(Enero – Abril, 2011)
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Autoridades
electorales legítimas e imparciales que generen
confianza en la ciudadanía, .
La transparencia en todo el desarrollo del proceso electoral lo que
implica el acceso a todos los medios de comunicación y la
acreditación de los organismos de observación nacional e
internacional;
El acceso universal de la ciudadanía al voto,
La aplicación equitativa y justa de la ley electoral a todas las fuerzas
políticas participantes en las elecciones y el respeto a la voluntad
popular expresada en el sufragio.
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El CSE se encuentra integrado
por magistrados cuyo período
ha
expirado
y
ha
sido
prorrogado vía Decreto Ejecutivo
y no a través del mecanismo
establecido por la Constitución
Política en su artículo 138
numeral 8 y que otorga esta
facultad privativa a la Asamblea
Nacional.
Es necesario que la Asamblea
Nacional logre el consenso para
nombrar
las
autoridades
electorales y que el país cuente
con
un
Poder
Electoral
legalmente constituido y que
tenga la confianza de todos los
sectores en estas elecciones
generales.
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Reiteramos la importancia de la
observación electoral nacional como:
La defensa del ejercicio de la
ciudadanía
y
de
los
derechos
constitucionales a participar en los
asuntos
públicos
y
demandar
información
a
las
autoridades
competentes.
Fortalece la confianza pública en los
procesos electorales y que contribuye a
disuadir se cometan irregularidades,
actos de fraude, la intimidación y la
violencia que a veces surgen en el
desarrollo del proceso electoral.
Desempeña una labor de educación
cívica masiva de miles de voluntarios y
ciudadanos que fortalece la democracia
en el país, realizando propuestas
constructivas para mejorar el sistema
electoral.
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La observación electoral internacional
se ha caracterizado por el respeto a las
leyes del país, no constituye un
elemento de injerencia interna, sino un
mecanismo objetivo y neutral de
solidaridad internacional no partidista
con los procesos democratizadores.
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3.1 Cedulación.
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Oficinas de cedulación abiertas en
los municipios.
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En 80 municipios de los que se
obtuvo información solamente en
18 (22%) existen delegaciones de
cedulación. 13 de estas son
cabeceras departamentales.
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En 62 municipios (77.5%) no se
reporta
la
existencia
de
delegación municipal del CSE para
atender la cedulación.
En este mismo período, en 65
(67%)
de
97
municipios
reportados hasta la fecha existen
oficinas a cargo de otros actores
políticos que no son funcionarios
del CSE y que están cedulando.
Cedulación a cargo de P.P: PRN,
Willili, Jinotega, PLC San Fernando
Nueva Segovia y Yatama en
Waspam. El resto de municipios el
FSLN.
Existe delegación Municipal del CSE
atendiendo en su municipio?
77.5%
No existe
Si existe
22.5%
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3.2 Sobre la Verificación ciudadana permanente y masiva.
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(a) Verificación ciudadana permanente.
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La verificación ciudadana permanente es una actividad limitada porque en todo
el periodo la atención solamente se brinda en las cabeceras Departamentales y
no será hasta el 20 de junio que se instalen los CEM que se atienden en los
municipios.
(b) Verificación ciudadana masiva.
Este proceso no se establece en el Calendario Electoral en una fecha que facilite
el acceso de la ciudadanía porque se debería de realizar 5 meses antes del día
de la votación y no 3 meses antes del día de las elecciones porque así como
esta no facilita que los cambio de domicilio que se realizan sean incluidos en el
Padrón Preliminar que se expone en los Centros de Votación 90 días antes de
las elecciones.
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El derecho de participación no se puede ejercer aisladamente; una
elección justa y democrática sólo puede tener lugar cuando todas las
personas y organizaciones disfrutan, sin discriminación, de sus
libertades fundamentales y sus derechos políticos. Las libertades de
expresión, asociación, reunión y movimiento o libre manifestación
deben estar excluidas de intimidación y no pueden ser alcanzadas
sin la debida protección de las autoridades las que están obligadas
a preservar estas garantías para todos sin preferencias de ningún
tipo.
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4.1 Uso de los bienes del Estado en actividades partidarias y de campaña
electoral.
Se ha constatado que de 80 municipios reportados, en 31 (38.75%) se han
utilizado recursos del Estado en proyección de Candidatos (as) Presidenciales.
Los bienes utilizados van desde vehículos, bienes inmuebles como oficinas,
auditorios y aulas de instituciones públicas, escuelas, centros de salud y alcaldías
(Alcaldes en San José de Cusmapa, Dolores, La Libertad y San Ramón. (Anexo 3)
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4.2 Propaganda electoral en las oficinas del Estado
De 80 municipios reportados, en 46 (57.5 %) se han identificado la utilización
de oficinas del Estado en proyección de Pre-Candidatos (as). Los edificios
públicos utilizados son Escuelas, Alcaldías, Delegaciones del MINED, del
INSS, Centros de Salud, Hospitales y la DGI. El partido de gobierno se ha
identificado como la principal organización política que utiliza las oficinas
del Estado con fines propagandísticos y el PLC en Boaco y Quilali.
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4.3 Inscripción de candidaturas presidenciales realizadas por las
Alianzas y partidos políticos e impugnaciones.
El 18 de marzo venció el plazo para la inscripción de candidatos (as) al
cargo del Presidente. Todas las fuerzas políticas inscribieron sus
candidaturas (PLC,PLI-MVCE, ALN, FSLN, APRE). Solamente la candidatura del
FSLN ha sido impugnada por los partidos ALN, PLI-MVCE y PLC.
El CSE se ha pronunció declarando no da lugar a esas impugnaciones por
haber aceptado la resolución 504 de la CSJ en el 2009 que daclara la
inaplicabilidad del arto.147.Cn. Pese a la Resoluciòn del CSE de validar la
reelección del candidato del FSLN, 3 fuerzas polìticas han cuestionado su
legalidad y legitimidad. A este cuestionamiento se han sumado diversos
sectores ciudadanas, juristas e iglesias señalando que:
La sala constitucional de la CSJ tiene como mandato defender la Cn, P.,
careciendo de facultad para derogar disposiciones constitucionales, que
solo compete a la Asamblea Nacional y cuestionando que sólo 6 magistrados
tomaron esta decision.
Respecto a la decisión de 6 magistrados declarando ilegal o
inaplicable normas constitucionales recordamos el precepto de la
Carta magna que dice: “ Ningún Poder del Estado, organismo de
gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción,
que las que le confiere la Constituciòn Politica”(arto 187 Cn.P.)
4.4
La presentación y publicación en la Gaceta de las candidaturas a
Presidente y Vicepresidente de la República.
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Observamos con preocupación que: La publicación la Gaceta del Diario
Oficial el día 18,03.11 de la lista provisional de candidatos a los cargos
de Presidente y Vicepresidente contradijo los tiempos establecidos en el
C.E. y los procedimientos establecidos en la los artículos 83, 84 y 85 de
la Ley Electoral.
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4.5 El Decreto Ejecutivo 15-2011 sobre el cambio administrativo de los
municipios (Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes y el Rama) al departamento de
Chontales.
Existe un problema de sub-representación de Diputados (as) en Departamentos
como Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia y en las Regiones Autónomas ya que el
número de electores ha crecido y no se corresponde con el número de
representantes que eligen ante la Asamblea Nacional.
El cinco de Abril se publico un Decreto Ejecutivo (15-011) que establece que los
electores de El Rama, Nueva Guinea y Muelle de los Bueyes nocuentan sus votos
para las elecciones de Diputados de la RAAS sino de Chontales.
Este Decreto Ejecutivo afecta el orden territorial definido por la Ley de División
Política Administrativa y evidencia un interés político y electoral de alterar la
distribución de Diputados en la RAAS, quitando electores (30,000) que no le
favorecen con su voto. Al igual que el decreto 33-2001(A.A.) se procedió en
sentido inverso trasladando estos municipios de Chontales a la RAAS, para ganar
votos y sumar diputados con peso liberal.
Ambos Decretos, afectan el sentido de pertenencia de estos municipios a la
RAAS y violentan lo establecido en la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las
Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua. Es censurable la manipulación de la
cartografía electoral con fines partidarios.
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La no elección de nuevas autoridades electorales por parte de la
Asamblea Nacional y que se mantenga las señaladas por la ciudadanía
como colaboradoras del fraude del 2008 es un factor de desconfianza
para un amplio sector de ciudadanía y partidos, sobre las actividades del
proceso electoral.
La observación electoral sigue siendo vista por mayoritarios sectores de
la población como una necesidad y mecanismo fundamental para
fortalecer la transparencia de los procesos electorales.
El acceso de los ciudadanos (as) a obtener su cedula de identidad
administrado por una voluntad que prioriza afinidades a partidos
políticos, lesiona el derecho constitucional de los nicaragüenses a ser
tratados en igualdad de condiciones. Esto se agrava por el cobro de los
300 córdobas.
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La
verificación
ciudadana
permanente
se
está
desarrollando sin publicidad y el acceso de la ciudadanía a
información es muy limitado. También al mantenerse la
verificación masiva en el mismo periodo del calendario
electoral será poco efectiva.
No se conoce hasta la fecha alguna estrategia de
actualización de la autoridad electoral sobre el Padrón
Electoral. En la pag. Web del CSE solo se pueden verificar
los que tienen cédula excluyendo a los que no la tienen.
No se conocen datos de cedulación desde el 2010.
El uso de los bienes y oficinas del Estado para
promocionar candidaturas presidenciales en distintos
municipios del país es evidente y documentado, lo que
demanda que la fiscalía electoral realice una investigación
para proteger los bienes públicos y se respete la Ley.
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Las alianzas y partidos políticos están realizando campaña electoral y
utilizan hasta el número de casillas para pedir el voto, cuando oficialmente la
campaña electoral no ha iniciado. Lo anterior refleja irrespeto de los actores
políticos a la Ley Electoral y pasividad de las autoridades responsables de
aplicar la Ley.
La inscripción acelerada que hizo el Poder Electoral de una candidatura
presidencial impugnada por criterios de
ilegitimidad, refleja falta de
seriedad y respeto ala leyes y procedimientos por el CSE, a quien
corresponde decidir sin parcialidad, con apego ala Leyes para fortalecer la
legalidad y transparencia del proceso electoral.
Es censurable el irrespeto al marco jurídico de las Regiones Autónomas de la
Costa Atlántica y se utilice estas medidas con fines electoreros y no para
resolver una situación social, económica o de atención administrativa
territorial, (El Rama, Nueva Guinea y Muelle de los Bueyes). Estas acciones
inconsultas con la población y los gobiernos locales y regionales aumentan la
desconfianza en la autoridad electoral y podrían desestimular la participaciòn
en el proceso electoral.
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Hacemos notar a las autoridades electorales y a los partidos políticos participantes
en general que el proceso electoral está presentando los mismos vacíos y
discrecionalidades en su administración por parte de las autoridades electorales y
que pueden producirse situaciones como las elecciones del 2008 y 2010.
Por ello, es determinante que el CSE como los partidos participantes tomen en
cuenta que:
La Asamblea Nacional debe retomar el tema del nombramiento de las autoridades
electorales antes de terminar el primer semestre legislativo del año.
Debe de iniciarse un proceso de cedulación masiva en todos los municipios del
país y no esperar hasta que se nombre e instalen los Consejos Electorales
Municipales. Así como el CSE debe informar sobre el estado de la cedulación en
este momento.
Es imperativo adelantar la fecha de realización del proceso de verificación
ciudadana masiva para el mes de Junio y no para el mes de Julio, ello permitirá al
CSE que los cambios de domicilio y resultados de la verificación sean expuestos
en los Centros de Votación y entregado a los partidos políticos el 8 de Agosto. Así
como integrados en el Padrón Preliminar que se entrega a los partidos político.
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El CSE para abonar a la transparencia debe publicar su gestiòn enmateria de
cedulaciòn, ya que de esta informaciòn depende subsanar vacios en el padròn
electoral y alertar a los electores y alianzas de partidos sobre posibles omisiones.
Es imperativo adelantar la fecha de la verificaciòn ciudadana masiva para junio y
no realizarla en Agosto, lo que permitarà al CSE que los cambios de domicilio y
nuevas inclusiones sean expuestos en los Centros de Votaciòn y entregarlo a los
partidos politicos el 8 de agosto. De no hacerlo, el CSE, tècnicamente no podrá
incluir en el padròn los cambios de domicilio y las nuevas inclusiones de electores
lo que no contribuyen a la transparencia del padròn electoral.
El CSE debe publicar con urgencia y no en Agosto la normativa de ética electoral, y
ratificar claramente las prohibiciones en materia de campaña electoral.
La Fiscalía Electoral debe de investigar sobre las denuncias al uso de los bienes del
Estado e indistintamente que no haya iniciado la campana electoral y el CSE no
haya publicado el reglamento de ética electoral.
Debe iniciarse un proceso de actualización del Padrón Electoral a la vez que los
ciudadanos puedan verificarse en la página web con su nombre y apellido y no
solamente por la cedula de identidad.
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El Poder Ejecutivo debe contribuir a la transparencia electoral, evitando
iniciativas que puedan crear desconfianza o confusión en la ciudadanía y
erosión al proceso electoral, tal como ocurrió con el decreto que mueve
administrativamente los municipios del Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva
Guinea al departamento de Chontales. La situación de estos municipios se
debe resolver por medio de una reforma a la ley de división política
administrativa en la A.N. y en consulta con el Consejo Regional de la RAAS.
Recomandamos al CSE, desarrollar una campaña de divulgación amplia sobre
el proceso de verificación ciudadana masiva. La llamada verificación
ciudadana permanente a la que el CSE se refiere en el calendario electoral no
esta dando respuesta ala ciudadanía ya que el poder electoral no esta
dispuesto administrativa, técnica ni operativamente para tal fin.
IPADE recomienda a los lideres de los partidos políticos, candidatos y
simpatizantes, así como a las autoridades a promover una campaña electoral
basada en la tolerancia, el respeto y libre de intimidación y violencia.
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Primer Informe de Observacion Electoral