SEMINARIO DE
ACTUALIZACIÓN EN
DERECHO CIVIL Y
COMERCIAL
FISCALÍA DE ESTADO DE LA
PROVINCIA DE JUJUY – INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección: Dr. Matías L.
Nieto
LEY 26.944
 Sancionada: 1/10/2014
 Promulgada: 7/10/2014
 Publicada: B.O. 8/10/2014
 Vigencia: a partir del 1/1/2016
(modificado, ley 27077, para el 1/08/2015)
 Aprueba el Código Civil y Comercial de la
Nación (anexo I – 2671 artículos)
Derogaciones y modificaciones
 Se deroga la ley 340 (Código Civil de la
Nación)
 Se derogan las leyes 15 y 2637 (Código
Comercial de la Nación); subsisten sin
embargo algunos pocos artículos que se
incorporan a la ley de Navegación.
 Se derogan los artículos subsistentes de
la ley 11.357 (Ley sobre derechos civiles
de la mujer). El código unificado regula la
plena igualdad de derechos civiles.
 Se deroga la ley 13512 (Ley de Propiedad
Horizontal). Se incorpora esta regulación a
partir del art. 2037 del nuevo Código (libro
IV)
 Se derogan los artículos subsistentes de
la ley 14394 (régimen de menores y de
familia) para su tratamiento en el Código
(la tutela de la vivienda se regula a partir
del art. 244) en la Parte General (libro
primero). La ausencia y presunción de
fallecimiento se regula a partir del art. 79
del Código Unificado.
 Se deroga la ley 18.248 (normas para la
inscripción de nombres). Se incorpora
dicha regulación a partir del art. 62 del
Código
 Se deroga la ley 19.724 (Ley de
prehorizontalidad)
 Se deroga la ley 19.836 (régimen de
fundaciones). La regulación se encuentra
a partir del art.193.
 Se deroga la ley 20.276 (complementaria
del régimen de propiedad horizontal)
 Se deroga la ley 21.342 –excepto art. 6de Locaciones Urbanas
 Se deroga la ley 23.091 de locaciones
urbanas
 Se deroga la ley 25509 de derecho real de
superficie forestal (ver art. 2114)
 Se deroga la ley 26.005 (Consorcios de
cooperación). Ver regulación general de
contratos asociativos a partir del art. 1442
(función asociativa que no encuadre en el
régimen de las sociedades)
 Se derogan gran cantidad de artículos de
la ley de leasing(25248). Se incorpora al
Código Unificado.
 Se derogan varios artículos de la ley
26356 (Sistemas turísticos de tiempo
compartido)
 Se incorpora la regulación del
fideicomiso con derogación de los arts.
pertinentes de la ley 24.441
 Se deroga art. 37 del decreto 1798/94
(Reglamentario LDC)
MODIFICACIONES
 Existen modificaciones parciales a la ley 17801
(De registro de la propiedad inmueble) y
24240(Defensa del consumidor)
 Se modifica en gran medida la ley 19.550 que
pasa a denominarse “Ley General de
Sociedades”
 La ley 26994 reconoce la vigencia de los
estatutos complementarios subsitentes (defensa
del consumidor, ley de derechos del paciente,
ley de seguros, ley de responsabilidad del
estado, etc.)
TÍTULO PRELIMINAR
 PARTE DE LA DISTINCIÓN ENTRE
DERECHO Y LEY
 ESTÁ DIRIGIDO TANTO A LOS JUECES
COMO A LOS HABITANTES DE LA
NACIÓN
 SU CONTENIDO Y ESTRUCTURA, ES
EN GRAN MEDIDA INÉDITA EN EL
DERECHO COMPARADO
Capítulo 1ro -Derecho
 ARTÍCULO 1º.- Fuentes y aplicación. Los casos
que este Código rige deben ser resueltos según
las leyes que resulten aplicables, conforme con
la Constitución Nacional y los tratados de
derechos humanos en los que la República sea
parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la
finalidad de la norma. Los usos, prácticas y
costumbres son vinculantes cuando las leyes o
los interesados se refieren a ellos o en
situaciones no regladas legalmente, siempre
que no sean contrarios a derecho.
 CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL
DERECHO PRIVADO
 JUDICIALISMO PRETENDIDO Y
JUDICIALISMO RESULTANTE
Debate: La redacción original del proyecto y
el producto final. La voluntad del legislador
y la jurisprudencia como fuente del
derecho.
EFECTOS NORMATIVOS DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
EN EL DERECHO PRIVADO
 EFICACIA DIRECTA
 EFICACIA INVALIDATORIA
 EFICACIA INTERPRETATIVA
Debate: Supresión de los principios
generales del derecho como fuente y su
ponderación como pauta hermenéutica.
 ARTÍCULO 2º.- Interpretación. La ley debe
ser interpretada teniendo en cuenta sus
palabras, sus finalidades, las leyes
análogas, las disposiciones que surgen de
los tratados sobre derechos humanos, los
principios y los valores jurídicos, de modo
coherente con todo el ordenamiento.
 Debate: Función de los principios y
valores – La interpretación sistemática
 Se comienza a perfilar el gran cambio de
paradigma: De la jurisprudencia de
conceptos hacia la teoría de la
argumentación racional
 ARTÍCULO 3º.- Deber de resolver. El juez
debe resolver los asuntos que sean
sometidos a su jurisdicción mediante una
decisión razonablemente fundada.
 Razonabilidad formal y razonabilidad
material
 Destinatarios de la norma
Capítulo 2 – La ley
 ARTÍCULO 4º.- Ámbito subjetivo. Las
leyes son obligatorias para todos los que
habitan el territorio de la República, sean
ciudadanos o extranjeros, residentes,
domiciliados o transeúntes, sin perjuicio
de lo dispuesto en leyes especiales.
ARTÍCULO 5º.- Vigencia. Las leyes rigen
después del octavo día de su publicación
oficial, o desde el día que ellas
determinen.
 ARTÍCULO 6º.- Modo de contar los intervalos del derecho. El modo
de contar los intervalos del derecho es el siguiente: día es el
intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos
fijados en días, a contar de uno determinado, queda éste excluido
del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Los plazos de
meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del
vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se
entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos
vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo. El
cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no
se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados
en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta
excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora
siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo
se efectúe de otro modo.
 ARTÍCULO 7º.- Eficacia temporal. A partir de su
entrada en vigencia, las leyes se aplican a las
consecuencias de las relaciones y situaciones
jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto
retroactivo, sean o no de orden público, excepto
disposición en contrario. La retroactividad
establecida por la ley no puede afectar derechos
amparados por garantías constitucionales. Las
nuevas leyes supletorias no son aplicables a los
contratos en curso de ejecución, con excepción
de las normas más favorables al consumidor en
las relaciones de consumo.
 La doctrina de Roubier. Momento
dinámico y momento estático de las
relaciones y situaciones jurídicas
 Constitución y extinción de las mismas.
 La excepción clásica por jerarquía de la
autonomía de la voluntad (cláusulas
supletorias)
 La novedad en materia de relaciones de
consumo.
 ARTÍCULO 8º.- Principio de
inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes
no sirve de excusa para su cumplimiento,
si la excepción no está autorizada por el
ordenamiento jurídico.
CAPÍTULO 3 Ejercicio de los
derechos
 ARTÍCULO 9º.- Principio de buena fe. Los
derechos deben ser ejercidos de buena fe.
 Buena fe lealtad (doctrina art.266) y buena fe
estándar
 Generalización
 El empleo de conceptos jurídicos
indeterminados
 ARTÍCULO 10.- Abuso del derecho. El ejercicio regular
de un derecho propio o el cumplimiento de una
obligación legal no puede constituir como ilícito ningún
acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los
derechos. Se considera tal el que contraría los fines del
ordenamiento jurídico o el que excede los límites
impuestos por la buena fe, la moral y las buenas
costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para
evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación
jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la
reposición al estado de hecho anterior y fijar una
indemnización.
 Tutela inhibitoria
 Introducción del concepto de situación
jurídica abusiva
 ARTÍCULO 11.- Abuso de posición
dominante. Lo dispuesto en los artículos
9º y 10 se aplica cuando se abuse de una
posición dominante en el mercado, sin
perjuicio de las disposiciones específicas
contempladas en leyes especiales.
 La relación entre los derechos individuales
y los bienes colectivos –art.14-
 ARTÍCULO 12.- Orden público. Fraude a la ley. Las
convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las
leyes en cuya observancia está interesado el orden
público. El acto respecto del cual se invoque el amparo
de un texto legal, que persiga un resultado
sustancialmente análogo al prohibido por una norma
imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En
ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa
que se trata de eludir.
 ARTÍCULO 13.- Renuncia. Está prohibida la renuncia
general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser
renunciados en el caso particular, excepto que el
ordenamiento jurídico lo prohíba.
 ARTÍCULO 14.- Derechos individuales y
de incidencia colectiva. En este Código se
reconocen:
a. derechos individuales;
b. derechos de incidencia colectiva.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los
derechos individuales cuando pueda
afectar al ambiente y a los derechos de
incidencia colectiva en general.
Capítulo 4: Derechos y Bienes
 ARTÍCULO 15.- Titularidad de derechos. Las personas
son titulares de los derechos individuales sobre los
bienes que integran su patrimonio conforme con lo que
se establece en este Código.
 ARTÍCULO 16.- Bienes y cosas. Los derechos referidos
en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre
bienes susceptibles de valor económico. Los bienes
materiales se llaman cosas. Las disposiciones
referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las
fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio
del hombre.
 ARTÍCULO 17.- Derechos sobre el cuerpo
humano. Los derechos sobre el cuerpo
humano o sus partes no tienen un valor
comercial, sino afectivo, terapéutico,
científico, humanitario o social y sólo
pueden ser disponibles por su titular
siempre que se respete alguno de esos
valores y según lo dispongan las leyes
especiales.
 El nuevo paradigma de los objetos
valiosos
 ARTÍCULO 18.- Derechos de las
comunidades indígenas. Las comunidades
indígenas reconocidas tienen derecho a la
posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de
aquellas otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano según lo establezca la
ley, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 75 inciso 17 de la Constitución
Nacional.
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