ACCIÓN DE PROTECCIÓN
Acción que tiene por objeto obtener que la Corte de Apelaciones
respectiva adopte de inmediato las providencias necesarias para
restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección
de todo aquel que, a causa de actos u omisiones arbitrarias o
ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de
algunos de los derechos y garantías establecidos en la Constitución
Política de la República.
Naturaleza, Características y fines del Recurso
“Es una acción específica de emergencia, con un procedimiento rápido e
informal y que requiere, por tanto, que el derecho que se dice conculcado
sea “legítimo”, es decir, que se funde en claras situaciones de facto que
permitan por este especial procedimiento restablecer el imperio del
derecho; pero es improcedente que por medio de él se pretenda un
pronunciamiento sobre situaciones de fondo, que son de lato
conocimiento”¹
¹Corte Suprema, recurso de protección, sentencia de 22 de junio de 1992
“Que el recurso de protección es esencialmente cautelar. Su finalidad
es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas de los efectos de
un acto ilegal o arbitrario que lesione un derecho indiscutido”.
“En razón de estas características especialísimas, es impropio utilizar este
recurso constitucional como sustituto jurisdiccional de procedimientos
ordinarios de lato conocimiento establecidos por la ley”²
²Corte Suprema, recurso de protección, sentencia de 19 de junio de 1995
ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD
“Un acto es ilegal cuando no se atiende a la normativa por la que debe
regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma
indebida, contrariando la ley”³
La arbitrariedad, por su parte, “implica carencia de razonabilidad en el
actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar;
ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener
o una inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar” 4 .
³ Corte Suprema, recurso de protección, sentencia de 1º julio de 1993
4
Recurso de protección, Corte de Apelaciones de Santiago, sentencias de 5 de marzo de 1993 y de 30 de abril de 1993; y
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, sentencia de 22 de septiembre de 1993
ACCIÓN DE PROTECCIÓN
Y RESOLUCIONES JUDICIALES
¿La acción de protección (y, en tal caso, recurso) procede o no en
contra de una resolución judicial?
La respuesta, pareciera negativa pero existen situaciones en que esta
institución procesal constitucional resulta pertinente para atacar
resoluciones judiciales. Son aquellos casos en que esas resoluciones
afectan a terceros que no han sido parte en un juicio.
ACTUACIÓN DE TERCEROS EN LA ACCIÓN DE
PROTECCIÓN
Se ha discutido si es posible la comparecencia de terceros en una
acción de protección
Por aplicación del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, es
posible admitir la existencia de terceros coadyuvantes, excluyentes
e independientes, en una acción de protección
Las normas relativas a los terceros se encuentran ubicadas en las
“Disposiciones Comunes a todo Procedimiento” en el Código de
Procedimiento Civil y, por ende, es plenamente posible la
comparecencia de terceros en esta acción
Tramitación ante la Corte Suprema
Recibidos los autos en la Secretaría de la Corte Suprema, el
Presidente del Tribunal ordenará dar cuenta preferente del recurso
en alguna de las Salas en que se divide la Corte, la cual si lo estima
conveniente o se le solicita con fundamento plausible podrá ordenar
traerlo en relación para oír a los abogados de las partes, en cuyo caso
se agregará extraordinariamente el recurso a la tabla respectiva de la
misma Sala.
Normas Comunes para las Cortes de Apelaciones y
para la Corte Suprema
1. Las notificaciones que deban practicarse, se harán por el estado
diario;
2. Tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema, cuando
en ésta se traiga el recurso “en relación”, la suspensión de la vista de la
causa procederá por una sola vez a petición del recurrente, cualquiera
que sea el número de ellos y respecto de la otra parte, aunque fuere más
de uno el funcionario o personal afectada, sólo cuando el Tribunal
estimare el fundamento de su solcitud muy calificado. La suspensión no
procederá de común acuerdo de las partes;
3. Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, en su caso,
fallarán el recurso dentro del quinto día hábil, pero tratándose de las
garantías constitucionales de los Nºs. 1º, 3º inciso cuarto, 12º y 13 del
artículo 19 de la Constitución Política, la sentencia se expedirá dentro
del segundo día hábil, plazos que se contarán desde que se halle en
estado la causa.
4. Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, cuando lo estimen
procedente, podrán imponer la condenación en costas;
5. Si la persona, el funcionario o el representante o Jefe del Órgano del
Estado, ya tenga éste la calidad de titular, interino, suplente o
subrogante, o cualquier otra, no evacuare los informes o no diere
cumplimiento a las diligencias, resoluciones y sentencias dentro de
los plazos que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema ordenaren,
podrán éstas imponer al renuente, oyéndolo o en su rebeldía, alguna de
las siguientes medidas: amonestación privada; censura por escrito; multa
a beneficio fiscal que no sea inferior a una unidad tributaria mensual ni
exceda de cinco unidades tributarias mensuales; y suspensión de
funciones hasta por cuatro meses, tiempo durante el cual el funcionario
gozará de medio sueldo, todo ello además de la responsabilidad penal
en que pudieren incurrir dichas personas.
ACCIÓN DE AMPARO ECONÓMICO
CONCEPTO
La acción que la ley concede a cualquier persona para denunciar las
infracciones a la garantía constitucional que protege el derecho a
desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la
moral, al orden público o a la seguridad nacional .
Naturaleza Jurídica
Es una acción jurisdiccional de carácter conservador, especial y
popular, en la que el actor no necesita tener interés actual y que
busca proteger la garantía constitucional del artículo 19 Nº 21 de la
Constitución Política de la República.
Ámbito de Aplicación
El artículo 19 de la Constitución Política de la República “asegura a
todas las personas“ los derechos y garantías que él señala
En su Nº 21 se consagra:
“El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea
contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional,
respetando las normas legales que la regulen.
El estado y sus organismos podrán desarrollar actividades
empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum
calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán
sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin
perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca
la ley, la que deberá ser, asimismo de quórum calificado”.
La ley Nº 18.971, en el inciso primero de su artículo único,
preceptúa que “Cualquier persona podrá denunciar las infracciones
al artículo 19, número 21, de la Constitución Política de la
República de Chile”
Plazo
La acción puede intentarse dentro de seis meses contados desde que
se hubiere producido la infracción.
Tramitación
El inciso tercero del artículo único de la ley Nº 18.971, señala que la
acción de amparo económico no tiene “más formalidad ni procedimieto
que el establecido para el recurso de amparo”
Por lo tanto, además de las disposiciones de la ley citada, la acción se
rige por las normas del título V del Libro II, Primera parte , del Código de
Procedimiento Penal; por el auto acordado de la Corte Suprema, de 19
de diciembre de 1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo;
y por el artículo 165 Nº 5 de Código de Procedimiento Civil
Admisibilidad. Recurso de Amparo Económico y Recurso de
Protección
Una vez deducido el recurso, la Sala Tramitadora de la Corte se
pronuncia sobre el mismo, oportunidad en que puede declararlo
inadmisible o admisible, dependiendo de si cumple o no con las
disposiciones legales.
En efecto, el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, aplicable
al recurso de amparo económico por mandato legal, señala que la
acción de amparo puede intentarse en los casos que señala si el
individuo “no hubiere deducido los otros recursos legales”
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La Acción de Protección.