REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO, LA
JUSTICIA ORAL MERCANTIL Y LA
TRASCENDENCIA QUE ESTAS HAN TENIDO EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL DISTRITO
FEDERAL.
INTRODUCCIÒN
El Código de Comercio que nos rige es del siglo XIX, se
expidió por decreto de 04 de junio de 1887, entró en
vigor según sus artículos transitorios el 01 de enero de
1890.
COMPETENCIA CONCURRENTE
“Artículo 104…. De todas las controversias del orden civil o
mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y
aplicación de leyes federales o de los tratados
internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A
elección del actor y cuando sólo afecten intereses
particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales
del orden común.
La materia Mercantil es de competencia concurrente según
el artículo 104 de la Constitución Federal de la
República, recientemente reformado (decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de
2011), el cual establece:
Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables para
ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto
en primer grado;”
1
El artículo 73 fracción X, de la Constitución Federal de la
República establece: “El Congreso tiene facultad… X.- para
legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería,
industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y
sorteos, intermediación y servicios financieros, energía
eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo
reglamentarias del artículo 123”.
Si la materia de comercio es de carácter Federal, lógicamente
los tribunales avocados a dirimir las controversias que de su
aplicación se deriven debieran ser en todos los casos
Federales y no debería ser para la justicia del orden común,
o sea jueces locales, pero por la competencia concurrente
también pueden conocer de la materia Mercantil los jueces
del orden común, según lo precisa la precitada fracción I, del
artículo 104 constitucional.
La competencia concurrente se estableció desde que se
encontraba vigente la constitución de 1857, con el objeto de
que no existiera un cúmulo de trabajo ante los Tribunales
Federales por ello
las controversias mercantiles se
sometieron también a la jurisdicción común.
1.1
LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO Y LOS
CÓDIGOS SUPLETORIOS.
Este Código ha tenido reformas y adiciones importantes, y una
de las cuales es la que se hizo por decreto de 29 de abril de
1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de
mayo de 1996, reformas y adiciones y modificaciones que
entraron en vigor el 23 de julio de 1996.
En el transitorio de estas reformas se estableció que no serían
aplicada a persona alguna que tenga contratados créditos
con anterioridad al inicio de la vigencia del decreto, o sea
del 23 de julio de 1996.
El Procedimiento Mercantil se sustanciaba conforme al Código de
Comercio y por disposición expresa del referido Código en su
artículo 1051 establecía antes de las reformas de 1996 que era
supletorio el Código de Procedimientos Civiles de cada Entidad
Federativa.
2
En base al federalismo cada entidad tiene su propio Código
de Procedimientos Civiles, no existiendo desde luego
uniformidad en las instituciones procesales que eran
supletorias, pues cada Código Procesal está legislado
conforme a los intereses de cada entidad federativa, pues
tienen reglas contrarias y aún contradictorias los distintos
códigos procesales de las entidades federativas.
A partir de las reformas de 1996, los artículos 1054 y 1063
del Código de Comercio establecen que los juicios
mercantiles se regirán por las disposiciones del Código de
Comercio y en su defecto se aplicará
la Ley de
Procedimientos Local respectiva.
Y es a partir de las reformas del 13 de junio del 2003
publicada en el Diario Oficial de la Federación en esa
misma fecha, reformas que entraron en vigor al día
siguiente de su publicación o sea el 14 de junio del año
2003
2.1
Pero estas reformas o disposiciones no serán aplicables a los créditos
contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de tal
decreto, o sea, que para estos casos se seguían aplicando los
códigos procesales locales.
Lo importante de esta reformas del 2003 es que en los artículos
1054 y 1063 del Código de Comercio ahora se establece que los
Juicios Mercantiles se sustanciaran de acuerdos a los
procedimientos aplicables conforme al Código de Comercio, las
Leyes especiales en materia de Comercio y en su defecto por el
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Por todo lo anterior tenemos que los asuntos anteriores del 23 de
julio de 1996, se tramitan conforme a las disposiciones del Código
de Comercio, no siendo aplicables las reformas que entraron en
vigor en esa fecha. Y son supletorios los Códigos Locales de las
Entidades Federativas, y no el Código Federal de Procedimientos
Civiles.
A partir del 23 de julio de 1996, se aplican esas reformas en el Código
de Comercio para los que hayan contratado créditos a partir de esa
fecha, 23 de julio de 1996, y son supletorios los Código Locales de
las Entidades Federativas
2.2
CÓDIGO DE COMERCIO, SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 24 DE MAYO DE 1996,
AUN LAS DE CARÁCTER PROCEDIMENTAL, NO DEBEN APLICARSE
A CRÉDITOS CONTRAÍDOS CON ANTERIORIDAD A SU VIGENCIA. El
alcance correcto que debe tener el artículo primero transitorio del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código de Comercio, expedido el 29 de abril de 1996 publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de mayo siguiente, debe ser coherente con la
argumentación jurídica plasmada por el legislador, y para ello, deben
tomarse en consideración el Diario de los Debates del Senado de la
República, correspondiente al veintidós de abril del citado año, y el relativo
a la Cámara de Diputados, así como el significado de la palabra "crédito", lo
cual lleva a establecer que todas esas disposiciones, inclusive las de orden
procedimental, no deben ser aplicadas a ninguna persona que tenga
contraídos créditos con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto,
estén o no sujetos a procedimiento judicial, ni tampoco a aquellos que
realicen novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad
a la entrada en vigor de ese decreto; sin que tenga mayor relevancia que el
"crédito" se haya contraído con una institución financiera o con una persona
física
2.3
CONTRATO DE CRÉDITO. IRRETROACTIVIDAD DE LAS
REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO PUBLICADAS
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS. En el artículo primero transitorio del
decreto respectivo, se enfatizó que dichas reformas "no
serán aplicables a persona alguna que tenga contratados
créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente
decreto", de lo que se sigue que en la interpretación de esa
norma, no basta con atender a su sentido literal sino a la
intención del legislador, que no fue otra que la de dejar a
salvo los derechos de esos deudores, sin importar que
estuviesen sujetos o no a procedimiento judicial y aun contra
el consentimiento de los demandados en cuanto a su
aplicación; y tan fue esa la voluntad del legislador, que en el
Diario de los Debates del Senado de la República, del
veintitrés de abril de ese mismo año, las Comisiones Unidas
de Comercio, de Instituciones de Crédito, de Justicia y de
Estudios Legislativos,,
2.4
indicaron en su dictamen que bajo ninguna circunstancia debían
de aplicarse de modo retroactivo en razón de la garantía de
audiencia contenida en el artículo 14 constitucional destacando
en el capítulo denominado "Valoración de la iniciativa" del propio
dictamen, el propósito de "Dejar a salvo los derechos de todos
los deudores actuales" y en el punto IV del capítulo "De las
Modificaciones a la Iniciativa", que "bajo ninguna circunstancia,
ni ningún criterio de interpretación, aquellas personas que hayan
contraído créditos con anterioridad a la entrada en vigor de este
decreto, en caso de aprobarse, estén o no sujetos a
procedimiento judicial, no se les aplicarán las disposiciones
previstas en los artículos 1o. y 3o. del decreto de iniciativa ...
tampoco la voluntad de las partes podrá considerarse como
mecanismo para la aplicación de las reformas ..."; en tales
condiciones, si éstas entraron en vigor sesenta días después de
su publicación, es claro que sólo son aplicables en tratándose
de créditos contraídos a partir del veinticuatro de julio de mil
novecientos noventa y seis.
2.5
A partir del 14 de junio del 2003, y a los créditos
contratados desde esa fecha es supletorio el Código
Federal de Procedimientos Civiles.
Todos los asuntos anteriores al 14 de junio del 2003 son
supletorios del Código de Comercio los Códigos
Locales de cada Entidad Federativa, como se ordenó
en 1996.
El 17 de abril del 2008, otra vez se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Código de
Comercio, entre las que se encuentran el artículo
1054, el cual quedó redactado en los términos
siguientes:
3
“Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes
sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los
anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles
establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad
expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones
de este libro y en su defecto se aplicará supletoriamente el
Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no
regule la institución cuya suplencia se requiera, la ley de
procedimientos local respectiva.” “De que no se regule la
institución cuya supletoriedad se requiera”. Se regulaba la
institución pero incompleta, ejemplo los medios de apremio
artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, antes
de ser reformado.
El transitorio único de esta reforma, señala:
“Único. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, en el entendido que los asuntos cuya demanda
haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente reforma, se tramitarán con las reglas anteriores a la
misma.”
3.1
El martes 30 de diciembre del 2008, en el Diario Oficial de la
Federación, se reformó y adicionó de nuevo el Código de
Comercio, y el mismo artículo 1054, quedó redactado en
los siguientes términos:
“Artículo 1054. En caso de no existir convenido de las
partes sobre el procedimiento ante tribunales en los
términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes
mercantiles establezcan un procedimiento especial o una
supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán
por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se
aplicará supletoriamente el Código Federal de
Procedimientos Civiles y en caso de que no regule
suficientemente la institución cuya supletoriedad se
requiera, la ley de procedimientos local respectiva.”
Esta reforma, según el artículo transitorio segundo, no será
aplicable a los asuntos cuya demanda haya sido dictada
con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma al
Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de abril del 2008.
3.2
El artículo 1063 del Código de Comercio se reformó el 17 de
abril del 2008, el que quedó redactado en los términos
siguientes:
“Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán
de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme
este Código, las leyes especiales en materia de
comercio y en su defecto por el Código Federal de
Procedimientos Civiles y en último término por el
Código de Procedimientos Civiles local.”
Este artículo complementa al 1054 del mismo Código de
Comercio, en la forma que está redactado desde el 30 de
diciembre del 2008.
El artículo 2º. del Código de Comercio se modificó en la
reforma del 24 de mayo de 1996, para establecer: “A falta de
disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes
mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del
derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en
materia federal”.
3.3
EJEMPLOS DE SUPLETORIEDAD DE LOS CÓDIGOS
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LOCAL DE
CADA ENTIDAD.
La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la
ley, o para interpretar sus disposiciones, en forma que se
integre con los principios generales contenidos en otras
leyes.
La razón por la cual se aplicaba en el Código de Comercio,
supletoriamente, el Código local, es que, como se ha
indicado, el Código de Comercio es muy viejo y cuando
empezó su vigencia no había, no existía un Código Federal
de Procedimientos Civiles completo, el actual Código
Federal de Procedimientos Civiles es de 24 de febrero de
1944.
La omisión en el Código de Comercio puede ser total o parcial,
es total si se producía cuando determinada situación jurídica
no se encuentra contemplada en la ley suplida y tiene que
acudirse a la suplente.
4
1.- LA AMPLIACIÓN DE EMBARGO.
Por ejemplo, en el Código de Comercio se encuentra
regulado el caso de embargo de bienes en el juicio
ejecutivo mercantil, según los artículos 1393, 1394,
1395 y 1396 del Código de Comercio, la última
disposición es del tenor literal siguiente:
“ART. 1396.Hecho el embargo, acto continuo se
notificará al deudor, o a la persona con quien se haya
practicado la diligencia para que dentro del término de
cinco días comparezca el deudor ante el juzgado a
hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas,
o a oponer las excepciones que tuviere para ello.”
5
Pero el Código de comercio no reglamenta la ampliación de
embargo, siendo pertinente entonces acudir a la
supletoriedad del Código Federal de Procedimientos
Civiles, que en sus artículos 441 y 442 de dicho código
disponen que:
“Artículo 441. Cuando, practicado el remate de los bienes
consignados como garantía, no alcanzare su producto
para cubrir la reclamación, el acreedor podrá pedir el
embargo de otros bienes.”
“Artículo 442. Puede decretarse la ampliación de embargo:
I. En cualquier caso en que, a juicio del tribunal, no basten los bienes
embargados para cubrir la deuda y las costas, y cuando, a
consecuencia de las retasas que sufrieren, su avalúo dejare de
cubrir el importe de la reclamación; o cuando, siendo muebles,
pasaren seis meses sin haber logrado la venta;
II. Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el
deudor, y después aparecen, o los adquiere, y
III. En los casos de tercerías excluyentes.”
5.1
Como todos sabemos, la ampliación de embargo se da a
instancia del acreedor cuando surgen cualquiera de las
hipótesis que establece el artículo 442 del Código
Federal de Procedimientos Civiles.
Es por ello que cuando se acreditan cualquiera de los tres
últimos supuestos del artículo citado, el juez a petición
del acreedor decreta en secreto sin vista del deudor la
ampliación de embargo solicitada, en virtud de no hacer
nugatoria la diligencia de ampliación de embargo.
Tiene aplicación la siguiente tesis que dice:
EMBARGO, AMPLIACION DEL. REQUISITOS. La
ampliación del embargo se resuelve de plano, con el
solo escrito del ejecutante y sin intervención de la parte
contraria, toda vez que dicha ampliación participa de las
características del embargo inicial, apoyándose en el
propio auto de exequendo, máxime que tanto el
embargo como su aplicación se emiten bajo la estricta
responsabilidad del Juez de los autos.
5.2
2.- AUTO EN EL QUE SE APRUEBA O NO EL REMATE.
Otro caso de supletoriedad es aquel que surge cuando en
ejecución de sentencia se dicta un auto que aprueba o no el
remate, el cual es apelable en ambos efectos, por ser un auto
definitivo dictado en ejecución de sentencia. El remate debe
llevarse a cabo conforme al procedimiento que establece el
Código Federal de Procedimientos Civiles, empero este Código
no establece ninguna disposición que indique que el auto que
apruebe o no el remate sea apelable, luego entonces el Código
Federal de Procedimientos Civiles no regula la apelación cuya
suplencia se requiere, para tener fundamento para ello,
algunas legislaciones de las entidades federativas lo tienen
establecido y otras no, el Distrito Federal y Chiapas en los
artículos 588 in fine y 558 in fine, lo tienen establecido:
“Artículo 588. ...Las resoluciones que apruebe o desapruebe…”
“Artículo 558. ... La resolución que apruebe o desapruebe el
remate será apelable en ambos efectos.”
6
El Código de Baja California no tiene disposición expresa que
regule el recurso de apelación contra el auto que aprueba o
no el remate, por lo que debemos estarnos a lo que
establece la jurisprudencia de la Suprema Corte en las Tesis
siguientes:
ADJUDICACION Y REMATE, APELACION DE LOS AUTOS DE. El Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal, no reprodujo la disposición
contenida en el artículo 835 del ordenamiento anterior que establecía expresamente
que el auto que aprobara o no el remate, era apelable en ambos efectos; sin
embargo, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia estima que las partes tienen
derecho para apelar del auto que aprueba o no el remate, así como la adjudicación a
favor del acreedor, ya que según lo ha resuelto en diversas ejecutorias, el remate y la
adjudicación tienen los mismos efectos jurídicos, y de admitirse que tal auto debe
estimarse comprendido dentro de la prescripción del artículo 527 del código citado en
vigor, se llegaría al absurdo de considerar que el mismo no tiene más recursos que el
de responsabilidad, el cual, por su naturaleza, no puede alterar la resolución recaída
en el pleito.
REMATES. Las violaciones cometidas en el curso de los procedimientos para llevar a
cabo el remate de bienes embargados, no deben juzgarse sino hasta que el remate
se apruebe en definitiva; pues de otra suerte, sería imposible llegar hasta la venta de
los bienes, demorándose indefinidamente la ejecución de las sentencias con notorio
perjuicio de la administración de justicia; el remate mismo, no tiene eficacia jurídica,
sino hasta que se apruebe por resolución que cause estado, pudiéndose en último
término, apelar el auto que apruebe o desapruebe el remate; por todo lo cual, el
amparo es improcedente contra los procedimientos que preceden al remate.
6.1
3.- ACUERDOS O RESOLUCIONES QUE DEBEN NOTIFICARSE
PERSONALMENTE.
Una omisión parcial es cuando existiendo disposición expresa en la ley
suplida, ésta es incompleta, por ejemplo, el artículo 1068 fracción I,
establece que las notificaciones serán personales o por cédula,
pero en ninguna parte de dicho dispositivo establece qué tipo
de acuerdos serán notificados de manera personal, y para ello
hay que acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles, en
cuyo artículo 309 establece qué tipo de notificaciones deberán ser
personales:
“Artículo 309. Las notificaciones serán personales:
I.
Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate
de la primera notificación en el negocio;
II. Cuando dejare de actuarse durante más de seis meses, por
cualquier motivo; en este caso, si se ignora el domicilio de una
parte, se le hará la notificación por edictos;
III. Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente, o que, por
alguna circunstancia deben ser personales, y así lo ordene
expresamente, y
IV. En todo caso, al Procurador de la República y agentes del Ministerio
Público Federal, y cuando la ley expresamente lo disponga.”
7
Los Códigos locales establecen cuando serán notificadas las partes
personalmente.
“Artículo 113. Será notificado personalmente en el domicilio de los
litigantes:
I.
El emplazamiento del demandado, y siempre que se trate
de la primera notificación en el juicio aunque sean
diligencias preparatorias;
II.
El auto que ordena la absolución de posiciones o
reconocimiento de documentos.
III.
La primera resolución que se dicte cuando se dejare de
actuar por más de cuatro meses, por inactividad procesal
de las partes;
IV.
Cuando se estime que se trate de un caso urgente y así se
ordene;
V.
El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;
VI.
La sentencia que condene al arrendatario de casa habitación
a desocuparla; y
VII. En los demás casos que la ley lo disponga.”
Es necesaria la notificación personal en la prueba confesional.
7.1
4.- DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y DE LA DEMANDA.
Para el desistimiento de la acción y de la demanda en los juicios
mercantiles, es necesario considerar el artículo 373 fracción II
del Código Federal de Procedimientos Civiles que dice:
“Artículo 373…. I … II Por desistimiento de la prosecución del juicio,
aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación,
cuando el desistimiento se verifica antes de que se corra traslado de
la demanda;”
Este artículo no contempla el desistimiento de la acción expresamente,
por lo que hay que acudir a la supletoriedad.
El artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles Local de Baja
California, dice: a) En cuanto a la instancia: fracción I.- Por que el
actor se desista de la demanda.
b) En cuanto al juicio: fracción IV.- Por que el actor se desista de la
acción, aun sin consentimiento del demandado.
Como se advierte el Código Procesal de Baja California como otros
códigos locales, se refieren al desistimiento de la demanda y al
desistimiento de la acción al referir el artículo 34 del Código de
Procedimientos Civiles que EL PROCEDIMIENTO SE EXTINGUE
SIN SENTENCIA.
8
Al caso de desistimiento de la instancia es aplicable la Tesis de
Jurisprudencia por contradicción siguiente:
DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO. NO DEBE
TENERSE COMO CONSENTIDO TÁCITAMENTE CUANDO EL DEMANDADO OMITE
REALIZAR MANIFESTACIÓN ALGUNA AL RESPECTO, DENTRO DEL PLAZO QUE EL
JUZGADOR LE OTORGA PARA DESAHOGAR LA VISTA (CÓDIGOS DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y PARA EL DISTRITO
FEDERAL). Si se toma en consideración, que conforme al criterio sostenido por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 36/97, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de
1997, página 147, para poder identificar al silencio que se guarda en relación con hechos que
perjudican como un acto jurídico-procesal omisivo, se requiere que una norma lo establezca
como tal y determine sus consecuencias para el orden jurídico, es decir, resulta necesario que
sea la ley la que asigne la interpretación que debe darse a la omisión y fije las consecuencias
por la inactividad del interesado; así como, que de lo dispuesto en los artículos 261 y 34 de los
Códigos de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y para el Distrito Federal,
respectivamente, no se desprende consecuencia jurídica alguna para la inactividad del
demandado respecto al desahogo de la vista con el escrito de desistimiento de la demanda por
parte del actor después de realizado el emplazamiento, debe precisarse que el consentimiento
que estos numerales establecen como requisito para que el actor desista de la demanda
después de hecho el emplazamiento, no puede tenerse como tácito cuando el demandado
guarda silencio dentro del plazo que el juzgador le otorga para desahogar la vista indicada, ya
que no se le puede calificar como un acto jurídico omisivo con consecuencias para el orden
jurídico, pues no se encuentra así establecido en la ley. No es óbice para estimar lo anterior la
figura jurídica de la preclusión, pues si el demandado no desahoga, dentro del plazo otorgado,
la vista con el escrito de desistimiento, lo que pierde es el derecho consistente en tal desahogo,
sin que a tal omisión pueda dársele el alcance de una manifestación de voluntad en
determinado sentido.
8.1
5.- MEDIOS DE APREMIO
Este es un ejemplo claro de supletoriedad parcial en que la
institución no estaba regulada lo suficientemente,
por lo que debía de considerarse el artículo 59 del
Código Federal de Procedimientos Civiles antes de
ser reformado y también el artículo 73 del Código de
Procedimientos Local, que en su orden dicen:
“Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus
determinaciones, pueden emplear, a discreción, los
siguientes medios de apremio:
I.
Multa hasta de mil pesos, y
II.
El auxilio de la fuerza pública.
Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el
rebelde por el delito de desobediencia.”
9
“El Artículo 73 de Baja California dice: Los jueces, para
hacer cumplir sus determinaciones, y sin sujetarse a
un orden preestablecido, pueden emplear cualquiera
de los siguientes medios de apremio que juzguen
eficaz:
I.
La multa hasta por la cantidad equivalente a cincuenta veces
el salario mínimo general diario vigente para el Estado de
Baja California, que podrá duplicarse en caso de
reincidencia.
II. El auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si
fuere necesario;
III. El cateo por orden escrita, y
IV. El arresto hasta por treinta y seis horas.
Si el caso exige mayor sanción, se dará parte a la
autoridad competente.”
9.1
6.- MULTA CONTRARIA AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, POR NO
TENER MÌNIMO.
(Esta fracción primera del artículo 73 de Baja California puede ser
inconstitucional, por no tener un mínimo, el mínimo sería un día o tres
días? )
Existe jurisprudencia para cuando no se fija un mínimo, esta fracción es
contraria a lo preceptuado por el artículo 22 constitucional, al respecto
tienen aplicación las tesis de jurisprudencia siguientes:
MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo
"excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa
excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los
siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a
las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b)
Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa
puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo
tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe
establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga
posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta
la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la
reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o
cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho
infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda
10
Con su adecuación pertinente en ejemplificativa, la siguiente:
MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN I, INCISO C), DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, AL NO FIJAR LOS MÁRGENES MÍNIMO Y MÁXIMO EN SU
DETERMINACIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000). Al establecer el
citado precepto legal que las multas se aumentarán en una cantidad igual al 50% del
importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas, cuando se
incurra en la agravante a que se refiere el artículo 75, fracción III, del mencionado
código, viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
pues omite proporcionar la base que permita a la autoridad hacendaria determinar el
monto individualizado de la multa que debe aplicarse al infractor, en atención a la
gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor o cualquier otro
elemento del cual pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho sancionado. Esto
es, el indicado artículo 77, fracción I, inciso c), prevé una multa excesiva, pues al no
comprender un margen mínimo y uno máximo, la sanción económica respectiva no
podrá determinarse por la autoridad en relación con la gravedad de la infracción, o por
virtud de la concurrencia, en cada caso, de circunstancias atenuantes tales como el
cumplimiento de las obligaciones fiscales en forma espontánea fuera de los plazos
señalados en la ley, o que se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o
caso fortuito, o agravantes como la omisión en el entero de las contribuciones que se
hayan retenido o recaudado de los contribuyentes, que influyan en la disminución o
elevación de la multa, de manera que al no existir la fijación de dichos márgenes en la
determinación de las multas a imponer, la autoridad no se encuentra en posibilidad real
y jurídica de apreciar la conducta (infractor primario o reincidente), la gravedad de la
infracción y la capacidad económica del infractor, para determinar de manera fundada y
motivada la sanción individualizada.
10.1
EL Código Federal sólo contiene Multa y Auxilio de la Fuerza
Pública, y el Código Procesal Local de esta entidad establece
el Cateo por orden escrita y el Arresto hasta por 36 horas.
NOTA: Este caso de supletoriedad, ha quedado superado con la
reforma al artículo 1067 Bis del Código de Comercio, por
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27
de enero del 2011, habiendo quedado redactado dicho
artículo en los términos siguientes:
“Artículo 1067 Bis.- Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede
emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime
pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al
orden que a continuación se señala:
I. Amonestación;
II. Multa hasta de seis mil pesos, monto que se actualizará en términos
del artículo 1253, fracción VI;
III.El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere
necesaria, y
IV.Arresto hasta por treinta y seis horas;
Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al
Ministerio Público
10.2
7.- EL DEPOSTIARIO DEL BIEN EMBARGADO.
Ahora bien, respecto al depositario que se designe del
bien embargado, no se debe aplicar el artículo 463 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual exige
que tenga bienes suficientes o en su defecto que
otorgue fianza el depositario, por lo que debe haber
congruencia con lo que se establece en el artículo 1392
del Código de Comercio, que en su orden dicen:
“Artículo 463 del Código Federal de Procedimientos. El
depositario que no sea el ejecutado mismo, deberá tener
bienes raíces bastantes, a juicio del tribunal, para
responder del secuestro, o, en su defecto, deberá
otorgar fianza en autos, por la cantidad que se le fije. La
comprobación de poseer bienes raíces el depositario, o el
otorgamiento de la fianza, se hará antes de ponerlo en
posesión de su encargo.”
11
“Artículo 1392 del Código de Comercio. Presentada por el actor
su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto,
con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea
requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes
suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos
bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona
nombrada por éste.”
Los artículos 529 y 546 del Código de Procedimientos Civiles Local
de Baja California, señalan:
“Artículo 529. De todo secuestro se tendrá como depositario a la
persona que nombre el acreedor, bajo su responsabilidad,
mediante formal inventario.
Se exceptúa de lo dispuesto en este precepto:
I.- El embargo de dinero o de créditos fácilmente realizables, que se
efectúa en virtud de sentencia, porque entonces se hace entrega
inmediata al actor en pago; en cualquier otro caso, el depósito se
hará en el Banco de México o en casa comercial de crédito
reconocido en los lugares en que no esté establecido aquél; el
billete de depósito se conservará en el seguro del juzgado;
11.1
II.- El secuestro de bienes que han sido objeto de embargo
judicial anterior, en cuyo caso el depositario anterior en
tiempo lo será respecto de todos los embargos
subsecuentes, mientras subsista el primero, a no ser que el
reembargo sea por virtud de cédula hipotecaria, derecho de
prenda u otro privilegio real, porque entonces éste
prevalecerá si el crédito de que procede es de fecha anterior
al primer secuestro;
III.- El secuestro de alhajas y demás muebles preciosos que se
hará depositándolos en la institución autorizada al efecto por
la ley en casa de comercio de crédito reconocido.”
“Artículo 546. El depositario y el actor, cuando éste lo hubiere
nombrado, son responsables solidariamente de los bienes.”
11.2
8.- PARA LA REGULACIÓN DE COSTAS.
Debemos considerar supletorio al Código de Comercio el
artículo 143 del Código de Procedimientos Civiles Local
del Estado de Chiapas, textualmente dice:
“Artículo 143. Por ningún motivo, sea cuales fueren los
trabajos ejecutados y gastos expensados en un negocio,
podrán exceder las costas del veinte por ciento sobre el
interés del mismo. Los jueces deberán de oficio reducir la
cantidad que importe la regulación, ajustándola a dicho
veinte por ciento. Si el valor total del negocio no consistiere
en cantidad líquida o que pueda liquidarse, se hará la
valuación correspondiente por medio de peritos.”
Lo anterior, en virtud de que el legislador chiapaneco
deroga el arancel existente, que si bien databa de 1946,
aún tenía actualidad para cuantificar las costas.
12
CUANTÍA DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS
INTERESES DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS
HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (DISTRITO FEDERAL). La
entonces Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,
estableció el criterio jurisprudencial contenido en la contradicción de
tesis 8/88 con el rubro: "CUANTÍA DEL NEGOCIO. INCLUYE LA
SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES DEMANDADOS PARA EL
EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." el cual resulta aplicable
a la legislación del Distrito Federal, en virtud de que los artículos 229 y
230 de la derogada Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del
Fuero Común en el Distrito Federal así como el artículo 128 de la
vigente Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal establecen, para efectos de regular las costas que, para
determinar los honorarios de los abogados debe atenderse al monto del
negocio, concepto en el que se incluye tanto la suerte principal como
los intereses reclamados en la demanda, en virtud de que el
profesionista litiga, presta sus servicios y adquiere responsabilidad
sobre la totalidad de las prestaciones que se discuten en el juicio.
Cuando el trámite de un juicio se lleva a cabo ante los juzgados
federales, las costas se cuantifican de acuerdo con el arancel que
establece en el Código Procesal Civil del Distrito Federal.
12.1
Al respecto existen tesis de jurisprudencia a saber:
COSTAS DE NATURALEZA MERCANTIL. PARA CUANTIFICARLAS,
EN ASUNTOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, ES APLICABLE LA
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL. Los asuntos mercantiles que se tramitan en
los Juzgados de Distrito conforme a lo dispuesto en el artículo 104,
fracción I, de la Constitución Federal, cuando no exista convenio, se
regulan por las disposiciones del Código de Comercio, tanto en su
parte sustantiva como en la adjetiva, en cuyos artículos 1081 a 1088
se encuentra establecido el sistema para imponer la condena por
concepto de costas, sin que alguno de tales preceptos prevea el
arancel o las bases con las que habrá de cuantificarse, ni existe una
legislación del orden federal que los fije; por tanto, al resultar
aplicable de forma supletoria el Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, por así disponerlo el artículo 1054 de la
legislación mercantil en consulta, también cobra vigencia la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en
cuyos artículos 128 y 129 se encuentran contempladas las bases
para obtener la cantidad líquida por concepto de costas procesales.
12.2
COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU CUANTIFICACIÓN
DEBEN APLICARSE SUPLETORIAMENTE LOS MECANISMOS
QUE REGULA LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA Y, EN SU
DEFECTO,
EL
JUZGADOR
DEBERÁ
RESOLVER
DISCRECIONALMENTE. De conformidad con el artículo 1054 del
Código de Comercio, para determinar el monto de las costas en los
juicios mercantiles, se debe acudir de manera supletoria a la
legislación local respectiva que regule mecanismos legales para tal
cuantificación, en el entendido de que sólo a falta de tales
mecanismos, particularmente en la legislación local, el Juez o
tribunal deberán fallar discrecionalmente, tomando en cuenta, entre
otros aspectos: el acuerdo adoptado entre quien presta el servicio y
el cliente, el juicio de peritos, la costumbre, el lugar, la importancia
de los trabajos prestados, la del asunto, la capacidad pecuniaria de
la persona que reciba el servicio, la reputación de quien lo haya
prestado, así como la utilidad y relación directa entre los gastos y
costas del litigio, con base en la información proveniente de las
constancias de autos, elementos todos que se advierten del propio
marco legislativo civil local. Lo anterior se corrobora si se atiende al
contenido del artículo 1089 del aludido código, en el cual se advierte
que la intención del legislador es, por regla general, que las costas
se regulen con base en aranceles, y sólo en su defecto se recurra a
mecanismos de valoración diferentes.
12.3
9.- EN LOS EDICTOS.
El artículo 474 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, dice:
“Artículo 474. Valuados los bienes, se anunciará su venta por
dos veces, de cinco en cinco días, publicándose edictos en el
“Diario Oficial” de la Federación y en la tabla de avisos o
puerta del tribunal, en los términos señalados. Si los bienes
estuvieren ubicados en diversas Jurisdicciones, en todas ellas
se publicarán los edictos, en la puerta del juzgado de Distrito
correspondiente.”
La disposición anterior no es congruente con los artículos 1411 y
1068, párrafo segundo, fracción IV del Código de Comercio
que dicen:
“Artículo 1411. Presentado el avalúo y notificadas las partes
para que concurran al juzgado a imponerse de aquél, se
anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres
veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de
nueve si fuesen raíces, rematándose en seguida en pública
almoneda y al mejor postor conforme a derecho.”
13
Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán:
IV. Por edictos que se hagan ostensiblemente en los sitios
públicos de costumbre o que se manden publicar en los
periódicos que al efecto se precisen por el tribunal.
O sea, que el Código Federal de Procedimientos Civiles
señala que, los edictos se deben publicar en el Diario
Oficial de la Federación; diario que no es leído por
todos, lo que es necesario para convocar postores que
acudan al remate de bienes para pagar al acreedor, por
lo que no se da publicidad a la subasta, además es muy
costosa la publicación de edictos, en el Diario Oficial
de la Federación.
El Código de Comercio establece que debe anunciarse la
venta en periódicos de mayor circulación, lo cual así lo
establece el artículo 556 del Código de Procedimientos
Civiles de Baja California, el cual debía suplirlo, éste
dice:
13.1
“Artículo 556. Hecho el avalúo se sacarán los bienes a pública
subasta, anunciándose por dos veces, de siete en siete días,
fijándose edictos en los sitios públicos de costumbre, y, si
el valor de la cosa pasare de cinco mil pesos, se
insertarán aquellos en un periódico de información. A
petición de cualquiera de las partes y a su costa, el Juez
puede usar, además de los dichos, algún otro medio de
publicidad para convocar postores.”
Lo anterior ha quedado superado con la reforma publicada
en el Diario Oficial el 19 de octubre de 2011, al artículo
1411 del Código de Comercio, el cual establece que las
publicaciones de los edictos se hacen en periódicos de
circulación amplia de la entidad en que se lleve a cabo el
remate, dicho artículo es del tenor siguiente:
“Artículo 1411.- Presentado el avalúo y notificadas las partes
para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se
anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres
veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de
nueve si fuesen raíces, en un periódico de circulación
amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio,
rematándose enseguida en pública almoneda y al mejor postor
conforme a derecho.”
13.2
Ejemplos en los cuales las leyes mercantiles especiales
establecen su propio régimen en materia de supletoriedad:
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo
2º. Establece: “Los actos y las operaciones a que se refiere el
artículo anterior, se rigen: I. Por lo dispuesto en esta ley, y en
las demás leyes especiales relativas; en su defecto; II. Por la
Legislación Mercantil general; en su defecto; III. Por los usos
bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos, y IV. Por el
Derecho Común, declarándose aplicable en toda la República,
para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal”.
Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 6º. señala: “En lo
no previsto por la presente Ley y por la Ley Orgánica del Banco
de México, a las instituciones de banca múltiple se les
aplicarán en el orden siguiente: I. La legislación mercantil; II.
Los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y III. El Código
Civil para el Distrito Federal (con fecha 9 de junio de 1992, se
añadió); IV. El Código Fiscal de la Federación, para efectos de
las notificaciones y los recursos a que se refieren los artículos
25 y 110 de esta Ley. Las instituciones de banca de desarrollo,
se regirán por su respectiva ley orgánica y, en su defecto, por
lo dispuesto en este artículo”
13.3
Ley de Concursos Mercantiles, en su artículo 8º. establece por su
parte:”Son de aplicación supletoria a este ordenamiento, en el
orden siguiente: I. El Código de Comercio; II. La legislación
mercantil; III. Los usos mercantiles especiales y generales; IV. El
Código Federal de Procedimientos Civiles, y V. El Código Civil en
materia Federal”.
La ley del Mercado de Valores señala en su artículo 7º., que le son
aplicables supletoriamente; las leyes mercantiles, los usos
bursátiles y mercantiles, y los Códigos Civil para el Distrito
Federal y Federal de Procedimientos Civiles, en el orden citado.
La Ley Federal de Instituciones de Fianzas señala en su artículo
113 que en lo no previsto por la ley, se aplicará la legislación
mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil para el
Distrito Federal en materia común y para toda a República en
materia federal, y en su parte relativa en materia adjetiva, en
relación la supletoriedad, el artículo 94 señala: “Los juicios contra
las instituciones de fianzas se substanciarán conforme a las
siguientes reglas: VI. El Código de comercio y el Código Federal
de Procedimientos Civiles, en ese orden, son supletorios de las
reglas procesales contenidas en este artículo y son aplicables al
juicio todas las instituciones procesales que establecen dichos
ordenamientos”.
13.4
• Respecto de la Ley de Sociedades de Inversión, el artículo
2º., establece que la Ley del Mercado de Valores, la
legislación mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y los
Códigos Civil para el Distrito Federal y Federal de
Procedimientos Civiles serán supletorios, en el orden citado,
de la Ley.
• Finalmente, la Ley de Navegación establece en su artículo
5º: “A falta de disposición expresa en esta ley y sus
reglamentos, y en los tratados internacionales vigentes,
ratificados por el Gobierno Mexicano, se aplicarán
supletoriamente: I. Las leyes General de Bienes Nacionales,
Federal del Mar y de Puertos; II. Código de Comercio; III.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; IV. Código
Civil para el Distrito Federal, en materia Común, y para toda
la República en Materia Federal y Federal de
Procedimientos Civiles, y, los usos y las costumbres
marítimas internacionales”.
13.5
REFORMAS Y ADICIONES IMPORTANTES QUE SE
HICIERON AL CÓDIGO DE COMERCIO, POR DECRETO DE
29 DE ABRIL DE 1996, DESTACANDO LAS SIGUIENTES
INSTITUCIONES:
1.- Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar.
Las actuaciones judiciales, señala el Código de Comercio, deberán
escribirse en español, fácilmente legibles a simple vista, y
deben estar firmadas por los que intervengan en ellas.
Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar,
impondrá su huella digital, firmando otra persona a su
nombre y ruego, indicando estas circunstancias.
Al respecto, así lo establece el artículo 1055 fracción I del Código de
Comercio, que dice:
“Artículo 1055…. I Todos los ocursos de las partes y actuaciones
judiciales deberán escribirse en idioma español; fácilmente
legibles a simple vista, y deberán estar firmados por los que
intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o
no pudiere firmar, impondrá su huella digital, firmando otra
persona en su nombre y a su ruego, indicando éstas
circunstancias;”
14
2.- En el artículo 1060 se instituye por primera vez
en el Código de Comercio, la figura del
litisconsorcio, a saber:
“Artículo 1060. Existirá litisconsorcio, sea activo o sea
pasivo, siempre que dos o más personas ejerciten
una misma acción u opongan la misma excepción,
para lo cual deberán litigar unidas y bajo una misma
representación.”
15
3.- También en el Código de Comercio, en el tercer párrafo del artículo
1069, concede facultades, para promover, al oidor de notificaciones,
al establecer:
“…. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre,
a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán
facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e
intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias,
pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de
caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que
resulte ser necesario para la defensa de los derechos del
autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en
un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte
de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente
autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en
Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes
en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la
cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la
abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el
entendido que el autorizado que no cumpla con la anterior, perderá
la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que
lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el
penúltimo párrafo de este artículo.”
16
AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. REQUIERE
MANDATO EXPRESO PARA ABSOLVER O ARTICULAR
POSICIONES EN NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. La expresión
"ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas" contenida en el tercer
párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio se refiere al acto de
allegar a la causa los instrumentos con los que la parte de que se trate
acredite o pretenda acreditar las aseveraciones vertidas en su demanda
o en su contestación, así como realizar todo tipo de actos procesales
necesarios para su preparación, mas no a la facultad para absolver o
articular posiciones, ya que por disposición expresa de los artículos
1214, segundo párrafo, 1215 y 1217 del citado Código, para ello se
requiere un mandato especial. En efecto, la prueba confesional se rige
por la naturaleza que le otorga la mencionada codificación mercantil, de
ahí que para su desahogo no debe considerarse que la autorización
para oír notificaciones prevista en el referido numeral 1069 sea para
articular o absolver posiciones, es decir, para que alguien pueda
generar o producir una confesión, requiere que su autorizante haya
insertado expresamente en el poder respectivo la delegación específica
de tal facultad, o bien una cláusula especial en la que lo autorice para
esos efectos, con base en la interpretación sistemática de los artículos
señalados, en relación con los numerales 2554, 2555 y 2587 del Código
Civil Federal, de aplicación supletoria en la materia.
16.1
4.- De la caducidad de la instancia.
En el artículo 1076 del Código de Comercio, se establece
la caducidad de la instancia, esta figura jurídica no existía
en este Código y en materia mercantil no había la
caducidad, ahora así lo precisa el artículo 1076 citado, en
los incisos a) y b),
“…. a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir
del día siguiente a aquel en que surtió efectos la
notificación de la última resolución judicial dictada, y
b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes,
dando impulso al procedimiento para su trámite,
solicitando la continuación para la conclusión del mismo.”
17
5.- La ejecución de una sentencia en los juicios
mercantiles es de tres años y no de diez.
El artículo 1079 fracción IV, estableció el derecho para
solicitar la ejecución de una sentencia derivada de un
juicio ejecutivo mercantil, de que prescribe en tres
años. Esta fracción establece:
“ART. 1079.- Cuando la ley no señale término para la práctica
de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho,
se tendrán por señalados los siguientes:
I. ….
II. ….
III. ….
IV. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos y
demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de
los convenios judiciales celebrados en ellos;”
18
Al respecto es aplicable la jurisprudencia por contradicción
que señala:
EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DE UN JUICIO
EJECUTIVO MERCANTIL. EL DERECHO PARA SOLICITARLA
PRESCRIBE EN EL TÉRMINO DE TRES AÑOS. El derecho para
solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido
en ésta es de naturaleza sustantiva, por lo cual se extingue
mediante la figura de la prescripción. Así, el derecho a solicitar la
ejecución de una sentencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil
prescribe en el término de tres años, conforme al artículo 1079,
fracción IV, del Código de Comercio, que prevé una norma
específica para tal supuesto frente al término genérico de diez años
contenido en el artículo 1047 del mismo Código, el cual debe
aplicarse en los casos en que no se señalen plazos más cortos para
la prescripción.
Deberá de entenderse que los tres años corren, si se deja
de actuar sin impulsar con promociones el
procedimiento de ejecución.
18.1
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.
Las resoluciones judiciales, son:
1.- Decretos. 2.- Autos. 3.- Sentencias Interlocutorias y,
4.- Sentencias Definitivas.
El artículo 1077, determina:
“Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos
provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias
interlocutorias deben se claras, precisas y congruentes con las
promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas
hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las
peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple
instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y
resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las
sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y
congruentes con las demandas y las contestaciones y con las
demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito,
condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los
puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos
hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente
a cada uno de ellos.
18.2
Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar
como proceda conforme a la ley, dentro de los ocho días
siguientes a aquel en que se hubiere citado para dictarse. Las
sentencias definitivas deben dictarse y mandarse notificar como
proceda en derecho, dentro de los quince días siguientes a aquel
en que se hubiera hecho citación para sentencia. Sólo cuando
hubiere necesidad de que el tribunal examine documentos
voluminosos, al resolver en sentencia definitiva, podrá disfrutar
de un término ampliado de ocho días más para los dos fines
ordenados anteriormente.
Los decretos y los autos deben dictarse y mandarse notificar
como proceda, dentro de los tres días siguientes al último
trámite, o de la presentación de la promoción
correspondiente.
Los decretos, los autos y las sentencias serán necesariamente
pronunciados y mandados notificar en los plazos de ley.”
La disposición mercantil establece los mismos requisitos a los que
se refiere el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles de
Baja California.
18.3
La disposición procesal local, precisa:
“Artículo 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y
congruentes con las demandas y las contestaciones y con
las demás pretensiones deducidas oportunamente en el
pleito, condenando o absolviendo al demandado, y
decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido
objeto del debate. Cuando éstos hubiesen sido varios, se
hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de
ellos.”
LOS RECURSOS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y LAS
REFORMAS DE 17 DE ABRIL DEL 2008. El Código de
Comercio establece los recursos siguientes:
1.- Aclaración de sentencia.
2.- Revocación y reposición.
3.- Apelación.
18.4
ACLARACIÓN DE SENTENCIAS
ART. 1331. El recurso de aclaración de sentencia sólo
procede respecto de las definitivas.
El término para interponerlo es de tres días, contados a partir
de que surta sus efectos la notificación, según los artículos
1075 párrafos primero y segundo, y 1079, fracción VI del
Código de Comercio.
ART. 1332. El juez, al aclarar las cláusulas o palabras
contradictorias, ambiguas u oscuras de la sentencia, no
puede variar la sustancia de ésta.
ART. 1333. La interposición del recurso de aclaración de
sentencia, interrumpe el término señalado para la
apelación.
19
REVOCACIÓN
El sistema de recursos en materia mercantil también contempla el
caso de que el conocimiento del medio de impugnación se lleve a
cabo por la propia autoridad judicial que emitió la resolución que
se tilda de ilegal, en la revocación (primera instancia) o bien en la
reposición (segunda instancia).
Podemos señalar genéricamente que la revocación es admisible en
contra de resoluciones judiciales respecto de las cuales no
proceda el recurso de apelación, y así, establece el Código de
Comercio que los autos y los decretos que no fueren apelables,
podrán ser revocados por el juez que los hubiese dictado.
Tanto la revocación en primera instancia, como la reposición en
segunda deberán promoverse dentro de los tres días siguientes a
que haya surtido efectos la notificación del proveído que se
impugne, expresando los agravios que cause la resolución
recurrida, dando vista a la contraria por idéntico término,
debiendo el tribunal resolver y mandar notificar su determinación
dentro de los tres días siguientes, y que en contra de dicha
resolución no procederá recurso alguno, como se dijo, al
interponer el recurso deben expresarse los agravios que cause la
resolución recurrida.
20
ART. 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos
pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo
substituya en el conocimiento del negocio.
El artículo 1341 dice: “Las sentencias interlocutorias son apelables, si
lo fueren las definitivas, conforme al artículo anterior. Con la misma
condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no
pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo
dispone.”
El artículo 1339 reformado del Código de Comercio establece: “Sólo
son recurribles las resoluciones que se dicten durante el
procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios
cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de
suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración
intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de
interposición del recurso, debiendo actualizarse dicha cantidad
en forma anual, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al
Consumidor que publique el Banco de México, el primero de enero
de cada año, y a falta de éste será aplicable el que lo sustituya.
20.1
Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior,
lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos,
salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en
el devolutivo.
Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que
decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la
sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de
acuerdo a lo dispuesto en el primero párrafo de este artículo. ….
”
De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de
aquellos que dictados en primera instancia serían apelables,
puede pedirse la reposición.
ART. 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la
reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días
siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído
a impugnar; dando vista a la contraria por un término igual y el
tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro
de los tres días siguientes.
De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación
o la reposición no habrá ningún recurso.
20.2
Es preciso que el recurso de revocación y de reposición se
agote para que proceda el juicio de amparo, regularmente
el indirecto, el cual se presenta la demanda ante el juez de
distrito, o sea, que debe agotarse el principio de
definitividad, dado que la resolución que resuelve el recurso
de revocación, no admite ningún recurso ordinario.
Y contra las sentencias definitivas que dicten los jueces en
controversias mercantiles que no sean recurribles mediante
el recurso de apelación, procede el juicio de amparo directo
contra esa resolución, en este caso la demanda se
presenta ante la autoridad responsable (juez civil
responsable).
20.3
Y el artículo 1339 reformado del referido Código de
Comercio, precisa:
“Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las
sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil
pesos por concepto de suerte principal, actualmente es un poco más de
doscientos treinta mil pesos, sin que sean de tomarse en consideración
intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de interposición del
recurso, debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anual, de acuerdo al
Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, el
primero de enero de cada año, y a falta de éste será aplicable el que lo
sustituya.”
“Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la
apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente
determine que lo sean sólo en el devolutivo.”
“Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un
incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser
susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de
este artículo.”
“El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones que se dicten
en el trámite del procedimiento se admitirán en el efecto preventivo, sin que sea
necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta la apelación
preventiva, se mandará tenerla presente cuando se apele la sentencia definitiva
y se reitere ante el superior lo pedido en su oportunidad.”
20.4
Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles
cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o
de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a
doscientos mil pesos por concepto de suerte principal,
debiendo actualizarse en forma anual, de acuerdo con el
factor de actualización que se obtenga de dividir el Índice
Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre
del año que se calcula, entre el Índice Nacional de Precios al
Consumidor de noviembre del año inmediato anterior que
determine el Banco de México y, a falta de éste será
aplicable el que lo sustituya.
Téngase presente, siempre presente, sin olvidarse que al
interponer el recurso de apelación de una sentencia
definitiva, de una interlocutoria o auto con carácter de
definitivos de tramitación inmediata, se expresarán los
agravios en el mismo escrito en que se interpone el recurso
de apelación, porque si no se hace, sin acusar rebeldía,
precluye el derecho y queda firme la sentencia definitiva o
interlocutoria o auto con carácter definitivos.
20.5
Igualmente si se apela de una sentencia definitiva, deben
expresarse los agravios respecto de éste, así como los del
auto o autos de tramitación conjunta que se hayan apelado
durante el procedimiento preventivamente, pues si no se
expresan agravios de estos autos apelados preventivamente,
se tiene por consentidos, precluyendo el derecho de la parte
interesada.
Así lo dice el artículo 1345 bis 7 del Código de Comercio:
“Artículo 1345 bis 7.- En el caso de que el apelante omitiera
expresar agravios al interponer el recurso de apelación de
tramitación inmediata ante el juez, sin necesidad de acusar
rebeldía, declarará precluido su derecho, y quedará firme la
resolución. Si no se interpusiera apelación en contra de la
sentencia definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones
y autos que hubieran sido apelados durante el procedimiento, y
que sean de tramitación conjunta con la definitiva. …”
O sea que si pierde el derecho de expresar agravios, se puede
perder el asunto si no se apela y se expresa agravios en el
mismo escrito, conjuntamente.
20.6
Lo cual no sucede en los artículos 677, 678 y 679 del
Código de Procedimientos Civiles de Baja California,
que dicen:
“ARTÍCULO 677.- La apelación se interpondrá por escrito,
ante el Juez del conocimiento, dentro de ocho días
improrrogables si se tratare de sentencia definitiva, o dentro
de cinco si fuere auto o resolución interlocutoria.
Los autos e interlocutorias, serán apelables cuando lo fuere la
sentencia definitiva.”
“ARTÍCULO 678.- En escrito de apelación el recurrente
expresará los agravios, los que serán formulados en forma
concreta mediante los razonamiento relacionados con las
circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una
violación de la Ley o una interpretación inexacta de la
misma. Con el escrito de apelación se exhibirá una copia del
mismo para el expediente y una para cada una de las
partes.”
21
“ARTÍCULO 679.- Interpuesta una apelación, el Juez, sin
substanciación alguna, la admitirá si fuere procedente,
expresando si la admite en uno o en ambos efectos. En caso de
que en el escrito de apelación el recurrente no formulara los
agravios, el Juez tendrá por no interpuesto el recurso. Si no
se acompañaran las copias de los agravios para el expediente y
para cada una de las partes, se prevendrá al apelante para que
dentro del término de tres días subsane la omisión en que
hubiere incurrido. De no dar cumplimiento a la prevención, se
tendrá por no interpuesto el recurso.”
Así redactados los artículos anteriores dan margen a que la
apelación y el escrito de expresión de agravios se interpongan
en dos tiempos, en tanto no transcurra el término que dichas
disposiciones otorgan, o sea, que en el primer día del término de
ocho días puedo apelar de una sentencia definitiva, y al sexto
día, por ejemplo expresar los agravios, el juez no puede
desecharme el recurso aun esperando que transcurran los ocho
días que da la ley, en virtud de carecer de un artículo similar al
que tiene el Código de Comercio, y otros Códigos Procesales
como el del Distrito Federal, artículo 705, o de otras entidades
federativas.
21.1
Es complementario a lo que establece el artículo 133 del
Código de Procedimientos Civiles de Baja California, que
dice:
“ARTÍCULO 133.- Una vez concluidos los términos fijados a
las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá
el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que,
dentro de ellos, debió ejercitarse; salvo los casos en que la
ley disponga otra cosa.”
Por lo que la apelación interpuesta dentro del término, y
los agravios expresados dentro del término pero en
otro momento, el juez no puede desechar el recurso
cuando esto así suceda.
21.2
“LA JUSTICIA ORAL MERCANTIL Y SU IMPACTO EN LOS
ESTADOS DE LA FEDERACIÓN Y EL DISTRITO FEDERAL.”
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero
de 2011, que adiciona los artículos 1607 Bis y un título especial
denominado “del juicio oral mercantil” que comprenden los artículos del
1390 Bis al 1390 Bis 49, del Código de Comercio, en el que se
establece la justicia oral mercantil, la cual impacta en el área material y
orgánica en todos los poderes judiciales de los Estados.
Se ha dicho que la oralidad aún no comenzará en México en el ámbito
penal, a pesar de los esfuerzos que han hecho algunas entidades
federativas, sino en el ámbito mercantil, iniciará primero. (27 de enero
de 2012)
Como primer punto para implementar la justicia oral mercantil en los
Poderes Judiciales de los Estados, decreto que entrará en vigor el año
siguiente (27 de enero de 2012), necesario es contar con recursos
económicos suficientes para establecer los juzgados especializados en
juicios orales mercantiles, según las necesidades de cada entidad y el
número de asuntos que se ventilaran mediante el procedimiento oral,
por los datos que arrojen las estadísticas, los cuales deben tener anexa
una sala de audiencias.
22
Se hace necesario contar con recursos humanos capacitados para
asignarlos a los juzgados de nueva creación que al respecto
funcionaran.
El tiempo para actuar ha llegado, o sea, para implementar los juicios
orales mercantiles, particularmente para los procedimientos ordinarios,
que dice la exposición de motivos que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones del Código de Comercio, “que representa el
mayor porcentaje de asuntos que conocen los jueces en esta materia”,
(juicios ordinarios mercantiles). En Chiapas no es cierta ésta afirmación,
los ejecutivos mercantiles son mayoría.
En la estructura normativa debe observarse como principios los de
oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y
concentración.
Las reformas del Código de Comercio pueden dar como resultado una
mejor justicia en materia mercantil, atendiendo con oportunidad los retos
de su implementación a saber:
1. La creación de una comisión que implemente la reforma,
2. Adaptación legislativa,
3. Adaptar la infraestructura,
4. Capacitación de jueces, secretarios, actuarios, personal de apoyo y
administrativo,
5. Preparación de una nueva generación de abogados.
22.1
1.- LA CREACIÓN DE UNA
IMPLEMENTE LA REFORMA.
COMISIÓN
QUE
Integrar una comisión para la implementación del juicio
oral mercantil, la comisión presentará un proyecto para
iniciar la actividad orgánica, o sea, un proyecto de
iniciativa para reformar y adicionar diversas
disposiciones de las leyes orgánicas de los Poderes
Judiciales de las entidades y su Reglamento Interior,
con la respectiva exposición de motivos; propuestas de
los lugares sede en que se establecerán los juzgados de
juicio oral en materia mercantil; con su correspondiente
sala de audiencias; elaboración del proyecto de las
actividades que deben realizarse para lograr la
capacitación del personal que laborará en los juzgados
especializados en materia mercantil oral.
23
2.- ADAPTACIÓN LEGISLATIVA.
Para cumplir con el decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de enero de 2011, e implementar
el juicio oral mercantil, se hace necesario que el poder
legislativo local reforme y adicione las disposiciones de
las Leyes Orgánicas de los Poderes Judiciales de los
Estados, así como su Reglamento Interior, congruentes
con las reformas del Código de Comercio que
implementó el juicio oral mercantil, precisando las
atribuciones que tendrán los juzgados de primera
instancia especializada en materia mercantil oral.
24
3.- ADAPTAR LA INFRAESTRUCTURA.
Deben existir en cada juzgado anexa una sala de audiencia
de juicio oral, en ellas estarán presentes el juez, el
secretario, las partes, actor, demandado y bien puede
haber pluralidad de actores o de demandados, sus
abogados, los terceros, como testigos, peritos. Para
acomodar a todas estas personas y para que el ejercicio no
sea una simulación, se requiere de la construcción de una
infraestructura apropiada en cada juzgado que conozca del
juicio oral en materia mercantil. Para ello se necesita
invertir en infraestructura física, lo que incluye construcción
de salas adheridas a los juzgados y equipamiento de las
mismas. La inversión es considerable e incide en el
presupuesto de los poderes judiciales locales, según el
transitorio tercero del decreto que reforma y adiciona el
Código de Comercio.
25
4.- CAPACITACIÓN DE JUECES, SECRETARIOS,
ACTUARIOS,
PERSONAL
DE
APOYO
Y
ADMINISTRATIVO.
Se requiere de un proceso amplio de selección y
capacitación del personal que integrará los juzgados en
juicio oral mercantil. Habrá que enfrentar la necesidad
de evaluar y promover a los jueces, secretarios,
actuarios y personal de apoyo.
La capacitación obviamente tendrá que ser específica
para cada uno de los actores del nuevo procedimiento
mercantil, basado en los juicios orales, se les debe
capacitar en notificaciones y emplazamiento, la
conducción de las audiencias preliminar y del juicio, la
forma de conciliar a las partes, la manera de admitir las
pruebas ofrecidas y las que se desahogarán en la
audiencia del juicio oral.
26
5.- PREPARACIÓN DE UNA NUEVA GENERACIÓN DE
ABOGADOS.
Es necesario si queremos una buena administración de justicia
en los juicios orales mercantiles, formar adecuadamente a los
actores del nuevo sistema. En este reto la responsabilidad de
las escuelas y facultades de derecho es insustituible.
El futuro de los juicios orales en materia mercantil depende de
quienes hoy estudian derecho salgan de la carrera con
habilidades y las capacidades necesarias para administrarlo
adecuadamente, lo cual supone varias cuestiones en la
enseñanza del derecho.
El transitorio tercero del decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, y en
concreto de la entrada en vigor de los juicios orales en materia
mercantil, señala que se cubrirá con el presupuesto aprobado
para los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y
del Distrito Federal, y no dice tener ayuda de la federación, a
pesar de tratarse de materia federal mercantil como
concurrente.
27
Atendiendo al número de asuntos ordinarios que deberán
conocer los juzgados especializados en materia mercantil oral,
cuya suerte principal sea inferior a 220 mil 533 pesos 48
centavos, lo que se colige del número de asuntos de este tipo
que actualmente se radican en los juzgados civiles y mixtos
de los distritos judiciales de los estados, se propone:
Primera: Instalar juzgados especializados en materia
mercantil oral en cada distrito judicial (partido judicial) o en los
lugares sede de las Salas Regionales de apelación, de existir
éstas a efecto de que tengan jurisdicción en cada distrito
judicial o en la misma jurisdicción de las Salas, y la
residencia y jurisdicción de esos juzgados, se
determinará mediante acuerdo general del Consejo de la
Judicatura o del pleno de los tribunales.
27.1
Segunda: La otra propuesta es que atendiendo al número
asuntos de juicios ordinarios que actualmente se radican
en cada uno de los juzgados civiles y mixtos de primera
instancia de las entidades federativas, según las
estadísticas de cada Tribunal Superior de Justicia, y con la
finalidad de reducir costos para la implementación de los
juzgados especializados en juicios orales y considerando
que la materia mercantil es federal, de competencia
concurrente, en términos del artículo 104 Constitucional,
para los juzgados federales y para los del orden común,
cuando las controversias mercantiles sólo afecten
intereses particulares a elección del actor, se propone
instalar juzgados especializados en materia mercantil, para
juicios orales donde exista juzgados de distrito o sea en la
sede de los juzgados federales que pertenecen al Circuito
que corresponda. (Baja California pertenece al Décimo
Quinto Circuito)
Además del personal del juzgado debe considerarse a los
funcionarios judiciales que compondrán el personal técnico
y una plantilla de peritos.
27.2
Todo el personal de los juzgados especializados en materia
oral mercantil, deben recibir capacitación para utilizar los
más competentes y con experiencia, quienes son los que
integrarán el personal de los citados juzgados.
Por lo anterior los Poderes Judiciales de todos los Estados,
están obligados a garantizar el cumplimiento del Decreto
del Congreso de la Unión en el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio,
siendo por ello pertinente que se reformen y adicionen las
leyes orgánicas de los Poderes judiciales de los Estados y
los Reglamentos Interiores de esos poderes, a efecto de
implementar los juzgados especializados del juicio oral
mercantil, los que deben sujetarse a lo establecido en el
Título especial, Capítulo I del Código de Comercio.
27.3