PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE
PERSONAL DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MARCO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA:
Artículo 69
Artículo 113
Artículo 123
Artículo 124
LEY 30 DE 1992
DECRETO 1210 DE 1993:
Artículo 26
LEY 734 DE 2002
SENTENCIA C – 829 DE 2002
•
La autonomía universitaria debe reflejarse en el régimen
disciplinario, el cual tiene como límite las garantías
constitucionales.
•
Las sanciones deben ser razonables y proporcionales a las
establecidas en la Ley 734 de 2002.
•
El régimen disciplinario no puede alterar el principio de legalidad
y de sujeción a la Constitución.
•
El régimen disciplinario debe ser coherente con el Código
Disciplinario Único, de tal suerte que ambos sean efectivos en su
aplicación y posibiliten el logro de los propósitos institucionales.
NORMA DISCIPLINARIA
• Las conductas reprochables y sus correspondientes sanciones.
• Las competencias para adelantar el trámite disciplinario y emitir el
fallo,
• Los procedimiento que materializan las garantías constitucionales
del debido proceso, derecho de defensa y presunción de buena fe,
entre otras.
SITUACIÓN ACTUAL
Autoridades Disciplinarias:
Comisiones Investigadoras de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de Sede,
integradas por 3 docentes nombrados por el Consejo de Sede.
Procedimiento aplicable:
El establecido en la Ley 734 de 2002 y no el del régimen disciplinario de la
Universidad (Acuerdo 045 de 1986 y Acuerdo 016 de 2005).
Las sanciones que se aplican son las contenidas en el Acuerdo 045.
Competencia de las Comisiones:
Adelantar la indagación preliminar y la investigación disciplinaria (previa autorización
del Rector) y emitir una recomendación al funcionario que emite el fallo.
Competencia para emitir fallo:
Vicerrector de Sede – faltas leves y graves y Rector – faltas gravísimas
PROPUESTA
• Adoptar un régimen disciplinario adecuado a la autonomía
universitaria y a la estructura interna de la Universidad.
• Actualizar el Estatuto de Personal Docente en materia disciplinaria,
en armonía con la Ley 734 de 2002 y con la dinámica interna de la
Universidad.
• Unificar criterios en la aplicación de las normas internas existentes y
la Ley 734 de 2002.
• Establecer reglas claras y uniformes que supriman trámites
innecesarios y eviten el desgaste administrativo.
PRINCIPALES MODIFICACIONES:
La actividad académica tiene un carácter especial, por tal motivo,
merece un tratamiento diferenciado del trámite disciplinario para el
personal administrativo.
El régimen disciplinario que se adopte, haciendo uso de la
Autonomía Universitaria, deberá estar en consonancia con la
Sentencia de la Corte Constitucional C 829 de 2002 y con la Ley
734 de 2002.
El trámite de los procesos disciplinarios requiere de una técnica
jurídica especializada, por lo que la instrucción de los mismos,
estaría a cargo de la Oficina Nacional de Control Disciplinario
Interno, para lo cual sería necesario adecuar su estructura a las
características especiales de la actividad académica.
PRINCIPALES MODIFICACIONES
La competencia para la valoración probatoria y
la expedición del fallo, estará en cabeza de los
docentes, quienes por las características
especiales de su actividad académica definirán
la situación disciplinaria de sus pares:
• La competencia para expedir el fallo de primera
instancia de faltas leves, graves y gravísimas, será de
los Vicerrectores de Sede.
• La competencia para emitir los fallos de segunda
instancia de faltas leves, graves y gravísimas del
personal docente, será del Rector.
• Si se trata de sanción de suspensión por más de treinta
días o de destitución, la Comisión de Asuntos
Disciplinarios del Personal Docente, emitirá concepto
previo.
VENTAJAS
• Credibilidad por parte de la comunidad universitaria en los
operadores disciplinarios
• Disminución de los niveles de prescripción de las acciones
disciplinarias.
• Agilidad en el trámite y definición de las actuaciones disciplinarias.
• Proporcionalidad de la calificación de las faltas y de las sanciones.
• Procedimientos unificados y garantistas.
• Supresión de trámites innecesarios.
• Prevención de contingencias judiciales
• Especialización y pericia en recaudo de las pruebas
• Infraestructura adecuada a las necesidades y exigencias
de la actividad disciplinaria
• Liberar a las Comisiones Investigadoras de Asuntos
Disciplinarios de la instrucción de las actuaciones
disciplinarias.
MUCHAS GRACIAS