PRECEDENTES VINCULANTES DEL TRIBUNAL
DEL SERVICIO CIVIL
Dr. Orlando Yahir Chiong Lizano
ÍNDICE

Introducción

Principales precedentes vinculantes del Tribunal del
Servicio Civil.

Pronunciamientos vinculantes emitidos por la Autoridad
Nacional del Servicio Civil de observancia obligatoria.

Otros pronunciamientos de observancia.
INTRODUCCIÓN
Todo precedente o pronunciamiento vinculante de
carácter administrativo, se encuentra contemplado
como fuente del procedimientos administrativo en los
numerales 2.8 y 2.9 del Artículo V del Titulo Preliminar
de la Ley N° 27444.
 Bajo el contexto normativo citado, se denomina
precedente vinculante a la calidad que adquieren los
actos administrativos (resoluciones firmes) que
concluyen asuntos jurídicos pero que contienen
interpretaciones o razonamientos jurídicos generales
sobre el sentido de algunas normas administrativas,
sobre casos particulares, como los casos resueltos por el
Tribunal del Servicio Civil.

INTRODUCCIÓN

A diferencia de los precedentes, los pronunciamientos
de observancia obligatoria se generan a través de la
actividad consultiva de la administración, como es el
caso de los informes emitidos por la Autoridad Nacional
del Servicio Civil, que expresa opiniones administrativas
sin ningún juzgamiento del caso concreto, como por
ejemplo los informes de la Oficina de Asesoría Jurídica
de SERVIR.
PRECEDENTES
VINCULANTES
Año - 2010
 Resolución de Sala Plena N° 001-2010-SERVIR/TSC.
 Resolución de Sala Plena N° 002-2010-SERVIR/TSC.
 Resolución de Sala Plena N° 003-2010-SERVIR/TSC.
Año - 2011
 Resolución de Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC.
Año - 2012
 Resolución de Sala Plena N° 001-2012-SERVIR/TSC.
 Resolución de Sala Plena N° 002-2012-SERVIR/TSC.

Finalidad: incorporar con la debida amplitud los fundamentos
jurídicos necesarios para establecer un conjunto de
directrices resolutivas cuya observancia y aplicación resulta
obligatoria a las entidades administrativas antes referidas.
Se estableció como precedentes administrativos los criterios
señalados en los fundamentos jurídicos 5°, 7°, 8°, 9°, 16°, 20°,
21°, y 23°.

El carácter vinculante radica en la eficacia de los principios
de: igualdad ante la ley, seguridad jurídica, buena fe,
interdicción, y buena administración (FJ 5°).
La modificación de precedentes tiene como fundamento
el principio de legalidad (FJ7°).
 Las entidades están obligadas a realizar solo aquello que
este expresamente normado (FJ. 8°).
 El principio de igualdad de los precedentes deben ser
estimados de acuerdo a la exigencia del interés general
(FJ 9°).
 Se parte de la valoración conjunta de principios,
derechos, regulaciones propias de la modalidad
contractual, laboral o administrativa (FJ 16°).
 No se puede recurrir a criterios interpretativos que
orienten a: i. Privar del acceso al Tribunal del Servicio
Civil alegando controversias que giran entorno a un
conflicto laboral, y ii. Limitar el acceso al Tribunal a
trabajadores que agoten la vía administrativa (FJ 20°).

El artículo 17° del D.L. 1023 y artículo 3° del Reglamento
del Tribunal, deben ser interpretados bajo el ámbito de
SERVIR, adecuando los instrumentos de gestión y
directivas, para que las apelaciones sean resueltas por el
Tribunal (FJ 21°).
 El Tribunal tiene competencia para conocer en segunda
y última instancia administrativa los recursos de
apelación siempre que versen sobre las materias
contempladas en el artículo 17° del D.L. 1023 (FJ 23°)

El artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1023, que
establece las competencias del Tribunal del Servicio
Civil, fue derogado en el literal d) por la Centésima
Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
29951 (Ley de Presupuesto del Año 2013), publicada el
04 diciembre 2012, la misma que entró en vigencia a
partir del 01° de enero de 2013.
 Quedado como materias a ventilarse por el Tribunal del
Servicio Civil, las siguientes: a) Acceso al servicio civil; c)
Evaluación y progresión en la carrera; d) Régimen
disciplinario; y, e) Terminación de la relación de trabajo.


Finalidad: Dilucidar el ámbito de competencia del mismo, en
materia disciplinaria y de terminación de la relación de
trabajo, cuando la apelación se derive de una relación
regulada por el régimen laboral de la actividad privada.
Se estableció como precedentes administrativos los criterios
señalados en los fundamentos jurídicos 5°, 6°, 16°, 17° y 18°.

El régimen laboral del D. Leg. 276, tiene como esencia la
administrativa, en el que el Estado como empleador no
autoriza más allá de lo que la ley permite, y sus decisiones
adoptadas (actos administrativos) pueden ser objeto de
cuestionamiento (FJ 5°).
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
La facultad disciplinaria del estado, no deja de tener naturaleza
administrativa sujetándose a las normas que regulan el
procedimiento administrativo (FJ 6°).
La facultad disciplinaria reconocida por el artículo 9° del DS N° 00397-TR, no es irrestricta, estando sujeta al principio de
proporcionalidad y a los límites establecidos en la ley, pudiéndose
fijar restricciones o limitaciones para el ejercicio del ius puniendi (FJ
16°).
La facultad disciplinaria del Estado está limitada, con el
establecimiento del Tribunal del Servicio Civil como última instancia
para las apelaciones en materia disciplinaria y de terminación de la
relación de trabajo, sin hacer distinciones entre los regímenes
laborales, estatutarios o de cualquier naturaleza (FJ 17°).
El Tribunal del Servicio Civil, declara competencia del artículo 17° del
D. Leg. 1023 (FJ 18°).

Finalidad: Determinar los alcances del principio de inmediatez
como límite al ejercicio de la facultad disciplinaria de las entidades
públicas, sin dejar de lado el conjunto de potestades
administrativas inherentes al Estado como garante del orden social
y en su rol de empleador ante los trabajadores sujetos al régimen
laboral de la actividad privada, por la observancia de una excesiva
e injustificada dilación de plazos.
Se estableció como precedentes administrativos los criterios
señalados en los fundamentos jurídicos 9°, 13°, 14°, 15° 16°, 17°,
18°, 19°, 20°, 21°, 22° y 23°.

El Estado empleador del régimen laboral privado esta sujeto el
principio de inmediatez regulado en el artículo 31° del DS N° 00397-TR, como límite inherente al poder que la ley le ha otorgado
para ejercer facultad disciplinaria (FJ 9°).
Es aplicable también a sanciones menores, y deben regir
para los casos de ejercicio, con independencia del tipo
de sanción y del régimen jurídico que sea aplicable (FJ
13°).
 La oportunidad para invocar el principio estudiado se
establece en la sentencia emitida por el TC recaída en el
Expediente N° 00543-2007-PA/TC, fundamento sétimo:
proceso cognitivo, definición de la conducta y
comunicada, proceso volitivo (FJ 14°).
 El principio de inmediatez, no configura un orden
preclusivo que introduzca plazos determinados para la
realización de los actos necesarios para informar al
conocimiento de la entidad (FJ 15°).
 La inmediatez se exige, desde el momento que se toma
conocimiento directo o de las acciones de investigación,
cuenta con los elementos suficientes para imputar al
trabajador infractor la comisión de una falta (FJ 16º).

Exige que en los procedimiento disciplinarios, establecer
en cada caso concreto que los pasos seguidos para la
culminación del momento de volición se ajustan a
límites temporales razonables (FJ 17º).
 El transcurso injustificado de tiempo entre la toma de
conocimiento, instrucción e imposición de sanción, se
asimila a la decisión del empleador de condonar la falta
cometida o simplemente no sancionar (FJ 18º).
 La trasgresión del principio de inmediatez revoca el acto
que impone la sanción y elimina antecedentes (FJ 19º).
 El empleador debe generar procedimientos agiles, que
permitan oportuna y eficazmente la detección y sanción
de faltas, eliminandos etapas que generen dilación y
valor al proceso (FJ 20).
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Resulta aplicable a los servidores de la carrera administrativa,
por tener el Estado poder de sanción (FJ 21º).
La exigencia de inmediatez se traduce en la necesidad de que las
entidades respnsables de los procedimientos disciplinarios se
ciñan estrictamente a los principios de impulso de oficio,
celeridad, simplicidad y uniformidad (FJ 22º).
Aplicación General (FJ 23º)
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Inicio de procesos disciplinarios tan pronto se tenga conocimiento de la
falta, con oportunidad para garantizar el debido proceso y potestad
inquisitiva.
Ejercicio diligente de postestad otorgada por las comisiones de procesos
de acuerdo a la gravedad de la falta.
Cumplimiento estricto de plazos maximos, y adecuación a plazos y
terminos estrictamente necesarios.
Incluir en motivación razones de la demora.
Aplicación de sanciones por demoras injustificadas.
Mejora de los procesos para su ventilación con celeridad, oportunidad y
eficacia.
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Finalidad: Establecer directrices precisas que garanticen la uniformidad en la
aplicación de las normas que otorgan beneficios:
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Asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio, literal a) del artículo 4º del D. Leg. Nº
276, que regula dos y tres remuneraciones mensuales totales, respectivamente.
Subsidio por fallecimiento del servidor o familiar directo, artículo 144º del DS 005-90PCM, tres y dos remuneraciones totales, respectivamente.
Subsidio por gasto de sepelio, artículo 145º del DS 005-90-PCM, dos remuneraciones
para quien haya corrido con los gastos.
Asignación a docente mujer por cumplir 20 y 25 años de servicio, artículo 52º de la Ley
Nº 24029, dos y tres remuneraciones integras respectivamente.
Asignación a docente varón por cumplir 25 y 30 años de servicio, artículo 52º de la Ley
Nº 24029, dos y tres remuneraciones integras respectivamente.
Subsisdio por luto ante fallecimiento del docente o familiar directo, artículo 51º de la
Ley Nº 24029, y articulos 219º y 220º de DS Nº 19-90-ED, dos y tres remuneraciones
respectivamente.
Subsidio por gasto de sepelio para el docente, artículo 51º de la Ley Nº 24029, y
articulo 219º de DS Nº 19-90-ED, dos remuneraciones totales.
Se estableció como precedentes administrativos los criterios eñalados en los
fundamentos jurídicos 11°, 14°, 15° 16°, 17°, 18°, 19° y 21°.
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Controversia: Divergencia entre el artículo 9º del DS 051-91-PCM, que
coloca a la remuneración total permanente como base de cálculo
para bonificaciones y subsidios, y lo previsto en el artículo 54º del D.
Leg. 276 y artículos 144º y 145º de su reglamento, y de los articulos
51º y 52º de la Ley Nº 24029, que tienen en común el cálculo de la
remuneración mensual total (FJ 11º).
Determinación de la norma aplicable: Si las normas divergentes
tienen rango distinto, debe preferirse lo superior sobre lo inferior; si
su rango es el mismo, la escogida debe ser la de alcance especial
sobre la general; pero si tienen igual ámbito, ambas especiales o
ambas generales, debe preferirse la posterior sobre la materia.
(Neves Mujica).(FJ 14º).
Señala que las normas indicada en el fundamento 11, tienen la misma
jerarquía, por lo que corrsponde aplicar el principio de especialidad,
“la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de
cierto genero sobre la norma reguladora de tal genero en su
totalidad” (FJ. 15º).
Aplicación de la norma general, a menos que en el supuesto concreto,
se den las circunstancias más específicas y en parte divergentes del
supuesto de hechos de la norma especial, en cuyo caso se aplicará
esta última.
Debe darse preferencia a las normas contenidas en el
artículo 54º del D. Leg. 276, los artículos 144º y 145º del
DS Nº 005-90-PCM, los articulos 51º y 52º de la Ley Nº
24029, y los artículos 219º y 220º del reglamento de la Ley
Nº 24029, por ser normas que se adaptan mejor a los
supuestos de hechos presentados en la realidad (FJ 17º).
 El TC precisa que el concepto de remuneración total
permanente no resulta aplicable para el cálculo de las
siguientes asignaciones: i. Asignación por 25 años; ii.
Asignación por 30 años; iii. Subsidio por fallecimiento y
gastos de sepelio, regido por el DS 005-90-PCM; iv.
Asignación docente varón y mujer; y, v. Subsidios por luto y
gastos regulados por la Ley del Profesorado (FJ. 18º).
 Se establece que la remuneración total permanente
prevista en el artículo 9º del DS Nº 051-91-PCM no es base
de cálculo a los beneficios, que se detallan a continuación:
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Finalidad: Establecer uniformidad de los pronunciamientos de
las entidades estatales en primera instancia administrativa,
respecto de la aplicación del principio del debido procedimiento
administrativo, a efectos de garantizar a su vez los principios de
igualdad ante la ley, seguridad jurídica, buena fe, interdicción de
la arbitrariedad y buena administración.
Se estableció como precedentes administrativos los criterios
señalados en los fundamentos jurídicos 21°, 22°, 23° 24°, y 26°.
Si bien no existe proceso disciplinario para la imposición de una
sanción de amonestación o suspensión, ello no implica que los
administrados se encuentren desprovistos de la posibilidad de
ejercer su derecho de defensa (FJ 21º).
Si de forma expresa no se establece la presentación de
descargos en las sanciones de amonestación o suspensión, eso
no exime de la obligación del respeto al artículo 139° de la
Constitución Política (FJ 22º).
Para la Sala todo procedimiento disciplinario debe
implicar la oportunidad de presentación de descargos en
un plazo razonable y de forma previa a la aplicación de la
sanción (FJ 23º).
 Todo proceso disciplinario tiene como presupuesto de
validez la comunicación escrita de los cargos imputados a
un administrado por parte de su entidad empleadora, con
la necesaria descripción de los hechos que se le imputan y
la mención exacta de las normas que presuntamente ha
vulnerado con su actuación (FJ 24º).
 Todas las entidades en primera instancia administrativa
deben adoptar las medidas necesarias a efectos de hacer
respetar el mandato dispuesto por el numeral 14 del
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, que
establece que nadie puede ser privado de su derecho de
defensa durante todo el procedimiento (FJ 26º).

 Finalidad:
Establecer
uniformidad
de
los
pronunciamientos de las entidades respecto de la
aplicación de los plazos de prescripción de los
derechos laborales de los servidores sujetos al
régimen del Decreto Legislativo Nº 276 y su
reglamento.
Se estableció como precedentes administrativos los
criterios señalados en los fundamentos jurídicos 30°
y 31°.
INFORMES DE
OBSERVANCIA
INFORME LEGAL N° 957-2011-SERVIR/GG-OAJ
 El informe indicado ha establecido que el lugar de prestación
de servicios en el régimen CAS puede ser modificado, pero
esa modificación no incluye la variación definitiva de la
provincia ni de la entidad para la que el trabajador fue
contratado.
 De requerirse trabajadores cuya labor pudiese exigir un
desplazamiento permanente a un ámbito geográfico
diferente al original, debe establecerse en el contrato que se
celebre.
 Existe la posibilidad de enviar en comisión de servicios a
trabajadores, o rotarlos, conforme a las condiciones
establecidas en el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1057.
INFORME TÉCNICO N° 585-2013-SERVIR/GPGSC.
 Ninguno de los regímenes laborales vigentes han
establecido que para el desempeño de funciones los
trabajadores debían estar titulados, registrados, y
habilitados por los Colegios Profesionales.
 Corresponderá a cada entidad analizar caso a caso las
funciones de cada trabajador a efectos de determinar si
requieren contar con título profesional y habilitación de
su colegio profesional respectivo, en base a la naturaleza
de las funciones desempeñadas, las normas que regulan
el ejercicio de cada profesión, el Manual de
Organización y Funciones y/o los términos de referencia
cuando sea el caso.
INFORME LEGAL N° 161-2012-SERVIR/GPGRH.
 De igual manera, debe tenerse en cuanta que toda norma
que restringe derechos o establece excepciones debe ser
interpretada de manera restrictiva y no puede extenderse a
supuestos no contemplados, por lo que no podría extenderse
lo dispuesto en los regímenes 276 y 728 -respecto al límite de
edad para trabajar- a un régimen distinto como es el régimen
CAS. Por lo que, en el régimen CAS no existe límite de edad
para ser contratado o que origine el cese obligatorio.
INFORME TÉCNICO N° 584-2013-SERVIR/GPGSC
 La prohibición de la Ley N° 26771, es referida a que un
funcionario y/o personal de confianza influya en la
contratación de un familiar. La norma no prohíbe que dos
hermanos ingresen a laborar en la misma entidad.
INFORME LEGAL N° 222-2012-SERVIR/GPGRH.
 El artículo 3° de la Ley N° 28175, precisa que ningún empleado público
puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución,
emolumento o cualquier otro tipo de ingresos. Asimismo, agrega dicha
norma que es incompatible la percepción simultanea de remuneración
y pensión.
 Dicha regla contiene dos excepciones constituidas por los ingresos por
función docente y una dieta por participación en uno de los directorios
de entidades o empresas públicas.
 El Decreto de Urgencia N° 007-2007 en su Única Disposición
Complementaria Final dispone que “en el Sector Público no se podrá
percibir en forma simultanea pensión y honorarios por servicios no
personales o locación de servicios, asesorías o consultorías y aquellas
contraprestaciones que se encuentran en el marco de convenios de
administración de recursos y similares…”
INFORME LEGAL N° 545-2012-SERVIR/GG-OAJ.
 Quienes tienen la condición de empleados públicos, no pueden
suscribir con el Estado un contrato de locación de servicios, por
mandato expreso del inciso o) del artículo 16° de la LMEP.
INFORME LEGAL N° 027-2010-SERVIR/GG-OAJ.
 Dado que la responsabilidad penal y la responsabilidad
administrativa tienen un fundamento y regulación
diferente, el procesamiento penal de determinado
funcionario o servidor no determina necesariamente la
infracción a un mismo bien jurídico protegido. En este
caso, no se configura el “non bis in ídem”. Sin embargo
de configurarse tal supuesto, la entidad contratante
quedaría a resultas de lo determinado por el Poder
Judicial.
INFORME LEGAL N° 129-2010-SERVIR/GG-OAJ.
 Teniendo en consideración que la Junta Médica sea designada
por la entidad oficial de salud y/o de la Seguridad Social (y no
por otras entidades), responde no sólo a la necesidad de
garantizar que la incapacidad permanente quede plenamente
acreditada, con el efecto extintivo que ella genera sobre la
carrera administrativa, sino además a los efectos pensionarios
y económicos que tal declaración genera para el trabajador.
 Para la aplicación de la causal de cese definitivo por
incapacidad permanente física y mental, las entidades deben
realizar las coordinaciones con el Ministerio de Salud y/o con
el Seguro Social – ESSALUD, a fin de determinar los
procedimientos necesarios para la designación de la junta
médica a que se refiere el artículo 187° del reglamento del
Decreto Legislativo N° 276.
INFORME LEGAL N° 828-2013-SERVIR/GPGSC.
 La contratación de extranjeros por medio del régimen de
Contratación Administrativa de Servicios no es incompatible
con el ordenamiento jurídico peruano. En consecuencia, el
Consejo Directivo de SERVIR ha aprobado ese informe como
opinión vinculante, en aplicación del numeral iv) del Acuerdo
de Consejo Directivo 005-2013.
 Cuando las entidad públicas contraten a extranjeros vía CAS
deberían tener en consideración en sus procedimiento, los
requerimientos específicos establecidos en el Decreto
Legislativo N° 703, Ley de Extranjería (por ejemplo, la
aprobación previa del contrato por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo o la exigencia de la visa que
corresponda) y por el ordenamiento jurídico en materia de
extranjería.
INFORME LEGAL N° 075-2012-SERVIR/GPGSRH.


En el régimen laboral de la actividad privada no existe
normativa que establezca los procedimientos y sanciones
aplicables como medidas disciplinarias a los trabajadores, por
lo que corresponde a cada entidad regular de manera
particular dicha función, teniendo la obligación de garantizar
un plazo razonable para presentar por escrito los descargos, a
que hubiere lugar, así como respetar el derecho al debido
proceso de cada trabajador.
Solo para el caso de procesamiento de infracciones a las
disposiciones de la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de
la Función Pública, se ha establecido un procedimiento que es
aplicable de manera general a todos lo servidores públicos,
independientemente del régimen laboral al cual pertenezcan.
INFORME TÉCNICO N° 055-2013-SERVIR/GPGSC

La Remuneración Mínima Vital ha sido establecida legalmente
solo para los trabajadores bajo el régimen de la actividad
privada y del Decreto Legislativo N° 1057, más no para los
servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, por
lo cual, no estaría permitido el incremento de la
remuneración amparándose en el Decreto Supremo N° 0072012-TR, quienes se rigen bajo el Sistema Único de
Remuneraciones establecido en el Decreto Legislativo N° 276
y normas complementarias.
INFORME LEGAL N° 310-2012-SERVIR/GG-OAJ



El Estado está en la obligación de pagar las remuneraciones y
demás beneficios establecidos por ley que correspondan al
trabajador, dependiendo del régimen laboral a que se encuentra
sujeto, además de aquello beneficios que hubieran sido pactados
de manera bilateral (Empleador - Trabajador) o por negociación
colectiva entre las partes.
Para la procedencia del pago de dichos beneficios, es irrelevante la
forma en que el trabajador ingreso a laborar al Estado, es decir, si
transitó previamente por un proceso de selección de personal, si
fue designado libremente por la entidad (trabajadores de dirección
y personal de confianza) o si su incorporación fue dispuesta por
mandato judicial.
Los términos “Reincorporación” y “Reposición” son empleados
comúnmente en la práctica judicial con el mismo fin semántico y
jurídico: reponer al trabajador en el lugar de trabajo del que fue
despojado (despedido) de manera arbitraria o nula, con
prescindencia de su régimen laboral (privado o público).
INFORME LEGAL N° 41-2012-SERVIR/GG-OAJ.
 El contrato administrativo de servicios no puede ser
modificado en cuanto a la remuneración originalmente
pactada, puesto que en dicho contrato sólo pueden ser
modificados los aspectos no esenciales, y no así los
aspectos esenciales, como la remuneración.
 El único supuesto en que la remuneración puede ser
alterada vía adenda es cuando el incremento responde a
la necesidad de ajustar la remuneración a la nueva
remuneración mínima vital establecida por el Gobierno
Nacional.
INFORME TÉCNICO N° 024-2013-SERVIR/GPGSC



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Tienen derecho a percibir la Bonificación del Decreto de Urgencia N° 03794, los servidores que cumplen con los criterios establecidos por el
Tribunal Constitucional en el precedente vinculante emitido a través de la
sentencia recaída en el Expediente N° 2616-2004-AC/TC.
Mediante la Ley N° 29702 se ha eliminado el requisito de contar con
sentencia judicial con calidad de cosa juzgada para ser considerado
beneficiario del Fondo del Decreto de Urgencia N° 037-94,
consecuentemente, el referido requisito no debería ser exigido por las
entidades públicas.
La inexigibilidad de la sentencia con calidad de cosa juzgada comprende a
los adeudos por el Decreto de Urgencia N° 037-94 generados ante de la
entrada en vigencia de la Ley N° 29702, respecto de los servidores que a
dicha fecha no hayan solicitado el referido pago habiendo presentado
dicha solicitud, ésta se encuentre en trámite ante la respectiva entidad.
En caso de incumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones
laborales a cargo de las entidades, automáticamente, a partir del día
siguiente de producido el incumplimiento, se devenga el interés legal
señalado en el Decreto Ley N° 25920, encontrándose obligado el
empleador de pagarlo, sin que el trabajador deba reclamarlos judicial o
extrajudicialmente.
INFORME TÉCNICO N° 341-2013-SERVIR/GPGSC


El informe de control posee naturaleza vinculante para la
entidad destinataria del mismo, por lo que sus conclusiones y
recomendaciones son de seguimiento obligatorio por parte de
ésta. Por lo tanto, existe la obligación funcional del destinatario
del informe de control cabalmente realizado, de abrir el proceso
disciplinario aplicable según la recomendación.
Sin embargo, cuando la entidad destinataria del informe de
control lo estime deficiente (por ejemplo, porque no cuente con
fundamento probatorio suficiente o existan otros medios
probatorios que le resten eficacia), con la fundamentación
debida, puede determinar no dar inicio al proceso disciplinario,
en la medida que es solo prueba pre constituida.
INFORME LEGAL N° 323-2012-SERVIR/GG-OAJ.
 El Tribunal de Sanción del Sistema de Defensa Jurídica del Estado
resuelve en primera instancia los proceso que se inicien a pedido de
parte o de oficio contra los Procuradores Públicos, por actos de
inconducta funcional.
 Las inconductas funcionales que conllevan a la aplicación de alguna
sanción disciplinaria al Procurador Público (por parte del referido
Tribunal) están relacionadas a: (i) al incumplimiento de sus
obligaciones; y (ii) a la defensa negligente de los intereses de la entidad
a la que representan.
 No constituye una inconducta funcional del Procurador Público el
incumplimiento de una tarea o labor administrativa, por lo que el
referido Tribunal de Sanción carecería de competencia para aplicar
algún tipo de sanción al Procurador Público por dicho incumplimiento
 No obstante, en la medida que los Procuradores Públicos dependen
administrativamente de la entidad a la que representan, la
inobservancia de cualquier obligación administrativa podría ser
sancionado por dicha entidad, de acuerdo a los instrumentos internos
que regulen su facultad disciplinaria, y atendiendo al régimen laboral
aplicable a dichas personas.




EL PODER DISCIPLINARIO DEL ESTADO EMPLEADOR.
LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CGR.
INEXISTENCIA DE IDENTIDAD DE FUNDAMENTO.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
GRACIAS
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Precedentes vinculantes del tribunal del servicio civil