, del ejercicio legítimo de los derechos que el Estado constitucional
permite), de la denominada defensa obstruccionista (signo inequívoco de la
mala fe del procesado y, consecuentemente, recurso repudiado por el
orden constitucional).
20. Es necesario precisar que una de las formas en que opera la
libertad procesal –que es un derecho del encausado de obtener
la aplicación de una medida cautelar menos gravosa que la
detención preventiva–, es al vencimiento del plazo legal
establecido en el artículo 137° del Código Procesal Penal, y
cuando el procesado no hubiese ejercido una defensa que
afecte el principio de celeridad judicial, y que tampoco se
hubiese dictado sentencia en primera instancia, de ahí que la
doctrina y la jurisprudencia comparada califiquen dicha situación
como arbitraria.
21. Presupuestos materiales que configurarían la libertad procesal
serían los siguientes: a) vencimiento del plazo de duración de la
detención preventiva; b) inexistencia de una sentencia en
primera instancia; c) conducta procesal regular del encausado
en la tramitación de la causa; vale decir, no incurrir en una
defensa que entorpezca y atente contra la celeridad judicial.
22. La libertad procesal supone la existencia previa de negligencia
jurisdiccional, al haberse negado o no haberse podido juzgar al
encausado dentro del plazo legal establecido en el artículo 137° del
Código Procesal Penal. En consecuencia, la vulneración del plazo
razonable para sentenciar es atribuible exclusivamente al juzgador.
Articulo 137
Artículo 137.La detención no durará más de nueve meses en el procedimiento
ordinario y de dieciocho meses en el procedimiento especial
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
Artículo 135 del Código Procesal Penal. Tratándose de
procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas,
terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos
contra más de diez imputados, en agravio de igual número de
personas, o del Estado, el plazo límite de detención se duplicará.
A su vencimiento, sin haberse dictado la sentencia de primer
grado, deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado,
debiendo el Juez disponer las medidas necesarias para asegurar
su presencia en las diligencias judiciales.
Cuando concurren circunstancias que importen una especial
dificultad o una especial prolongación de la investigación y que
el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la
detención podrá prolongarse por un plazo igual.
La prolongación de la detención se acordará mediante auto debidamente
motivado, a solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado. Contra este
auto procede el recurso de apelación, que resolverá la Sala, previo dictamen del
Fiscal Superior dentro del plazo de setenta y dos horas.
El cómputo del plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, cuando
se trate de procesos complejos o se hubiere declarado la nulidad, no
considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha del nuevo auto apertorio de
instrucción. En los casos en que se declare la nulidad de procesos seguidos en
fueros diferentes, el plazo se computa desde la fecha en que se dicte el nuevo
auto de detención.
Una vez condenado en primera instancia el inculpado, la detención se
prolongará hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido
recurrida.
No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos establecidos en este
artículo, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables al
inculpado o su defensa.
La libertad será revocada si el inculpado no cumple con asistir, sin motivo
legítimo a la primera citación que se le formule cada vez que se considere
necesaria su concurrencia.
El Juez deberá poner en conocimiento de la Sala la orden de libertad, como la de
prolongación de la detención. La Sala, de oficio o a solicitud de otro sujeto
procesal, o del Ministerio Público, y previo informe del Juez, dictará las
medidas correctivas y disciplinarias que correspondan.”
(1) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27553 publicada
el 13-11-2001.
Nota: Este artículo fue modificado por el Artículo 1 del Decreto Ley
Nº 25824, publicado el
09-11-92, que en su Artículo 2 dispone su entrada en vigencia, al día
siguiente de la publicación del presente Decreto Ley.
(2) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28105, publicada
el 21-11-2003, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 137.- La detención no durará más de nueve meses en el
procedimiento ordinario y de dieciocho meses en el procedimiento especial
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 135
del Código Procesal Penal.
Tratándose de procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas,
terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más
de diez imputados, en agravio de igual número de personas, o del Estado, el
plazo límite de detención se duplicará. A su vencimiento, sin haberse
dictado la sentencia de primer grado, deberá decretarse la inmediata
libertad del inculpado, debiendo el Juez disponer las medidas necesarias
para asegurar su presencia en las diligencias judiciales. Cuando concurren
circunstancias que importen una especial dificultad o una especial
prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la
acción de la justicia, la detención podrá prolongarse por un plazo igual.
La prolongación de la detención se acordará mediante auto debidamente motivado,
de oficio por el Juez o a solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado.
Contra este auto procede el recurso de apelación, que resolverá la Sala, previo
dictamen del Fiscal Superior dentro del plazo de setenta y dos horas.
El cómputo del plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, cuando se
trate de procesos complejos o se hubiere declarado la nulidad, no considerará el
tiempo transcurrido hasta la fecha del nuevo auto apertorio de instrucción. En los
casos en que se declare la nulidad de procesos seguidos en fueros diferentes, el
plazo se computa desde la fecha en que se dicte el nuevo auto de detención.
Una vez condenado en primera instancia el inculpado, la detención se prolongará
hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido recurrida.
No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo,
el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables al inculpado o
su defensa.
La libertad será revocada si el inculpado no cumple con asistir, sin motivo legítimo
a la primera citación que se le formule cada vez que se considere necesaria su
concurrencia.
El Juez deberá poner en conocimiento de la Sala la orden de libertad, como la de
prolongación de la detención. La Sala, de oficio o a solicitud de otro sujeto
procesal, o del Ministerio Público, y previo informe del Juez, dictará las medidas
correctivas y disciplinarias que correspondan.” (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 983,
publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 137.- Duración de la detención
La detención no durará más de nueve meses en el procedimiento ordinario y de
dieciocho meses en el procedimiento especial siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal. Tratándose de
procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y
otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio
de igual número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención se
duplicará. A su vencimiento, sin haberse dictado la sentencia de primer grado,
deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado, debiendo el Juez disponer
las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales.
Cuando concurren circunstancias que importen una especial dificultad o una
especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la
acción de la justicia, la detención podrá prolongarse por un plazo igual.
Cuando el delito se ha cometido a través de una organización criminal y el
imputado pudiera sustraerse a la acción de justicia o perturbar la actividad
probatoria, la detención podrá prolongarse hasta por un plazo igual. La
prolongación de la detención se acordará mediante auto debidamente motivado,
de oficio por el Juez o a solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado.
Contra este auto procede el recurso de apelación, que resolverá la Sala, previo
dictamen del Fiscal Superior dentro del plazo de setenta y dos horas.
El cómputo del plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo,
cuando se trate de procesos complejos o se hubiere declarado la
nulidad, no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha del nuevo
auto apertorio de instrucción. En los casos en que se declare la nulidad
de procesos seguidos en fueros diferentes, el plazo se computa desde la
fecha en que se dicte el nuevo auto de detención.
Una vez condenado en primera instancia el inculpado, la detención se
prolongará hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera
sido recurrida. No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos
establecidos en este artículo, el tiempo en que la causa sufriere
dilaciones maliciosas imputables al inculpado o su defensa.
La libertad será revocada si el inculpado no cumple con asistir, sin
motivo legítimo a la primera citación que se le formule cada vez que se
considere necesaria su concurrencia.
El Juez deberá poner en conocimiento de la Sala la orden de libertad,
como la de prolongación de la detención. La Sala, de oficio o a solicitud
de otro sujeto procesal, o del Ministerio Público, y previo informe del
Juez, dictará las medidas correctivas y disciplinarias que correspondan.”
CONCORDANCIA: LEY Nº 27569, Art. 2
26. la previsión legal del plazo máximo de duración de la detención judicial, el afectado
por la medida cautelar puede conocer hasta qué momento puede durar la
restricción de su derecho fundamental a la libertad. No obstante, como viene
ocurriendo reiteradamente en el panorama judicial nacional, el hecho de que no se
decrete la libertad inmediata de un procesado tras la culminación del plazo
máximo de detención, obligándole, por el contrario, a que permanezca
detenido ad infinitum, so pretexto de un equivocado concepto de la
tramitación procesal, solo puede significar que se han transgredido todas las
previsiones jurídicas que garantizan un proceso debido o regular, y que dicha
situación ha comprometido, en particular, la eficacia o existencia de uno de
aquellos derechos innominados constitucionalmente, pero, a la par,
consustanciales a los principios del Estado democrático de derecho y al
derecho a la dignidad de la persona reconocidos en el artículo 3° de la
Constitución Política del Estado, como lo es, sin duda, el derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas.
§ 7. Las dilaciones indebidas como praxis punible cometida por los órganos del
Poder Judicial
27. Esta mala praxis judicial debe ser totalmente erradicada, por cuanto genera un
injustificable retardo en la administración de justicia que no está en
consonancia con la misión que le está confiada al Poder Judicial, la misma
que no se agota en el aseguramiento de la legalidad formal, sino que la
trasciende en tanto se afinca en la observancia de los principios inherentes a
la mejor y más correcta administración de justicia, siendo uno de ellos –
contrario a la inaceptable morosidad judicial– que la decisión final sea dictada
en tiempo útil y razonable.
28. Frente a la endémica morosidad que caracteriza a
buena parte de los jueces y superiores tribunales de
justicia nacionales y el abuso de jurisdicción que ello
podría suponer, no se puede seguir apelando al
consabido sentido de responsabilidad de los
magistrados del Poder Judicial, sino que deben ser
pasibles de la responsabilidad penal que les
corresponda, por sus conductas jurisdiccionales
inadecuadas que propician el retardo judicial.
29. Por ello, tratándose de dilaciones indebidas que inciden
sobre el derecho a la libertad, es exigible un especial
celo a todo juez encargado de un proceso en el que
se encuentra inmerso un preso preventivo, pues la
libertad es un valor constitucional informador de todo
el ordenamiento jurídico. De otro modo, y por
aplicación del artículo 2º,24, de la Constitución,
procedería acordar la puesta en libertad.
30.
Si bien puede sostenerse que la excesiva
sobrecarga que padecen la mayoría de los tribunales,
no solo el Constitucional sino también los de otras
latitudes, puede excusar la mora en las decisiones
judiciales, máxime si se presenta un desbordante
flujo de recursos razonablemente imposibles de
atender, esta justificación es inaceptable si el órgano
judicial no observa una conducta diligente y
apropiada para hacer justicia, siendo uno de sus
aspectos cardinales la expedición oportuna de las
resoluciones decisorias.
STC 02915-2004-PHC/TC
Federico Tibero Berrocal Prudencial
Fecha de Publicación: 23/11/2004
Contenido normativo: Plazo razonable de detención
Sumilla: Se solicita la inmediata excarcelación pro
considerarse que se ha vencido el plazo máximo de
prision preventiva previsto en el articulo 137° del Código
Procesal Penal, sin haberse dictado sentencia de
primera instancia.
El derecho al plazo razonable de la detención preventiva
como manifestación implícita del derecho a la libertad
personal en el orden constitucional y explícita en el
orden internacional
5. El derecho a que la prisión preventiva no exceda de
un plazo razonable, no se encuentra expresamente
contemplado en la Constitución. Sin embargo, se trata de
un derecho que coadyuva el pleno respeto de los
principios
de
proporcionalidad,
razonabilidad,
subsidiariedad,
necesidad,
provisionalidad
y
excepcionalidad que debe guardar la aplicación de la
prisión provisional para ser reconocida como constitucional.
Se trata, propiamente, de una manifestación implícita del
derecho a la libertad personal reconocido en la Carta
Fundamental (artículo 2º24 de la Constitución) y, en tal
medida, se funda en el respeto a la dignidad de la
persona humana.
Criterios de evaluación de la razonabilidad
del plazo de la prisión preventiva
a)
Actuación de los órganos judiciales: “Prioridad y diligencia
debida”
18. Es deber del juez penal dotar de la prioridad debida y actuar
con una diligencia especial en la tramitación de las causas en
las que el inculpado se encuentre en condición de detenido de
un lado porque: “(...) el poder del Estado para detener a una
persona en cualquier momento del proceso constituye el
fundamento principal de su obligación de sustanciar tales casos
dentro de un plazo razonable” (Informe N.° 2/97, párrafo ); y, de
otro, porque el procesado que afronta tal condición sufre una
grave limitación de la libertad que, strictu sensu, la ley ha
reservado sólo a los que han sido efectivamente condenados.
19. De no tenerse presente ello, una medida que debería ser
concebida como cautelar y excepcional, se convertiría en un
instrumento de excesiva aflicción física y psicológica para quien
no tiene la condición de condenado, resquebrajando su capacidad
de respuesta en el proceso y mellando el propio principio de dignidad.
Tal como lo ha establecido la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos: “[l]a situación jurídica de la persona
que se encuentra en prisión preventiva es muy imprecisa:
existe una sospecha en su contra, pero aún no ha logrado
demostrarse la culpabilidad. Los detenidos en tales
circunstancias sufren usualmente grandes tensiones
personales como resultado de la pérdida de ingresos, y de
la separación forzada de su familia y comunidad. Debe
enfatizarse igualmente el impacto psicológico y emocional al
que son sometidos mientras dura esta circunstancia.” (Informe
N.° 2/97. Casos N.os 11205 y otros, párrafo 7).
20. En consecuencia, a efectos de determinar la razonabilidad
del plazo de detención, es preciso analizar si el juez penal
ha procedido con la "diligencia especial" debida en la
tramitación del proceso. (Caso Kenmache. Sentencia del
TEDH, párrafo 45)
21. Para determinar si en la causa se ha obrado con la debida
diligencia, no sólo se deberá analizar, propiamente: a) la
conducta de la autoridades judiciales, sino también, b) la
complejidad del asunto, y c) la actividad procesal del
interesado. (Caso Toth. Sentencia del TEDH del 12 de
diciembre de 1991, párrafo 77/ Caso Genie Lacayo. Sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de enero
de 1995. Serie C, núm. 21, párrafo 77; aunque en este último
caso los criterios fueron utilizados para evaluar la
razonabilidad de la duración de la totalidad del proceso).
22. la actuación de los órganos judiciales, será preciso evaluar
el grado de celeridad con el que se ha tramitado el
proceso, sin perder de vista en ningún momento el especial
celo que es exigible a todo juez encargado de dilucidar
una causa en la que se encuentra un individuo privado de
su libertad. En tal sentido, serían especialmente censurables,
por ejemplo, la demora en la tramitación y resolución de
los recursos contra las decisiones que imponen o
mantienen la detención preventiva; las indebidas e
injustificadas acumulaciones o desacumulaciones de
procesos; o, como estableciera el TEDH, los repetidos
cambios de juez instructor, la tardanza en la presentación
de un peritaje o en la realización de una diligencia en
general (Caso Clooth, párrafo 45).
23. La falta de diligencia de los órganos judiciales tendría lugar, incluso, en
aquellos supuestos en los que su actuación se viera “formalmente”
respaldada por el ordenamiento legal, puesto que, tal como ha
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “(...)
nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas
y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como
incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales del
individuo, por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o
faltos de proporcionalidad”. (Caso Gangaram Panda. Sentencia del 4 de
diciembre de 1991. Serie C, núm. 12, párrafo 47).
Así, por ejemplo, tal como ocurriera en el Caso Toth vs. Austria, ventilado
en el seno del TEDH, sería atribuible a la falta de diligencia de los órganos
judiciales la aplicación de leyes de procedimiento que tengan un
injustificado efecto suspensivo sobre las investigaciones en diversas
oportunidades. (Sentencia de 12 de diciembre de 1991, párrafo 77).
24. El análisis de la debida o indebida actuación por parte de las
autoridades judiciales, debe abarcar el tiempo transcurrido desde que
la persona se encuentra efectivamente detenida, hasta el dictado de
la sentencia (Caso Wemhoff. Sentencia del TEDH del 27 de junio de 1968,
párrafo 16).
b)
Complejidad del asunto
25. Para valorar la complejidad del asunto es menester
tomar en consideración factores tales como la
naturaleza y gravedad del delito (Caso Tomasi.
Sentencia del TEDH del 27 de agosto de 1992), los
hechos investigados, los alcances de la actividad
probatoria para el esclarecimiento de los eventos,
la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún
otro elemento que permita concluir, con un alto
grado de objetividad, que la dilucidación de una
determinada
causa
resulta
particularmente
complicada y difícil.
c)
Actividad procesal del detenido
26. Valoración de la actividad procesal del detenido a efectos de
determinar la razonabilidad del plazo, es preciso distinguir el
uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la
falta de cooperación mediante la pasividad absoluta del
imputado (muestras ambas del ejercicio legítimo de los
derechos que el Estado Constitucional permite), de la
denominada “defensa obstruccionista” (signo inequívoco de
la mala fe del procesado y, consecuentemente, recurso
repudiado por el orden constitucional).
27. En consecuencia, “(...) la demora sólo puede ser imputable
al acusado si éste ha abusado de su derecho a utilizar los
resortes procesales disponibles, con la intención de
atrasar el procedimiento” (Informe N.° 64/99, Caso 11.778,
Ruth Del Rosario Garcés Valladares. Ecuador, 13 de abril de
1999. Asimismo, Caso Wemhoff, TEDH, párrafo 2; y Caso
Neumeister, TEDH, párrafo 2).
28. Entre las conductas que podrían ser merituadas como
intencionalmente dirigidas a obstaculizar la celeridad del
proceso, se encuentran la interposición de recursos que
desde su origen y de manera manifiesta, se encontraban
condenados a la desestimación, o las constantes y
premeditadas faltas a la verdad que desvíen el adecuado
curso de las investigaciones. Es pertinente tener presente
que “[s]i bien todo procesado goza del derecho fundamental
a la no autoincriminación, una de cuyas manifestaciones
incluso autoriza al inculpado a guardar un absoluto silencio
y la más imperturbable pasividad durante el proceso, en el
correcto supuesto de que debe ser la parte acusatoria la
encargada de desvanecer la inocencia presunta, ello no le
autoriza para que mediante actos positivos se desvíe el
camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad
dentro del proceso” (Caso Bozzo Rotondo, Exp. N.° 03762003-HC/TC, FJ. 9).
29. las recusaciones constituyen una hipótesis corriente
y que suele demorar el curso de un proceso. Aun
cuando tales situaciones no justifiquen retardos
irrazonables, sí cabe descartar la defensa [del
encausado] basada en que, durante su resolución, es
posible que intervenga otro juez: pues aunque esto
fuese teóricamente posible, lo cierto es que
difícilmente puede pedírsele a otro magistrado que
prosiga inmediatamente con la instrucción, sobre
todo si ésta es prolongada y compleja, pues la sola
‘puesta en autos’ de aquél puede necesitar mucho
tiempo” (Gialdino, Rolando. La prisión preventiva en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Artículo
publicado en la página web de la Comisión Andina de
Juristas: www.cajpe.org.pe/guia/g-prisi.htm).
STC N.º 1966-2005-PHC/TC
César Augusto Lozano Ormeño
Fecha de publicación: 26/05/2005
Contenido normativo: Expedición del DNI por parte del
Reniec.
Sumilla: Determinar si la decisión de la entidad emplazada
(Reniec) de deengar expedir el DNI del demandante resulta
arbitraria.
Precedente Vinculante
1.
En concreto, el objeto del hábeas corpus es que se
ordene al Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (RENIEC) de Puerto Maldonado expedir el DNI del
demandante.
§. Materia sujeta a análisis constitucional
2. Este Colegiado debe determinar si la decisión de la
entidad emplazada de no expedir el DNI del
demandante, hasta que cumpla con presentar los
documentos solicitados y subsanar la observación
realizada por el Área de Procesos, ha vulnerado su
derecho constitucional a no ser privado de su DNI.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 177.º y 183.º de
la Constitución, el RENIEC es un organismo constitucionalmente
autónomo, encargado de manera exclusiva y excluyente de
organizar y actualizar el Registro Único de Identificación de las
Personas Naturales y, entre otras funciones, de emitir los
documentos que acrediten su identidad.
4. De otro lado, según lo establecido por los artículos 6.º y 7.º de su
Ley Orgánica –N.º 26497–, RENIEC planea, organiza, dirige,
controla, norma y racionaliza las inscripciones de su
competencia; igualmente, mantiene el registro único de
identificación de las personas naturales y emite el documento
único que acredita su identidad personal. Asimismo, el artículo
26.º de la referida norma establece que el Documento Nacional
de Identidad es público, personal e intransferible; constituye la
única cédula de identidad personal para todos los actos civiles,
comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para todos
aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado;
y constituye también el único título de derecho al sufragio de la
persona a cuyo favor ha sido otorgado.
5. En cuanto al fondo del asunto controvertido, este Colegiado
considera que la decisión de la entidad emplazada vulnera el
derecho constitucional a no ser privado de DNI, pues de autos se
tiene que el trámite administrativo de expedición de dicho
documento de identidad fue observado debido a que se detectó
que el apellido materno del solicitante, consignado en la boleta y
en el libro Registro de Inscripción, se encontraba enmendado,
motivo por el cual se le requirió para que presente su partida de
nacimiento y efectúe una prueba decadactilar, a fin de procesar
los datos actualizados. La expedición del DNI no es un trámite
automático, y es facultad del RENIEC el formular observaciones
como en el presente caso, acorde con su obligación de verificar la
identidad personal de los ciudadanos para garantizar que se
encuentren debidamente identificados e inscritos en el Registro
Único de Identificación de Personas Naturales.
6.
Sin embargo, y sin perjuicio de lo señalado, el Tribunal
Constitucional considera que la entidad
emplazada sí ha
vulnerado el derecho fundamental del recurrente al debido
proceso en sede administrativa, si bien no invocado
formalmente en la demanda, pero respecto del cual considera
imprescindible pronunciarse.
el demandante inició un procedimiento administrativo
ante RENIEC que fue observado debido a que se
constató que en la boleta y en el libro Registro de
Inscripción su apellido materno se encontraba
enmendado, motivo por el cual se le requirió para que
presentara su partida de nacimiento y se haga una
prueba decadactilar. Dicha enmendadura se presenta en
documentos en los cuales la consignación de datos –y
por tanto lo errores en que se haya incurrido– es de
exclusiva responsabilidad del ente administrador;
documentos que, por lo demás, obran actualmente en su
poder. De otro lado, es responsabilidad y competencia del
RENIEC la custodia de los documentos que sustentan
los hechos inscritos (Títulos Archivados), los mismos
que, en el caso de autos, deberán servir para verificar
los datos del Registro.
15. En caso no se cuente con el título archivado requerido –
por haber desaparecido, haber sido mutilado o destruido a
consecuencia de negligencia propia, hechos fortuitos o
actos delictivos–, también es responsabilidad del RENIEC,
a fin de verificar datos que pudieran estar observados,
gestionar de oficio dichos documentos, solicitándolos a
las entidades correspondientes, más aún si se trata de
oficinas registrales que forman parte del sistema registral
o de municipalidades con las cuales tiene estrecha y
permanente vinculación por mandato de su propia ley
orgánica. En el presente caso es evidente que la actuación
de RENIEC no se ha sujetado a tales prescripciones, de
modo que ha inobservado los principios de impulso de
oficio, celeridad y simplicidad, vulnerando el derecho
constitucional del demandante al debido proceso en sede
administrativa, al causar una demora innecesaria en la
expedición de su Documento Nacional de Identidad.
16. Por lo expuesto, este Colegiado considera necesario
disponer que el RENIEC, en un plazo máximo de cinco
días útiles de notificada la presente demanda, gestione
ante la oficina registral o entidad correspondiente la
expedición de la partida de nacimiento del recurrente,
quien, por su parte, deberá cumplir con registrar sus
huellas decadactilares, a fin de culminar el trámite de
canje de libreta electoral por el DNI.
STC N.º 2496-2005-PHC/TC
Eva Rosario Valencia Gutiérrez
Fecha de publicación: 02/06/2005
Contenido normativo:
Libertad personal. Detención preventiva. Principio tempus regit
actum
Sumilla:
Se reconoce a la libertad personal como un valor superior del
ordenamiento jurídico, sujeto a límites. De otro lado, se señala
que la detención preventiva constituye una de las formas
constitucionales de garantizar que el procesado comparezca
a
las
diligencias
judiciales.
En relación a la aplicación de las normas penales, el Tribunal
precisa que rige el principio tempus regit actum; es decir, se
aplica la norma que se encuentra vigente al momento de
resolverse
(FJ
3,5,7,8,
12
y
13).
Precedente Vinculante
" 3. En reiterada jurisprudencia, este Colegiado ha sostenido que el
proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en
abstracto el derecho al debido proceso. En el presente caso, habida
cuenta de que se han establecido judicialmente restricciones al
pleno ejercicio de la libertad locomotora, tras la imposición de la
medida cautelar de detención preventiva, el Tribunal
Constitucional tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la
legitimidad de los actos judiciales considerados lesivos.
5 Conforme a lo enunciado por éste Tribunal en reiterada
jurisprudencia, la libertad personal es no es solo un derecho
fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento
jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; pues se
encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley.[1]
Por ello, los límites a los derechos pueden ser impuestos por la
misma norma que reconoce el derecho; por el ejercicio de uno o
más derechos constitucionales, o por el ejercicio de uno o varios
bienes
jurídicos
constitucionales.
7. El artículo 9.º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos establece que toda persona detenida o
presa a causa de una infracción penal será llevada sin
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la
ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta
en libertad. La prisión preventiva de las personas que
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero
su libertad podrá estar subordinada a garantías que
aseguren la comparecencia del acusado en el acto del
juicio, o en cualquier momento de las diligencias
procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
8. De cuyo contenido se infiere que la detención preventiva
constituye una de las formas constitucionales de
garantizar que el procesado comparezca a las
diligencias
judiciales.
12. Con relación a la aplicación de las normas penales, este
Tribunal ha manifestado, en reiterada jurisprudencia, que en
la aplicación de normas procesales penales rige el principio
tempus regit actum, que establece que la ley procesal
aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al
momento
de
resolverse[2].
13. resulta de aplicación al caso de autos, el artículo 1º de
la Ley N.º 27553, que desde el 13 de noviembre de 2001
modifica el artículo 137.º del Código Procesal Penal,
estableciendo que el plazo de detención en el proceso
penal ordinario tiene una duración máxima de 18 meses;
que se duplicará en caso de que el proceso sea por los
delitos de terrorismo, tráfico de drogas, espionaje u otro
de naturaleza compleja seguido contra más de diez
imputados."
STC N.º 3482-2005-PHC/TC
Luis Augusto Brain Delgado y otros
Fecha de publicación: 25/10/2005
Contenido normativo: Libertad de tránsito. Bien jurídico
seguridad ciudadana
Sumilla:
Se señala los límites al ejercicio de la libertad de tránsito,
clasificando las restricciones en: explícitas e implícitas;
y, se realiza precisiones sobre el bien jurídico seguridad
ciudadana y sus alcances. Asimismo, se precisa que los
derechos pueden verse restringidos en determinados
ámbitos de su contenido, a fin de compatibilizar los
objetivos sociales propios de todo bien constitucional
con los intereses individuales correspondientes a todo
atributo o libertad.
Precedente Vinculante
Hábeas Corpus de naturaleza restringida
3. En el caso de autos, se cuestionan directamente
restricciones a la libertad de tránsito o de locomoción
presuntamente producidas por haberse instalado en una
vía de uso público un sistema de control mediante
rejas y vigilancia particular. Se trata, por consiguiente,
no de un supuesto de detención arbitraria frente al que
normalmente procede un hábeas corpus de tipo
reparador, sino de un caso en el que se denuncia una
restricción a la libertad individual distinta a los
supuestos de detenciones arbitrarias o indebidas; por
lo tanto, estamos frente al denominado hábeas corpus
de tipo restringido.
4.
En los hábeas corpus del tipo señalado, aun cuando no
esté de por medio una medida de detención, no
quiere ello decir que la discusión o controversia a
dilucidar resulte un asunto de mera constatación
empírica. En estos casos, como en otros similares, es
tan importante verificar la restricción a la libertad que
se alega como lo señalado por las partes que
participan en el proceso, además de merituar las
diversas instrumentales que puedan haber sido
aportadas. Al margen de la sumariedad del proceso, es
necesario evaluar con algún detalle lo que se reclama
y el elemento probatorio con el que se cuenta.
Los alcances genéricos de la libertad de tránsito o derecho
de locomoción y la existencia de límites a su ejercicio
5. La libertad de tránsito o derecho de locomoción es, dentro
del catálogo de atributos susceptibles de tutela por mediante
el hábeas corpus, de los más tradicionales. Con el mismo se
busca reconocer que todo nacional o extranjero con
residencia establecida pueda circular libremente o sin
restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio,
habida cuenta de que, en tanto sujeto con capacidad de
autodeterminación, tiene la libre opción de disponer cómo
o por dónde decide desplazarse, sea que dicho
desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el
territorio de nuestro Estado, circulación o tránsito dentro
del mismo, o simplemente salida o egreso del país. Dicho
atributo, por otra parte, se encuentra también reconocido en los
artículos 12 ° y 13° del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y en el artículo 22° de la Convención
Americana de Derechos Humanos, constituyendo uno de los
derechos de mayor implicancia en el ámbito de la libertad
personal.
6. Siendo el derecho de tránsito o de locomoción un atributo con
alcances bastante amplios, se encuentra, sin embargo, por
mandato expreso de la propia Constitución y conforme a los
criterios recogidos por los instrumentos internacionales antes
referidos, sometido a una serie de límites o restricciones en su
ejercicio. Dichas restricciones, por de pronto, pueden ser de
dos clases: explícitas o implícitas.
7.
Las
restricciones calificadas como explícitas se
encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar
referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los
enunciados por el inciso 11) del artículo 2° de la
Constitución (mandato judicial, aplicación de la ley de
extranjería o razones de sanidad), como a supuestos de tipo
extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo
137° de la Constitución, referidos a los estados de emergencia
y de sitio, respectivamente).
El bien jurídico seguridad ciudadana y sus alcances
13. Aunque no existe una aproximación conceptual precisa en
cuanto a lo que para la Constitución representa la seguridad
ciudadana, sino, básicamente, un conjunto de características
o elementos que permiten integrar lo que sería su contenido,
esta puede ser catalogada como un estado de protección
que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la
sociedad, a fin de que determinados derechos
pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados
frente a situaciones de peligro o amenaza o reparados en
caso de vulneración o desconocimiento. Derechos como la
vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la
libertad personal suelen ser los principales referentes que
integran el contenido de la seguridad ciudadana en atención a
lo que del Estado y la colectividad se espera, siendo evidente
que, por sus alcances, se trata fundamentalmente de un bien
jurídico de relevancia antes que de un atributo o libertad a
título subjetivo.
14.
la idea de los bienes jurídicos relevantes se
encuentra, pues, asociada al interés general, mientras
que el concepto de derechos se asocia al interés
subjetivo particular de quien reclama por su defensa. Lo
dicho cobra especial importancia si se parte del supuesto
que la ciudadanía ve cotidianamente arriesgada su
seguridad como resultado del entorno conflictivo y
antisocial, cuando no de la criminalidad mayoritariamente
presente en las ciudades con abundante población y
tráfico económico y, frente a lo cual se hace necesaria
una específica política de seguridad en favor de la
colectividad. En el Estado social de derecho, por otra
parte, es incuestionable la existencia de roles vitales en
relación con la consecución de grandes objetivos. Vista
la seguridad ciudadana como uno de esos roles en los
que todo Estado se compromete, no cabe discusión alguna
respecto del papel relevante que le toca cumplir y la especial
posición que el ordenamiento constitucional le suele otorgar.
15. cuando se trata de bienes jurídicos como los aquí
descritos, no resulta extraño, sino perfectamente
legítimo que, en determinadas circunstancias, y
como se anticipó anteriormente, los derechos
puedan verse restringidos en determinados ámbitos
de su contenido, a fin de compatibilizar los objetivos
sociales propios de todo bien constitucional con los
intereses individuales correspondientes a todo
atributo o libertad. Naturalmente, no es que los
derechos se encuentren posicionados por debajo de
los bienes jurídicos y ni siquiera a un mismo nivel o
jerarquía, pero es evidente que ante la existencia de
ambas categorías al interior del ordenamiento se
hace imperioso integrar roles en función de los
grandes valores y principios proclamados desde la
Constitución. En ese gran reto ponderativo el juez
constitucional ocupa un papel gravitante.
 Las vías de tránsito público y el establecimiento de rejas como
medida de seguridad vecinal
16. Exceptuados los ámbitos de lo que constituye el dominio privado,
todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado
como referente para el libre desplazamiento de personas puede
ser considerado una vía de tránsito público. Dentro de tales
espacios (avenidas, calles, veredas, puentes, plazas, etc.), no
existe, en principio, restricción o limitación a la locomoción de
los individuos, esto es, no existe la necesidad de pedir
autorización alguna ni ante el Estado ni ante particular alguno,
pues se presume que la vía pública pertenece a todos y no a
determinada persona o grupo de personas en particular.
17. Las vías de tránsito público, sirven no solo para permitir el
desplazamiento peatonal, sino para facilitar otros ámbitos de
su autodeterminación o el ejercicio de una diversidad de
derechos constitucionales (trabajo, salud, alimentación,
descanso, etc.); y como tales, se constituyen en un elemento
instrumental sumamente importante del cual depende la
satisfacción plena o la realización de una multiplicidad de
objetivos personales.
18. Siendo las vías de tránsito público libres en su
alcance y utilidad, pueden sin embargo, y en
determinadas
circunstancias,
ser
objeto
de
regulaciones y aun de restricciones. Cuando estas
provienen directamente del Estado, se presumen
acordes con las facultades que el propio
ordenamiento jurídico reconoce en determinados
ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las funciones
de control de tránsito efectuadas por los gobiernos
municipales); cuando provienen de particulares, existe
la necesidad de determinar si existe alguna justificación
sustentada en la presencia, o no, de determinados bienes
jurídicos.
STC N.º 02877-2005-PHC/TC
Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez
Fecha de publicación: 10/07/2006
Contenido normativo:
Recurso de agravio constitucional (RAC)
Sumilla:
Se señala que para interponer el recurso de agravio
constitucional (RAC) además de los requisitos formales
para su interposición, se requiere que el RAC planteado
esté directamente relacionado con el ámbito
constitucionalmente
protegido
de
un
derecho
fundamental; que no sea manifiestamente infundado; y
que no esté inmerso en una causal de negativa de tutela
claramente establecida por el TC.
Precedente Vinculante
“ 15. El constitucionalismo contemporáneo se ha
caracterizado por la voluntad de atribuirle una efectiva
fuerza normativa a los derechos y libertades
reconocidos en las Normas Constitucionales. La
concepción de los derechos fundamentales determina, de
este modo, la propia significación del poder público, al
existir una íntima relación entre el papel asignado a
tales derechos y el modo de organizar y ejercer las
funciones estatales. Sólo configurando correctamente el
RAC es que los derechos fundamentales actuarán
legitimando, creando y manteniendo consenso, siempre
en la búsqueda de la libertad individual y limitando el
poder estatal.
24. con la finalidad de lograr un óptimo funcionamiento del
servicio de justicia constitucional, antes que efectuar
una reducción de las causas que lleguen al TC, es
necesario realizar su reestructuración funcional, con
la finalidad de que pueda ejercer su actividad de
manera más eficaz.
Para conseguir un objetivo tan ambicioso es necesario
recurrir a experiencias comparadas (básicamente,
estadounidenses, hispanas y germánicas), y, tomando
en cuenta sus principales aportes, conjugados con las
características propias de nuestro sistema constitucional
de protección de derechos, presentar un modelo lo más
acorde posible con las necesidades de la justicia
constitucional
en
el
país.
a)
Corte
Suprema
estadounidense
En los Estados Unidos de América se ha venido a proponer la
figura del ‘writ of certiorary’, a través de la cual la Corte Suprema
tiene la capacidad de ‘escoger’ las causas que llegan a su
conocimiento y, lógicamente, evitar las que, a su entender, no
corresponden a su magistratura. La implementación de esta
figura se produjo a partir de 1925, cuando el Judiciary Act
introdujo tal mecanismo con el fin de rechazar casos, al
considerar que no existen razones especiales y de
importancia para distraer su tiempo en su resolución.
Dado que las cuestiones constitucionales son altamente
controvertidas, dicho tribunal sólo se considera en aptitud para
resolverlas cuando se encuentren en el momento adecuado para
ello. En este sentido, gracias a su jurisdicción discrecional,
puede seleccionar los casos y ‘decidir no decidir’ los casos
que no merecen su atención. A través de sus resoluciones, la
Corte Suprema determina qué casos de relevancia van a
ingresar a desarrollar y crear jurisprudencia. Eso sí, cuando
no admite una petición, no arguye las razones por las cuales llega
a
tal
decisión.
b)
Tribunal
Constitucional
alemán
Por su parte, en Alemania, la decisión judicial tiene dos funciones,
resolver un caso particular, protegiendo los derechos subjetivos del
recurrente, y preservar el derecho constitucional objetivo,
ayudando así a su interpretación y perfeccionamiento; se
desarrolla así el doble carácter del proceso constitucional de
libertad. Ello permite el establecimiento de las causales de procedencia
de los recursos interpuestos ante el TC Federal. Es relevante precisar
que gran parte de la protección de los derechos la realizan los
tribunales ordinarios, pero siguiendo los precedentes emitidos por
el
TC.
Por tal motivo, se ha establecido que no todas las demandas de
amparo sean admitidas por él. Entre las causales de
inadmisibilidad mencionamos los siguientes supuestos: cuando la
Sala ha decidido anteriormente casos de carácter idéntico, y
cuando una cuestión es manifiestamente infundada. Dicha causal
tiene como finalidad la función de realizar un filtro que impida someter
al Tribunal cuestiones baladíes o absurdas, dentro del margen de lo
establecido en la Constitución y en la normatividad procesal.
Asimismo, es posible que se admita solamente una parte del
recurso o que se limite el alcance de la decisión que se adopte. El
TC Federal alemán tiene autonomía para su reglamentación
interna, sin autorización de la Ley Fundamental ni de la ley debido
a
que
es
un
órgano
constitucional.
c)
Tribunal
Constitucional
español
En el caso español, al margen del establecimiento de causales de
improcedencia precisas, el TC cuenta con una organización
funcional, la cual permite que, de las siete mil doscientos un
demandas de amparo ingresadas en el año 2003, por ejemplo,
solamente fueron resueltas mediante sentencia doscientas siete
demandas, y fueron declaradas inadmisibles ciento veintinueve por
auto de inadmisión, cinco mil cuatrocientos veintiocho vía
providencia de inadmisión, quinientas catorce por otras causas, y
trescientos ochenta acumuladas con los anteriores. Estas cifras se
alejan sustancialmente de las que existen en nuestro país, donde
muy buena parte de las demandas acaban en sentencias.
Para dedicarse a un número reducido de resoluciones que versen sobre
el fondo del petitorio, el TC ibérico ha venido utilizando la siguiente
estructura: un Pleno (compuesto por doce magistrados), dos salas
(integradas cada una por seis magistrados) y, para el despacho
ordinario y la decisión sobre la admisibilidad de los recursos, el Tribunal
se divide en cuatro secciones, integradas cada una de ellas por tres
magistrados. En ese sentido, el artículo 8° de la Ley Orgánica del TC
español,
establece
que:
Para el despacho ordinario y la decisión sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de los recursos, el Pleno y las Salas constituirán
Secciones, compuestas por el respectivo Presidente o quien le
sustituya
y
dos
magistrados.
el acápite Uno del artículo 50° de la misma norma, establece la posible
inadmisión
del
recurso
en
los
siguientes
supuestos:
La Sección, por unanimidad de sus miembros, podrá acordar mediante
providencia la inadmisión del recurso cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos: a) Que la demanda incumpla de manera manifiesta e insubsanable
alguno de los requisitos (...). b) Que la demanda se deduzca respecto de
derechos o libertades no susceptibles de amparo constitucional. c) Que la
demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión
sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional. d) Que el
Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o
cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto
sustancialmente igual, señalando expresamente en la providencia la resolución
o
resoluciones
desestimatorias.
De esta manera, las secciones han sido creadas con la finalidad de ser
órganos que se aboquen a realizar un filtro de las demandas que llegan al TC,
de tal manera que solamente sean resueltos mediante sentencia aquellos
casos
que
hayan
pasado
este
filtro.
25. El TC peruano, ante la situación de tensión –también presente a veces
en otros tribunales, inclusive como los nombrados–, entre una protección
óptima de los derechos fundamentales y una permanente sobrecarga de
trabajo, requiere de una reorganización funcional en la prestación del
servicio de justicia constitucional, de manera que ésta sea lo más efectiva
posible y que cumpla, a su vez, con el propósito de garantizar el derecho
de
acceso
a
la
justicia.
Para ello, tomando en cuenta cómo está dividido actualmente
nuestro TC, se propone que una de las Salas que lo integran se
encargue de revisar y determinar la procedencia de los RAC
interpuestos. Los magistrados del TC constituidos en Sala o
Pleno revisarán los recursos respecto de los cuales exista duda,
discordancia o impliquen un caso difícil, así como los casos que
merezcan un pronunciamiento sobre el fondo, y aquellos recursos
que fundamenten fáctica y jurídicamente la necesidad de una
variación del precedente vinculante vigente. Las Salas o el Pleno
resolverán, en consecuencia, solamente aquellos recursos que
hayan pasado por este nuevo filtro de procedencia.
Este nuevo funcionamiento del Tribunal no implicará un gasto
mayor considerable por parte del Estado ni implicará un
incumplimiento del artículo 5° de la Ley Orgánica, respecto del
quórum requerido para el conocimiento de los procesos de
hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento, toda vez
que el auto que se emita será validado por la Sala que esté a
cargo
de
este
examen.
(...)
Colegiado considera importante que la Sala encargada del análisis de
procedencia pueda actuar sobre la base de nuevos cánones de análisis ex
ante de los RAC, estableciendo si cumplen con el fin para el cual se
encuentran
reconocidos.
Entonces, para que este Colegiado pueda ingresar a estudiar el fondo del
asunto debe existir previamente una clara determinación respecto a la
procedencia de los RAC presentados. En ella se insistirá en los siguientes
aspectos,
con
la
posible
acumulación
de
casos
idénticos:
· Identificación de vulneración manifiesta del contenido esencial del
ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental.
·
Revisión
de
las
demandas
manifiestamente
infundadas.
· Evaluación de los casos en los que ya se haya reconocido la tutela del
derecho cuya protección fue solicitada en la demanda y respecto de los
cuales se haya declarado improcedente o infundado el pedido de
reparación o restablecimiento del agraviado en el pleno goce de sus
derechos
constitucionales.
Debe tenerse cuidado de no declarar manifiestamente improcedentes
cuestiones que, en realidad, deban requerir un análisis más profundo,
pues cuando exista duda razonable al respecto, debe ser declarada la
procedencia. Para la viabilidad de la reorganización propuesta se
requieren de algunos presupuestos que este Colegiado debe ir
determinando
normativa
y
jurisprudencialmente.
Elaboración:
Tribunal
Constitucional
(...)
31. En conclusión, el RAC, en tanto recurso impugnativo
dentro de un peculiar proceso, como es el
constitucional, debe ser utilizado como un mecanismo
procesal especializado que permita que el TC intervenga
convenientemente.
Aparte de los requisitos formales para su interposición, se
requerirá que el RAC planteado esté directamente
relacionado con el ámbito constitucionalmente
protegido de un derecho fundamental; que no sea
manifiestamente infundado; y que no esté inmerso en
una causal de negativa de tutela claramente establecida
por
el
TC.”
RAC EXCEPCIONAL:
Casos en que el Tribunal Constitucional es
competente para revisar vía Recurso de Agravio
Constitucional sentencias estimatorias expedidas
en procesos constitucionales
Art. 18 del Código Procesal Constitucional prevé que sólo
procede el Recurso de Agravio Constitucional (RAC)
contra
sentencias
desestimatorias
(Infundada
o
Improcedente) emitidas en segunda instancia en un
proceso constitucional.
Sin embargo existen procesos constitucionales que
exepcionalemente conceden RAC interpuestos contra
sentencias que declaran Infundada o Improcedente:
a). Tráfico Ilícito de Drogas
b) Lavado de Activos
c) Terrorismo
STC 4853-2004-PA/TC
DIRECCIÓN REGIONAL DE PESQUERÍA DE LA LIBERTAD
Fecha de Publicación: 19/04/2007
La reglas vinculantes del recurso de agravio a favor del
precedente
40. A partir de lo desarrollado supra, este Colegiado procede a precisar
las reglas aplicables para el trámite del nuevo supuesto establecido a
través de esta sentencia, para la procedencia del recurso de agravio
tratándose de una sentencia estimatoria de segundo grado.
A)
Regla procesal: El órgano judicial correspondiente deberá
admitir de manera excepcional, vía recurso de agravio
constitucional, la revisión por parte de este Colegiado de una decisión
estimatoria de segundo grado cuando se pueda alegar, de manera
irrefutable, que tal decisión ha sido dictada sin tomar en cuenta un
precedente constitucional vinculante emitido por este Colegiado
en el marco de las competencias que establece el artículo VII del
C.P.Const. En cualquier caso, el Tribunal tiene habilitada su
competencia, ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso
de queja a que se contrae el artículo 19 del Código Procesal
Constitucional.
B)
Regla sustancial: El recurso de agravio a favor del
precedente tiene como finalidad restablecer la violación del
orden jurídico constitucional producido a consecuencia de
una sentencia estimatoria de segundo grado en el trámite de
un proceso constitucional. El recurso puede ser interpuesto
por la parte interesada o por un tercero afectado
directamente y que no haya participado del proceso, sea por
no haber sido emplazado o porque, tras solicitar su
incorporación, le haya sido denegada por el órgano judicial
respectivo. El Tribunal resuelve en instancia final
restableciendo el orden constitucional que haya resultado
violado con la decisión judicial y pronunciándose sobre el
fondo de los derechos reclamados.
41. Por lo tanto las reglas desarrolladas en la presente sentencia
y declaradas en el fallo como precedente vinculante, conforme al
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, deberán ser aplicadas por los jueces
constitucionales, incluso a los procesos en trámite, por mandato
de la Segunda Disposición Final del mismo cuerpo normativo, una
vez que la misma haya sido publicada conforme a Ley.
Precedente dejado sin efecto
STC N.º 03908-2007-PA/TC
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL
Fecha de Publicación: 11/02-2013
3. en el presente caso se tiene un proceso de “amparo contra amparo”
donde, además, existe una estimación total de la pretensión por parte del
Poder Judicial en segunda instancia. Teniendo en cuenta ello, corresponde
determinar si la demanda cumple los presupuestos para la procedencia
del “amparo contra amparo” expuestos en el fundamento 39 de la STC 48532004-PA/TC. de ser así, habrá de analizarse, si la sentencia cuestionada
contraviene el precedente establecido en la STC 0206-2005-PA/TC.
4. Previamente, este Tribunal Constitucional considera pertinente, de
conformidad con lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional, evaluar si las reglas vinculantes del
recurso de agravio a favor del precedente establecidas en el fundamento
40 de la STC 4853-2004-PA/TC cumplen, o no, los presupuestos para
dictar un precedente previstos en la STC 0024-2003-AI/TC, y reiterados en
la STC 03741-2004-PA/TC.
§.2. Las reglas vinculantes del recurso de agravio a
favor del precedente y los presupuestos previstos en la
STC 0024-2003-AI/TC
5. De acuerdo con la STC 0024-2003-AI/TC, los cinco
presupuestos básicos que deben observar las sentencias del
Tribunal Constitucional que se pronuncian sobre el fondo
para la aprobación de un precedente vinculante, son:
a La existencia de interpretaciones contradictorias.
b La comprobación de interpretaciones erróneas de
alguna
norma
perteneciente
al
bloque
de
constitucionalidad.
c La necesidad de llenar un vacío legislativo.
d La corroboración de normas que sea susceptibles
de ser interpretadas de manera diversa.
e La necesidad de cambiar un precedente vinculante.
6. Teniendo en cuenta que los cinco presupuestos básicos
para la aprobación de un precedente vinculante pueden ser
cumplidos
de
manera
alternativa,
este
Tribunal
Constitucional constata que el fundamento 40 de la STC
4853-2004-PA/TC no cumple con ninguno de estos
presupuestos básicos para haber sido aprobado como
precedente vinculante, por las siguientes razones:
a. En la praxis judicial no existía interpretaciones contradictorias
del inciso 2) del artículo 202.º de la Constitución, ni del artículo
18.º del Código Procesal Constitucional, pues de manera clara y
legítima el constituyente y el legislador determinaron que la
expresión “resoluciones denegatorias” hace referencia a las
resoluciones de segundo grado que declaran infundada o
improcedente la demanda sea de hábeas corpus, amparo,
hábeas data o cumplimiento. Por ello, la interpretación pacífica,
tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, es que el Tribunal
Constitucional vía recurso de agravio constitucional sólo
conoce las resoluciones denegatorias de segundo grado.
b. Asimismo, tampoco sirvió para aclarar alguna interpretación
errónea de las normas que conforman el bloque de
constitucionalidad, pues en los fundamentos de la STC 4853-2004PA/TC nunca se señala ello. Además, en la praxis del Tribunal
Constitucional tampoco se ha constatado algún caso en que los
operadores jurisdiccionales o administrativos hubiesen hecho una
indebida aplicación de alguna norma que conforme el bloque de
constitucionalidad y que tenga relación directa con el recurso de
agravio constitucional y la expresión “resoluciones denegatorias”.
Prueba de ello es que en los fundamentos de la STC 48532004-PA/TC no se menciona ni a modo de ejemplo un
caso en que se haga evidente que los operadores
jurisdiccionales o administrativos hubiesen hecho una
indebida aplicación de alguna norma que conforme el
bloque de constitucionalidad que tenga relación directa
con el recurso de agravio constitucional y la expresión
“resoluciones denegatorias”.
c. Tampoco existía ningún vacío legislativo, ya que tanto la
Constitución como el propio Código Procesal Constitucional
tienen contemplados de manera precisa los casos en los
que es posible interponer un recurso de agravio
constitucional. Ello quiere decir que un precedente vinculante
no puede reformar el texto expreso de la Constitución, pues
ésta únicamente puede ser reformada siguiendo el
procedimiento previsto en su artículo 206º. Además, de
acuerdo al principio de interpretación conforme a la
Constitución, el recurso de agravio constitucional sólo
procede contra resoluciones denegatorias de segundo
grado y no contra resoluciones estimatorias de segundo
grado, pues para éste supuesto procede en todo caso el
inicio de un nuevo proceso constitucional.
d. No se constata tampoco interpretaciones diversas del
inciso 2) del artículo 202.º de la Constitución o del artículo
18.º del Código Procesal Constitucional. Muy por el contrario,
lo que se advierte es que el precedente vinculante del
fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC ha sido
concebido en abierta contradicción con la Constitución, el
Código Procesal Constitucional y los presupuestos básicos
para la aprobación de un precedente vinculante establecidos
en la STC 0024-2003-AI/TC.
e. Y, por último, el precedente vinculante del fundamento 40 de
la STC 4853-2004-PA/TC tampoco se estableció con la
finalidad de cambiar algún precedente vinculante
preexistente.
7 .
Adicionalmente, resulta oportuno destacar que el
precedente vinculante del fundamento 40 de la STC 48532004-PA/TC omitió lo precisado por este Tribunal en el
fundamento 46 de la STC 3741-2004-AA/TC, en el que
señala que “la regla del precedente constitucional no puede
constituir una interpretación de una regla o disposición de la
Constitución que ofrece múltiples construcciones”, pues “el
precedente no es una técnica para imponer determinadas
doctrinas u opciones ideológicas o valorativas, todas ellas
válidas desde el punto de vista jurídico. Si tal situación se
presenta de modo inevitable, debe ser encarada por el
Tribunal a través de su jurisprudencia, en un esfuerzo por
crear consensos en determinados sentidos”.
este Tribunal considera que mediante el precedente vinculante
del fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC se impuso una
determinada posición doctrinaria sobre el significado de la
expresión “resoluciones denegatorias” para que el Tribunal
Constitucional asumiera competencia vía recurso de agravio
constitucional, a pesar de que el constituyente y el legislador
como representantes del pueblo concretaron que dicha expresión
sólo comprendía las resoluciones denegatorias de segundo grado
y no resoluciones estimatorias de segundo grado. Además, debe
resaltarse que la expresión “resoluciones denegatorias” había
adquirido consenso en el constituyente y en el legislador, pues
tanto en el inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución como en
el artículo 18.° del Código Procesal Constitucional se especifica
de manera clara el significado de la expresión “resoluciones
denegatorias”, al señalarse que contra las resoluciones de
segundo grado que declara infundada o improcedente la
demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas data o
cumplimiento procede el recurso de agravio constitucional.
Por estas razones, el Tribunal Constitucional, en virtud de la
facultad conferida por el artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional, decide dejar sin efecto las reglas
vinculantes del recurso de agravio constitucional a favor del
precedente establecidas en el fundamento 40 de la STC 48532004-PA/TC. Por tanto, cuando se considere que una sentencia
de segundo grado emitida en un proceso de hábeas corpus,
amparo, hábeas data y cumplimiento ha sido emitida en
contravención de un precedente vinculante establecido por este
Tribunal, el mecanismo procesal adecuado e idóneo para evaluar
ello es la interposición de un nuevo proceso constitucional y no la
interposición del recurso de agravio constitucional, pues el
constituyente en el inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución y
el legislador en el artículo 18.° del Código Procesal Constitucional
han precisado que la expresión “resoluciones denegatorias” sólo
comprende las resoluciones de segundo grado que declaran
infundada o improcedente la demanda de hábeas corpus,
amparo, hábeas data y cumplimiento, y que por ende, solo contra
ellas procede el recurso de agravio constitucional, mas no contra
resoluciones estimatorias de segundo grado.
9.
qué sucederá con aquellos recursos de agravio constitucional
interpuestos a favor del precedente que se encuentren en trámite y han
sido concedidos por el Poder Judicial, así como con el cómputo del
plazo de prescripción para interponer un “amparo contra amparo”, un
“amparo contra hábeas corpus”, un “amparo contra hábeas data”, o un
“amparo contra cumplimiento”. En este sentido, es oportuno precisar las
siguientes reglas procesales a seguir:
a. El auto que concede el recurso de agravio constitucional a favor del
precedente que se encuentre en trámite será revocado y declarado
improcedente y se ordenará la devolución de lo actuado al juzgado o sala
de origen para la ejecución de la sentencia estimatoria de segundo grado.
b.El cómputo del plazo de prescripción para interponer una demanda de
amparo contra una resolución estimatoria de segundo grado que
supuestamente contraviene un precedente vinculante se computa a partir
de la fecha de notificación de la resolución que revoca la concesión del
recurso de agravio constitucional a favor del precedente.
c. Los recursos de agravio constitucional interpuestos a favor del
precedente que ya fueron resueltos por el Tribunal Constitucional,
constituyen cosa juzgada, razón por la cual los que interpusieron el
recurso referido no les queda habilitado el proceso de amparo contra
amparo, amparo contra hábeas corpus, amparo contra hábeas data, o
amparo contra cumplimiento.
Excepciones para la interposición del
RAC
CRITICA:
Se decía que el RAC si contenía un tema con relevancia
constitucional (vulneración de Derechos Fundamentales), lo cual no
es necesario porque para la sala superior que desestimó la demanda
de hábeas corpus evalúe dicho tema, pues para conceder del RAC
sobre debe considerar que el recurrente cumple con los requisitos
del articulo 18 del Código Procesal Constitucional: Que se declare
Infundada o Improcedente la demanda de habeas corpus, de
amparo, etc. y que dicho recurso se interponga dentro del plazo de
notificada la resolución de segunda instancia desestimatoria.
Además, el TC nunca ha aceptado dicho precedente, porque el Poder
Judicial se va ratificar en el sentido de la desestimatoria y porque
finalmente el TC va a conocer el tema cuando llegue a su sede, asi lo
ha ratificado en las quejas cuando llegan.
Por eso el precedente cae en desuso , lo que ameritaria que se
cambie.
STC N.° 2663-2009-PHC/TC
Procurador Adjunto Ad Hoc en procesos judiciales
constitucionales del Poder Judicial, con fecha 13 de marzo
de 2009, interpuso recurso de agravio constitucional a favor
del precedente, contra la sentencia estimatoria de segundo
grado, el mismo que mediante auto de fecha 24 de marzo de
2009 fue concedido
Petitorio de la Demanda
1.
La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de
la Ejecutoria Suprema dictada por la Sala Penal Permanente
de la Corte Suprema de Justicia de fecha 14 de noviembre de
2006, en el Exp. N.º 2150-2005, dado que dicha resolución
declara nula la sentencia que lo absuelve del delito de TID
agravado y dispone que se realice un nuevo juicio oral, dado
que a la fecha el proceso ya dura 15 años.
El Recurso de Agravio Excepcional por Vulneración del Orden Constitucional
(artículo 8º de la Constitución)
6.
Si corresponde al Tribunal Constitucional la protección del orden
constitucional, este debe estar provisto de las herramientas e instrumentos
procesales idóneos para tal efecto, para evitar que por “defecto”, se terminen
constitucionalizando situaciones que, aunque aparecen revestidas de un manto
de “constitucionalidad”, en la práctica contienen un uso fraudulento de la Constitución
o bajo el manto protector de los derechos fundamentales, se pretenda convalidar la
vulneración de aquellos o una situación en la que se ha configurado un abuso de
derecho.
7.
Anteriormente este Colegiado en la STC 4853-2004-PA, había establecido que
también procede admitir el Recurso de Agravio Constitucional (RAC) cuando se pueda
alegar, de manera irrefutable, que una decisión estimatoria de segundo grado “ha sido
dictada sin tomar en cuenta un precedente constitucional vinculante emitido por este
Colegiado en el marco de las competencias que establece el artículo VII del Código
Procesal Constitucional”.
8.
Este precedente fue dejado sin efecto en el STC N.º 03908-2007-PA/TC, por las
razones allí expuestas, a las que debe agregarse, además, que cuando se estableció el
precedente vinculante antes contenido en la STC 4853-2004-PA, no solo no se resolvía
un caso concreto, por lo que se establecía una regla genérica, sino que además, se
sustentaba en una interpretación sui generis de la expresión “resolución denegatoria” –
contraria a su real sentido jurídico y al consenso sobre su significado–, y pretendía no
una defensa de la Constitución, sino de los precedentes que este Colegiado ha fijado.
9.
Por ello, este Colegiado considera que, en aplicación del artículo 201º de
la Constitución, más allá de los supuestos establecidos en el artículo 202º de la
misma, es competente para revisar, vía RAC, las sentencias estimatorias
que bajo el pretexto de proteger ciertos derechos fundamentales,
convaliden la vulneración real de los mismos o constitucionalicen
situaciones en las que se ha producido un abuso de derecho o la
aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta
contravención de los dispositivos, principios y valores materiales de la
Constitución.
10. En el presente caso, el análisis del tema de fondo, planteado en autos,
pasa por analizar como se vincula la pretensión contenida en la demanda, con
el contenido de lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución, el mismo
que expresamente establece que “El Estado combate y sanciona el tráfico
ilícito de drogas”.
11. Por ello, independientemente del contenido de la sentencia dictada en
segunda instancia, en aplicación del artículo 201º de la Constitución, este
Tribunal Constitucional entiende que es competente para conocer el caso
de autos, entendiendo que el RAC presentado en autos, es uno de
naturaleza excepcional, ante la vulneración del orden constitucional, en
particular, de lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución, lo cual incluso
tiene su correlato en las obligaciones que el Estado Peruano ha asumido
en relación al combate del Tráfico Ilícito de Drogas en particular, y del
crimen organizado transnacional, en general.
14. En el caso de autos, no se advierte que la libertad individual del demandante
se encuentre afectada, ni mucho menos algún derecho conexo. En ese sentido, si
bien se alega la vulneración del derecho a un proceso en un plazo razonable, ello
puede ser objeto de pronunciamiento a través del proceso de hábeas corpus,
cuando la vulneración del mismo se encuentre relacionada con el derecho a la
libertad individual, lo que en autos no ha sido acreditado.
15. En consecuencia, no existe sustento para que en nuestro ordenamiento, se
pretenda a través de un proceso de hábeas corpus, que se analice el contenido de
un proceso penal ordinario, en el que no existe amenaza o vulneración a la
libertad individual o derechos conexos; en ese sentido, un pronunciamiento en dicho
sentido, desnaturaliza, tanto el proceso constitucional de hábeas corpus, como el
derecho que se pretende proteger, así como las obligaciones que constitucionalmente
se han impuesto para todos los poderes públicos y órganos constitucionales
autónomos; en particular, el contenido en el artículo 8º de la Constitución; es por ello
que en aplicación del artículo 5º inciso 1) del Código Procesal Constitucional,
corresponde que la demanda sea rechazada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional, e IMPROCEDENTE la
demanda de autos.
STC
N.°
2748-2010-PHC/TC
15. Finalmente, cabe recordar que los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de
activos, constituyen ilícitos de carácter pluriofensivo, en la medida que ponen en
estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia
del Estado. Es por ello, que la obligación constitucional del Estado peruano, prevista en
el artículo 8º de la Constitución, de prevenir y sancionar este tipo de ilícitos “no
debe agotarse en la mera descripción típica de las conductas delictivas en el
Código Penal y en las leyes especiales, criminalizando el delito de tráfico ilícito de
drogas [y sus derivaciones], con penas severas proporcionales a los bienes
constitucionalmente protegidos que se afligen, sino que además para llegar a tal
cometido debe procurarse el establecimiento de procedimientos de investigación
eficientes, es decir, que objetivamente demuestren resultados cada vez más
eficaces; lo contrario, significaría incurrir en una infracción constitucional por
parte de las autoridades competentes para ello” (Exp. N.º 04750-2007-PHC/TC). En
ese sentido, a fin de concretizar esta obligación constitucional de prevenir y
sancionar eficazmente el tráfico ilícito de drogas y sus derivaciones, y estando a
lo dispuesto por el artículo III del Título Preliminar del CPConst., este Tribunal
considera que en los procesos constitucionales en que se haya dictado
sentencia estimatoria de segundo grado relacionados con el delito de tráfico
ilícito de drogas y/o lavado de activos, excepcionalmente, la Procuraduría del
Estado correspondiente se encuentra habilitada –independientemente del plazo–
para la interposición de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo
que deberá concedido por las instancias judiciales.
16. La presente postura jurisprudencial se sustenta no
solamente en la obligación constitucional impuesta por el
artículo 8º de la Constitución, sino también en las
obligaciones internacionales asumidas por el Estado. En tal
sentido, resulta importante destacar que en virtud de la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes,
enmendada por el Protocolo de 1972, el Estado asumió la
obligación de considerar como delito todas aquellas
actividades vinculadas al cultivo, producción y
distribución de estupefacientes para usos no admitidos
por la Convención, enfatizando que a los infractores se
les debe castigar con penas privativas de la libertad.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus al no haberse
producido la violación del derecho a la libertad personal, más concretamente,
el derecho a que la prisión preventiva no exceda el plazo legal.
2. Establecer que los fundamentos 5 a 10 y 12 a 15 de la presente sentencia
constituyen doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada
y aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República, conforme
al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
3. Disponer que de conformidad con lo establecido en los artículo 8º de la
Constitución y III del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, en los procesos constitucionales relacionados con el
delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos en los que se haya
dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la Procuraduría del
Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada –
independientemente del plazo– para la interposición del recurso de
agravio constitucional, el mismo que debe ser concedido por las
instancias judiciales.
STC N.° 2748-2010-PHC/TC
Victor Polay Campos
Fecha de Publicación: 08/04-2004
El recurso de agravio constitucional interpuesto por el
Procurador del INPE, alega que se viola la seguridad
jurídica por cuanto el fallo en mención desconoce otros
fallos ya emitidos por el Poder Judicial y ratificados por
el Tribunal Constitucional en los que se determinó que
el CEREC no es una prisión militar sino un penal civil, y
que se declaró improcedente el traslado del referido
penal.
I. Del recurso de agravio constitucional
Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima concedió el recurso de agravio
constitucional interpuesto por el Procurador del Instituto Nacional
Penitenciario. La sala consideró que siendo el terrorismo un delito
de carácter pluriofensivo (que atenta contra la vida, la libertad y la
seguridad personal, que mantiene a la sociedad en un estado de
alarma o temor, amenazando las bases sociales y la propia
existencia del Estado) y asimismo, atendiendo a los deberes
primordiales del Estado de defender la soberanía nacional,
proteger la vigencia de los derechos humanos y a la población
frente a las amenazas contra su seguridad (artículo 44° de la
Constitución), era preciso extender los alcances de la doctrina
jurisprudencial establecida por este Tribunal Constitucional a través de
las sentencias N° 2748-2010-HC/TC y 2663-2009-1-1C/TC, criterio,
según el cual, de manera excepcional los procesos constitucionales
que el Poder Judicial haya declarado fundados en segunda
instancia y estén relacionados con el tráfico ilícito de drogas o
lavado de activos pueden ser objeto de control a través del
recurso de agravio constitucional.
2. este Tribunal debe recordar que, en efecto, a través de las
referidas sentencias, y de conformidad con el artículo VI del
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se fijó
una doctrina jurisprudencia] que habilita la procedencia del
recurso de agravio constitucional para la revisión de las
sentencias
recaídas
en
procesos
constitucionales
relacionados con el tráfico ilícito de drogas y lavado de
activos que resulten estimatorias. Ello en virtud del deber
estatal de combatir el tráfico ilícito de drogas (artículo 8° de la
Constitución) así como las obligaciones internacionales asumidas
por el Estado a través de tratados internacionales como la
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio
sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención
Internacional para la represión del financiamiento del
terrorismo (que reconoce como delito la acción de proveer o
recolectar fondos con la intención de que se utilicen, o a
sabiendas de que serán utilizados, para cometer en otro
Estado un acto de terrorismo). Cfr. Exp. N° 2748-2010-HC/TC,
fundamento 16.
3. En virtud de tales consideraciones, este Tribunal
reconoció la necesidad de proveer mecanismos
procesales que permitan el control de decisiones
erradas que bajo el pretexto de proteger derechos
fundamentales terminen atentando contra otros bienes
constitucionales:
"Si corresponde al Tribunal Constitucional la protección
del orden constitucional, este debe estar provisto de las
herramientas e instrumentos procesales idóneos para tal
efecto, para evitar que por "defecto", se terminen
constitucionalizando situaciones que, aunque aparecen
revestidas de un manto de "constitucionalidad", en la
práctica contienen un uso fraudulento de la
Constitución o bajo el manto protector de los
derechos fundamentales, se pretenda convalidar la
vulneración de aquellos o una situación en la que se
ha configurado un abuso de derecho" (Exp. N° 26632009-HC/TC, fundamento 6).
4. Dado este criterio jurisprudencia] que permite controlar
decisiones en materia de tráfico ilícito de drogas y lavado de
activos, con mayor razón se justifica su adopción para el
caso de los delitos de terrorismo, que como ya lo ha señalado
el Tribunal Constitucional, no solo crean un peligro efectivo
para la vida y la integridad de las personas, sino también
para la subsistencia del orden democrático constitucional
(Exp. N° 0010-2002-AI). Ello ha llevado al Perú a suscribir una
serie de compromisos internacionales como la Convención
Americana contra el Terrorismo, la que en su preámbulo
reconoce que:
"...el terrorismo constituye un grave fenómeno
delictivo,
que (...) atenta contra la democracia, impide el goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales,
amenaza la seguridad de los Estados, desestabilizando y
socavando las bases de toda la sociedad, y afecta seriamente
el desarrollo económico y social de los Estados de la región".
5. Adicionalmente, debe tenerse presente que si la
adopción del Recurso de Agravio Constitucional para
casos vinculados al Tráfico Ilícito de Drogas y lavado de
activos se basó en instrumentos internacionales tales
como la Convención Internacional para la represión del
financiamiento del terrorismo, insulta a todas luces
atendible que habiéndose ampliado el RAC para el
delito/fuente (Lavado de Activos y TID), deberá también
ampliarse para el delito fin que constituye el terrorismo.
6. Finalmente, cabe señalar que los casos que el Tribunal
Constitucional ha tenido la oportunidad de revisar en aplicación
de esta doctrina jurisprudencial le han permitido anular
resoluciones del Poder Judicial que de manera irregular
ordenaban el archivamiento de investigaciones fiscales
(Exps. N°s 03245-2010-PHC/TC, y 03987-2010-PHC/TC) o que
dejan sin efecto un auto de apertura de instrucción (Exp. N° 05692011-PHC/TC) o mandatos de detención (Exp. N°2488-201 l PHC/TC) indebidamente concedidos, todos ellos con la
finalidad de evitar la impunidad y menoscabar la obligación
constitucional de luchar contra el tráfico ilícito de drogas
(artículo 8° de la Constitución). Algo similar sucede en el presente
caso puesto que si bien los demandantes ya se encuentran
condenados y la decisión materia de Recurso de Agravio
Constitucional no anula sus condenas, es también importante
a la luz del deber estatal de proteger a la población de las
amenazas contra su seguridad (artículo 44° de la institución),
ejercer un control de las condiciones carcelarias de los internos
en materia de terrorismo no solo para cautelar sus derechos
fundamentales sino también para evitar que los internos puedan
continuar con la actividad ilícita al interior de la prisión así como
evitar eventuales fugas.
7. Por lo expuesto, este Colegiado, atendiendo a la
importancia para el mantenimiento del régimen
constitucional y democrático que implica el combate
contra el terrorismo, considera necesario complementar
la regla jurisprudencial establecida a través de las
sentencias N° 2663-2009-HC/TC y 2748-2010-HC/TC, y en
tal sentido entender que, más allá de los supuestos
establecidos en el artículo 202° de la Constitución, este
Tribunal es competente para revisar, vía Recurso de
Agravio Constitucional, las sentencias estimatorias
expedidas en procesos constitucionales relativos al
delito de terrorismo que en segunda instancia hayan
declarado fundada la demanda.
STC N.º 6423-2007-PHC/TC
Ruiz Dianderas
Fecha de publicación: 01/02/2010
Contenido normativo:
Plazo estrictamente necesario de detención judicial preventiva
Sumilla:
El Tribunal Constitucional, en ejercicio de la atribución conferida por el
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, ha
establecido un nuevo precedente vinculante sobre la duración de la
detención judicial preventiva. Así se señala que si bien la
Constitución dispone un plazo máximo, cuyo cómputo es inequívoco y
simple, este no es el único, pues existe el plazo estrictamente necesario
de la detención. Por tanto, resulta lesiva al derecho a la libertad
personal la privación de ésta en los supuestos en que ha transcurrido el
plazo que señala la Constitución, o cuando, estando dentro de dicho
plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente necesario. Esto último,
debe ser establecido en atención a las circunstancias de cada caso
concreto, tales como las diligencias necesarias a realizarse, la particular
dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el
comportamiento del afectado, entre otros.
Precedente Vinculante
Regla sustancial: El plazo de la detención que la Norma
Fundamental establece es un plazo máximo, de carácter
absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el
único, pues existe también el plazo estrictamente necesario
de la detención. Y es que, aún sí la detención no hubiera
traspasado el plazo máximo, ese dato per se no resulta suficiente
para evaluar los márgenes de constitucionalidad de la detención,
pues esta tampoco puede durar más allá del plazo
estrictamente necesario (límite máximo de la detención).
Como es evidente, el límite máximo de la detención debe ser
establecido en atención a las circunstancias de cada caso
concreto, tales como las diligencias necesarias a realizarse,
la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o
exámenes, el comportamiento del afectado con la medida,
entre
otros.
En suma, resulta lesiva al derecho fundamental a la
libertad personal la privación de esta en los supuestos
en que ha transcurrido el plazo máximo para la
detención, o cuando, estando dentro de dicho plazo, se
ha rebasado el plazo estrictamente necesario; en ambos
casos, dicho estado de cosas queda privado de fundamento
constitucional, y la consecuencia debe ser la puesta
inmediata de la persona detenida a disposición del juez
competente para que sea este quien determine si
procede la detención judicial respectiva o la libertad de
la persona, sin perjuicio de las responsabilidades que
señala la ley para la autoridad, funcionario o persona
que
hubieren
incurrido
en
ellas.
Regla procesal: El derecho a ser puesto a disposición
judicial dentro del plazo estrictamente necesario de la
detención o dentro del plazo máximo de la detención
resulta oponible frente a cualquier supuesto de
detención o privación de la libertad personal que se
encuentre regulado por el ordenamiento jurídico
(detención policial, detención preliminar judicial, etc.).
En ese sentido, a efectos de optimizar su tutela, lo que
corresponde es que la autoridad competente efectúe un
control de los plazos de la detención tanto concurrente como
posterior, dejándose constancia del acto de control,
disponiendo, si fuera el caso, las medidas correctivas
pertinentes, bajo responsabilidad. Este control de los
plazos de la detención debe ser efectuado tanto por el
Representante del Ministerio Público como por el juez
competente, según corresponda, sin que ambos sean
excluyentes,
sino
más
bien
complementarios.
GRACIAS
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PRECEDENTES VINCULANTES EN MATERIA DE DERECHOS …