ACTUALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL Y
RIESGOS PROFESIONALES
La Seguridad Social
y el Sistema de Riesgos Profesionales a la luz de la
jurisprudencia constitucional
Ana María Montoya
Ciudad : Bogotá
Fecha: 25 de Abril de 2.008
Algunas generalidades sobre la
Seguridad Social en el ordenamiento
constitucional colombiano
Doble naturaleza de la Seguridad Social:
como servicio público y como derecho
•
Como servicio público cumple los 3 postulados
básicos:
(i) Satisfacción de necesidades de carácter general
(ii) Garantía de acceso continuo, permanente y
obligatorio a favor de toda la colectividad
(iii) Protección de derechos fundamentales en el Estado
Social de Derecho.
Doble naturaleza de la seguridad social: como
servicio público y como derecho
•
Como derecho constitucional
Se caracteriza por su contenido prestacional y su
desarrollo progresivo. En tal sentido, presupone la
existencia de una estructura básica y una constante
asignación de recursos. En jurisprudencia reciente ha
sido considerado derecho fundamental exigible por
vía de tutela cuando se cumplen ciertos requisitos
que serán enumerados más adelante.(Sentencias T570 de 2006; T-468 de 2007;T-1037de 2007).
Doble naturaleza de la seguridad social: como
servicio público y como derecho
•
•
Que la seguridad social sea un derecho de contenido
prestacional implica:
Existencia de una estructura básica que permita atenderlo
Constante asignación de recursos provenientes de:
–
el cálculo actuarial del mismo sistema
–
las tazas de cotización
–
las semanas mínimas de permanencia
–
períodos de fidelidad
–
Plazos de carencia
–
El subsidio implícito del Estado quien por medio de su propios
recursos fiscales deba asegurar el acceso a los servicios para
todos los habitantes del territorio nacional
Doble naturaleza de la seguridad social: como
servicio público y como derecho
A partir de lo dispuesto en los artículos 48 y
365 de la Constitución Nacional, el derecho a la
seguridad social en el ordenamiento
constitucional colombiano como:
•
•
•
•
Derecho irrenunciable
Servicio público obligatorio cuya prestación efectiva es
responsabilidad del Estado
Servicio público que puede ser prestado por
particulares bajo regulación estatal
Relacionado con los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad
¿Cuál es el propósito fundamental de la Seguridad
Social en tanto derecho constitucional y servicio
público?
“Satisfacer una necesidad de carácter
general, en forma continua y obligatoria,
según las ordenaciones del derecho público,
bien sea que su prestación esté a cargo del
Estado directamente o de concesionarios o
administradores delegados, o de simples
personas privadas.” (Corte Suprema de
Justicia. Sentencia de agosto 18 de 1970 . M.
P. Eustorgio Sarria).
La ley en ciertas eventualidades ha caracterizado la
Seguridad Social como un Servicio Público Esencial
•
•
Así, el artículo 56 Superior autoriza a la Ley para
definir cuáles servicios públicos son esenciales
El artículo 4º de la Ley 100 de 1993 determina, a su
turno, que la seguridad social es un servicio público
esencial en lo relacionado con:
El Sistema General de Salud
El Régimen de Pensiones en aquellas actividades
vinculadas directamente con el reconocimiento y
pago de pensiones.
El Estado ha de asegurar la prestación permanente y
continua de estos servicios.
Principios generales precisos a los cuales ha de ceñirse la Ley
para regular o limitar el alcance de la seguridad social como
derecho y como servicio público
•
•
•
Derecho irrenunciable en cabeza de todas las
personas que habitan el territorio nacional
Servicio público obligatorio cuya dirección, manejo y
control se encuentra a cargo del Estado
Servicio público que según el artículo 48 Superior
puede ser prestado por particulares siempre y cuando
se cumpla con las exigencias constitucionales de:
– Eficiencia
– Universalidad
– Solidaridad
Seguridad social y margen de
configuración legislativa
El margen de configuración legislativa tiene como
límites:
– Los principios establecidos en la Constitución Nacional
– Las disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales
sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de
constitucionalidad. Entre ello, se encuentran, principalmente,
• Artículo 9° PIDESC
• Artículo 9° Protocolo de San Salvador
• Artículo 22 Declaración Universal
Seguridad social y bloque de
constitucionalidad
Artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al
seguro social.”
Seguridad social y bloque de
constitucionalidad
Artículo 9º del Protocolo adicional a la Convención
americana sobre Derechos Humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales
“1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social
que la proteja contra las consecuencias de la vejez y
de la incapacidad que la imposibilite física o
mentalmente para obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán
aplicadas a sus dependientes.”
Seguridad social y bloque de
constitucionalidad
Artículo 9º del Protocolo adicional a la Convención
americana sobre Derechos Humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales
“2. Cuando se trate de personas que se encuentran
trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al
menos la atención médica y el subsidio o jubilación
en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad
profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia
retribuida por maternidad antes y después del parto.”
Seguridad social y bloque de
constitucionalidad
Artículo 22 de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre .
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de
cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”
Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema
de seguridad integral y se dictan otras
disposiciones”
El preámbulo define el Sistema Integral de Seguridad
Social como:
“conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de
que disponen la persona y la comunidad para gozar de
una calidad de vida, mediante el cumplimiento
progresivo de los planes y programas que el Estado y la
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura
integral de las contingencias, especialmente las que
menoscaban la salud y la capacidad económica, de los
habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el
bienestar individual y la integración de la comunidad”.
Elementos del Sistema Integral de Seguridad
Social
• Pensiones
• Salud
• Riesgos profesionales
• Servicios sociales complementarios definidos en la ley
Elementos del Sistema General de Riesgos
Profesionales (Ley 100 de 1993, Libro Tercero)
El sistema General de Riesgos Profesionales comprende,
entre otras:
• Invalidez por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional
• Prestaciones médico asistenciales
• Pensión de sobrevivientes originadas por accidente de
trabajo y enfermedad profesional.
Fundamentos de la responsabilidad en
riesgos profesionales
• Responsabilidad objetiva
• Traslado del riesgo mediante la cotización a la ARP
• Fondo común
Regulación legal del Sistema de Riesgos
Profesionales (Decreto 1295 de 1994)
“Por el cual se determina la organización y
administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales
EL MINISTRO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA,
DELEGATARIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES,
otorgadas mediante el Decreto 1266 de 1994, en ejercicio
de
las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11
del artículo 139 de la Ley 100 de 1993.”
Objetivos del Sistema de Riesgos
Profesionales según el Decreto 1295 de 1994
• Promoción, prevención y protección frente a riesgos
relacionados con el trabajo
• Fijación de prestaciones económicas y de salud
• Reconocimiento y pago de las prestaciones económicas
• Fortalecimiento de investigación y control de riesgos
¿Qué constituye riesgos profesionales de
conformidad con el Decreto 1295 de 1995?
Según el artículo 8 constituye riesgo profesional el
accidente producido como consecuencia directa
del trabajo o labor desempeñada y la
enfermedad que haya sido catalogada
como profesional por el Gobierno
Nacional.
¿Qué no constituye riesgos profesionales de
conformidad con el Decreto 1295 de 1995?
Según el artículo 12, toda enfermedad o
patología que no hayan sido clasificados o
calificados como de origen profesional se
consideran de origen común y por tanto quedan
sometidas a los regímenes generales de salud y
pensiones establecidos en la Ley 100 de 1993.
Fundamentos de la responsabilidad en
riesgos profesionales
• Responsabilidad objetiva, esto es, se parte de la
concepción de conformidad con la cual existe un
riesgo creado por el empleador. No se mira si el
empleador incurrió o no en culpa. Si se presenta el
accidente, la patología o la muerte en actividades
laborales que redundan en beneficio del empleador,
éste se ve obligado a reparar los perjuicios sufridos por
el trabajador. (Teoría del riesgo creado)
Fundamentos de la responsabilidad en
riesgos profesionales
• Traslado del riesgo. La Ley obliga al empleador a
trasladar el riesgo mediante cotización a la Administradora
de Riesgo Profesional (ARP) a cargo exclusivo del
empleador.
Fundamentos de la responsabilidad en
riesgos profesionales
• Fondo común en tanto que esquema de aseguramiento
en el cual las cotizaciones o primas, que el empleador
entrega al sistema por cada uno de los trabajadores
afiliados, generan una mutualidad o fondo común, a fin
de financiar las prestaciones correspondientes, esto
es, brindar a los trabajadores la prestación de los
servicios de salud que requieran, así como asumir el
reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones
económicas establecidas en el Decreto Ley 1295 de
1994.
Prestaciones económicas y asistenciales
establecidas en el Decreto Ley 1295 de 1994
Prestaciones económicas:
•
•
•
•
•
incapacidad temporal
incapacidad permanente parcial
pensión de invalidez
pensión de sobrevivientes
auxilio funerario
Actividades asistenciales:
prevención, asesoría y evaluación de riesgos profesionales,
y promover y divulgar programas de medicina laboral,
higiene industrial, salud ocupacional y seguridad industrial
Jurisprudencia constitucional
a propósito de los Riesgos
Profesionales
Jurisprudencia constitucional
Sentencias emitidas por la Corte
Constitucional con ocasión del ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad
Sentencias emitidas por la Corte Constitucional con
ocasión del ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad
• Jurisprudencia constitucional sobre la ley
habilitante, esto es, artículo 139 de la Ley 100 de
1993 (Sentencias C-376 de 1995, C-164 de 2000, C452 de 2002, C-1152 de 2005 y C-858 de 2006). En
estos casos se ha configurado una línea
jurisprudencial en el sentido de exigir que las
facultades otorgadas al Presidente mediante ley
habilitante sean interpretadas de manera restringida
y taxativa.
Sentencias emitidas por la Corte Constitucional con
ocasión del ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad
“ARTÍCULO 139 de la Ley 100 de 1993 FACULTADES
EXTRAORDINARIAS. De conformidad con lo previsto en el ordinal
10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al
Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias
por el término de seis (6) meses contados desde la fecha de
publicación de la presente Ley para:
11. Dictar las normas necesarias para organizar la administración
del Sistema General de Riesgos Profesionales como un conjunto
de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos,
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los
efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles
con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En
todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores.”
Sentencias emitidas por la Corte Constitucional con
ocasión del ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad
Así la Corte Constitucional declaró, por
ejemplo, la inexequibilidad del artículo 43
del Decreto Ley 1295 de 1994 por exceso
en el ejercicio de las facultades
extraordinarias.
Sentencias emitidas por la Corte Constitucional con
ocasión del ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad
Artículo 43.- Controversias sobre la incapacidad permanente
parcial. Cuando se susciten controversias sobre la declaración,
evaluación, revisión o determinación del grado de la incapacidad
permanente parcial, o de su origen, aquéllas serán resueltas por las
juntas de calificación de invalidez, para lo cual se seguirá el trámite
previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993, y
sus reglamentos.
Ha dicho la Corporación en relación con este tópico:
(Sentencia C-164 de 2000)
Sentencias emitidas por la Corte Constitucional con
ocasión del ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad
“una cosa es el sistema administrativo y operacional que
organice el legislador para atender a los trabajadores en las
hipótesis de enfermedades profesionales o accidentes de
trabajo -que era la materia objeto de las facultades
extraordinarias- y otra muy diferente la definición de
controversias relativas a la existencia o inexistencia de un
daño que en la salud del trabajador signifique su incapacidad
total o parcial, o su invalidez, o la regulación de las fórmulas para
medir su magnitud, con miras a la protección que merece, o de la
autoridad científica encargada de establecer la mayor o menor
amplitud del perjuicio causado, en relación con la aptitud laboral del
paciente.”
Sentencias emitidas por la Corte Constitucional con
ocasión del ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad
“La calificación del mayor o menor grado de incapacidad
producida no hace parte del sistema de organización
administrativa sobre riesgos profesionales, aunque la
incapacidad o invalidez sean la consecuencia de
accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales.”
Sentencias emitidas por la Corte Constitucional con
ocasión del ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad
• La Corte Constitucional ha declarado inexequibles un
número significativo de disposiciones del Decreto 1295 de
2004 por exceso en el ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas al Presidente de la república por
el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993.
Reproducidas nuevamente por la Ley 776 de 2002.
• Se han generado vacíos legislativos (por ejemplo no existe
definición legal de accidente de trabajo. El Ministerio de la
Protección Social dice que hasta tanto no exista una
definición se deberá acudir a la definición prevista en el
artículo 1 de la Decisión 584 de 2004).
Sentencias emitidas por la Corte Constitucional con
ocasión del ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad
La Corte se ha pronunciado también sobre:
• Improcedencia de la desafiliación automática por no
pago de cotizaciones del empleador (C-250-04)
• Improcedencia de exigencia al trabajador accidentado
de costos de valoración de incapacidad (C-164-00)
• Inconstitucionalidad de limitaciones de reembolso por
parte de las Juntas (C-164-00)
Jurisprudencia constitucional
Sentencias emitidas por la Corte
Constitucional con ocasión del ejercicio de la
acción de tutela
Procedencia de la acción de tutela para dirimir conflictos
relacionados con el Sistema Integral de Riesgos Profesionales.
Aspectos procesales.
Ha señalado que la acción de tutela no es procedente
prima facie para resolver controversias relacionadas con el
sistema integral de riesgo profesional. En consecuencia,
los eventuales conflictos que surjan a propósito de su
exigencia deberán ser ventilados en el escenario judicial
que el ordenamiento jurídico ha diseñado, esto es, tal como
lo establece el artículo 2° del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, dentro de “La
jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y
de seguridad social”
Procedencia de la acción de tutela para dirimir conflictos
relacionados con el Sistema Integral de Riesgos Profesionales.
Aspectos procesales.
1.
2.
3.
Cuando el contenido de las prestaciones del derecho han sido
concretizadas por vía legal o reglamentaria. Las personas titulares del
derecho pueden exigir el cumplimiento de estas prestaciones definidas y
concretas.
En el evento en que se presente conexidad con la necesidad de proteger
derechos fundamentales tales como la vida, la salud, la dignidad
humana, el mínimo vital
Si tiene lugar afectación del mínimo vital
En todos los casos, ha de repararse en la situación de debilidad
manifiesta en que suelen encontrarse las personas titulares del derecho
a la seguridad social y en el grado de eficacia de las acciones laborales
cuando se tienen en cuenta las circunstancias del caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela para dirimir conflictos
relacionados con el Sistema Integral de Riesgos
Profesionales. Aspectos sustanciales
•
1.
2.
3.
4.
Conflictos entre ARP y EPS. Reglas jurisprudenciales:
Obligación de ARP de cumplir con las prestaciones asistenciales
y económicas cuando la Junta Regional haya calificado. Incluso si
ha mediado impugnación (T-726 de 2007)
Imposibilidad de modificar el origen de accidente por la ARP de
modo unilateral (T-875 de 2004)
Conflictos ARP y EPS sobre el origen de una enfermedad (T-286
de 2004)
ARP que no califica, en segunda instancia, el
origen de
enfermedad al culminar el contrato de trabajo (T-1083 de 2007).
Procedencia de la acción de tutela para dirimir conflictos
relacionados con el Sistema Integral de Riesgos
Profesionales. Aspectos sustanciales
• Terminación unilateral del contrato sin cumplimiento de
las exigencias establecidas por la normatividad vigente
produce
violación
de
derechos fundamentales.
Procedencia de tutela y viabilidad del reintegro. Amparo
definitivo. (T-1083 de 2007)
• Incapacidad superior a 180 días que ha generado
discapacidad superior al 50% genera obligación de
reintegro ajustada a capacidades. Amparo transitorio.(T062 de 2007).
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