Responsabilidad del Estado y
Jueces por actividad judicial
Por Carlos Alberto Parellada
Profesor Titular de Derecho Privado IIObligaciones e Informática Jurídica
Univ.Nac. de Cuyo – Univ. de Mendoza
Profesor Titular de Derecho Procesal Concursal
– Curso de Posgrado de Sindicatura Concursal
Univ.Nac. de Cuyo – Facultad de Ciencias
Económicas
Hoy, les propongo
mirarse a Uds.
mismos
02/10/2015
2
¿Cómo nos vemos?
¿Cómo nos ven los
demás?
Perfectos!!
«El pueblo se habituó a
despreciar la función pública. En
la imaginación popular, el
funcionario tomó el aspecto
venal, corrompido y egoísta. Y los
malos y los buenos irán
confundidos en el juicio
escéptico y deprimente»
Juan A. García «La ciudad
indiana»
¿Cómo somos?
Somos humanos; ni
perfectos ni tan malos como
nos ven
C.Civ. y Com. Dolores, julio 24-2008 «Ramellini, Mariel Elizabet c.
Musumano, Héctor Abel» L.L.Online: AR/JUR/8789/2008
Es procedente la demanda de daños y perjuicios incoada por un
funcionario perteneciente a la oficina judicial de que era titular el juez
demandado, debido a que éste le otorgó compulsivamente licencias
fundadas en el art. 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Buenos
Aires sin que fueran peticionadas, solicitó una junta médica
especializada en la rama de psiquiatría, lo cual implicó diagnosticar
anticipadamente, envió notas a un peaje para que retirara al
accionante un pase que no existía, solicitó a la policía que impidiera el
acceso de aquél al juzgado y realizó declaraciones públicas en
periódicos contra el reclamante, pues, la conducta del emplazado
infringió principios de índole ética regidos por el "Código
Iberoamericano de Ética Judicial", en particular en cuanto éste se
refiere a los deberes de cortesía de los magistrados debe, entre otros,
a los miembros de la oficina judicial y de integridad (del voto de la
doctora Dabadie)
C.Nac.Criminal y Correccional Federal, sala I, junio 29-2007
«Galeano, Juan J. y otros» La Ley Online AR/JUR/2532/2007
Debe procesarse, en calidad de autor, al imputado por el
delito de prevaricato según los términos del art. 270 del
Cód. Penal, si se acreditó "prima facie" que, en su
carácter de juez de instrucción interviniente en una causa
penal —actuaciones relativas a la voladura de la
A.M.I.A.—, creó una compleja y espuria ingeniería para
colectar prueba falsa —en el caso, constriñendo por
amenazas a imputados que prestaban sus declaraciones
indagatorias y acordando con otro de ellos los términos
de su deposición a cambio de un precio en dinero—, con
el fin de utilizarla, posteriormente, como fundamento
para la orden de detención y el auto de prisión preventiva
de otras personas a quienes buscaba incriminar.
Responsabilidad del Estado y Jueces por
actividad judicial
• Tesis de la irresponsabilidad
– Argumentos y críticas
• Tesis de la responsabilidad
– Argumentos
• Tendencias en el Derecho
Comparado
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Responsabilidad del Estado y Jueces por
actividad judicial
• Requisitos
– Daño
• La cuestión de la extensión de la
reparación
– Antijuridicidad
• La cuestión de la cosa juzgada
– Factores de atribución
• Subjetivos y objetivos (eximentes)
– Relación causal
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Responsabilidad del Estado y Jueces por
actividad judicial
• ¿Necesidad de juicio político al
Juez?
• ¿Cuándo prescribe la
responsabilidad?
• Jurisprudencia nacional
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Comencemos!
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Responsabilidad del Estado y Jueces por la
actividad judicial
Responsabilidad por actividad judicial
Del Estado
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Del Juez
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Tesis de la irresponsabilidad
• Tiene una larga tradición
sajona y monárquica

Pero está en expansión!! (1)
(1) Conf. Kemelmajer de Carlucci, A.R. “El deber de los jueces de reparar el
daño causado”, Rev. de Derecho de Daños To. 9 pág. 93 y sgtes.
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Tesis de la irresponsabilidad
Se ha dicho: “En toda ocasión que sometemos a los
tribunales de la tierra a la degradación de la
persecución privada, limitamos su independencia y
destruimos su autoridad” (2)
(2) Justice Kent “Yates v. Lansing”
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Crítica a la tesis de la irresponsabilidad
“En toda ocasión que sometemos a los tribunales de la tierra a
la degradación de la persecución privada, limitamos su
independencia y destruimos su autoridad”
La defensa de los derechos que hacen
las víctimas no degrada a los
responsables
Lo degradante es la indiferencia ante el
daño ajeno y no la persecución de la
víctima
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Crítica a la tesis de la irrespondabilidad
“En toda ocasión que sometemos a los tribunales de la tierra a
la degradación de la persecución privada, limitamos su
independencia y destruimos su autoridad”
Poder y responsabilidad son dos caras
de la misma moneda
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La responsabilidad crearía una natural resistencia al
desempeño del cargo de juez
“… de no existir esta inmunidad tuteladora de la
autoridad judicial, ningún ser humano, más que un
mendigo o un tonto sería juez” (3)
(3) ‘Miller v. Hope” cit. por Tawil “La responsabilidad del Estado
y de los funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la
administración de justicia” pág. 176
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Crítica a la tesis de la irresponsabilidad
La responsabilidad crearía una natural resistencia al
desempeño del cargo de juez
En otros campos de la responsabilidad
profesional, también debería aplicarse el
mismo principio “la irresponsabilidad”
Médicos, arquitectos, grandes obras
complejas, choferes, etc.etc.
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Tesis de la irresponsabilidad
La falibilidad humana determina que los errores sean
inevitables, por lo que su régimen debería ser el del
caso fortuito, en virtud de lo dispuesto por el art.
514 del C.Civ
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Critica a la tesis de la
irresponsabilidad
La falibilidad humana determina que los errores sean
inevitables, por lo que su régimen debería ser el del caso
fortuito, en virtud de lo dispuesto por el art. 514 del C.Civ
Si la falibilidad humana fuera un motivo
de la irresponsabilidad …
Pues no debería existir “la responsabilidad
en general”, no sólo la de los jueces
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Critica a la tesis de la
irresponsabilidad
La actividad judicial es riesgosa y que los justiciables asumen
ese riesgo, que es un costo de la vida social
Pero ese argumento es falso …
Pues nadie asume el riesgo de ser
dañado por la justicia
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La tesis de la responsabilidad
Tiene sustento en normas supranacionales
Art. 14.6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de
Naciones Unidas:
Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido
ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado
por haberse producido o descubierto un hecho plenamente
probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que
haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, debe
ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se
demuestre que le es imputable en todo o en parte el no
haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
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La tesis de la responsabilidad
Tiene sustento en normas supranacionales
Art. 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos:
“Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a
la ley en caso de ser condenada en sentencia firme por
error judicial”
Se prevé el caso más grave, pero no puede
descartarse los que no llegan a tal extremo
(*)
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La tesis de la responsabilidad
Tiene sustento en normas supranacionales
Art. 7 inc. 3 de la Convención Americana de
Derechos Humanos:
“Nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento arbitrarios”
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• Soluciones en el Derecho
Comparado
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Derecho comparado
U.S.A.
Reino Unido
En estos países se sostiene la tesis de la irresponsabilidad del
Juez y del Estado por la actividad jurisdiccional
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Derecho comparado
Reino Unido
Algunos autores extienden el argumento sosteniendo que la
actividad judicial es riesgosa y que los justiciables asumen
ese riesgo, que es un costo de la vida social
Pero –como ya hemos dichonadie asume el riesgo de ser
dañado por la justicia
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Derecho comparado
Francia
C.Pr.Civ. Francés de 1806 arts. 515 y 516
‘Prise à partie’
Sólo en caso
de dolo
Por lo tanto, normalmente, sólo
responde el Estado
La Asamblea votó en contra de una Ley que establecía la
responsabilidad directa del Juez (24-I-2000)
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Derecho comparado
España
Ley orgánica del Poder Judicial de 1985 establecía la
responsabilidad civil de los jueces y magistrados por
dolo o culpa
¿Derogaba el art. 903 de la Ley de Enjuiciamiento?
Esa norma sólo responsabiliza al magistrado en caso de
dolo, negligencia o ignorancia inexcusable
El Supremo Tribunal decidió entender la norma de
1985 en función de la L.E. y, en consecuencia, se
responde sólo por dolo, negligencia o ignorancia
inexcusable.
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Derecho comparado
España
En 1992 se dicta el Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Que establece la responsabilidad directa estatal y
recursoria del funcionario frente al Estado.
En consecuencia, se entiende que los jueces están
en la misma situación que los funcionarios, o
sea, que responden sólo por vía recursoria y
Acción de regreso
por los factores de atribución indicados en la
Ley de Enjuiciamiento
Con dolo, negligencia o
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ignorancia inexcusable
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Derecho comparado
Italia
La Const. Italiana en el art. 24 in fine, dispone:
“La ley determina las condiciones y modos de la
reparación de los errores judiciales”
El art. 28: “Los funcionarios y los dependientes del
Estado y de los entes públicos son directamente
responsables según la ley penal, civil y
administrativa, de los actos realizados en
violación del Derecho. En tales casos la
responsabilidad se extiende al Estado y a los
entes públicos”
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Derecho comparado
Italia
Sin embargo, el C.P.C. establecía la responsabilidad
solamente:
1. Cuando concurría dolo, fraude o concusión
2. Cuando sin justo motivo rehúsa, omite o retrasa
proveer demandas o peticiones (art. 55)
Requisitos:
1. Autorización del Ministerio de Justicia
2. Designación de un Juez por la Corte de Casación
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Responden
ambos
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Derecho comparado
Italia
La Ley 117/1988 estableció la responsabilidad del
Estado por los daños causados con dolo o culpa
grave o por denegación de justicia (art. 2) y con
acción recursoria contra el Juez
Acción de regreso
La responsabilidad del Juez sólo si hay delito de
derecho criminal (art. 13)
No puede dar lugar a responsabilidad la interpretación
de la normas ni la evaluación de los hechos y de la
prueba
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Acción directa
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Derecho comparado
Italia
Por su parte, las detenciones ilegítimas
están reguladas en el C.P.P. (arts.
315 y 316)
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Derecho comparado
Alemania
Art. 34 de la Ley Fundamental Alemana (GG)
“Si alguno, en el ejercicio de la función pública a él
confiada, comete una violación de un deber de
su oficio con relación a un tercero, es
responsable primariamente el Estado o el ente
público a cuyo servicio se encuentra.
En caso de dolo o culpa grave, es procedente el
regreso”
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Acción de regreso
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Derecho comparado
Alemania
Art. 839 del B.G.B.
“(1) Si un funcionario público comete, con dolo o
culpa, una violación de un deber de su oficio
con relación a un tercero, debe resarcir el daño
así causado. Si el funcionario sólo ha actuado
con culpa, es responsable sólo si el damnificado Con dolo, hay
acción directa
no puede obtener el resarcimiento de otro
contra el
modo.
funcionario
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Con culpa, la responsabilidad del
funcionario es subsidiaria
33
Derecho comparado
Alemania
Art. 839 del B.G.B.
“…
(2) Si el funcionario público viola su deber al
pronunciar una sentencia, responde del daño
sólo si configura delito. Esta disposición no se
aplica a la omisión o retardo en el cumplimiento
de los deberes de su oficio.
(3) El resarcimiento no se debe si el damnificado ha
omitido, con dolo o con culpa, evitar el daño
mediante una impugnación
Sólo siendo delito
No por demora
Culpa de la víctima, si no impugnó
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Derecho comparado
Alemania
Desde 1971 –modificada en 1987- existe una
ley que establece la responsabilidad por el
estado de detención provisional, si se
decreta la absolución, el sobreseimiento o
la denegatoria de la apertura del proceso
oral
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• Requisitos de la responsabilidad por la
actividad judicial
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Daño
La existencia del daño:
Carga de la prueba sobre la víctima
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Daño
Extensión de la indemnización
Las detenciones
provisorias ajustadas
a la ley
• Responsabilidad por acto lícito
– Para algunos se aplica la ley de expropiación
y no se indemniza el lucro cesante.
– Para otros, se aplican las normas relativas a
la órbita extracontractual, por ser la órbita
común
• Responsabilidad por acto ilícito
– Se aplican las normas generales
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C.S.N., mayo 29-2007, «Pistone, Ciro Alberto c/Estado
Nacional s/daños y perjuicios» Fallos 330:2464
Corresponde confirmar la sentencia que rechazó
el reclamo de los daños y perjuicios derivados
de la denuncia penal realizada por el SENASA
que resultó en el procesamiento del
peticionante si no cumplió con la carga de
demostrar que los daños que alegó haber
sufrido constituyeran un sacrificio desigual, que
exceda las consecuencias normales y necesarias
derivadas del ejercicio de la actividad estatal
lícita desarrollada.
Daño – Proy.C.Civ. 1998
Extensión de la indemnización
• Responsabilidad por acto lícito
Art. 1676 – El Estado responde por sus
actos lícitos que sacrifican intereses
particulares en beneficio del interés
general. La responsabilidad sólo
comprende el daño emergente.
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Daño
Extensión de la indemnización
• Porque el art. 1600 del Proy.C.Civ.
Unificado de 1998. al establecer qué se
entiende por daño:
– Daño patrimonial: daño emergente y lucro
cesante.
– Daño extrapatrimonial
El art. 1676 establece que sólo el daño emergente, lo que
puede llevar a interpretar –con apoyo en dicha literalidadque se excluye al daño extrapatrimonial
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Antijuridicidad
¿Cómo puede ser antijurídico lo que el
Poder Judicial ha establecido como
‘verdad legal’?
¿Es obstáculo la ‘cosa juzgada’? ¿Es
necesario removerla?
Si es necesario
No es necesario
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Antijuridicidad
No hace falta
No es necesario remover la cosa
juzgada.
Mosset Iturraspe, Jorge “Responsabilidad por
Daños”, Sta.Fe, Rubinzal, 1999, pág. 106
Lynch, “El recurso extraordinario por
arbitrariedad y la responsabilidad del Estado
por errores judiciales”, L.L. To. 1990-D pág.
719.
C.S.N. rechaza este criterio expresamente.
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Antijuridicidad
Si hace falta
Es necesario remover la cosa
juzgada.
Kemelmajer de Carlucci, A.R.
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Antijuridicidad
Es necesario remover la cosa
juzgada.
C.S.N., marzo 17-2009 «González
Bellini c/Río Negro, Prov. de»
Fallos 332:552
C.S.N., agosto 8-1988 “Vignoni,
Antonio S. c/Estado Nacional”, J.A. To.
1988-III pág. 68
C.Nac.Fed.C.Adm., sala IV, junio 61999 “von Friedrichs, Nicolás c/Estado
Nacional” J.A. To. 2000-I pág. 256
02/10/2015
Considerando 8. Sólo puede
responsabilizarse al Estado por error
judicial en la medida que el acto
jurisdiccional que origina el daño sea
declarado ilegítimo y dejado sin
efecto, pues antes de ese momento el
carácter de verdad legal que ostenta
la sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada impide, en tanto se
mantenga, juzgar que hay error. Lo
contrario importaría un atentado
contra el orden social y la seguridad
jurídica, pues la acción de daños y
perjuicios constituiría un recurso
contra el pronunciamiento firme, no
previsto ni admitido por la ley.
45
C.Nac.Fed.Civ. y Com., sala II, diciembre 17-1998
«Buedo, César c/Estado Nacional» (inédito)
• El Dr. César Buedo levantó un embargo
que frustró los derechos de un acreedor
• El acreedor demandó al Estado y fue
indemnizado.
• El Estado formuló cargo al Dr. Buedo por
lo que debió pagar al acreedor
C.Nac.Fed.Civ. y Com., sala II, diciembre 17-1998
«Buedo, César c/Estado Nacional» (inédito)
• El Dr. César Buedo accionó contra el
Estado, alegando:
– No haber sido oído en el proceso en que el Estado
fue condenado.
• Reclamó daño moral por los trastornos
que le habría provocado la decisión.
C.Nac.Fed.Civ. y Com., sala II, diciembre 17-1998
«Buedo, César c/Estado Nacional» (inédito)
La demanda fue rechazada:
El acto judicial que habría originado el daño,
pasado en autoridad de cosa juzgada, ostenta
el carácter de verdad legal que, al no haber
sido declarado ilegítimo ni dejado sin efecto,
descarta la posibilidad de fundar en el una
condena como la solicitad por el Dr. Buedo (Del
fallo de 1ª. Instancia)
C.Nac.Fed.Civ. y Com., sala II, diciembre 17-1998
«Buedo, César c/Estado Nacional» (inédito)
«El pronunciamiento judicial se halla
dotado de una eficacia refleja que alcanza
también a los terceros involucrados en
estas situaciones o relaciones, a quienes
puede perjudicar o beneficiar aun cuando
no hubieran participado en el litigio» (Del
fallo de 2ª. Instancia)
Antijuridicidad
No es necesaria la remoción de la cosa
juzgada:
1.
2.
3.
4.
Cuando el daño deriva de la demora judicial
Cuando se trata de actos procesales que no pasan
en autoridad de cosa juzgada
Cuando lo sufre un tercero ajeno al proceso
Cuando el daño no se vincula con la legitimidad o
no de la sentencia
02/10/2015
50
Antijuridicidad
Cuando se trata de actos procesales que no pasan
en autoridad de cosa juzgada


Medidas cautelares…
Medidas restrictivas de la libertad en materia
penal
02/10/2015
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Antijuridicidad
Cuando el daño no se vincula con la
legitimidad o no de la sentencia
Se trataba de unos compradores frustrados que habían
adquirido un inmueble a un fallido –que se los había
vendido, pese a su condición- y cuya operación fue
declarada inoponible a la masa. Los actores no se
quejaban de la inoponibilidad –que consintieron-,
sino de la falta de inscripción de la inhibición.
Accionaron contra el Estado y el Síndico de la quiebra.
02/10/2015
C.Nac.Fed.Cont.Adm., sala IV, octubre 7-1999 “Amiano
c/Ministerio de Justicia” L.L. To. 1999-E pag. 497 y J.A. To.
2000-C pág. 751
52
Antijuridicidad
No es necesaria la remoción de la cosa
juzgada:
Cuando el servicio funciona irregularmente, originando
un daño que no proviene de un ‘error’ en el dictado
de sentencias, autos o decretos (resoluciones), sino
de ‘fallas de organización’ o ‘de servicio’.
02/10/2015
53
Factores de atribución
Con respecto al Juez:
El factor de atribución es:
• Subjetivo
¿Compromete la responsabilidad sólo la culpa grave?
Proy. C.Civ. 1998: art. 1686 – Sin perjuicio de las
disposiciones especiales en los siguientes casos, sólo hay
responsabilidad si se obra con dolo o culpa grave:
a)… b) si el daño es causado por errores de jueces o de
árbitros en el ejercicio de sus funciones.
02/10/2015
54
Factores de atribución
C.S.J.N., junio 14-2001 «G. T., C. c. L. B., R. y otro» LA
LEY 2002-A, 375 y AR/JUR/2877/2001
Debe eximirse de responsabilidad a los integrantes de un
tribunal colegiados por la sanción disciplinaria impuesta a
un juez inferior en ejercicio de funciones de
superintendencia, aun cuando dicho acto haya sido
anulado por otro tribunal de justicia, si no traduce un
claro apartamiento del marco institucional
aplicable con manifiesta o exagerada inconducta
de los magistrados intervinientes, al margen de su
grado de acierto o error (del dictamen del Procurador
General que la Corte hace suyo).
02/10/2015
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Factores de atribución
Con respecto al Estado:
El factor de atribución puede ser
subjetivo o objetivo
• Subjetivo (si se piensa que puede)
• Falta de servicio
• Garantía o riesgo (Si se admite que es refleja) por
hecho de funcionarios o auxiliares (art. 1113 C.C.)
• Por el cumplimiento irregular de las funciones de
los órganos (Si se entiende que sólo es directa) (art.
1112 C.C)
02/10/2015
56
C.S.N., setiembre 19-2006 «Quiroz Franco, Miguel Ángel y
otros c/Mendoza, Provincia de s/daños y perjuicios» Fallos
329:3894
La indemnización por la privación de la libertad
durante el proceso no debe ser reconocida
automáticamente a consecuencia de la absolución
sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se
revele como incuestionablemente infundado o
arbitrario, mas no cuando elementos objetivos
hayan llevado a los juzgadores al convencimiento relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en
que aquél se dicta- de que medió un delito y de que
existe probabilidad cierta de que el imputado sea su
autor
Relación causal
Su juzgamiento suele resultar complejo.
Suelen intervenir múltiples sujetos
El denunciante.
La instrucción.
La fiscalía.
El Juez.
La Cámara.
Los colaboradores del proceso (testigos, peritos,
informantes, etc.)
02/10/2015
58
Relación causal
Su juzgamiento suele resultar complejo.
•
Es distinto en el proceso dominado por el principio inquisitivo
y en el predomina el dispositivo.
•
El principio de congruencia en estos últimos, obsta a la
posibilidad del reconocimiento de los derechos.
•
Las pruebas falsas (hecho del tercero)
•
La culpa de la víctima (el consentimiento procesal y los
recursos)
•
La mala defensa de la víctima (hecho del tercero)
02/10/2015
59
C.Nac.Cont-adm. Federal, sala III, agosto 11-1992 «Ferrari,
Alfredo y otros c. Estado nacional (Ministerio de Educación y
Justicia)» LA LEY 1993-A, 484 y AR/JUR/404/1992
Una decisión judicial consentida por el litigante, quien
no interpuso los recursos previstos, nunca puede
comprometer la responsabilidad del juez que la dictó, ni,
en consecuencia, la del Estado. Ello es así, porque el
desacierto judicial carece de eficiencia causal cuando el
daño se originó en la negligencia del propio
damnificado, que no interpuso los remedios procesales
contra aquel yerro. Para que quede expedita la acción
reparadora civil es necesario que el damnificado haya
hecho uso de todos los recursos legales provistos por el
ordenamiento jurídico.
C.S.N., setiembre 5-2006 «Andrada, Roberto Horacio y otros
c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios»
Fallos 329-3806
Corresponde rechazar la demanda contra la provincia
si, a pesar de haber quedado suficientemente
acreditado el cumplimiento irregular del servicio por
parte del personal policial, no está acreditada la
existencia de daño material ni de daño moral para
los actores (arts. 1068 y 1109 del Código Civil) y el
perjuicio que hubieran podido sufrir como
consecuencia de su detención fue el resultado
mediato de la situación sospechosa en la que ellos
se habían colocado
Relación causal
Su juzgamiento suele resultar complejo.
¿Es necesario que el acto procesal dañoso
haya sido recurrido?
•
Algunos sostienen que es necesario.
•
Otros pensamos que no una exigencia
absoluta, que hay que estar a las
circunstancias del caso. A veces, recurrir
es agravar el daño.
02/10/2015
62
¿Es necesario promover juicio político al
Juez para demandarlo civilmente?
02/10/2015
63
Condición de procedibilidad de
la acción contra el Juez
¿Es necesario desaforar al Juez para
demandarlo por responsabilidad civil?
Es necesario desaforarlo
02/10/2015
No es necesario
64
Condición de procedibilidad de
la acción contra el Juez
¿Es necesario desaforar al Juez para
demandarlo por responsabilidad civil?
No es necesario
XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Santa Fe –
1999)
Ethevesti, Martínez, Guarnieri, Reyna, Lloveras de Resk,
Ferreyra, Rugolotto, Parellada, Carranza Latrubesse,
Bustelo
Conf. Mosset Iturraspe, Kemelmajer de Carlucci
02/10/2015
65
Condición de procedibilidad de
la acción contra el Juez
¿Es necesario desaforar al Juez para
demandarlo por responsabilidad civil?
Es necesario
En las XVII Jornadas Nacionales (Santa Fe, 1999)
Bueres, Galdós, Agoglia, Laplacette, Chausovsky,
Goldenberg, Trigo Represas
02/10/2015
66
Condición de procedibilidad de
la acción contra el Juez
¿Es necesario desaforar al Juez para
demandarlo por responsabilidad civil?
En Mendoza, art. 48 Const.Prov.
En Córdoba, art. 165 inc. 1o. Const.Prov.
En la Nación, art. 57 Const.Nac.
¿En Entre Ríos, arts. 194 y 218
Const.Prov.?
02/10/2015
67
Proyecto C.Civ. Unificado 1998
«Art. 1677 – Los agentes públicos tienen
responsabilidad directa por los daños
producidos por sus acciones u omisiones que
implican el ejercicio irregular de sus cargos. Para
requerírsela no son necesarios ni la
determinación previa de su responsabilidad
administrativa ni, en su caso, su desafuero»
S.T.J.Entre Ríos, setiembre 22-2009 «Irigoytia Carlos F.
c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Rios s/ Daños y
perjuicios» (Atención Dr. Enrique Pita)
1ª. Instancia:
No hizo lugar a la citación de terceros fundado en el
precedente «Vartorelli de Reviriego» del 26/08/92 del
Superior Tribunal de Justicia el que, conforme el art. 285
del C.P.C.C., resulta de obligatoria aplicación para los
tribunales inferiores, y en el que el tema traido a
resolución -fue tratado fijándose como doctrina la
necesidad previa del juzgamiento de la conducta del
magistrado -conforme la Ley 8450/90 - ante el órgano
político previsto por la Constitución Provincial o el
Excmo. Superior Tribunal en orden a la entidad de las
causales para que pueda ser demandando civilmente.
Prov. de Entre Ríos
• Funcionarios y
empleados públicos
no sujetos a juicio
político ni jurado de
enjuiciamiento
Prov. de Entre Ríos
• Miembros del T.S.J. y
sus salas
• Funcionarios letrados
de la administración
de justicia
Prov. de Entre Ríos
• Art. 218. Los funcionarios judiciales letrados a
que se refieren los artículos 194 y 201, no
sujetos a juicio político, podrán ser acusados,
por faltas o delitos cometidos en el
desempeño de sus funciones, ante el Jurado
de Enjuiciamiento
S.T.J.Entre Ríos , setiembre 22-2009 «Irigoytia Carlos F.
c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Rios s/ Daños y
perjuicios» (Atención Dr. Enrique Pita)
2ª. Instancia:
Consideró pertinente apartarse de la doctrina de
sentada en los precedentes del S.T.J.Entre Ríos y
procedió a citar a los magistrados
S.T.J.Entre Ríos, setiembre 22-2009 «Irigoytia Carlos F.
c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Rios s/ Daños y
perjuicios» (Atención Dr. Enrique Pita)
Instancia extraordinaria:
Los precedentes citados: "Vartorelli de Reviriego Evangelina I.
del Rosario c/ Basaldúa María Cristina s/ Sumario" y "
Quintana Saturnina c/ el Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de La Paz Dr. Ramón Alberto Serrano y
Superior Gobierno de Entre Ríos s/ Daños y Perjuicios y Daño
Moral", fueron dictados por este Superior Tribunal de Justicia
en pleno, en ejercicio de su competencia originaria y exclusiva
contencioso administrativa, no constituyendo en
consecuencia doctrina legal vinculante en los términos del
art. 276 del C.P.C.C. por cuanto la misma solo comprende a los
fallos dictados por la Sala Civil y Comercial de este Superior
Tribunal. (voto de la Dra. Leonor Padeña)
.
S.T.J.Entre Ríos, setiembre 23-2009 «Paiva Ricardo R. R.
c/Estado de la Provincia de Entre Rios s/ Daños y perjuicios»
(Atención Dr. Enrique Pita)
La citación como tercero del magistrado judicial por
parte del Estado demandado en virtud de la acción por
daños -sufridos por hechos directamente vinculados al
cumplimiento de las funciones jurisdiccionales- no
violenta su independencia ni causa obligatoriamente
desgaste sino que tiende a posibilitar el ejercicio de sus
derechos ante una eventual posterior acción regresiva
del Estado (voto del Dr. Emilio A.E. Castrillon)
S.T.J.Entre Ríos, setiembre 23-2009 «Paiva Ricardo R. R.
c/Estado de la Provincia de Entre Rios s/ Daños y perjuicios»
(Atención Dr. Enrique Pita)
En los casos de error judicial motivante de posible
responsabilidad estatal (que puede ser inclusive excusable),
exigir la puesta en marcha de los mecanismos del jurado de
enjuiciamiento -que mira el hecho desde otra óptica y valora la
inamovilidad del magistrado conforme al hecho denunciado que
puede constituir causa de destitución- o del órgano de
superintendencia -que puede considerarlo como causa de
sanción disciplinaria- como previo a la posibilidad de
intervención como tercero o como demandado del funcionario,
genera una innecesaria actividad que puede considerarse
atentatoria contra los derechos del damnificado de obtener al
resarcimiento de los daños sufridos por el ineficaz ejercicio de
la función judicial, aún cuando el yerro no sea considerado por
el jurado de enjuiciamiento causal de remoción o por el
tribunal de superintendencia causa de sanción disciplinaria de
significativa importancia (voto del Dr. Emilio A.E. Castrillon)
C.S.J.N., julio 18-2006 «Flecha González, Concepción
c/Prov. de Misiones» F. 1784. XXXVIII. Fallos 329:2916
«Si bien es cierto que los actores han demandado a ese
Estado local sin extender la pretensión a sus funcionarios,
no lo es menos que son ellos quienes según los
demandantes habrían tenido una intervención directa en
los hechos que se invocan para fundar la responsabilidad
que se atribuye al Estado provincial, participación que
hace procedente la citación pedida ya que a su respecto
la controversia les es común
común. Más allá de resolver, en su
caso y de ser introducida la cuestión, la existencia y
alcance de eventuales inmunidades judiciales que
pudieran corresponder a los emplazados» (considerando
7o)
¿Cuándo prescribe la
responsabilidad civil por el error
judicial?
02/10/2015
78
Prescripción
• Se trata de una responsabilidad
extracontractual
– Se aplica el art. 4037

¿Cuándo prescribe la responsabilidad del
Estado por actividad lícita?

Depende de cuál sea la órbita de la
responsabilidad que pensemos que es expansiva


02/10/2015
Alterini: la contractual –art. 4023 C.Civ.Para nosotros: la extracontractual
79
Prescripción

¿Desde cuándo corre el plazo de prescripción?

Principio: Desde que el daño es conocido.


Esta es la posición de Mosset Iturraspe (coherente con su criterio
acerca de la innecesariedad de remover la cosa juzgada)
Excepciones: cuando el nacimiento de la acción
indemnizatoria pende de un pronunciamiento judicial, se
trata de un derechos eventuales –previstos en el art.
3954 C.Civ.-
02/10/2015
80
Prescripción

¿Desde cuándo corre el plazo de prescripción?
 Principio: Desde que el daño es conocido.


Esta es la posición de Mosset Iturraspe (coherente con su
criterio acerca de la innecesariedad de remover la cosa
juzgada)
Sin embargo, hay excepciones: cuando el
nacimiento de la acción indemnizatoria pende de
un pronunciamiento judicial, se trata de un
derechos eventuales –previstos en el art. 3954
C.Civ.-
02/10/2015
81
Prescripción
¿Desde

cuándo corre el plazo de prescripción?
Desde que se revela la ilicitud del
pronunciamiento originario en la revisión o
revocación.
Si bien el pronunciamiento revisor tiene naturaleza
declarativa desde el punto de vista procesal
 Desde el punto de vista sustancial, con respecto al
derecho indemnizatorio, tiene naturaleza constitutiva.
Antes de la revisión sólo tiene un derecho eventual,
susceptible de nacer sólo si el pronunciamiento
originario es revisado.

02/10/2015
82
Prescripción
¿Desde

cuándo corre el plazo de prescripción?
Ese criterio es que se aplica en materia de…
Embargos trabados sin derecho
 Daños causados por la desposesión violenta
 Acción de reparación de daños por pedidos de quiebra
dolosos o culposos
 Daños derivados de denuncias calumniosas o
negligentes

02/10/2015
83
Prescripción
¿Desde
cuándo corre el plazo de prescripción?
“Cuando lo que se impugnan son resoluciones o actos procesales
anteriores al dictado de la sentencia definitiva y ésta no es de
condena sino que, por el contrario concluye absolviendo al
procesado, esta resolución constituye un presupuesto para la
procedencia de la acción por reparación del daño por el
supuesto error judicial, pues mientras no se haya dictado, no
se ha removido la apariencia de licitud del hecho dañoso, y
por lo tanto, la acción civil no ha nacido”
02/10/2015
C.S.N. octubre 26-1999 “Mallman, Arturo J. c/Ministerio del
Interior”, L.L. To. 2000-D pág. 504 (del voto de los Dres.
Boggiano y López)
84
Cuestiones de competencia
02/10/2015
85
Prov. de Entre Ríos
Art. 205 Const.Prov.Entre Ríos
En materia judicial, el Superior Tribunal de Justicia tiene
las siguientes atribuciones, de conformidad a las normas
que establezcan las leyes de la materia:
1º. Ejercerá jurisdicción, originaria y exclusiva, en los
siguientes casos:
…
h) En las acciones de responsabilidad civil contra sus
miembros y contra los jueces de primera instancia.
Antecedente: Const. 1933 art. 167 inc. i)
C.Concordia, sala civil y comercial, marzo 1-2006 «Francolini,
Julio C. c. Superior Gobierno de la Prov. de Entre Ríos •
LLLitoral 2006 (agosto), 920, L.L. Online AR/JUR/760/2006
Es competente el Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Entre Ríos para entender en acción de
daños y perjuicios entablada contra el Gobierno
Provincial en virtud de la incorrecta actuación de la
magistrada y secretaria de primera instancia en la
tramitación y efectivización de un embargo contra el
accionante, pues si bien aquéllas fueron citadas como
terceros en el proceso, la eventual acción de regreso
insinuada por el Gobierno se encuentra directamente
inmixionada a la actuación del órgano jurisdiccional y
por lo tanto habrá de discutirse la actividad del titular.
C.Concordia, sala civil y comercial, marzo 1-2006 «Francolini,
Julio C. c. Superior Gobierno de la Prov. de Entre Ríos •
LLLitoral 2006 (agosto), 920, L.L. Online AR/JUR/760/2006
La especial competencia asignada por los
constituyentes de modo originario y exclusivo en
nuestra Carta Magna local (Const.Prov. Entre Ríos) al
máximo organismo judicial provincial en su art. 167
inc. 1 acápite i) para entender "En las acciones de
responsabilidad civil contra sus miembros y contra los
jueces de primera instancia" por razón de la propia
materia, excluye toda otra intervención jurisdiccional
reservándosele al alto cuerpo por expreso mandato
constitucional
su
originaria
y
excluyente
intervención en el asunto en cuestión.
¿Corresponde citar al magistrado si el
demandado es el Estado?
C.Nac.Com., sala A, junio 16-2009 «Lalanne, Roberto
Marcelo c. Marsans Internacional Argentina
S.A.» LLOnline AR/JUR/26429/2009
El fundamento de la intervención coactiva del tercero art. 94, Cód. Procesal- radica en evitar que en el proceso
que tiene por objeto la acción regresiva el demandado
pueda argüir la excepción de negligente defensa y lograr
que el pronunciamiento a dictarse constituya un
antecedente favorable para la fundabilidad de la posible
acción de regreso que se intente frente al citado,
impidiéndose de tal modo en el proceso posterior los
efectos de la cosa juzgada.
¿Corresponde citar al magistrado si el
demandado es el Estado?
C.Nac.Federal Cont-adm., sala II, marzo 19-2009 «Servente, Ignacio
Ezequiel y otros c. Estado Nacional — PFA- y otros», Exclusivo Doctrina
Judicial Online AR/JUR/8706/2009
En el marco de una acción deducida contra el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, a fin de obtener
reparación por los daños derivados del incendio de un local
bailable, resulta procedente la citación de los funcionarios
públicos imputados por mal desempeño de sus funciones, pues,
al ser integrantes de uno de los organismos demandados podría
generarse, en caso de condena respecto de su mandante, el
derecho a repetir las sumas posiblemente abonadas en concepto
de daño civil por el actuar negligente de sus dependientes,
evitándose además que aquéllos posteriormente invoquen
contra los accionados la excepción de negligente defensa
Cód.Proc.Civ. y Com. Entre Ríos
Art. 93 Ley 9776. - Recursos. Alcance de la
Sentencia.- Será inapelable la resolución que
admita la intervención de terceros. La que la
deniegue será apelable en efecto devolutivo.
En todos los supuestos, después de la intervención
del tercero, o de su citación, en su caso, la sentencia
dictada lo alcanzará como a los litigantes
principales.
Se podrá condenar al tercero si al sustanciarse el
pedido de su intervención, el actor hubiese
ampliado la demanda solicitando su condena.
¿Qué han dicho nuestros
tribunales sobre este tema?
02/10/2015
92
Jurisprudencia
Hechos: Había dos:
1. Privación ilegítima de la libertad –juzgada en
sede penal y condenados sus autores2. Prisión preventiva dictada en sede judicial que
concluyó con su absolución.
C.S.N., octubre 19-1995 “Balda, M. c/Provincia de Bs.As.” J.A. 1995-III pág.
155, L.L. To. 1996-B pág. 311
02/10/2015
93
Jurisprudencia
Privación ilegítima de la libertad –juzgada en sede penal y
condenados sus autores- se entendió que estaba
prescripta la acción indemnizatoria, pues se contó la
prescripción desde que cesó la detención ilegítima –
cuando el Juez la dispuso-
C.S.N., octubre 19-1995 “Balda, M. c/Provincia de Bs.As.” J.A. 1995-III pág.
155, L.L. To. 1996-B pág. 311 con nota de Bustamante Alsina, Jorge
“Responsabilidad del Estado por ‘error judicial’”
02/10/2015
94
Jurisprudencia
Respecto de la prisión preventiva –dictada por el Juez y
confirmada por la Cámara-, la Corte entendió que
para que proceda la acción indemnizatoria el acto
jurisdiccional debe ser declarado ilegítimo y dejado
sin efecto.
Se sostuvo que era un pronunciamiento cautelar firme y que no
podía pretenderse su revisión por vía de la acción indemnizatoria
C.S.N., octubre 19-1995 “Balda, M. c/Provincia de Bs.As.” J.A. 1995-III pág.
155, L.L. To. 1996-B pág. 311 con nota de Bustamante Alsina, Jorge
“Responsabilidad del Estado por ‘error judicial’”
02/10/2015
95
Jurisprudencia
Argumentos del rechazo
1. Que era un pronunciamiento cautelar firme y que no
podía pretenderse su revisión por vía de la acción
indemnizatoria
2. Que no hay responsabilidad por acto lícito del Poder
Judicial, si son producto de la actividad regular del
servicio –siempre que se respeten los hechos y el
derecho vigente (voto de Boggiano y López)- deben ser
soportados por los particulares (Nazareno, Moliné O’Connor,
Levenne –coincide Bossert-)
C.S.N., octubre 19-1995 “Balda, M. c/Provincia de Bs.As.” J.A. 1995-III pág.
155, L.L. To. 1996-B pág. 311 y AR/JUR/1852/1995
02/10/2015
96
Jurisprudencia
Argumentos del rechazo
3. Que el Estado es responsable del perjuicio ocasionado
cuando el imputado sufre una prisión preventiva y
luego resulta absuelto por su inocencia, sea por la
irregular prestación del servicio (art. 1112 C.C.) o por
el principio de no dañar a otro.
4. Pero en el caso no hubo tal, pues había elementos de
convicción
suficientes
parasido
estimar
quesino
el imputado
No
basta el hecho
de haber
absuelto,
que es
necesario
que el acto
sidoBelluscio
arbitrario
por su
había participado
dehaya
él (Fayt,
y Petracchi)
discrepancia con las circunstancias de hecho o el derecho
aplicable (Fayt, Belluscio y Petracchi)
02/10/2015
C.S.N., octubre 19-1995 “Balda, M. c/Provincia de Bs.As.” J.A.
1995-III pág. 155, L.L. To. 1996-B pág. 311 con nota de Jorge
Bustamante Alsina “Responsabilidad del Estado por error judicial”
97
Jurisprudencia
Hechos:
Se trata de un agente policial que estuvo detenido por
más de cuatro años, a raíz de un episodio en el que
resultaron muertos dos jóvenes que habían cometido
un delito. A lo largo del proceso en seis oportunidades
la Defensa había solicitado la excarcelación, pero no se
le hizo lugar. Finalmente, fue absuelto.
C.S.N., noviembre 11-1999 “R., C.A. c/Estado Nacional” L.L. To. 2000-II pág.
556
02/10/2015
98
Jurisprudencia
Hechos:
El agente C.A.R. inició demanda por daños y perjuicios
contra el Estado Nacional, por la prolongación del
estado de detención.
En primera instancia, se estableció la responsabilidad del
Estado. En segunda instancia, se revoca la sentencia
inicial.
La Corte hizo lugar a la demanda y revocó la sentencia de
segunda instancia
C.S.N., noviembre 11-1999 “R., C.A. c/Estado Nacional” L.L. To. 2000-II pág.
556
02/10/2015
99
Jurisprudencia
Argumentos de la admisión:
1. El Juez de Instrucción contaba con pautas objetivas y
subjetivas que le permitían presumir que la liberación del
imputado no entorpecería el accionar de la justicia, y mantuvo
la detención por mayor tiempo al prescripto por el art. 701 del
C.P.P.N. (considerando 22 del voto de la mayoría)
2. Se ha producido una deficiente prestación del servicio al
haberse prolongado una medida de coacción personal, sin una
necesidad imperiosa de mantenerla. (considerando 23 del voto de
la mayoría; Dres. Fayt, Belluscio, Vázquez, Bossert y Petracchi; en disidencia
Moliné O’Connor, Boggiano, López)
C.S.N., noviembre 11-1999 “R., C.A. c/Estado Nacional” L.L. To. 2000-II pág.
556
02/10/2015
100
Jurisprudencia
Hechos:
Se trató de una orden de prohibición del uso de una
máquina de propiedad de la actora que se emitió en
un proceso por contrabando, en el que más tarde se
dictó un sobreseimiento.
C.S.N. octubre 13-1994 “Román S. A. C. c. Estado nacional -Ministerio de
Educación y Justicia” L.L. To. 1995-B pág. 440, con nota de Jorge Bustamante
Alsina “La responsabilidad del Estado en el ámbito de su actividad jurisdiccional”–
D.J. To. 1995-2-48 y J.A. To. 1995-I pág. 263.
02/10/2015
101
Jurisprudencia
Argumentos del rechazo:
La veda del uso de la máquina había sido el ejercicio regular de las
atribuciones del Juez.
La mera revocación al dictar el sobreseimiento no otorga el
derecho a la indemnización.
Sólo hay error judicial cuando ha sido provocado de modo
irreparable y sus consecuencias perjudiciales no han podido
conjurarse por las vías procesales ordinarias.
C.S.N. octubre 13-1994 “Román S. A. C. c. Estado nacional -Ministerio de
Educación y Justicia” L.L. To. 1995-B pág. 440, con nota de Jorge Bustamante
Alsina “La responsabilidad del Estado en el ámbito de su actividad jurisdiccional”–
D.J. To. 1995-2-48 y J.A. To. 1995-I pág. 263.
02/10/2015
102
Jurisprudencia
Argumentos del rechazo:
La lesión de los derechos de los particulares no son
reparables cuando son la consecuencia normal y
necesaria de la actividad jurisdiccional, puesto que
importan limitaciones de carácter general al ejercicio
de todos los derechos individuales, por lo que sólo son
indemnizables si son anormales –o sea- si van más allá
de los que es razonable admitir.
C.S.N. octubre 13-1994 “Román S. A. C. c. Estado nacional -Ministerio de
Educación y Justicia” L.L. To. 1995-B pág. 440, con nota de Jorge Bustamante
Alsina “La responsabilidad del Estado en el ámbito de su actividad jurisdiccional”–
D.J. To. 1995-2-48 y J.A. To. 1995-I pág. 263.
02/10/2015
103
Jurisprudencia
Hechos:
Se trataba de un comprador en subasta en una sucesión,
que por efecto de la inflación y la demora en la
aprobación de la subasta, se habría visto obligada a
pagar un precio muy superior al ofrecido sobre la base
de lo que la actora entendía que era un ‘valor
imaginado’ por el Tribunal.
Se alegó no disponer de acción revisora de la cosa
juzgada y el criterio que sostiene que lo que interesa es
probar el ‘error manifiesto’
C.S.N., octubre 29-1996 “Egües. Alberto c/Prov. de Bs.As.” L.L. To 1998-A pág.
116
02/10/2015
104
Jurisprudencia
Argumentos del rechazo
1. Que no habiéndose removido los efectos de la cosa
juzgada, no podía pretenderse que por la vía de la
acción indemnizatoria, se conociera sobre el acierto o
error de los jueces de grado en el juicio sucesorio.
2. Que la Corte ha reconocido la existencia de la acción
autónoma de nulidad por pronunciamientos írritos.
C.S.N., octubre 29-1996 “Egües. Alberto c/Prov. de Bs.As.” L.L. To 1998-A pág.
116
02/10/2015
105
Jurisprudencia
Hechos:
Los actores habían visto frustrada su adquisición en
virtud de la inoponibilidad a la masa del vendedorfallido que había dispuesto del bien, en virtud de que
el síndico del concurso había omitido la inscripción de
la inhibición en el Registro de la Propiedad de la Prov.
de Buenos Aires.
C.Nac.Fed.C.Adm., sala IV, octubre 7-1999 “Amiano c/Estado Nacional” J.A.
2000-II pág. 262, L.L. To. 1999-F pág. 497, con nota de Claudia Caputi
“Tendencias actuales…” en L.L. To. 2000-C pág. 751
02/10/2015
106
Jurisprudencia
Argumentos de la admisión
1. Se fundó la responsabilidad del Estado en el irregular
cumplimiento de la labor del Síndico (art. 1112), con
fundamento en el riesgo de la actividad monopólica
de administrar justicia. (En disidencia Dr. Vázquez
postuló el rechazo)
2. Se destacó que no era propiamente un caso de error
judicial, sino de irregular funcionamiento del servicio
C.Nac.Fed.C.Adm., sala IV, octubre 7-1999 “Amiano c/Estado Nacional” J.A.
2000-II pág. 262, L.L. To. 1999-F pág. 497, con nota de Claudia Caputi
“Tendencias actuales…” en L.L. To. 2000-C pág. 751
02/10/2015
107
No corresponde atribuir responsabilidad al juez
concursal, en su carácter de órgano estatal, por la
omisión del síndico de inscribir la inhibición general
de bienes ordenada en el Registro de la Propiedad
Inmueble -en el caso, dicha omisión provocó la
frustración de la compra de un inmueble del fallido-,
pues el síndico no constituye un órgano mediante el
cual el Estado exterioriza sus potestades y voluntad,
sino un sujeto auxiliar de la justicia que desarrolla su
actividad en el proceso colectivo con autonomía y
en base a la idonedidad técnica que deriva de su
título profesional sin subordinación jerárquica
C.Nac.Fed.C.Adm., sala IV, octubre 7-1999 “Amiano c/Estado
Nacional” J.A. 2000-II pág. 262, L.L. To. 1999-F pág. 497, con nota
de Claudia Caputi “Tendencias actuales…” en L.L. To. 2000-C pág.
751
Jurisprudencia
Hechos:
Se había librado un oficio –equivocadamente- ordenando
la conversión de bonos depositados en un tribunal
laboral a moneda nacional, la que sufrió una fuerte
depreciación.
C.S.N., octubre 7-1999 “Hotelera Río de la Plata” L.L. To. 1986-B pág. 108, con
nota de Roberto García Martínez
02/10/2015
109
Jurisprudencia
La provincia demandada es responsable de los daños
ocasionados a la parte actora a raíz de haber
ordenado el presidente de un Tribunal del Trabajo
provincial, sin que mediara resolución de éste, que en
caso de pagarse en moneda extranjera las rentas o los
posibles rescates de bonos externos, se procediese a
su conversión a moneda nacional y depósito a la
orden del tribunal, orden que se cumplió por el Banco
C.S.N., octubre 7-1999 “Hotelera Río de la Plata” L.L. To. 1986-B pág. 108, con
nota de Roberto García Martínez
02/10/2015
110
Jurisprudencia
Argumentos de la admisión
1. Se fundó la responsabilidad del Estado la ‘falta de
servicio’.
2. En el fallo se abandonó la aplicación del art. 1113 C.C.
para responsabilidad extracontractual del Estado,
adhiriéndose a la teoría de que es una
responsabilidad directa por los hechos de sus
órganos.
C.S.N., octubre 7-1999 “Hotelera Río de la Plata” L.L. To. 1986-B pág. 108, con
nota de Roberto García Martínez
02/10/2015
111
Jurisprudencia
Hechos:
El accionante fue sometido a proceso sobre la base de una
pericia caligráfica que había dejado el asesino de dos
personas mayores –tías del sospechoso- en la que
rezaba “TODO POR AMOR A LAS DOS”, y estuvo
detenido durante dos años y medio.
14o. J.Civ. y Com. Mza., 29-12-1989, “Prieto, Manuel Oscar c/Provincia de
Mendoza” E.D. To. 139 pág. 147 con nota del Dr. Germán Bidart Campos: Una
brillante sentencia de Mendoza sobre la Responsabilidad del Estado por error
judicial en el proceso penal y en Mosset Iturraspe, Jorge “Responsabilidad por
02/10/2015
daños- El error judicial”, To. VII pág. 226
112
Jurisprudencia
Argumentos de la admisión
1. Se fundó la responsabilidad del Estado la ‘falla del
servicio’.
2. En particular, se analizó la defensa del Estado,
constituida por la culpa de la víctima y la de su
defensa técnica.
14o. J.Civ. y Com. Mza., 29-12-1989, “Prieto, Manuel Oscar c/Provincia de
Mendoza” E.D. To. 139 pág. 147 con nota del Dr. Germán Bidart Campos: Una
brillante sentencia de Mendoza sobre la Responsabilidad del Estado por error
judicial en el proceso penal y en Mosset Iturraspe, Jorge “Responsabilidad por
daños- El error judicial”, To. VII pág. 226
02/10/2015
113
Jurisprudencia
Hechos:
La actora fue detenida e incomunicada al pretender salir
del país hacia Uruguay, en virtud de la omisión de
confeccionar un oficio en el tribunal criminal que
había solicitado su secuestro y, luego, logrado éste,
había ordenado el levantamiento de esa orden.
C.S.N., mayo 4-1995 “De Gandía, Beatriz c/Prov. de Bs.As.” L.L. To. 1996-D
pág. 79, con nota de Rejtman Farah, Mario “Responsabiidad del Estado por
omisión judicial. Una tendencia que se expande”
02/10/2015
114
Jurisprudencia
Argumentos de la admisión
1. Se fundó la responsabilidad del Estado la ‘falta de
servicio’.
2. En el fallo se abandonó la aplicación del art. 1113 C.C.
para responsabilidad extracontractual del Estado,
adhiriéndose a la teoría de que es una
responsabilidad directa por los hechos de sus
órganos.
C.S.N., mayo 4-1995 “De Gandía, Beatriz c/Prov. de Bs.As.” L.L. To. 1996-D
pág. 79, con nota de Rejtman Farah.
02/10/2015
115
Jurisprudencia
El juez que decretó la quiebra de una persona homónima del
verdadero deudor y dispuso su inhibición de bienes e interdicción
de salida del país, pese a las notorias diferencias que surgían entre
el nombre y el domicilio de ambos — en el caso, se trata de dos
personas de igual apellido y primer nombre— , debe responder
por el daño causado, ya que debió procurar obtener una acabada
acreditación de la identidad del fallido, en tanto requisito esencial,
habida cuenta de las severas consecuencias legales que contempla
la ley concursal
C.S.N., mayo 23-2006 «Tortorelli, Mario Nicolás c/Prov. de BS.As.»
AR/JUR/1323/2006 .
02/10/2015
116
Jurisprudencia
Otros casos admitidos
Fundados en la ‘falta de servicio’

Libramiento de cheques
erróreamente

Iregularidad en subasta

Pérdida de documentos
02/10/2015
C.Nac.Fed.C.Adm., sala II, febrero 111999 “Lusquiños, H. c/Estado Nacional”
J.A. To. 2000-I pág. 246
C.Nac.Fed.C.Adm., sala IV, abril 8-1986
“Nahoum, A. c/Estado Nacional” L.L.
1987-A pág. 225
C.Nac.Fed.C.Adm, sala II, junio 191994, “Bgas. y Vdos. Giol” J.A. To.
1995-IV pág. 152
117
Jurisprudencia
Otros casos admitidos
Fundados en la ‘falta de servicio’

Inhibición trabada en
una quiebra sobre un
homómimo del deudor
02/10/2015
C.S.J.N., mayo 23-2006
«Tortorelli, Mario Nicolás c.
Provincia de Buenos Aires» RCyS
2006, 515, con nota de José F.
Márquez; LA LEY 2006-D, 345, con
nota de Alejandro Dalmacio
Andrada; LA LEY 2006-E, 470, con
nota de Pascual E. Alferillo;
Agustín Rugna; y
AR/JUR/1323/2006
118
Jurisprudencia
Otros casos rechazados
Por falta de prueba de la relación causal o el daño


Error en la liquidación
Pérdida de documentos
02/10/2015
C.S.N., agosto 19-1999 “Bareco
Argentina S.A. c/Prov.Bs.As.” se
desestimó pues la empresa tenía
desequilibrios económicos antes del
hecho
C.Nac.Fed.C.Adm, sala II, octubre 51993 “Odetti, Ida c/Estado Nacional”
no logró acreditarse la solvencia del
avalista ni del deudor
119
Conclusiones a debatir
• ¿Los jueces deben ser responsables de sus
actos como los demás funcionarios públicos?
• ¿Es conveniente que el juez deba ser
desaforado para ser demandado civilmente?
• ¿Es conveniente que la responsabilidad del
Estado se haga efectiva sin escuchar al Juez?
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presentación
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sitio, hay un sector de
Conferencias, allí la encontrará.
121
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Responsabilidad del Estado y Jueces por actividad judicial