Mtro. Guillermo Alberto Ogarrio Saucedo.
1
Del 23 al 29 de Octubre de 1977, se celebró en la ciudad de
Acapulco, Guerrero, el primer Congreso mundial de derecho
familiar y derecho civil, con la asistencia de grandes y
reconocidos doctrinistas
Doctor Henry Mazeaud, autor, entre otras, de la obra “Lecciones de Derecho Civil”
catedrático honorario de la facultad de derecho de la Universidad de París, en Francia.
Doctor Diego Espín Cánovas, catedrático de la Universidad de Salamanca, España.
Doctor Günther Beitzke, catedrático de la Universidad de Boon Alemania
Doctor Alberto Trabucci profesor de la Universidad de Padua, Italia y presidente de la
facultad de Jurisprudencia de la misma universidad.
Doctora Marina Hart Dávalos de la Universidad de la Habana Cuba.
Doctor Augusto Cesar Belluscio profesor de derecho civil de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, Argentina.
Doctor Silvio Rodríguez de la Universidad de Sau Paulo, Brasil, entre otros muchos más,
Congreso al que tuve el honor de asistir y participar.
2
•Creación de un Código de Familia
•Creación de un Código de Procedimientos Familiares.
•Creación de un Consejo de Familia interdisciplinario.
•Una nueva sistemática para la enseñanza del derecho familiar, en las escuelas y facultades
de la República Mexicana, la creación de Tribunales Familiares a lo largo y ancho del
Territorio Nacional.
3
• Posteriormente asistí al Quinto Congreso Mundial de Derecho Familiar,
celebrado los días del 18 al 25 de Septiembre de 1988, en La
Universidad Autónoma en San Cristóbal de Las Casas Chiapas.
• Enseguida participé en el Octavo Congreso Mundial sobre Derecho de
Familia, celebrado en San Salvador, El Salvador, del 20 al 26 de
Septiembre de 1992, presenté ponencia sobre técnicas de
reproducción asistida humana, sus avances y consecuencias jurídicas.
• Asistí a la reunión mundial extraordinaria 20 años de Derecho Familiar,
que se llevó a cabo del 27 al 31 de Octubre de 1997 en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, Morelos, y donde
estuvimos presentes un buen número de asistentes al primer congreso
mundial de derecho familiar y derecho civil
4
LEY DEL DIVORCIO
•En pleno período Revolucionario, nace la Ley del Divorcio en 1914,
que permitía a los divorciados contraer nuevas nupcias, expedido el
decreto por el Jefe del ejército constitucionalista encargado del
poder ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y Jefe de la
Revolución Venustiano Carranza.
LEY SOBRE RELACIONES FAMILIARES
•Posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 14 de Abril de 1917 la Ley sobre relaciones familiares, cuyo
decreto se debe al primer Jefe del Ejército constitucionalista,
encargado del poder ejecutivo de la nación, en la cual se incorporó
la Ley del Divorcio como disolución del vínculo matrimonial,
dejando en aptitud a los divorciados de contraer nuevas nupcias, la
primer ley en el mundo de esta naturaleza que separó el derecho
civil en relación con el derecho familiar.
5
El Artículo 4º Constitucional nos dice:
“el varón y la mujer son iguales ante la Ley. Ésta protegerá la organización y
el desarrollo de la familia.
… toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La
ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena
sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez….”
6
El Artículo 27º Constitucional nos dice en su
fracción XVII:
“…. Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia,
determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de
que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen
ninguno…”
El Artículo 123 Constitucional nos dice en su
fracción XXVIII:
“Las leyes determinarán los bienes que constituyan el
de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán
gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles
herencia con simplificación de las formalidades de
sucesorios.”
patrimonio
sujetarse a
a título de
los juicios
7
El artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos, reformado mediante publicación de 10 de junio
del 2011, en el Diario oficial de la Federación, el cual
establece literalmente lo siguientes:
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
8
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley…”
9
De la anterior transcripción se infiere, entre otras cosas:
Que a partir de la reforma constitucional de
diez de junio del dos mil once, se elevaron a
rango constitucional los derechos humanos
protegidos tanto por la Carta Magna como
por los tratados internacionales en que el
Estado Mexicano sea parte, cuestión que
implica la creación de una especie de bloque
de constitucionalidad integrado ya no sólo
por la ley fundamental sino también por los
referidos instrumentos supranacionales.
10
Asimismo, se incorporó el principio pro
persona como rector de la interpretación y
aplicación de las normas jurídicas, en aquellas
que favorezcan y brinden mayor protección a
las personas. El citado principio supone que,
cuando existan distintas interpretaciones
posibles de una norma jurídica, deberá elegirse
aquella que más proteja al titular de un
derecho humano. Y también significa que,
cuando en un caso concreto se puedan aplicar
dos o más normas jurídicas, el interprete debe
elegir aquella que, igualmente, proteja de
mejor manera a los titulares de un derecho
humano.
11
En otras palabras, podemos afirmar que el principio
pro personae tiene dos variantes:
a) Preferencia interpretativa,
según la cual el intérprete ha
de
preferir,
de
las
interpretaciones válidas que
estén
disponibles
para
resolver un caso concreto, la
que más optimice un derecho
fundamental,
es
decir,
cuando amplia el ámbito de
los sujetos protegidos por el
Derecho o cuando amplia el
perímetro material protegido
por el Derecho.
b) Preferencia de normas, de
acuerdo con la que cual el
intérprete, si puede aplicar
más de una norma al caso
concreto,
deberá
preferir
aquella que sea más favorable
a
la
persona,
con
independencia del lugar que
ocupe dentro de la jerarquía
normativa.
12
Asentado lo anterior, ahora resulta conveniente precisar que el
artículo 133 de la Carta fundamental dispone expresamente:
• Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con
la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la
Republica, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda
la unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los
Estados.”
13
El citado precepto constitucional contiene el llamado
PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA
A través del cual se establece la estructura del orden
jurídico mexicano. De igual manera, de la aludida
norma de naturaleza constitucional se desprende
que en ella se otorga el rango de ley del país a los
tratados internacionales, celebrados y que se
celebren por el Estado Mexicano, y por ende lo
pactado en los citados instrumentos supranacionales
automáticamente queda incorporado al derecho
interno mexicano.
14
Tanto más que,
el principio pro homine,
es un criterio interpretativo que coincide con el
rasgo fundamental de los derechos humanos, por
virtud del cual debe estarse siempre a lo más
favorable para el hombre e implica que debe
acudirse a la norma más amplia o a la interpretación
extensiva cuando se trata de derechos protegidos y,
por el contrario, al a norma o a la interpretación más
restringida, cuando se trata de establecer límites a
su ejercicio.
15
Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1.4º.A.464 A sustentada por el Cuarto
Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, tomo XXI,
Febrero de 2005, página 1744, con el rubro y texto siguientes:
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. El
principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre
debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe
acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se
trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la
interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su
ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 y 20 de
Mayo de 1981, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados
forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133
constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma
obligatoria.
16
Asimismo, la tesis 1.4º.A.441 sustentada por el referido Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, tomo XX, octubre de
2004, página 2385, que textualmente establece:
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN. El principio pro
homine, incorporado en múltiples tratados internacionales, es un criterio
hermenéutico que coincide con el rasgo fundamental de los derechos
humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a favor del hombre e
implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación
extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la
norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de
establecer límites a su ejercicio.
17
Antecedentes del Derecho Procesal Familiar
De lo reseñado con antelación, se colige que cualquier tribunal
local del Estado mexicano no debe limitarse a aplicar sólo las
legislaciones locales, sino que queda también compelido a
aplicar la Constitución, los tratados o convenciones
internacionales y la Jurisprudencia emitida por organismos de
naturaleza trasnacional.
En efecto, a juicio del que aquí resuelve, corresponde a todos
los jueces y órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano,
dentro de sus respectivas competencias realizar una
interpretación de las normas nacionales a la luz de la
Convención o Tratado en la que México sea Estado Parte, de su
protocolos adicionales, así como de la jurisprudencia
sustentada por los organismos internacionales correspondientes
y siempre con la regla interpretativa del principio pro homine.
18
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES
IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE
AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
19

Que viene a revolucionar todas las actuaciones
judiciales en las que estén involucrados los:
NIÑOS
NIÑAS
ADOLESCENTES
20
Los Tribunales Colegiados de la República, ya
resolvieron
Otorgando el amparo y protección de la justicia
federal
Para efectos de que nuevamente se lleven a
cabo las actuaciones judiciales en que
intervienen reitero los niños, niñas y
adolescentes
Para efectos de que las actuaciones judiciales
sean conforme al protocolo que vamos a
comentar.
21
• Dicho protocolo fue
elaborado por la Presidencia
de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Contiene los siguientes capítulos:
Capítulo III.Reglas de
actuación
generales.
Capítulo I.Sobre el
protocolo
CAPITULOS
Capítulo II.Conceptos y
principios.
22
Capítulo III.- Reglas de
actuación generales.
A mi juicio el más
importante ya que
señala las reglas a las
cuales deben sujetarse
todos los Tribunales
Federales y locales.
El protocolo debe ser
Destaco la obligación
observado si se trata de
por parte de las
víctimas o testigos de
autoridades de
delitos o de cualquier
garantizar la protección
niño, niñas o
más amplia a las niñas,
adolescente en contacto
niños y adolescentes,
en el sistema de justicia
actuando de oficio,
ordenando desahogo de por la vía civil, familiar,
pruebas aun cuando las administrativa, penal o
laboral.
partes no lo hubieren
hecho.
23


1.- Se protegerá la
intimidad de todo
niño, niña o
adolescente.
2.- No se publicará
ninguna información
sobre el niño, niña o
adolescente sin la
autorización expresa
del Tribunal y de
acuerdo a la
normatividad
respectiva.
3.- Todo niño, niña o
adolescente tiene derecho
a expresar sus opiniones
libremente y en sus
propias palabras y sus
opiniones deben ser
tomadas en consideración
según su edad, madurez y
evolución de su capacidad.
24
4.- Todo niño, niña o adolescente debe ser informado.
5.- Antes de invitar a un niño, niña o adolescente a comparecer ante los
Tribunales, la persona encargada de impartir justicia comprobará que tenga una
persona de apoyo.
6.- Cuando se trate de un niño, niña o adolescente víctima o testigo, o bien en un
asunto de materia familiar deberá transmitírsele mensajes que reconozcan su
valor y credibilidad, desculpabilizantes, explicitar que la única expectativa que se
espera es que exprese lo que sabe o ha vivido, deberá preparársele para que
participe sin temor por lo menos un día previo al desahogo de la diligencia o en
caso de excepción antes del desahogo de la diligencia.
25
7.- Ningún niño, niña o adolescente será
obligado a testificar contra su voluntad.
8.- No podrán acompañar al niño, niña o
adolescente su madre, padre, tutor o
tutora en los casos siguientes
Cuando la madre, el padre, el tutor o la
tutora son los probables autores del delito o
si la custodia o patria potestad es
cuestionada.
26
9.- Toda actuación
infantil deberá ser
grabada en audio e
imagen en su
totalidad. La
grabación deberá
integrarse, ser
transcrita y
permanecer en el
expediente,
guardada en total
confidencialidad.
27
10.- Periciales infantiles: El Juez debe
solicitar que la misma se registre grabada
en audio e imagen a fin de que pueda ser
estudiada posteriormente, la grabación
debe ser integrada, transcrita y
permanecer en el expediente
correspondiente
Deben ser expertos peritos
especializados en materia infantil, existir
congruencia entre :
La metodología y las conclusiones.
28


11.- Salas de espera especiales para las
niñas, niños y adolescentes, reducir al
mínimo el tiempo de espera de los mismos
durante su comparecencia ante el Tribunal.
12.- Cuando el Juez se percate de cualquier
riesgo o peligro en la integridad o desarrollo
del niño, niña o adolescente, deberá de
decretar de manera oficiosa medidas
cautelares para salvaguardar la seguridad y
restitución de los derechos de la infancia.
Estas son algunas de las reglas más
importantes entre otras más.
29
Comentario:
Los Tribunales Colegiados, ya están
obligando a los Jueces y Magistrados
locales, que se desahogue de manera
oficiosa las audiencias y diligencias en los
términos del presente protocolo, dejando
sin efecto las sentencias ya dictadas e
impugnadas por las partes.
Los Juzgados familiares en el Estado de
Jalisco, ya están aplicando el protocolo.
Lo negativo la dilación en los
procedimientos y el costo para el Estado y
la sociedad al tener que volver al término
de desahogo de pruebas, para que éstas
se desahoguen conforme al protocolo.
Lo positivo que viene a proporcionar una
protección a los niños, niñas y
adolescentes.
30
El Código civil para el
Distrito
Federal
y
territorios federales de
1928.
Sirvió de modelo para la
mayoría de los Códigos
Civiles de la República.
Inspirado en el Código
civil de 1870 y 1884, que
a su vez se inspiró en el
Código Civil de Napoleón
de 1804.
En el cual se incorpora la
Ley
de
relaciones
familiares de 1917.
31
Cabe destacar que en el Código Civil
de 1870, se contemplaba la herencia
forzosa.
En el Código civil de 1884 desaparece
dicha institución, quedando el testador
en libertad absoluta para disponer de
su patrimonio, inspirándose en las
tesis de derecho consuetudinario.
32
“…se adiciona el título de controversias
En 1973 se incorpora al
Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito
Federal
un
capítulo
denominado
“De
las
controversias
de
orden
familiar”, que constaba de
17 artículos, dejando en
claro en la exposición de
motivos :
sobre la base de que todos los problemas
inherentes a la familia son de orden
público, en el se confieren al Juez
facultades discrecionales para que
aplique las medidas que estime
adecuadas a cada caso, se disminuyen
las formalidades, quedando siempre las
que constituyen una base de seguridad y
no una complicación del procedimiento,
subsistiendo las disposiciones generales
para los asuntos familiares que por
naturaleza y trascendencia así lo exijan.
Se establece también la oralidad..”
33
CÓDIGOS DE FAMILIA EN LA
REPÚBLICA MEXICANA
34

I. En el primer Congreso Mundial sobre
Derecho Familiar y Derecho civil se propuso
la creación de un Código de Familia y un
Código de Procedimientos Familiares, mismos
que no se aprobaron.
35
- LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO
DE HIDALGO.

II.- Código Familiar para el Estado de Hidalgo
de 1983, reformado en 1986 y actualmente
denominado Ley para la Familia del Estado de
Hidalgo, así como el primer código de
procedimientos familiares para el Estado de
Hidalgo, el cual se abrogó incluyendo la
reforma de 1986 y entró en vigor el nuevo
Código de Procedimientos Familiares en el
año 2007:
36


III.- Código Familiar del Estado de
Zacatecas, el 10 de Mayo de
1986, siguiendo el modelo de
Hidalgo, entró en vigor el Código
Familiar del Estado de Zacatecas.


37

IV.Código Familiar para el Estado de
Michoacán De Ocampo, publicado en el
periódico oficial del Estado de Michoacán el
lunes 11 de Febrero del 2008, y dentro del
propio Código Familiar se incluye el
procedimiento familiar.
38

V.- Código Familiar para el Estado Libre y
soberano de Morelos, publicado el 06 de
Septiembre del 2006, así como el Código de
Procedimientos Familiares para el Estado de
Morelos, publicado de igual manera el 06 seis
de Septiembre del 2006.
39

VI.- Código Familiar para el estado de San
Luis Potosí que entró en vigor el 18 de
marzo del 2009.
40

VII.- Código de Familia para el Estado de
Sonora, que entró en vigor el día 01 de Abril
del 2011.
41

Código de Familia para el Estado de Yucatán, que
entró en vigor a los 180 días hábiles siguientes a los
de su publicación en el Diario Oficial, cuya
publicación fue el lunes 30 de Abril del 2012, y el
Código de procedimientos familiares del Estado de
Yucatán, que entró en vigor a los 180 días hábiles
siguientes a los de su publicación en el Diario Oficial,
cuya publicación fue el lunes 30 de Abril del 2012.
42

Código
de Familia para el Estado de
Sinaloa, cuya publicación fue el lunes 06
seis de marzo del año 2013, y el Código de
procedimientos familiares del Estado de
Sinaloa, cuya publicación fue el 27
veintisiete de noviembre del 2013.
43





[Título]
DISPOSICIONES PRELIMINARES
[Artículo 1] [Artículo 2] [Artículo 3] [Artículo 4] [Artículo 5] [Artículo 6] [Artículo 7]
[Artículo 8]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO PRIMERO DE LAS PERSONAS NATURALES
[Artículo 9]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO PRIMERO DE LAS PERSONAS NATURALES
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 10] [Artículo 11] [Artículo 12] [Artículo 13] [Artículo 14] [Artículo 15]
[Artículo 16] [Artículo 17]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO PRIMERO DE LAS PERSONAS NATURALES
CAPÍTULO II DERECHO DE LA PERSONA A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR Y A LA
PROPIA IMAGEN
[Artículo 18] [Artículo 19] [Artículo 20] [Artículo 21] [Artículo 22] [Artículo 23]
[Artículo 24] [Artículo 25] [Artículo 26] [Artículo 27]
44





LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO PRIMERO DE LAS PERSONAS NATURALES
CAPÍTULO III DE LAS SANCIONES A LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS PERSONAS
[Artículo 28] [Artículo 29] [Artículo 30] [Artículo 31] [Artículo 32] [Artículo 33]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO PRIMERO DE LAS PERSONAS NATURALES
CAPÍTULO IV DEL NOMBRE DE LAS PERSONAS FÍSICAS
[Artículo 34] [Artículo 35] [Artículo 36] [Artículo 37] [Artículo 38]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO PRIMERO DE LAS PERSONAS NATURALES
CAPÍTULO V DEL DOMICILIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y SUS DERECHOS DE
CONVIVENCIA
[Artículo 39]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 40] [Artículo 41] [Artículo 42] [Artículo 43] [Artículo 44] [Artículo 45]
[Artículo 46] [Artículo 47]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO II DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO
[Artículo 48] [Artículo 49]
45





LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO III DE LAS FORMALIDADES PARA CONTRAER MATRIMONIO
[Artículo 50] [Artículo 51] [Artículo 52] [Artículo 53] [Artículo 54] [Artículo 55]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO IV DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO
[Artículo 56] [Artículo 57] [Artículo 58] [Artículo 59] [Artículo 60] [Artículo 61]
[Artículo 62] [Artículo 63] [Artículo 64] [Artículo 65] [Artículo 66]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO V DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL
MATRIMONIO
[Artículo 67] [Artículo 68] [Artículo 69] [Artículo 70] [Artículo 71] [Artículo 72]
[Artículo 73]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO VI DE LAS DONACIONES PRENUPCIALES
[Artículo 74] [Artículo 75] [Artículo 76] [Artículo 77] [Artículo 78]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO VII DE LAS DONACIONES ENTRE CÓNYUGES
[Artículo 79] [Artículo 80] [Artículo 81]
46





LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO VIII REGÍMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO
[Artículo 82] [Artículo 83] [Artículo 84] [Artículo 85]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO IX DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
[Artículo 86] [Artículo 87] [Artículo 88] [Artículo 89] [Artículo 90] [Artículo 91]
[Artículo 92] [Artículo 93] [Artículo 94] [Artículo 95] [Artículo 96] [Artículo 97]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO X DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA SOCIEDAD
[Artículo 98] [Artículo 99] [Artículo 100] [Artículo 101] [Artículo 102] [Artículo
103] [Artículo 104]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO XI DE LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL
[Artículo 105] [Artículo 106] [Artículo 107] [Artículo 108] [Artículo 109]
[Artículo 110] [Artículo 111] [Artículo 112] [Artículo 113] [Artículo 114]
[Artículo 115] [Artículo 116] [Artículo 117] [Artículo 118]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO XII DE LA SEPARACIÓN DE BIENES
[Artículo 119] [Artículo 120] [Artículo 121] [Artículo 122] [Artículo 123]
[Artículo 124] [Artículo 125] [Artículo 126] [Artículo 127] [Artículo 128]
[Artículo 129] [Artículo 130]
47





LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO XIII DE LA INEXISTENCIA DEL MATRIMONIO
[Artículo 131] [Artículo 132] [Artículo 133] [Artículo 134] [Artículo 135]
[Artículo 136] [Artículo 137]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO XIV DE LOS MATRIMONIOS NULOS
[Artículo 138] [Artículo 139] [Artículo 140] [Artículo 141] [Artículo 142]
[Artículo 143] [Artículo 144] [Artículo 145] [Artículo 146] [Artículo 147]
[Artículo 148] [Artículo 149] [Artículo 150] [Artículo 151] [Artículo 152]
[Artículo 153] [Artículo 154]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEGUNDO DEL MATRIMONIO
CAPÍTULO XV DE LOS EFECTOS PERSONALES Y PATRIMONIALES DE LA NULIDAD
DEL MATRIMONIO
[Artículo 155] [Artículo 156] [Artículo 157] [Artículo 158] [Artículo 159]
[Artículo 160] [Artículo 161] [Artículo 162] [Artículo 163] [Artículo 164]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO TERCERO DEL CONCUBINATO
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 165] [Artículo 166]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO TERCERO DEL CONCUBINATO
CAPÍTULO II REGISTRO DEL CONCUBINATO
[Artículo 167] [Artículo 168] [Artículo 169]
48




LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO TERCERO DEL CONCUBINATO
CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONCUBINATO
[Artículo 170] [Artículo 171] [Artículo 172] [Artículo 173] [Artículo 174]
[Artículo 175] [Artículo 176] [Artículo 177]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO TERCERO DEL CONCUBINATO
CAPÍTULO IV DE LA DISOLUCIÓN DEL CONCUBINATO
[Artículo 178] [Artículo 179]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO CUARTO DEL DIVORCIO
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 180]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO CUARTO DEL DIVORCIO
CAPÍTULO II DEL DIVORCIO
[Artículo 181] [Artículo 182] [Artículo 183] [Artículo 184] [Artículo 185]
[Artículo 186] [Artículo 187] [Artículo 188] [Artículo 189] [Artículo 190]
[Artículo 191] [Artículo 192] [Artículo 193] [Artículo 194] [Artículo 195]
49
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LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO QUINTO DEL PARENTESCO
CAPÍTULO II DE LOS GRADOS DE PARENTESCO
[Artículo 202] [Artículo 203] [Artículo 204]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEXTO DE LOS ALIMENTOS
CAPÍTULO L DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 205] [Artículo 206] [Artículo 207] [Artículo 208]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEXTO DE LOS ALIMENTOS
CAPÍTULO II CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS
[Artículo 209] [Artículo 210] [Artículo 211] [Artículo 212] [Artículo 213] [Artículo 214] [Artículo 215]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEXTO DE LOS ALIMENTOS
CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS PREFERENTES DE LOS ALIMENTOS
[Artículo 216] [Artículo 217] [Artículo 218] [Artículo 219] [Artículo 220] [Artículo 221]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SEXTO DE LOS ALIMENTOS
CAPÍTULO IV DE LA ACCIÓN DE PEDIR Y LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS
[Artículo 222] [Artículo 223] [Artículo 224] [Artículo 225] [Artículo 226] [Artículo 227] [Artículo 228]
[Artículo 229] [Artículo 230]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SÉPTIMO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 231] [Artículo 232]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SÉPTIMO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
CAPÍTULO II DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO
[Artículo 233] [Artículo 234] [Artículo 235]
50
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LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO SÉPTIMO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
CAPÍTULO III DEL TRATAMIENTO INSTITUCIONAL
[Artículo 236] [Artículo 237] [Artículo 238] [Artículo 239]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO OCTAVO DE LA FILIACIÓN
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 240] [Artículo 241]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO OCTAVO DE LA FILIACIÓN
CAPÍTULO II DE LOS HIJOS DE MATRIMONIO
[Artículo 242] [Artículo 243] [Artículo 244] [Artículo 245] [Artículo 246] [Artículo 247] [Artículo 248]
[Artículo 249] [Artículo 250] [Artículo 251] [Artículo 252] [Artículo 253] [Artículo 254] [Artículo 255]
[Artículo 256]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO OCTAVO DE LA FILIACIÓN
CAPÍTULO III DE LA LEGITIMACIÓN
[Artículo 257] [Artículo 258] [Artículo 259] [Artículo 260]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO OCTAVO DE LA FILIACIÓN
CAPÍTULO IV DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO
[Artículo 261] [Artículo 262] [Artículo 263] [Artículo 264] [Artículo 265] [Artículo 266] [Artículo 267]
[Artículo 268] [Artículo 269] [Artículo 270] [Artículo 271] [Artículo 272] [Artículo 273] [Artículo 274]
[Artículo 275] [Artículo 276] [Artículo 277] [Artículo 278] [Artículo 279] [Artículo 280] [Artículo 281]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO OCTAVO DE LA FILIACIÓN
CAPÍTULO V DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA Y LA GESTACIÓN SUBROGADA
[Artículo 282] [Artículo 283] [Artículo 284] [Artículo 285] [Artículo 286] [Artículo 287] [Artículo 288]
[Artículo 289] [Artículo 290] [Artículo 291] [Artículo 292] [Artículo 293] [Artículo 294] [Artículo 295]
[Artículo 296] [Artículo 297]
51
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LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO OCTAVO DE LA FILIACIÓN
CAPÍTULO VI DE LAS PRUEBAS DE LA FILIACIÓN
[Artículo 298] [Artículo 299] [Artículo 300] [Artículo 301]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO OCTAVO DE LA FILIACIÓN
CAPÍTULO VII DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD Y LA MATERNIDAD
[Artículo 302] [Artículo 303] [Artículo 304] [Artículo 305] [Artículo 306] [Artículo 307] [Artículo 308]
[Artículo 309] [Artículo 310]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO NOVENO DE LA ADOPCIÓN
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 311] [Artículo 312] [Artículo 313] [Artículo 314] [Artículo 315] [Artículo 316] [Artículo 317]
[Artículo 318] [Artículo 319] [Artículo 320] [Artículo 321] [Artículo 322] [Artículo 323] [Artículo 324]
[Artículo 325] [Artículo 326]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO NOVENO DE LA ADOPCIÓN
CAPÍTULO II DE LA ADOPCIÓN
[Artículo 327] [Artículo 328] [Artículo 329] [Artículo 330] [Artículo 331] [Artículo 332] [Artículo 333]
[Artículo 334] [Artículo 335]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO NOVENO DE LA ADOPCIÓN
CAPÍTULO III DE LA CUSTODIA FAMILIAR PREADOPTIVA
[Artículo 336] [Artículo 337] [Artículo 338] [Artículo 339] [Artículo 340] [Artículo 341]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO NOVENO DE LA ADOPCIÓN
CAPÍTULO IV DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL
[Artículo 342] [Artículo 343] [Artículo 344] [Artículo 345] [Artículo 346]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO DE LA PATRIA POTESTAD
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 347] [Artículo 348] [Artículo 349] [Artículo 350] [Artículo 351] [Artículo 352] [Artículo 353]
[Artículo 354] [Artículo 355] [Artículo 356] [Artículo 357] [Artículo 358] [Artículo 359] [Artículo 360]
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LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO DE LA PATRIA POTESTAD
CAPÍTULO II DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD RESPECTO DE LOS BIENES DEL HIJO
[Artículo 361] [Artículo 362] [Artículo 363] [Artículo 364] [Artículo 365] [Artículo 366]
[Artículo 367] [Artículo 368] [Artículo 369] [Artículo 370] [Artículo 371] [Artículo 372]
[Artículo 373] [Artículo 374] [Artículo 375] [Artículo 376] [Artículo 377] [Artículo 378]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO DE LA PATRIA POTESTAD
CAPÍTULO III DE LA TERMINACIÓN, PERDIDA Y SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD
[Artículo 379] [Artículo 380] [Artículo 381] [Artículo 382] [Artículo 383] [Artículo 384]
[Artículo 385] [Artículo 386] [Artículo 387]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO DE LA PATRIA POTESTAD
CAPÍTULO IV DE LA RESTITUCIÓN DE MENORES
[Artículo 388] [Artículo 389] [Artículo 390] [Artículo 391] [Artículo 392] [Artículo 393]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 394] [Artículo 395] [Artículo 396] [Artículo 397] [Artículo 398] [Artículo 399]
[Artículo 400] [Artículo 401] [Artículo 402] [Artículo 403] [Artículo 404]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO II DE LA TUTELA TESTAMENTARIA
[Artículo 405] [Artículo 406] [Artículo 407] [Artículo 408] [Artículo 409] [Artículo 410]
[Artículo 411]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO III DE LA TUTELA LEGÍTIMA DE LOS MENORES DE EDAD
[Artículo 412] [Artículo 413] [Artículo 414]
53
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LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO IV DE LA TUTELA LEGÍTIMA DE LOS MAYORES DE EDAD INCAPACITADOS
[Artículo 415] [Artículo 416] [Artículo 417]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO V DE LA TUTELA LEGÍTIMA DE LOS MENORES ABANDONADOS Y DE LAS ACOGIDOS
(SIC) POR ALGUNA PERSONA, O DEPOSITADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA
[Artículo 418] [Artículo 419]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO VI DE LA TUTELA DATIVA
[Artículo 420] [Artículo 421] [Artículo 422] [Artículo 423] [Artículo 424] [Artículo 425]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO VII DE LOS IMPEDIMENTOS Y LA SEPARACIÓN EN EL DESEMPEÑO DE LA TUTELA.
[Artículo 426] [Artículo 427] [Artículo 428] [Artículo 429] [Artículo 430]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO VIII DE LAS EXCUSAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA TUTELA
[Artículo 431] [Artículo 432] [Artículo 433] [Artículo 434]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO IX DE LA GARANTÍA QUE DEBEN PRESTAR LOS TUTORES PARA ASEGURAR SU
MANEJO
[Artículo 435] [Artículo 436] [Artículo 437] [Artículo 438] [Artículo 439] [Artículo 440]
[Artículo 441] [Artículo 442] [Artículo 443] [Artículo 444] [Artículo 445]
54
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LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO X DEL DESEMPEÑO DE LA TUTELA
[Artículo 446] [Artículo 447] [Artículo 448] [Artículo 449]
[Artículo 453] [Artículo 454] [Artículo 455] [Artículo 456]
[Artículo 460] [Artículo 461] [Artículo 462] [Artículo 463]
[Artículo 467] [Artículo 468] [Artículo 469] [Artículo 470]
[Artículo 474] [Artículo 475] [Artículo 476] [Artículo 477]
[Artículo
[Artículo
[Artículo
[Artículo
450]
457]
464]
471]
[Artículo
[Artículo
[Artículo
[Artículo
451]
458]
465]
472]
[Artículo
[Artículo
[Artículo
[Artículo
452]
459]
466]
473]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO XI DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA
[Artículo 478] [Artículo 479] [Artículo 480] [Artículo 481] [Artículo 482] [Artículo 483] [Artículo 484]
[Artículo 485] [Artículo 486] [Artículo 487] [Artículo 488]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO XII DE LA EXTINCIÓN DE LA TUTELA
[Artículo 489]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO XIII DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
[Artículo 490] [Artículo 491] [Artículo 492] [Artículo 493] [Artículo 494] [Artículo 495] [Artículo 496]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO XIV DEL CURADOR
[Artículo 497] [Artículo 498] [Artículo 499] [Artículo 500] [Artículo 501]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA TUTELA
CAPÍTULO XV DE LOS CONSEJOS LOCALES DE TUTELAS Y DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA
[Artículo 502] [Artículo 503] [Artículo 504] [Artículo 505]
55
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LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DE LA INTERDICCIÓN Y EMANCIPACIÓN
CAPÍTULO I DEL ESTADO DE INTERDICCIÓN
[Artículo 506] [Artículo 507] [Artículo 508] [Artículo 509] [Artículo 510] [Artículo 511]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DE LA INTERDICCIÓN Y EMANCIPACIÓN
CAPÍTULO II DE LA EMANCIPACIÓN Y MAYORÍA DE EDAD
[Artículo 512] [Artículo 513] [Artículo 514] [Artículo 515] [Artículo 516]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO TERCERO DE LA AUSENCIA Y PRESUNCIÓN DE MUERTE
CAPÍTULO I DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES
[Artículo 517] [Artículo 518] [Artículo 519] [Artículo 520] [Artículo 521] [Artículo 522] [Artículo 523]
[Artículo 524] [Artículo 525] [Artículo 526] [Artículo 527] [Artículo 528] [Artículo 529] [Artículo 530]
[Artículo 531] [Artículo 532] [Artículo 533] [Artículo 534] [Artículo 535]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO TERCERO DE LA AUSENCIA Y PRESUNCIÓN DE MUERTE
CAPÍTULO II DE LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA
[Artículo 536] [Artículo 537] [Artículo 538] [Artículo 539] [Artículo 540] [Artículo 541] [Artículo 542]
[Artículo 543] [Artículo 544]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO TERCERO DE LA AUSENCIA Y PRESUNCIÓN DE MUERTE
CAPÍTULO III DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA
[Artículo 545] [Artículo 546] [Artículo 547] [Artículo 548] [Artículo 549] [Artículo 550] [Artículo 551]
[Artículo 552] [Artículo 553]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO TERCERO DE LA AUSENCIA Y PRESUNCIÓN DE MUERTE
CAPÍTULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL AUSENTE CASADO
[Artículo 554] [Artículo 555] [Artículo 556] [Artículo 557] [Artículo 558] [Artículo 559] [Artículo 560]
56
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LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO TERCERO DE LA AUSENCIA Y PRESUNCIÓN DE MUERTE
CAPÍTULO V DE LA PRESUNCIÓN DE MUERTE DEL AUSENTE
[Artículo 561] [Artículo 562] [Artículo 563] [Artículo 564] [Artículo 565] [Artículo 566] [Artículo 567]
[Artículo 568] [Artículo 569]
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIA
TÍTULO DÉCIMO TERCERO DE LA AUSENCIA Y PRESUNCIÓN DE MUERTE
CAPÍTULO VI EFECTOS DE LA AUSENCIA RESPECTO DE LOS DERECHOS EVENTUALES DEL AUSENTE
[Artículo 570] [Artículo 571] [Artículo 572] [Artículo 573] [Artículo 574] [Artículo 575] [Artículo 576]
[Artículo 577]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO PRIMERO DE LA FAMILIA Y SU PATRIMONIO
CAPÍTULO I DEL PATRIMONIO FAMILIAR
[Artículo 578] [Artículo 579] [Artículo 580] [Artículo 581] [Artículo 582] [Artículo 583] [Artículo 584]
[Artículo 585] [Artículo 586] [Artículo 587] [Artículo 588] [Artículo 589] [Artículo 590] [Artículo 591]
[Artículo 592] [Artículo 593] [Artículo 594]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO PRIMERO DE LA FAMILIA Y SU PATRIMONIO
CAPÍTULO II DISMINUCIÓN DE LOS BIENES DE LA FAMILIA
[Artículo 595] [Artículo 596] [Artículo 597]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO PRIMERO DE LA FAMILIA Y SU PATRIMONIO
CAPÍTULO III EXTINCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA
[Artículo 598] [Artículo 599] [Artículo 600]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO SEGUNDO DE LAS SUCESIONES
CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES PRELIMINARES
[Artículo 601] [Artículo 602] [Artículo 603] [Artículo 604] [Artículo 605] [Artículo 606] [Artículo 607]
[Artículo 608] [Artículo 609] [Artículo 610] [Artículo 611] [Artículo 612] [Artículo 613] [Artículo 614]
57
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LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO TERCERO DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO
CAPÍTULO II DE LA CAPACIDAD PARA TESTAR
[Artículo 626] [Artículo 627] [Artículo 628] [Artículo 629] [Artículo 630] [Artículo 631] [Artículo 632]
[Artículo 633]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO TERCERO DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO
CAPÍTULO III DE LA CAPACIDAD PARA HEREDAR
[Artículo 634] [Artículo 635] [Artículo 636] [Artículo 637] [Artículo
[Artículo 641] [Artículo 642] [Artículo 643] [Artículo 644] [Artículo
[Artículo 648] [Artículo 649] [Artículo 650] [Artículo 651] [Artículo
[Artículo 655] [Artículo 656] [Artículo 657] [Artículo 658] [Artículo
[Artículo 662] [Artículo 663] [Artículo 664] [Artículo 665]
638]
645]
652]
659]
[Artículo
[Artículo
[Artículo
[Artículo
639]
646]
653]
660]
[Artículo
[Artículo
[Artículo
[Artículo
640]
647]
654]
661]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO TERCERO DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO
CAPÍTULO IV DE LAS CONDICIONES QUE PUEDEN PONERSE EN LOS TESTAMENTOS
[Artículo 666] [Artículo 667] [Artículo 668] [Artículo 669] [Artículo 670] [Artículo 671] [Artículo 672]
[Artículo 673] [Artículo 674] [Artículo 675] [Artículo 676] [Artículo 677] [Artículo 678] [Artículo 679]
[Artículo 680] [Artículo 681] [Artículo 682] [Artículo 683] [Artículo 684] [Artículo 685] [Artículo 686]
[Artículo 687] [Artículo 688] [Artículo 689]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO TERCERO DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO
CAPÍTULO V DE LOS BIENES DE QUE SE PUEDEN DISPONER POR TESTAMENTO Y DE LOS TESTAMENTOS
INOFICIOSOS
[Artículo 690] [Artículo 691] [Artículo 692] [Artículo 693] [Artículo 694] [Artículo 695] [Artículo 696]
[Artículo 697] [Artículo 698] [Artículo 699]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO TERCERO DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO
CAPÍTULO VI DE LA INSTITUCIÓN DEL HEREDERO
[Artículo 700] [Artículo 701] [Artículo 702] [Artículo 703] [Artículo 704] [Artículo 705] [Artículo 706]
[Artículo 707] [Artículo 708] [Artículo 709] [Artículo 710] [Artículo 711] [Artículo 712]
58
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LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO TERCERO DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO
CAPÍTULO VII DE LOS LEGADOS
[Artículo 713] [Artículo 714] [Artículo 715] [Artículo 716] [Artículo
[Artículo 720] [Artículo 721] [Artículo 722] [Artículo 723] [Artículo
[Artículo 727] [Artículo 728] [Artículo 729] [Artículo 730] [Artículo
[Artículo 734] [Artículo 735] [Artículo 736] [Artículo 737] [Artículo
[Artículo 741] [Artículo 742] [Artículo 743] [Artículo 744] [Artículo
[Artículo 748] [Artículo 749] [Artículo 750] [Artículo 751] [Artículo
[Artículo 755] [Artículo 756] [Artículo 757] [Artículo 758] [Artículo
[Artículo 762] [Artículo 763] [Artículo 764] [Artículo 765] [Artículo
[Artículo 769] [Artículo 770] [Artículo 771] [Artículo 772] [Artículo
[Artículo 776] [Artículo 777] [Artículo 778] [Artículo 779] [Artículo
[Artículo 783] [Artículo 784] [Artículo 785] [Artículo 786] [Artículo
[Artículo 790] [Artículo 791] [Artículo 792] [Artículo 793] [Artículo
717]
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780]
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[Artículo
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[Artículo
[Artículo
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718]
725]
732]
739]
746]
753]
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767]
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781]
788]
[Artículo
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[Artículo
[Artículo
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[Artículo
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[Artículo
[Artículo
719]
726]
733]
740]
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768]
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782]
789]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO TERCERO DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO
CAPÍTULO VIII DE LAS SUBSTITUCIONES
[Artículo 795] [Artículo 796] [Artículo 797] [Artículo 798] [Artículo 799] [Artículo 800] [Artículo 801]
[Artículo 802] [Artículo 803] [Artículo 804] [Artículo 805]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO TERCERO DE LA SUCESIÓN POR TESTAMENTO
CAPÍTULO IX DE LA NULIDAD, REVOCACIÓN Y CADUCIDAD DE LOS TESTAMENTOS
[Artículo 806] [Artículo 807] [Artículo 808] [Artículo 809] [Artículo 810] [Artículo 811] [Artículo 812]
[Artículo 813] [Artículo 814] [Artículo 815] [Artículo 816] [Artículo 817] [Artículo 818] [Artículo 819]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO CUARTO DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 820] [Artículo 821] [Artículo 822] [Artículo 823] [Artículo 824] [Artículo 825] [Artículo 826]
[Artículo 827] [Artículo 828] [Artículo 829] [Artículo 830] [Artículo 831]
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LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO CUARTO DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS
CAPÍTULO II DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO
[Artículo 832] [Artículo 833] [Artículo 834] [Artículo 835] [Artículo 836] [Artículo 837] [Artículo 838] [Artículo
839] [Artículo 840]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO CUARTO DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS
CAPÍTULO III DEL TESTAMENTO PÚBLICO CERRADO
[Artículo 841] [Artículo 842] [Artículo 843] [Artículo 844] [Artículo 845]
848] [Artículo 849] [Artículo 850] [Artículo 851] [Artículo 852] [Artículo
[Artículo 856] [Artículo 857] [Artículo 858] [Artículo 859] [Artículo 860]
863] [Artículo 864] [Artículo 865] [Artículo 866] [Artículo 867] [Artículo
[Artículo 846]
853] [Artículo
[Artículo 861]
868] [Artículo
[Artículo 847] [Artículo
854] [Artículo 855]
[Artículo 862] [Artículo
869]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO CUARTO DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS
CAPÍTULO IV DEL TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO
[Artículo 870]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO CUARTO DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS
CAPÍTULO V DEL TESTAMENTO OLÓGRAFO
[Artículo 871] [Artículo 872] [Artículo 873] [Artículo 874] [Artículo 875] [Artículo 876] [Artículo 877] [Artículo
878] [Artículo 879] [Artículo 880] [Artículo 881] [Artículo 882] [Artículo 883] [Artículo 884] [Artículo 885]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO CUARTO DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS
CAPÍTULO VI DEL TESTAMENTO PRIVADO
[Artículo 886] [Artículo 887] [Artículo 888] [Artículo 889] [Artículo 890] [Artículo 891] [Artículo 892] [Artículo
893] [Artículo 894] [Artículo 895] [Artículo 896] [Artículo 897] [Artículo 898] [Artículo 899]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO CUARTO DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS
CAPÍTULO VII DEL TESTAMENTO MILITAR
[Artículo 900] [Artículo 901] [Artículo 902] [Artículo 903]
60







LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO CUARTO DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS
CAPÍTULO VIII DEL TESTAMENTO MARÍTIMO
[Artículo 904] [Artículo 905]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO CUARTO DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS
CAPÍTULO IX DEL TESTAMENTO HECHO EN PAÍS EXTRANJERO O FUERA DEL ESTADO
[Artículo 906] [Artículo 907]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO QUINTO DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 908] [Artículo 909] [Artículo 910] [Artículo 911] [Artículo 912] [Artículo 913] [Artículo 914]
[Artículo 915]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO QUINTO DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA
CAPÍTULO II DE LA SUCESIÓN DE LOS DESCENDIENTES
[Artículo 916] [Artículo 917] [Artículo 918] [Artículo 919] [Artículo 920] [Artículo 921]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO QUINTO DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA
CAPÍTULO III DE LA SUCESIÓN DE LOS CÓNYUGES
[Artículo 922] [Artículo 923] [Artículo 924] [Artículo 925] [Artículo 926] [Artículo 927]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO QUINTO DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA
CAPÍTULO IV DE LA SUCESIÓN DE LOS CONCUBINOS
[Artículo 928] [Artículo 929]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO QUINTO DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA
CAPÍTULO V DE LA SUCESIÓN DE LOS ASCENDIENTES
[Artículo 930] [Artículo 931] [Artículo 932] [Artículo 933] [Artículo 934] [Artículo 935]
61





LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO QUINTO DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA
CAPÍTULO VI LA SUCESIÓN DE LOS PARIENTES COLATERALES
[Artículo 936] [Artículo 937] [Artículo 938] [Artículo 939]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO QUINTO DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA
CAPÍTULO VII DE LA SUCESIÓN A LA BENEFICENCIA PÚBLICA
[Artículo 940] [Artículo 941]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO SEXTO DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIAS Y LEGÍTIMAS
CAPÍTULO I DE LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE CUANDO LA VIUDA QUEDE ENCINTA
[Artículo 942] [Artículo 943] [Artículo 944] [Artículo 945] [Artículo 946] [Artículo 947] [Artículo 948]
[Artículo 949] [Artículo 950] [Artículo 951] [Artículo 952]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO SEXTO DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIAS Y LEGÍTIMAS
CAPÍTULO II DE LA APERTURA Y TRANSMISIÓN DE LA HERENCIA
[Artículo 953] [Artículo 954] [Artículo 955] [Artículo 956]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO SEXTO DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIAS Y
CAPÍTULO III DE LA ACEPTACIÓN Y DE LA REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA
[Artículo 957] [Artículo 958] [Artículo 959] [Artículo 960] [Artículo 961] [Artículo
[Artículo 964] [Artículo 965] [Artículo 966] [Artículo 967] [Artículo 968] [Artículo
[Artículo 971] [Artículo 972] [Artículo 973] [Artículo 974] [Artículo 975] [Artículo
[Artículo 978] [Artículo 979] [Artículo 980] [Artículo 981] [Artículo 982]
LEGÍTIMAS
962] [Artículo 963]
969] [Artículo 970]
976] [Artículo 977]
62




LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO SEXTO DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIAS Y LEGÍTIMAS
CAPÍTULO IV DE LOS ALBACEAS
[Artículo 983] [Artículo 984] [Artículo 985] [Artículo 986] [Artículo 987] [Artículo 988] [Artículo 989]
[Artículo 990] [Artículo 991] [Artículo 992] [Artículo 993] [Artículo 994] [Artículo 995] [Artículo 996]
[Artículo 997] [Artículo 998] [Artículo 999] [Artículo 1000] [Artículo 1001] [Artículo 1002] [Artículo 1003]
[Artículo 1004] [Artículo 1005] [Artículo 1006] [Artículo 1007] [Artículo 1008] [Artículo 1009] [Artículo
1010] [Artículo 1011] [Artículo 1012] [Artículo 1013] [Artículo 1014] [Artículo 1015] [Artículo 1016]
[Artículo 1017] [Artículo 1018] [Artículo 1019] [Artículo 1020] [Artículo 1021] [Artículo 1022] [Artículo
1023] [Artículo 1024] [Artículo 1025] [Artículo 1026] [Artículo 1027] [Artículo 1028] [Artículo 1029]
[Artículo 1030] [Artículo 1031] [Artículo 1032] [Artículo 1033] [Artículo 1034] [Artículo 1035] [Artículo
1036] [Artículo 1037] [Artículo 1038] [Artículo 1039] [Artículo 1040] [Artículo 1041] [Artículo 1042]
[Artículo 1043] [Artículo 1044] [Artículo 1045] [Artículo 1046] [Artículo 1047] [Artículo 1048] [Artículo
1049] [Artículo 1050] [Artículo 1051]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO SEXTO DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIAS Y LEGÍTIMAS
CAPÍTULO V DEL INVENTARIO Y DE LA LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA
[Artículo 1052] [Artículo 1053] [Artículo 1054] [Artículo 1055] [Artículo 1056] [Artículo 1057] [Artículo
1058] [Artículo 1059] [Artículo 1060] [Artículo 1061] [Artículo 1062] [Artículo 1063] [Artículo 1064]
[Artículo 1065] [Artículo 1066] [Artículo 1067] [Artículo 1068]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO SEXTO DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIAS Y LEGÍTIMAS
CAPÍTULO VI DE LA PARTICIÓN
[Artículo 1069] [Artículo 1070] [Artículo 1071] [Artículo 1072] [Artículo 1073] [Artículo 1074] [Artículo
1075] [Artículo 1076] [Artículo 1077] [Artículo 1078] [Artículo 1079] [Artículo 1080]
LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO SEXTO DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIAS Y LEGÍTIMAS
CAPÍTULO VII DE LOS EFECTOS DE LA PARTICIÓN
[Artículo 1081] [Artículo 1082] [Artículo 1083] [Artículo 1084] [Artículo 1085] [Artículo 1086] [Artículo
1087] [Artículo 1088] [Artículo 1089]
63






LIBRO SEGUNDO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA Y SUCESIONES
TÍTULO SEXTO DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIAS Y LEGÍTIMAS
CAPÍTULO VIII DE LA RESCISIÓN Y NULIDAD DE LAS PARTICIONES
[Artículo 1090] [Artículo 1091] [Artículo 1092] [Artículo 1093]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I DEL ESTADO FAMILIAR
[Artículo 1094] [Artículo 1095] [Artículo 1096] [Artículo 1097]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II DE LOS FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL
[Artículo 1098] [Artículo 1099] [Artículo 1100] [Artículo 1101] [Artículo 1102] [Artículo 1103] [Artículo
1104] [Artículo 1105] [Artículo 1106] [Artículo 1107] [Artículo 1108] [Artículo 1109] [Artículo 1110]
[Artículo 1111] [Artículo 1112]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO III DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
[Artículo 1113] [Artículo 1114] [Artículo 1115] [Artículo 1116] [Artículo 1117] [Artículo 1118] [Artículo
1119] [Artículo 1120] [Artículo 1121] [Artículo 1122]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO SEGUNDO DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO I DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO
[Artículo 1123] [Artículo 1124] [Artículo 1125] [Artículo 1126] [Artículo 1127] [Artículo 1128] [Artículo
1129] [Artículo 1130] [Artículo 1131] [Artículo 1132] [Artículo 1133] [Artículo 1134] [Artículo 1135]
[Artículo 1136] [Artículo 1137] [Artículo 1138]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO SEGUNDO DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO II DE LAS ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS
[Artículo 1139] [Artículo 1140] [Artículo 1141] [Artículo 1142] [Artículo 1143] [Artículo 1144] [Artículo
1145]
64







LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO SEGUNDO DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO III DE LAS ACTAS DE ADOPCIÓN
[Artículo 1146] [Artículo 1147] [Artículo 1148] [Artículo 1149]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO SEGUNDO DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO IV DE LAS ACTAS DE TUTELA
[Artículo 1150] [Artículo 1151] [Artículo 1152] [Artículo 1153] [Artículo 1154]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO SEGUNDO DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO V DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO
[Artículo 1155] [Artículo 1156] [Artículo 1157] [Artículo 1158] [Artículo 1159] [Artículo 1160] [Artículo 1161]
[Artículo 1162] [Artículo 1163] [Artículo 1164] [Artículo 1165]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO SEGUNDO DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO VI DE LAS ACTAS DE CONCUBINATO
[Artículo 1166] [Artículo 1167] [Artículo 1168] [Artículo 1169]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO SEGUNDO DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO VII DE LAS ACTAS DE DIVORCIO
[Artículo 1170] [Artículo 1171] [Artículo 1172]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO SEGUNDO DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO VIII DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN
[Artículo 1173] [Artículo 1174] [Artículo 1175] [Artículo 1176] [Artículo 1177] [Artículo 1178] [Artículo 1179]
[Artículo 1180] [Artículo 1181] [Artículo 1182] [Artículo 1183] [Artículo 1184]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO SEGUNDO DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO IX DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS EJECUTORIAS QUE DECLAREN EL REGISTRO DE HIJOS ACOGIDOS,
LA AUSENCIA, LA PRESUNCIÓN DE MUERTE, O QUE SE HA PERDIDO LA CAPACIDAD LEGAL PARA ADMINISTRAR
BIENES
[Artículo 1185] [Artículo 1186] [Artículo 1187]
65






LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO TERCERO DE LA NULIFICACIÓN, REPOSICIÓN, CONVALIDACIÓN, RECTIFICACIÓN Y TESTADURA DE
LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículo 1188] [Artículo 1189] [Artículo 1190]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO TERCERO DE LA NULIFICACIÓN, REPOSICIÓN, CONVALIDACIÓN, RECTIFICACIÓN Y TESTADURA DE
LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO II DE LA NULIFICACIÓN DE ACTAS
[Artículo 1191] [Artículo 1192]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO TERCERO DE LA NULIFICACIÓN, REPOSICIÓN, CONVALIDACIÓN, RECTIFICACIÓN Y TESTADURA DE
LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO III DE LA MODIFICACIÓN DE ACTAS
[Artículo 1193] [Artículo 1194]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO TERCERO DE LA NULIFICACIÓN, REPOSICIÓN, CONVALIDACIÓN, RECTIFICACIÓN Y TESTADURA DE
LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO IV DE LA ACLARACIÓN DE LAS ACTAS
[Artículo 1195]
LIBRO TERCERO DEL REGISTRO CIVIL
TÍTULO TERCERO DE LA NULIFICACIÓN, REPOSICIÓN, CONVALIDACIÓN, RECTIFICACIÓN Y TESTADURA DE
LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
CAPÍTULO V DE LA REPOSICIÓN DE LAS ACTAS
[Artículo 1196] [Artículo 1197]
TRANSITORIOS:
[Artículo Primero Transitorio] [Artículo Segundo Transitorio] [Artículo Tercero Transitorio] [Artículo Cuarto
Transitorio] [Artículo Quinto Transitorio] [Artículo Sexto Transitorio]
66
◦ CONCEPTO.

La palabra Divorcio deriva de la voz latina
“Divorcium” que significa separar, o “Divortium” que
significa separarse lo que estaba unido, tomar
líneas divergentes. Divorcio, es la antítesis del
matrimonio. Matrimonio significa unión, comunidad,
encontrarse dos seres enlazados bajo el mismo
yugo: “con-yugal”.
67





En la actualidad “el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que
deja a los que fueron cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias”, y
no únicamente la separación de cuerpos como en antaño.
El divorcio es considerado para algunos autores como un remedio a los
matrimonios disfuncionales o desintegrados, para otros como un mal
menor que de cualquier manera destruye a la institución del matrimonio,
sin embargo sostengo el criterio de que el divorcio suele ser una
alternativa para la convivencia familiar, existen matrimonios en el que el
padre y la madre a pesar de vivir juntos, bajo el mismo techo, su relación
se encuentra totalmente deteriorada a tal grado de que el respeto se
perdió, en ocasiones las agresiones son verbales y físicas y todo esto con
un pésimo ejemplo para sus descendientes, quienes vienen a resentir en
forma directa los problemas de los padres y una vez terminado el proceso
de divorcio, vuelve la tranquilidad a los hijos y a los propios divorciados.
Es obligación de los abogados postulantes hacer lo posible por tratar de
salvar los matrimonios, brindándoles consejo y apoyo, que reciban terapia
especializada antes de tomar la decisión definitiva de divorciarse, para
cualquier profesión se requiere de estudios previos y sin embargo, para
contraer matrimonio cualquier principiante puede hacerlo.
68




Art. 75.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los
cónyuges en aptitud de contraer otro.
Art. 76.- Son causas de divorcio:


El adulterio de uno de los cónyuges;

El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse el
contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo;

La perversión moral de alguno de los cónyuges, demostrada por actos del marido para prostituir a la
mujer, no solo cuando lo haya hecho directamente, sino también cuando haya recibido cualquiera
remuneración con el objeto expreso de que otro tenga relaciones ilícitas con ella; por la incitación o la
violencia de uno de los cónyuges al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia
carnal; por el conato de cualquiera de ellos para corromper a los hijos o la simple tolerancia en su
corrupción, o por algún otro hecho inmoral tan grave como los anteriores;

Ser cualquiera de los cónyuges incapaz de llenar los fines del matrimonio, o sufrir sífilis, tuberculosis,
enajenación mental incurable, o cualquiera otra enfermedad crónica incurable, que sea además,
contagiosa o hereditaria.



69
 El abandono de los consortes, durante seis meses consecutivos;
 La ausencia del marido por más de un año, con abandono de las
obligaciones inherentes al matrimonio.
 La sevicia, las amenazas o injurias graves o los malos tratamientos de
un cónyuge para el otro, siempre que éstos y aquellos sean de tal
naturaleza que hagan imposible la vida común;
 La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por
delito que merezca pena mayor de dos años de prisión;
 Por haber cometido uno de los cónyuges un delito por el cual tenga
que sufrir una pena de prisión o destierro mayor de dos años;
 El vicio incorregible de la embriaguez;
 Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto
que sería punible en cualquiera otra circunstancia o tratándose de
persona distinta de dicho consorte, siempre que tal acto tenga
señalada en la Ley una pena que no baje de un año de prisión.
 El mutuo consentimiento.
70
Art. 77.- El adulterio de la mujer es siempre causa de divorcio; el
del marido lo es solamente cuando con el concurre alguna de las
circunstancias siguientes:








I.-
Que el adulterio haya sido cometido en la casa común;
II.- Que haya habido concubinato entre los adúlteros, dentro
o fuera de la casa conyugal.
III.- Que haya habido escándalo o insulto público hecho por
el marido a la mujer legítima;
IV.- Que la adúltera haya maltratado, de palabra o de obra, o
que por su causa se haya maltratado de alguno de esos
modos a la mujer legítima.
71



Art. 78.- Es causa de divorcio el conato del marido o de la
mujer para corromper a los hijos, ya lo sean éstos de
ambos o de uno solo de ellos. La tolerancia debe consistir
en actos positivos, sin que sean causa de divorcio las
simples omisiones.
Art. 79.- Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la
nulidad del matrimonio, por causa que no haya justificado
o que haya resultado insuficiente, el demandado tiene a su
vez el derecho de pedir el divorcio; pero no podrá hacerlo
sino pasados tres meses de la notificación de la última
sentencia. Durante esos tres meses la mujer no puede ser
obligada a vivir con el marido.
72
73



Art. 88.- El divorcio solo puede ser demandado por el
cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de seis meses
después que hayan llegado a su noticia los hechos en que se
funde la demanda.
74
Art. 101.- Si la mujer no ha dado causa al divorcio, tendrá
derecho a alimentos
mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente. El
marido inocente solo tendrá derecho a alimentos cuando esté
imposibilitado de trabajar y no tenga bienes propios con que
subsistir. El cónyuge que deba pagar los alimentos podrá librarse
de esa obligación entregando desde luego el importe de las
pensiones alimenticias correspondientes a cinco años.


Art. 102.- Por virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su
entera capacidad para contraer un nuevo matrimonio, salvo lo
dispuesto en el artículo 140 y cuando el divorcio se haya
declarado por causa de adulterio, pues en éste último caso el
cónyuge culpable no podrá contraer un nuevo matrimonio sino
después de dos años de pronunciada la sentencia de divorcio.
75

Considero que el divorcio, ante todo, es una alternativa
para la convivencia familiar, superando los viejos conceptos
de remedio a una enfermedad, o de excepción a lo
ordinario, cuando un matrimonio disfuncional vive o
convive como perros y gatos y en ocasiones estos se llevan
mejor que las personas, resulta incuestionable que el
divorcio viene a ser el paliativo entre la pareja y sobre todo
para restablecer la armonía en el hogar conyugal y que no
se vean afectados los intereses de los menores, es
necesario puntualizar que el matrimonio es y debe ser
concebido como una institución y no como un contrato o
un acto jurídico mixto, en el matrimonio, el Estado tiene el
deber y la obligación de preservarlo, por tratarse, como ya
se dijo, de una institución y elevada al rango de orden
público, que como institución es la más sólida que se
pueda concebir y que además la sociedad está interesada
en que se mantenga.
76

Hecha la anterior aclaración, enfrentamos la
realidad y advertimos que en la actualidad la
familia pasa por una severa crisis, que no es
otra cosa que el reflejo de los tiempos
modernos, una pésima distribución de la
riqueza, los pobres son cada vez más pobres,
y los ricos son cada vez más ricos, carencia
de
valores morales,
los
medios
de
comunicación invitando a imitar roles de
conducta que no nos corresponden, la
influencia del consumismo occidental.
77
78
79

Podemos distinguir entre un matrimonio disfuncional
en que los
esposos cotidianamente se faltan al respeto, desde un grito, una mala
palabra, un golpe, un maltrato psicológico, como vulgarmente se dice
que viven como perros y gatos, hechos que vienen a dañar
profundamente a la pareja y sobre todo a los hijos, afectándoles
severamente su desarrollo a tal grado que de no recibir oportunamente
la terapia especializada necesaria, se podría estar formando individuos
que tarde o temprano presentarán conductas irregulares, desde
animadversión al sexo opuesto, carácter violento e impulsivo, en estos
casos se recomienda a la pareja recurran con especialistas en materia
familiar, para que los oriente y los ayude profesionalmente, en caso de
persistir con dicha situación, es recomendable el divorcio, pues resulta
menos dañino que el continuar sosteniendo una relación familiar a todas
luces conflictiva. En cambio un matrimonio desintegrado en el que el
padre se fue a vivir a un lugar distinto en el que habita el resto de
la familia o viceversa que la madre abandonó el domicilio conyugal y
se fue a vivir a un lugar distinto, en estos casos suelen verse menos
afectados los hijos que ya no ven las conductas agresivas de los padres y
que pueden suplir la figura paterna o materna a través de los abuelos o
tíos por mencionar algunos.
80
En materia de divorcio se debe examinar con lupa el caso concreto,
buscar salvar el matrimonio, recomendar a la pareja se ponga en manos
de gente altamente especializada en materia familiar, agotado lo anterior
sin resultados positivos, pensar en la separación o el divorcio.
81

El divorcio no debe de ser concebido como
sino
como un caso de excepción que busca ante
todo una alternativa de bienestar a los que
integran el núcleo familiar, padre e hijos,
considerando en primer término la situación
de los hijos que suelen ser los más
perjudicados, y enseguida la de los
consortes.
82

En el actual Código Civil del Estado de Jalisco, se contempla el divorcio
necesario y el divorcio por mutuo consentimiento y se incorporó el
divorcio administrativo mediante decreto número 21689/LVII/06, con
fecha 2 de enero del año 2007, adicionando el artículo 405 bis y el
artículo 98 bis y modificando los artículos 99, 100 y 121 de la Ley del
Registro Civil, del Estado de Jalisco. En el Distrito Federal desde el
pasado mes de Octubre del 2008, se estableció el llamado divorcio
express. El pasado 17 de Enero de 2014 se publicó en el semanario
judicial de la Federación una tesis aislada en la cual tratándose de
divorcio necesario, estima que debe decretarse aun cuando no queden
demostradas y acreditadas las causales de divorcio invocadas, tomando
en consideración el derecho fundamental a la dignidad humana y que
para decretar el divorcio, el Juez del conocimiento debe atender dos
cuestiones fundamentales, la primera que sea solicitado por uno o
ambos consortes y la segunda que por el tiempo transcurrido de
convivencia se evidencie que este fue suficiente para que se lograra una
reconciliación, y no se obtuvo y la tercera que las circunstancias
particulares pongan de manifiesto que la relación ya provoco o esta
provocando un perjuicio a la estabilidad personal o familiar, según sea el
caso.
83
◦ DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO.


Cuando ambos cónyuges convengan en
divorciarse y tengan más de un año de
casados, podrán optar por el mutuo
consentimiento, deja a los que fueron
cónyuges en aptitud de contraer otro, la gran
ventaja de esta modalidad es precisamente que
la sociedad y el estado no se enteren de las
causas que indujeron a los consortes a la
disolución del vínculo matrimonial.
84







Si los cónyuges dejan pasar más de tres meses sin continuar el
procedimiento, el Tribunal declarará sin efecto la solicitud y mandará archivar
el expediente.
Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el Tribunal mandará remitir copia de
ella al Oficial del Registro Civil de su jurisdicción, para que levante el acta
correspondiente, publique la parte resolutiva de la sentencia durante quince
días en las tablas destinadas para tal efecto, igualmente remitirá copia de la
sentencia ejecutoriada al Oficial del Registro Civil que autorizó el acta de
matrimonio y el de nacimiento de los divorciados para que hagan las
anotaciones correspondientes.
En el trámite de divorcio se da vista al Agente de la Procuraduría Social para
que manifieste lo que a su representación social convenga, quien podrá
oponerse a la solicitud o a la aprobación del convenio, en todo caso resolverá
el juez lo conducente.
Para que los cónyuges que se divorcien puedan volver a contraer matrimonio,
es indispensable que hubiese transcurrido un año desde que la sentencia de
divorcio causó estado.
85

1.5
DIVORCIO ADMINISTRATIVO.


Procede cuando ambos cónyuges convengan
en divorciarse, sean mayores de edad, no
tengan hijos vivos o concebidos dentro del
matrimonio, de común acuerdo hubieren
liquidado la sociedad legal o conyugal y
tengan más de un año de casados.
86



Se presentarán personalmente al Oficial del Registro
Civil del lugar de su domicilio, comprobarán con la
copia certificada de su acta de matrimonio que son
casados, mayores de edad, que han liquidado su
sociedad legal o conyugal, presentarán el certificado
de ingravidez de la cónyuge y manifestarán bajo
protesta de decir verdad que los hechos declarados
son ciertos y que es su deseo divorciarse.
El Oficial del Registro Civil, previa identificación de
los cónyuges, levantará un acta en la que hará
constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges
transcurridos treinta días naturales para que la
ratifiquen personalmente.
87


Durante ése lapso, los solicitantes deberán acudir al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, Estatal o Municipal, con personal de
trabajo social con capacitación en terapia de pareja o de cualquier otra
institución acreditada, quienes procurarán avenirlos y se les extenderá
una constancia que deberá exhibirse al Oficial del Registro Civil en la
audiencia de ratificación.
Ratificada la solicitud el Oficial del Registro Civil los declarará
divorciados, levantará el acta de divorcio y hará las anotaciones
correspondientes.

Los divorciados no podrán volver a contraer matrimonio hasta que
transcurra un año de que se haya levantado el acta de divorcio.

Si se comprueba que los cónyuges no cumplieron con los supuestos
exigidos, el divorcio así obtenido no surtirá efectos legales.
88



Es la disolución del vínculo matrimonial que deja a los que
fueron cónyuges en aptitud de contraer otro, para lo cual
se requiere necesariamente la demanda de uno de los
consortes por las causas que más adelante se precisan.
Se tramita en la Vía Civil Ordinaria y es necesario
demandar invocando las causales que más adelante
señalaremos, es competente el Tribunal del domicilio
conyugal y en caso de abandono de hogar, el domicilio del
cónyuge abandonado. Si ambos cónyuges se dijesen
abandonados y se imputasen el abandono, será
competente el Juez del domicilio del demandado.
89
El cónyuge inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nupcias y viva
honestamente, tomando en consideración la posibilidad del que puede darlos y la necesidad
del que debe recibirlos.

El cónyuge inocente podrá reclamar el pago de daños o perjuicios y el cónyuge culpable
responderá de ellos como autor de un hecho ilícito.
Como norma general el divorcio debe ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa
a él, dentro de los seis meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los
hechos en que se funde la demanda, pues de lo contrario opera el perdón tácito, salvo que se
funde en causales de tracto sucesivo, esto es que se estén renovando y puede ser demandado
por cualquiera de los cónyuges tratándose de las causales previstas en las Fracciones VII, XII y
XIX del artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco.
90
Antes de que cause sentencia ejecutoria, podrán reconciliarse los cónyuges y se pone
término al juicio de divorcio.


.
El cónyuge que no haya dado causa al divorcio, puede, antes de que se dicte la
sentencia definitiva, desistirse de la acción de divorcio y exhortar a su cónyuge para que
se reúnan nuevamente. No se puede demandar de nuevo el divorcio por los mismos
hechos que motivaron el juicio anterior, pero si por otros nuevos, aún cuando sean por
la misma causa
La sociedad legal o conyugal se suspende en los casos de divorcio, siempre y cuando así
se solicite al inicio del procedimiento respectivo (artículo 331 del Código Civil del
Estado de Jalisco).
91
92



◦ Cesa la presunción de convivencia conyugal.
Quedan revocados los poderes que cualesquiera de los
cónyuges hubiese otorgado al otro, sin que esto afecte
derechos de terceros, también se entiende por revocada
cualquier autorización para disponer de bienes
pertenecientes a los cónyuges o a los de su sociedad
matrimonial, recordemos el criterio de la H. Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de notificar
personalmente al mandatario o apoderado, para que
surta efectos plenamente la revocación, lo cual se puede
hacer a través del juicio al momento de la diligencia de
emplazamiento.
93
◦ El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco,
cuenta con un capítulo denominado “De la separación de
personas como acto prejudicial”, contenido en los artículos
221 in fine 233, sin embargo el propio Código Sustantivo
del Estado de Jalisco contempla la separación de los
cónyuges entre tanto se decrete el divorcio (artículo 407 y
414 Fracción III), facultando al Juez para que decrete quien
habitará el domicilio conyugal y así mismo, previo
inventario, los bienes que continuarán en éste y los que se
ha de llevar el otro cónyuge, si se promueve la separación
de personas como acto prejudicial el solicitante deberá de
acreditar dentro del término de ocho días hábiles a partir
del día siguiente de la separación, que se acredite
haber
presentado
la denuncia, demanda o querella,
mismas que deberán referirse a lo dispuesto por el artículo
404 del Código Civil del Estado de Jalisco, por lo que se
considera más práctico optar por la separación
contemplada en el Código Civil y llevarla a cabo
simultáneamente al emplazamiento en el juicio de divorcio.
94
◦ Señalar y asegurar por el Juez y dictar en su caso las medidas precautorias que
correspondan, cuando la mujer quede encinta, así como poner a los hijos al
cuidado de persona idónea, en los términos de lo dispuesto por el artículo 572
del Código Civil del Estado de Jalisco, contemplado en el capítulo de la niñez.






Ninguna de las causas enumeradas en el artículo 404 puede
alegarse para pedir el divorcio cuando haya mediado perdón
expreso o tácito.
El cónyuge que diere causa al divorcio, perderá todo lo que se le
hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona en
consideración a éste, recuperando el donante los bienes donados;
El cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo
pactado en su provecho.
95
Ejecutoriado el divorcio se procederá a la división de los bienes comunes y se
tomarán las precauciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los
hijos.
Los consortes divorciados continúan con su obligación de proporcionar
a la subsistencia y educación de los hijos hasta que lleguen a la mayoría
de edad o contraigan matrimonio, es importante recordar lo que se
señaló en el título respectivo de alimentos, acerca de la obligación de
los padres de suministrar alimentos a los hijos cuando estos llegan a la
mayoría de edad y continúan estudiando en un grado acorde a su edad.
La muerte de uno de los cónyuges pone fin al juicio
de divorcio y los herederos del de cujus tienen los
mismos derechos y obligaciones que tendrían si no
hubiere existido dicho juicio.
96


El artículo 98 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, ordena que la
sentencia ejecutoria que declare un divorcio, deberá remitirse una copia
certificada al archivo general del Registro Civil y al Oficial del Registro Civil del
lugar donde se celebró el matrimonio, para que levante el acta de divorcio
correspondiente, en su artículo 100 prevé que extendida el acta de divorcio
deberá anotarse en las actas de nacimiento y matrimonio de los divorciados y 422
del Código Civil en vigor para el Estado de Jalisco.
Por lo que ve a la pérdida de la patria potestad, se supera con mucho al anterior
Código Civil, puesto que no por el hecho de divorciarse se pierde la patria
potestad, situación injusta, el artículo 415 en su fracción I, nos remite al capítulo
relativo a la patria potestad, cuando se trata de divorcio necesario y al examinar
detenidamente el capítulo de patria potestad, específicamente en el artículo 598
fracción V relativo a la pérdida de patria potestad, indica que en los casos de
divorcio cuando así se establezca, lo que naturalmente quiere decir que habrá que
ir a las reglas específicas de pérdida de patria potestad y no como antiguamente
se encontraba legislado de que por el solo hecho de obtener una sentencia
favorable de divorcio ipso jure se obtuviese la patria potestad o la perdiese el
cónyuge culpable.
97
Antes de que se provea definitivamente
sobre la patria potestad o tutela de los
hijos, el juez podrá resolver, a petición
de los abuelos, tíos o hermanos mayores,
cualquier providencia que se considere
benéfica a los menores.
Cuando se vaya a tomar una determinación
relacionada con los intereses del menor, deberá
oírsele y considerársele su opinión, la cual
deberá ser valorada en función de su edad y
madurez, (artículo 573 Código Civil del Estado
de Jalisco y artículo 12 de la Convención de
Nueva York sobre los derechos de los menores).
98
Respecto de la custodia podrá convenirse entre los cónyuges, quien la tendrá, pero ésta podrá ser
revocada en cualquier momento a petición del cónyuge inocente, sin embargo, por ser el derecho de
los niños superior al de los adultos, esta disposición puede ser superada por el Juez de lo Familiar y
otorgar la custodia a la madre aun cuando fuese cónyuge culpable.

A falta de convenio, la custodia corresponderá al cónyuge no culpable; si ambos cónyuges fueren
culpables, la custodia la ejercerá el ascendiente que corresponda y si no lo hubiese se designará el
Consejo de Familia.
A la muerte del ex cónyuge inocente, tendrá la custodia el que sobreviva, salvo que
exista inconveniente grave para ello.
99

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las causales de divorcio deben probarse plenamente.


“DIVORCIO. LAS CAUSALES DEBEN PROBARSE PLENAMENTE.


La institución del matrimonio es de orden público, por lo que la sociedad está interesada en su mantenimiento y
sólo por excepción la ley permite que se rompa el vínculo matrimonial. Por tanto, en los divorcios necesarios es
preciso que la causal invocada quede plenamente probada, así como que la acción se haya ejercitado
oportunamente, es decir, antes de su caducidad.


A. D. 6805/1958 – María Luisa Pacheco Benavides. 5 votos. Sexta Época, Vol. XXV, Cuarta Parte, Pág. 138.


A. D. 5329/1958 – Beatriz Margarita Machín de Moreno. 5 votos. Sexta Época, Vol. XXVI, Cuarta Parte, Pág. 69.


A. D. 1461/1959 – Dolores Rodríguez. 5 votos. Sexta Época, Vol. XXXI, Cuarta Parte, Pág. 49.


A. D. 5296/1959 – José Guadalupe Sánchez. Unanimidad de 4 votos. Sexta Época, Vol. XLIII, Cuarta Parte, Pág. 50.


A. D. 1383/1962 – Ranulfo Pérez Cuervo. 5 votos. Sexta Época, Vol. LXVIII, Cuarta Parte, Pág. 21.


JURISPRUDENCIA 174 (Sexta Época), Pág. 530, Volumen 3ª.




223
SALA Cuarta Parte Apéndice 1917-1975; anterior Apéndice 1917-1965, JURISPRUDENCIA 165, Pág. 517. (En
nuestra ACTUALIZACIÓN I CIVIL, tesis 1118, Pág. 566).”
10
0















DIVORCIO, CAUSALES DE. NECESIDAD DE EXPRESAR LOS HECHOS QUE LAS
CONSTITUYEN.
Ninguna demanda de divorcio puede prosperar si en ella no se expresan los
hechos constitutivos de las causales invocadas, a efecto de que la demandada
pueda preparar su defensa y no quede inaudita, con notoria conculcación del
artículo 14 constitucional.
Quinta Época
Tomo CXXX – A. D. 3354/1956. Margarito Santillán Hernández. Unanimidad de 4
votos. Pág. 523.
A. D. 636/1967. Delfín Rayas Rodríguez. Unanimidad de 4 votos. Sexta Época,
Vol. CXXVII, Cuarta Parte, Pág. 27.
A. D. 3371/1966. Alfredo Vázquez Sánchez. 5 votos. Sexta Época, Vol. CXXXV,
Cuarta Parte, Pág. 65.
A.D. 2396/1968 – Juan Enciso Ulloa. Unanimidad de 4 votos. Séptima Época, Vol.
4, Cuarta Parte, Pág. 42.
A.D. 2708/1971 – José Roquero Lozada. 5 votos. Séptima Época, Vol. 58, Cuarta
Parte, Pág. 44.”
10
1


El artículo 404 del Código Civil de Jalisco, señala
como causas de divorcio:
Es un avance en la semántica empleada por el
legislador, ya que separa el concepto penal de
divorcio para darle un nuevo trato con un nuevo
nombre, obviamente que para que exista adulterio
era necesario el ayuntamiento carnal voluntario, entre
persona casada y otra de distinto sexo que no sea su
cónyuge, ahora cabe la posibilidad de invocar esta
causal cuando se trata de una relación entre personas
del mismo sexo. La H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación admite para acreditar esta causal, la prueba
indirecta:
10
2

















“DIVORCIO, ADULTERIO COMO CAUSAL DE.
Para la comprobación del adulterio como causal de divorcio, la prueba directa es
comúnmente imposible, por lo que debe admitirse la prueba indirecta para la
demostración de la infidelidad del cónyuge culpable.
Quinta Época:
Tomo CII – A. D. 414/1954. Díaz Candelaria. Mayoría de 4 votos. Pág. 695.
A. D. 2809/1957 – Jesús Ruiz Jiménez. 5 votos. Sexta Época, Vol. XIV, Cuarta
Parte, Pág. 9
A. D. 7803/1958 – María Cristina de Borbón de Patiño. Mayoría de 4 votos. Sexta
Época, Vol. XXX, Cuarta Parte, Pág. 120.
A. D. 2181/1959 – Jesús Alcántara. 5 votos. Sexta Época, Vol. XXXIII, Cuarta Parte,
Pág. 69.
A. D. 7226/1960 – Antonia Verde Barrón. 5 votos. Sexta Época, Vol. LII, Cuarta
Parte, Pág. 10
JURISPRUDENCIA 159 (Sexta Época), Pág. 496, Volumen 3ª. SALA Cuarta Parte
Apéndice 1917-1975; anterior Apéndice 1917-1965, JURISPRUDENCIA 152, Pág.
490.) En nuestra ACTUALIZACIÓN I CIVIL, tesis 1073, Pág. 541).”
10
3




CC BC
Artículo 264.I.-El adulterio debidamente probado de uno
de los conyuges;
Comentario
10
4






II. El hecho de que alguno de los cónyuges tenga un hijo, durante el
matrimonio, concebido antes de celebrarse éste, con persona
diversa a su consorte. Para que proceda la acción en el caso de la
mujer es necesario que lo anterior sea declarado judicialmente; y
tratándose del cónyuge varón se requiere que este sea condenado en
juicio de reconocimiento de paternidad.
Lo criticable de lo anterior es que puede suceder que el padre reconozca
voluntariamente a un hijo concebido antes de contraer matrimonio y que nazca
una vez celebrado el matrimonio y se haya limitado a la exigencia de que se
condene en juicio de reconocimiento de paternidad, ya que si el padre lo reconoció
voluntariamente, resulta innecesaria la condena en juicio de reconocimiento de
paternidad.
CC BC
Artículo 264.II.-El hecho de que la mujer de a luz, durante el matrimonio un hijo concebido
antes de celebrarse este contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo.
Comentario.
10
5
.






Anteriormente y en la mayoría de los Códigos Civiles, se recogía el espíritu del Código Napoleón en el sentido de que la propuesta
necesariamente era del marido para prostituir a su mujer, en la actualidad se presentan casos en los cuales la esposa propone al marido se
prostituya, razón por la cual se considera más acertada la redacción del Código Civil de Jalisco. En esta causal sorprende la degradación
moral entre los consortes, destruye la relación conyugal y constituye un peligro para la educación de los hijos, en algunos casos se
prostituyen por la necesidad económica, pero en otros, por la perversión moral, deseos de nuevas experiencias o fantasías sexuales, pero
que de cualquier manera terminan produciendo un asco entre la pareja, corriendo con un peligro mortal como es el adquirir en esas
prácticas sexuales el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida;
CC BC
Articulo 264.III.- La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe
que ha recibido dinero o cualquier remuneración con objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer.
Comentario.



IV. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro, para cometer
algún delito;






Independientemente de la sanción penal, la presencia de esta causal puede llegar a desvirtuar la integridad familiar y acabar con la finalidad
del matrimonio, sin embargo, resulta discutible cuando por una necesidad social se incita a la violencia por un idealismo o profunda
convicción de cambio, lo que de ninguna manera exime de responsabilidad penal o deja de ser causa de divorcio;
CC BC
Artículo 264.IV.- La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal.
Comentario.
10
6
V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o la
mujer con el fin de corromper a los hijos, tanto los de
matrimonio como los de uno solo de los cónyuges, así
como la tolerancia en su corrupción. La tolerancia debe
ser de actos positivos y no por omisión
Como se dijo en la fracción anterior puede configurarse el delito
de corrupción de menores, y puede ser causa de pérdida de patria
potestad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 598 Fracción
III del Código Civil del Estado de Jalisco, se amplía esta causa para
los hijos de cada uno de los cónyuges y no nada más los que
hayan procreado entre sí;
CC BC Articulo 264.- V.- Los actos inmorales ejecutados por el
marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así
como la tolerancia en su corrupción.
10
7




En esta fracción vale la pena comentar que desaparece en forma específica el
señalamiento de ciertas enfermedades como sífilis y tuberculosis que actualmente
son curables, se critica y no se está de acuerdo con la postura del nuevo
legislador Jalisciense de suprimir como causa de divorcio el padecer impotencia
incurable y dejarlo únicamente como una causa de ilegitimidad (nulidad) del
matrimonio, ya que los sesenta días que se tienen para ejercitar esta acción a
partir de la celebración del matrimonio resultan insuficientes o muy corto el
plazo. Se estima totalmente absurdo el tener que esperar dos años para poder
ejercitar esta acción. En todo caso deberá solicitarse que se suspenda la
obligación de cohabitar con su consorte en los términos del artículo 409 del
Código Civil del Estado de Jalisco y una vez transcurridos los dos años, presentar
la demanda de divorcio;
CC BC
Articulo 264.-
VI.- Padecer sifilis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad crónica o
incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia
incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio.
10
8








VII.Padecer enajenación psíquica incurable declarada judicialmente;
En el anterior Código Civil del Estado de Jalisco, era necesario que hubiese transcurrido dos
años desde que comenzó a padecerse la enfermedad, para que pudiera pedirse la acción de
divorcio, disposición que fue abrogada en el Nuevo Código Civil y cambiada su redacción
agregando “Declarada judicialmente”, por lo que deberá solicitarse declarar el estado de
interdicción previamente a la presentación de la demanda de divorcio;
CC BC
Articulo 264.VII.- Padecer enajenación mental incurable; declarada judicialmente.
Comentario
VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses, sin
causa justificada;
Para la procedencia de esta acción es necesario acreditar la existencia del domicilio conyugal y
este no existe cuando los esposos viven en calidad de arrimados en el domicilio de los padres,
de otros parientes o de terceras personas, en donde los cónyuges carecen de autoridad propia
y libre disposición en el hogar, criterio que ha sostenido en Jurisprudencia firme la H. Suprema
Corte de Justicia de la Nación;
10
9
“DIVORCIO. ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL CUANDO LOS CÓNYUGES VIVEN EN CALIDAD DE ARRIMADOS.


Para configurar la causal de divorcio consistente en el abandono del hogar conyugal, se precisa desde luego la
existencia del abandono del hogar, y éste no existe cuando los esposos viven en calidad de arrimados en el
domicilio de los padres, de otros parientes o de terceras personas, en donde los cónyuges carecen de autoridad
propia y libre disposición en el hogar, porque viven en casa ajena y carecen de hogar propio.


A. D. 6798/1957- Juan Francisco Ruiz. Unanimidad de 4 votos. Sexta Época, Vol. XV, Cuarta Parte, Pág. 213.


A. D. 3478/1959 – Amparo Coutiño de Sánchez. Unanimidad de 4 votos. Sexta Época, Vol. XX, Cuarta Parte, Pág.
96.



228

A. D. 4141/1958 – Pedro Millán González. 5 votos. Sexta Época, Vol. XXIV, Cuarta Parte, Pág. 148.


A. D. 263/1960 – Ángel Perales Rodríguez. Unanimidad de 4 votos. Sexta Época, Vol. XXXIV, Cuarta Parte, Pág.
85.


A. D. 572/1960 – J. Jesús Raygoza Cornejo. 5 votos. Sexta Época, Vol. XLVIII, Cuarta Parte, Pág. 164.


JURISPRUDENCIA 157 (Sexta Época), Pág. 588, Volumen 3ª. SALA Cuarta Parte Apéndice 1917-1975; anterior
Apéndice 1917-1965, JURISPRUDENCIA 150, Pág. 484. (En nuestra ACTUALIZACIÓN I CIVIL, tesis 1070, Pág.
539).”
11
0

Y tratándose de Jalisco es necesario que el cónyuge permanezca en el domicilio conyugal durante un período mínimo de seis meses, según criterio de los Tribunales Colegiados:


“DIVORCIO, ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL COMO CAUSAL DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).




La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido sosteniendo, a través de sus ejecutorias, que es requisito necesario para
que opere la causal de divorcio consistente en el abandono del hogar por uno de los cónyuges por más de seis meses consecutivos, sin causa
justificada, que se den estos tres elementos: 1.- La falta de vida común, en la casa habitacional de los cónyuges; 2.- Que esa separación se
prolongue por más de seis meses, y 3.- Que no esté justificada por parte del cónyuge abandonante. Además, ha sostenido que cada uno de estos
elementos tiene presupuestos lógicos jurídicos que deben satisfacerse; el primero de ellos es el que el hogar conyugal haya existido antes de la
separación, en el momento de ella y durante los seis meses que necesita la fracción VIII del artículo 322, del Código Civil del Estado de Jalisco,
para que opere, y que se señala en el segundo elemento; que el abandono sea continuo, de tal manera que exista un periodo de seis meses sin
interrupción; por último, la falta de justificación del abandono debe existir en el momento en que éste se produce y a lo largo de todo el periodo
mencionado. El hogar conyugal debe existir por lo menos durante todo el transcurso de los seis meses, para que en caso de que el cónyuge
abandonante desee deponer su conducta y reintegrarse al domicilio, esté en posibilidad de hacerlo, ya que lo que interesa a la sociedad es la
preservación de la familia y no que por causas muchas veces baladíes se destruya. Así pues, es mas fácil que este reintegro a la vida en común se
realice existiendo el hogar que en la situación contraria, puesto que serán menores las dificultades para el cónyuge abandonante si de inmediato
puede regresar a la morada conyugal, que si no existe en donde vivir. Esto no quiere decir que el cónyuge abandonado se vea restringido en
cuanto a su libertad de cambiar el domicilio, puesto que si a sus intereses conviene puede hacerlo; pero en este caso, el nuevo hogar debe reunir
las condiciones de higiene y decoro y, lo que es más importante, debe requerir al cónyuge abandonante para que se reincorpore, haciéndole
saber el lugar de la ubicación de la nueva casa, ya que éste se vería imposibilitado para saber en donde vive el abandonado. Para que prospere la
causal de divorcio consistente en la separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada, es del todo indispensable
acreditar estos 3 elementos: 1.- La falta de vida común, en la casa habitación de los cónyuges; 2.- Que está separación se prolongue por más de
6 meses; 3.- Que no esté justificada por parte del cónyuge abandonante; y el primero de dichos elementos estriba en el hecho de que el hogar
conyugal propiamente dicho exista antes, en el momento de la separación y después de ella, por lo menos hasta el final del lapso establecido en
el 2o. elemento, que es de 6 meses.
3a.
Amparo directo 769/75. Linda Guadalupe López de García. 22 de julio de 1976. Unanimidad de 4 votos. Ponente: J. Ramón


230

Palacios Vargas.


Séptima ÉPOCA, Cuarta Parte:



Volumen 30, pág. 21. Amparo directo 4063/70. Tomás Cortina Hidalgo. 24 de junio de 1971. Mayoría de 3 votos. Ponente: Ernesto Solís López. Disidente: Mariano Ramírez Vázquez y
Enrique Martínez Ulloa.
Volumen 18, pág. 46. Amparo directo 4398/69. Gregorio Rodríguez Pablo. 10 de junio de 1970. 5 votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.



Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 91-96 Cuarta Parte. Pág. 15. Tesis Aislada.”
3a.


Amparo directo 769/75. Linda Guadalupe López de García. 22 de julio de 1976. Unanimidad de 4 votos. Ponente: J. Ramón

230




Palacios Vargas
Séptima ÉPOCA, Cuarta Parte
Volumen 30, pág. 21. Amparo directo 4063/70. Tomás Cortina Hidalgo. 24 de junio de 1971. Mayoría de 3 votos. Ponente: Ernesto Solís López. Disidente: Mariano Ramírez Vázquez y
Enrique Martínez Ulloa.
Volumen 18, pág. 46. Amparo directo 4398/69. Gregorio Rodríguez Pablo. 10 de junio de 1970. 5 votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.


Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 91-96 Cuarta Parte. Pág. 15. Tesis Aislada.”
11
1
11
2



Respecto a la competencia, el artículo 161 en su fracción
XII del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Jalisco, establece que:
“En los juicios de divorcio, el tribunal del domicilio
conyugal y en caso de abandono de hogar, el del domicilio
del cónyuge abandonado. Si ambos cónyuges se dijesen
abandonados y se imputasen el abandono, será
competente el juez del domicilio del demandado.”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que
debe ser el domicilio del demandado, pues de lo contrario
será tanto como prejuzgar sobre el abandono de hogar;
11
3




CC BC
Articulo 264.VIII.- La separación de la casa conyugal por
más de seis meses sin causa justificada.
Comentario.
11
4
11
5



CC BC
Artículo 264.X.- La declaración de ausencia legalmente
hecha, o la de presunción de muerte, en los
casos de excepción en que no se necesita
para que se haga ésta que precede la
declaración de ausencia.
11
6


XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el
maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge
a otro o contra sus descendientes, con la intención
de dañar, humillar o despreciar al ofendido;
Esta nueva causal se incorpora en cumplimiento a la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una vida de violencia
(Federal) y es necesario precisar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, tanto para que el demandado pueda defenderse
y preparar su contestación, como para que el Juez pueda
advertir si el derecho se ejercitó en tiempo o si operó la
caducidad del derecho, según la siguiente Jurisprudencia:
11
7









Cuando se ejerce la acción de divorcio necesario con base en la causal de violencia intrafamiliar, no
basta que en la demanda se narren genéricamente los hechos que a juicio del actor actualicen dicha
causal, sino que es necesario expresar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
acontecieron. Lo anterior, no sólo para que la parte demandada pueda preparar su contestación y
defensa, sino también para que las pruebas se ofrezcan y rindan en relación precisa con la litis
establecida y para que el juzgador pueda estudiar la procedencia de la acción intentada. Además, si
en los procedimientos contenciosos el actor debe narrar primero en su demanda los hechos y
posteriormente probarlos en la etapa procesal correspondiente, resulta inconcuso que en el periodo
probatorio no pueden subsanarse las omisiones de la demanda, pues las pruebas no son los
instrumentos indicados para hacerlo.
1a./J. 69/2006
Contradicción de tesis 66/2006-PS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo
Quinto Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 20 de septiembre
de 2006. Mayoría de tres votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: José
Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda
Castro.
Tesis de jurisprudencia 69/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de
fecha veintisiete de septiembre de dos mil seis.
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo
XXV, Enero de 2007. Pág. 173. Tesis de Jurisprudencia.”
11
8

Sin embargo, la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
resolver el amparo directo 30/2008 de
fecha 11 de Marzo del 2009, estimó como
un caso de excepción y tomando en
cuenta diversos medios de convicción, el
no aplicar el criterio jurisprudencial arriba
señalado, pero dicha resolución no
interrumpió la Jurisprudencia en cita, ya
que para ello hubiera sido necesario el
voto de cuatro Ministros y no solo de tres,
según lo establece el artículo 194 de la Ley
de Amparo, por lo tanto, la Jurisprudencia
de la Primera Sala continua surtiendo sus
efectos legales y es obligatoria para todos
los órganos del Poder Judicial.
11
9






CC BC
Articulo 264.XI.- La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro.
Comentario.
Fracción XVIII.- Las conductas de violencia familiar, generadas por
un cónyuge contra el otro, contra los hijos de ambos o de alguno de
ellos, entendiéndose por éstas, todo acto de poder u omisión
intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física,
verbal, psicológica o sexualmente a cualquier miembro de la familia,
dentro o fuera del domicilio y que tiene efecto para causar daño, así
como su integridad física, psicológica, sexual y económica
independientemente de que pueda producir o no lesión,
Comentario.
12
0



XII. La incompatibilidad de caracteres que haga
imposible la vida conyugal, que sólo podrá invocarse
después de pasado un año de celebrado el
matrimonio;
Para esta causal es prueba toral la pericial
psicológica, a fin de acreditar la diferencia de
caracteres entre los cónyuges que haga imposible la
vida en común.
Esta causal resulta improcedente cuando los
cónyuges viven separados y es necesario precisar los
hechos de los caracteres disímbolos.
12
1








Para que la incompatibilidad de caracteres, como causal de divorcio pueda prosperar, es
necesario que el cónyuge que la hace valer exprese en su demanda cuáles son los hechos que
la constituyen, tanto para que el cónyuge demandado esté en posibilidad de formular sus
defensas, cuanto para que, en su oportunidad, el juez pueda apreciar si efectivamente se han
demostrado, y si su naturaleza y gravedad hacen imposible la vida en común y justifican la
disolución del matrimonio, pues como ésta es una institución de orden público la sociedad
está interesada en que se mantenga, y sólo por las causas señaladas en la ley, plenamente
demostradas, debe disolverse atento a los males que el divorcio causa a la familia y a la
sociedad.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 320/89. Filomeno Mata Morán. 29 de agosto de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación,
Octava Época. Tomo XIV, Julio de 1994. Pág. 555. Tesis Aislada.”
12
2

Aun cuando la causal de divorcio de incompatibilidad de caracteres, prevista en la fracción XVII del artículo 123
del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, es de tracto sucesivo, pues se refiere a una situación que se da
cuando los cónyuges hacen vida en común, pierde ese carácter cuando los esposos quedan separados y, por
ello, desde ese momento, se inicia el período de caducidad de la acción.


TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.


T.C.


Amparo directo 472/91. J. Concepción Baltazar Alba Macías. 14 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos.
Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos.


Amparo directo 9/90. José Santillán García. 15 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar
Vázquez Marín. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos. (Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-2, página
518).


Amparo directo 5/89. Saturnino Méndez Ortega. 31 de enero de



236
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel Ríos Flores.
(Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, página 290).


Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. Tomo
IX, Marzo de 1992. Pág. 187. Tesis Aislada.”
12
3


Para que la incompatibilidad de caracteres, como causal de divorcio, pueda prosperar, es necesario que
el cónyuge que la hace valer, exprese en su demanda cuáles son los hechos que la constituyen, tanto
para que el cónyuge demandado esté en posibilidad de formular su defensa, cuanto para que, en su
oportunidad, el juez pueda apreciar si efectivamente se han demostrado, y si su naturaleza y gravedad
hacen imposible mantener la vida en común y justifican la disolución del matrimonio, pues como éste
es una institución de orden público, la sociedad está interesada en que se mantenga, y sólo por las
causas señaladas por la ley plenamente demostradas, debe disolverse, atentos los males que el
divorcio causa a la familia y a la sociedad.


PRECEDENTES:


Sexta Época, Cuarta Parte:


Volumen X, Pág. 26. Amparo Directo 998/57. María del Refugio Riestra Córdova de Salazar. 30 de abril de 1958. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.


Volumen XXVI, Pág. 93. Amparo Directo 278/59. Celia Piñón de Oaxaca. 26 de agosto de 1959. 5 votos. Ponente: Gabriel García Rojas.


Volumen XXXVI, Pág. 55. Amparo directo 2381/59. Ana María Segura Martínez de Vela. 10 de junio de 1960. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.


Volumen LIII, Pág. 33. Amparo Directo 6374/70. Isaías Salazar Vázquez. 16 de noviembre de 1961. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José
Castro Estrada.


Volumen LXIX, Pág. 15. Amparo Directo 8820/61. Margarita Hernández de Cereceros. 29 de Marzo de 1963. 5 votos. Ponente: Mariano
Ramírez Vázquez.”
12
4

CC BC:- No existe como causal la
incompatibilidad de caracteres.
12
5


XIII. La negativa injustificada a dar alimentos al
otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad de
que exista requerimiento ni sentencia judicial
relativa a la reclamación de los mismos;
Cambia la redacción en el nuevo Código Civil del Estado de
Jalisco, por lo que resulta irrelevante de que no exista
requerimiento ni sentencia judicial previo a la demanda de
divorcio invocando esta causal, en consecuencia por el solo
hecho de que el deudor alimentario omita ministrar
alimentos a los acreedores alimentarios en forma
injustificada, es bastante para ejercitar la acción de divorcio,
lo criticable es que se señale al otro cónyuge y a los hijos,
debió redactarse al otro cónyuge o a los hijos y no de
manera copulativa, transcribo la siguiente ejecutoria
publicada en la página 992 del Semanario judicial de la
federación y su gaceta, novena época, tomo XI, Enero del
2000.
12
6





La fracción XIV del artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco dispone
como causa de divorcio “La negativa injustificada a dar alimentos al otro cónyuge
y a los hijos, sin necesidad de que exista requerimiento ni sentencia judicial
relativa a la reclamación de los mismos”, lo que daría lugar a interpretar el término
“negativa” como una acción que en un orden lógico implica un acto y no una
omisión; sin embargo, para una correcta intelección debe acudirse a una
interpretación contextual, sobre todo porque el propio legislador resaltó en el
mismo precepto la irrelevancia de que no exista requerimiento ni sentencia
judicial, respecto a la reclamación de los alimentos; de lo que se obtiene, sin lugar
a dudas, que la causal de divorcio se actualiza con la sola omisión de ministrar
alimentos, pues aunque el legislador aludió a resoluciones judiciales vinculadas
con requerimientos, su intención fue eximir al acreedor alimentario de promover
requerimiento alguno, y no limitativamente al de tipo judicial.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. III. 1º. C.
100 C
Amparo directo 917199.- Etelvina Ledezma Torres.- 15 de julio de 1999.Unanimidad de votos.- Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez.- Secretaria:
Ana Carmina Orozco Barajas.”
12
7
Siendo una causal de tracto sucesivo la falta de pago de alimentos, es
aplicable como causal de divorcio lo dispuesto por el nuevo Código
Civil en los términos del artículo octavo transitorio, criterio que han
sostenido los Tribunales Colegiados del Tercer Circuito en Materia
Civil.
CC BC
Artículo 264.- FRACCION XII.- La negativa injustificada de
los cónyuges a cumplir la obligaciones señaladas en el artículo 161 y
el incumplimiento sin justa causa, de la sentencia ejecutoria por
alguno de los cónyuges en el caso del artículo 165. Comentario.


XIV. La acusación calumniosa hecha por un
cónyuge contra el otro, por delito que merezca
pena mayor de dos años de prisión;



No es necesario la instrucción de un proceso o que se dicte una sentencia
absolutoria del acusado, teniendo en cuenta lo dispuesto por la siguiente
Jurisprudencia:
12
8
Para que exista la causal de divorcio
por acusación calumniosa, no es necesario que ésta dé lugar a la instrucción de un proceso y al
pronunciamiento de una sentencia absolutoria del acusado, porque es posible que la acusación
se archive por el Agente de la Procuraduría Social y no se consigne a la autoridad judicial, y sin
embargo, puede ser calumniosa para los efectos del divorcio, lo que apreciará en cada caso el
juez civil, tomando en cuenta que la imputación que hace un cónyuge al otro de haber
cometido un delito que merezca pena mayor de dos años de prisión, se haya hecho a
sabiendas de que es inoperante, que esté inspirada en el propósito de dañarlo en su
reputación, y en la consideración social que merece, circunstancias todas ellas reveladoras de
la existencia de una odiosidad y de una falta de estimación entre los cónyuges, que hace
imposible la vida en común.













Quinta Época
Tomo CXXVI – A. D. 2338/1954. Margarita López Portillo de Galindo. Unanimidad de 4 votos.
Pág. 672.
Tomo CXXIX – A. D. 2310/1956. Juan Gutiérrez Welsh. 5 votos. Pág. 577.
A. D. 6238/1957 – David López Alonso. 5 votos. Sexta Época, Vol. XIX, Cuarta Parte, Pág. 97
A. D. 7447/1958 – Lisandro López Carrascosa. 5 votos. Sexta Época, Vol. XXIV, Cuarta Parte,
Pág. 135
A. D. 111/1961 – Francisco Souza Díaz. 5 votos. Sexta Época, Vol. LXVIII, Cuarta Parte, Pág. 53.
JURISPRUDENCIA 158 (Sexta Época), Pág. 492, volumen 3ª. SALA Cuarta Parte Apéndice 19171975; anterior Apéndice 1917-1965, JURISPRUDENCIA 151, Pág. 487. (En nuestra
ACTUALIZACIÓN I CIVIL, Tesis 1071, Pág. 540).”
12
9





Se debe tener cuidado de ejercitar la acción dentro de los seis meses siguientes a partir de la fecha en que el afectado tiene conocimiento
de la denuncia, acusación o querella, sin importar, insisto, el hecho de que exista o no sentencia absolutoria;
CCBC
ARTÍCULO 264.XIII.- La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión.
Comentario.



XV.- Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político y que sea
infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años,






Por infamia se entiende el descrédito, deshonra, proviene del latín infamia, a lato sensu toda sentencia que causa ejecutoria y que
condena penalmente a una persona, produce descrédito o deshonra, por tanto se debe tomar en consideración la naturaleza del hecho
ilícito para determinar si se advierte una conducta depravada o vileza del cónyuge a quien se le atribuyen los hechos punibles, como en
el caso de una violación o estupro;
CCBC
Artículo 264.XIV.- Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena
de prisión mayor de dos años.
Comentario.



XVI. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas
enervantes, con fines no terapéuticos, cuando amenacen causar la ruina de la familia o
constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal,
13
0











Se mejora el texto en el nuevo Código Civil del Estado de Jalisco, al precisar
respecto de las drogas enervantes, el que se consuman con fines no terapéuticos.
Por lo que a la dipsomanía o alcoholismo crónico, la prueba pericial a cargo de
doctores en psiquiatría resulta toral para el éxito del juicio, sin descuidar el
acreditar que amenace causar la ruina de la familia o constituyan un continuo
motivo de desavenencia conyugal, cito las siguientes
Ejecutorias:
“DIVORCIO. ALCOHOLISMO COMO CAUSAL DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA). Respecto del alcoholismo crónico previsto en la fracción XI del artículo
454 del Código Civil del Estado de Puebla, debe indicarse que la causal en
comento se surte cuando hay pruebas relativas a que la adicción del demandado
al consumo de bebidas embriagantes es de tal naturaleza que amenazaba causar
la ruina familiar o que signifique un continuo motivo de desavenencia conyugal, lo
que en forma alguna se justificó.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 186/88. Miguel Ángel Flores Molina. 5 de julio de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto
Schettino Reyna.
Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Julio de 1994. Página 555.”
13
1

“DIVORCIO, HÁBITO DE EMBRIAGUEZ COMO CAUSAL DE. Si bien, la prueba idónea para
acreditar el hábito de embriaguez es la prueba pericial médica, también es verdad, que no es la
única con la que puede demostrarse el mismo, en vista de que al ser el hábito el modo especial
de conducirse o proceder de una persona, adquirido por repetición de actos semejantes, es
dable considerar que el hábito de embriaguez puede ser justificado con testigos conocedores
de la conducta o modo de proceder en forma asidua de un individuo, cuando éstos informan a
ese respecto, como ocurre en la especie, en que los testigos dijeron en concreto que el
demandado a diario llega a su casa tomado e incluso cayéndose, y hasta el grado de quedarse
tirado, haciendo referencia además a diversos actos de agresión verbal y física hacia sus
familiares, destacándose que los testigos dijeron, uno, que sabía lo narrado por habitar en la
casa en que ocurrían los hechos; otra testigo, por ser vecina inmediata de aquellos, y el último
porque era amigo de los hijos contendientes, e iba a jugar con ellos, lo que conlleva a
considerar que es imposible la vida conyugal y familiar, puesto que se ha roto la armonía del
hogar, por lo que no era imprescindible la prueba pericial.









242
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 401/90. Marciana Yolanda Quints Mantecón, 11 de enero de 1991.
Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: Ruth Ramírez Núñez.
Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Julio de 1991. Página 154.”
13
2







“DIVORCIO, HÁBITO DE LA EMBRIAGUEZ COMO CAUSAL DE, DEBEN
EXPRESARSE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, LUGAR Y MODO DE LA
CONDUCTA. Cuando de los hechos invocados como constitutivos de la
acción relativa a la demanda de divorcio necesario, no se coligen las
circunstancias necesarias de lugar, tiempo y modo integradoras de la
conducta reprochada al demandado, consistente en su hábito de
embriaguez que hace que actué con agresividad, sino que sólo se
aducen hechos ambiguos e imprecisos que no configuran los
concretos y necesarios para la procedencia de la causal invocada,
es evidente que la responsable con acierto consideró que la demanda de
divorcio carece de elementos de peso que hagan posible la procedencia
de la acción, en virtud de que la quejosa omitió expresar los hechos
determinantes de la conducta atribuida al demandado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 288/89. Rosa María Botello Valdez de Moyeda. 10 de
enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Hernández
Martínez. Secretario: Carlos R. Domínguez Avilán.
Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Julio-Diciembre de
1990. Segunda parte. Pág. 518.”
13
3
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








Época: Novena Época
Registro: 186373
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVI, Agosto de 2002
Materia(s): Civil
Tesis: VII.3o.C. J/1
Página: 1009


ALIMENTOS. DEBE SUBSISTIR LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS EN LOS CASOS EN QUE LA DISOLUCIÓN
DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SE FUNDE EN LA CAUSAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN XVII, DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.



Cuando la disolución del vínculo matrimonial se apoya en la separación de los esposos por más de dos años,
independientemente del motivo que la haya originado, debe dar lugar a la obligación de suministrar
alimentos. Es así, porque aun cuando es cierto que el artículo 162 del Código Civil para el Estado de Veracruz
adolece de un vacío, consistente en la falta de regulación precisa de la subsistencia de la obligación de los
cónyuges de proporcionarse alimentos en el caso de que se disuelva el vínculo matrimonial por la causa de
divorcio prevista en el artículo 141, fracción XVII, del código invocado, para lo cual no se califica la
culpabilidad o inocencia de los consortes, toda vez que la norma primeramente referida sólo prevé
directamente las situaciones de divorcio necesario en las que se hace esa calificación y las de divorcio por
mutuo consentimiento, sin que la aquí tratada quede comprendida en esas categorías. Sin embargo, el
principio general adoptado en esa ley respecto de los alimentos entre los cónyuges en caso de divorcio en
general, consiste en que debe subsistir el derecho a favor del que los necesita, si no ha sido declarado
culpable de la disolución del vínculo, sujeto a las modalidades que exige la naturaleza jurídica de tal
obligación en ese evento y a las circunstancias del caso, tales como la capacidad de los cónyuges para
trabajar y su situación económica, sin excluir de modo expreso el divorcio necesario fundado en la causal
mencionada. De ello se infiere, considerando que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma
disposición, que en la hipótesis de que se trata procede la condena al pago de alimentos en favor del
cónyuge que los necesite y en contra del que tenga la posibilidad de darlos, tomando en consideración las
constancias de autos, la capacidad actual de los dos para trabajar y su situación económica. TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
13
5


Amparo directo 405/2001. Alejandro Teódulo Salazar López. 21 de septiembre de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: José Alfredo García Palacios. Amparo
directo 432/2001. Raymundo Pérez Sánchez. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente:
Arnulfo Joachin Gómez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Israel Palestina
Mendoza. Amparo directo 109/2002. Ramiro Marín Cárdenas. 25 de abril de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: María Isabel Morales González. Amparo directo
193/2002. Ángel Felipe Mangas González. 25 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo
Arturo Baizábal Maldonado. Secretaria: Esther Carús Medina. Amparo directo 185/2002. Marcos Rafael
Martínez Acevedo. 3 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria:
María Isabel Morales González. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
Tomo IV, Materia Civil, página 34, tesis 44, de rubro: "ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE
SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE CULPABLE, COMO OCURRE EN LA
CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR MÁS DE DOS AÑOS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267,
FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.". Nota: Esta tesis contendió en la
contradicción 162/2005-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 4/2006, que
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII,
marzo de 2006, página 17, con el rubro: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO SUBSISTE LA OBLIGACIÓN
DE PROPORCIONARLOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO FUNDADO EN LA CAUSAL ESTABLECIDA EN EL
ARTÍCULO 141, FRACCIÓN XVII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ."
13
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Época: Novena Época
Registro: 182729
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVIII, Diciembre de 2003
Materia(s): Civil
Tesis: XIV.2o. J/32
Página: 1125
ALIMENTOS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO NECESARIO FUNDADO EN LA
SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).
La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/90, sustentó
el criterio jurisprudencial 17/90, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera
Parte, página 221, de rubro: "ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE
NO HAY CÓNYUGE CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR MÁS DE DOS AÑOS
PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN XVIII, DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL."; considerando para ello,
que si la legislación civil del Distrito Federal preveía en su artículo 288 la obligación de los cónyuges de darse
alimentos en los casos de divorcio por mutuo consentimiento, es decir, cuando no había cónyuges culpables, por razón
de analogía y equidad debía considerarse también que en los casos de divorcio necesario fundados en la causal relativa
a la separación de los cónyuges por más de dos años, en la que tampoco había culpables, debía subsistir el derecho de
aquéllos a percibir alimentos. Sin embargo, en el Estado de Yucatán no resulta aplicable por analogía el criterio
jurisprudencial de que se trata, en la medida en que conforme con lo dispuesto en el artículo 191, fracción IV, de su
Código Civil, no es obligación de los cónyuges proporcionarse alimentos en los casos de divorcio por mutuo
consentimiento (en el que, desde luego, no hay cónyuges culpables), por lo que al no prever el citado artículo una
situación jurídica igual a la regulada por el diverso 288 del Código Civil para el Distrito Federal, cuya interpretación
sirvió de base al Alto Tribunal para emitir la jurisprudencia invocada, no puede ésta resultar aplicable en el Estado de
Yucatán. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.


Amparo directo 756/98. 20 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Paulino López Millán. Secretaria: Silvia Cerón Fernández. Amparo directo 110/99.
27 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Luis A. Coaña y Polanco. Amparo directo 590/2001. 7 de diciembre
de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús González Ruiz. Secretaria: Isis Alejandra Vera Novelo. Amparo directo 153/2003. 22 de mayo de 2003.
Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Mario Andrés Pérez Vega. Amparo directo 318/2003. 26 de septiembre de 2003.
Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Mario Andrés Pérez Vega.
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Época: Décima Época
Registro: 2000346
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1
Materia(s): Civil
Tesis: 1a./J. 5/2012 (10a.)
Página: 97
DIVORCIO. SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS. NO EXISTE APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA
FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE JALISCO CUANDO LA SEPARACIÓN
OCURRIÓ ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHO PRECEPTO, ES CONTINUA Y SE CUMPLE EL PLAZO PREVISTO.
Conforme a la teoría de los componentes de la norma, admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
dirimir cuestiones de retroactividad, se concluye que no existe aplicación retroactiva de la fracción XIX del artículo
404 del Código Civil para el Estado de Jalisco, vigente a partir del 30 de diciembre de 2009, cuando la separación
de los cónyuges ocurrió antes de la entrada en vigor de dicha disposición legal, si esa situación continúa y se
cumple el plazo previsto para ello, porque aquel precepto no afecta situaciones ocurridas con anterioridad a su
vigencia, sino que regula un acontecimiento que se da con posterioridad a su entrada en vigor.
Contradicción de tesis 382/2011. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Quinto, todos en
Materia Civil del Tercer Circuito. 23 de noviembre de 2011. La votación se dividió en dos partes: mayoría de
cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en
cuanto al fondo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alejandro García Núñez.
Tesis de jurisprudencia 5/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha
dieciocho de enero de dos mil doce.
13
8
Época: Novena Época
Registro: 164793
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Abril de 2010
Materia(s): Civil, Constitucional
Tesis: 1a./J. 115/2009
Página: 259
DIVORCIO POR SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS. NO EXISTE APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA
FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUANDO LA SEPARACIÓN OCURRIÓ
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHO PRECEPTO.
Conforme a la teoría de los componentes de la norma, admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir
cuestiones de retroactividad, se concluye que no existe aplicación retroactiva de la fracción XIX del artículo 267 del Código
Civil para el Estado de Nuevo León, en vigor a partir del 31 de enero de 2005, cuando la separación de los cónyuges
ocurrió antes de la entrada en vigor de dicha disposición legal, si la separación continúa al entrar en vigor la norma
mencionada y se cumple el plazo previsto para ello, en términos del artículo segundo transitorio del decreto que adicionó
la citada fracción (publicado en el periódico oficial de la entidad el 8 de diciembre de 2004), porque aquel precepto no
afecta situaciones ocurridas con anterioridad a su vigencia, sino que regula una situación existente al momento de su
entrada en vigor y que se prolonga en el tiempo. En efecto, aun cuando la separación de los cónyuges (que es el supuesto
de la causal de divorcio) suceda incluso antes de la creación de la señalada fracción, esa separación continúa ya que se da
día con día, de ahí que el hecho de que haya comenzado antes del inicio de la vigencia de la fracción que prevé la causal de
divorcio relativa no implica su aplicación retroactiva.
Contradicción de tesis 147/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en
Materia Civil del Cuarto Circuito. 21 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo. Tesis de jurisprudencia 115/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve.
13
9
Época: Novena Época
Registro: 165038
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Marzo de 2010
Materia(s): Civil
Tesis: 1a./J. 118/2009
Página: 179
DIVORCIO NECESARIO. EL ALLANAMIENTO DEL DEMANDADO RELEVA AL ACCIONANTE DE LA CARGA DE LA PRUEBA
RESPECTO DE LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA PRETENSIÓN, SIEMPRE QUE NO SE REFIERA A DERECHOS DE
TERCEROS O IRRENUNCIABLES Y NO SEA EVIDENTE UN FRAUDE A LA LEY (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO
DE JALISCO).
El allanamiento previsto en el artículo 282 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco constituye una actitud autocompositiva
que implica el sometimiento incondicional por parte de quien resiste en el proceso a las pretensiones del accionante, en relación con
derechos renunciables, que lleva implícita la admisión de la exactitud de los hechos, por lo que su efecto lógico es eximir de la prueba y, por
regla general, que el juez tenga que aceptarlos sin exigir probanza directa. Sin embargo, el allanamiento no presupone necesariamente el
reconocimiento de la procedencia de la acción intentada, pues como sólo puede referirse a derechos privados renunciables, no es admisible
tratándose de derechos de terceros, irrenunciables o de cuestiones de orden público o que puedan fundar una condena a prestación
imposible o contraria a las buenas costumbres; o cuando el juez disponga de elementos suficientes para considerar que está en presencia de
un proceso simulado o resulte un hecho impeditivo o extintivo que pueda declararse de oficio. Ahora bien, dado que las normas del
procedimiento relativo al divorcio son de orden público, existiendo consentimiento de los cónyuges en la disolución de su matrimonio,
deben solicitarlo conforme a las reglas procesales del divorcio voluntario, no pudiendo válidamente allanarse uno a la demanda del otro,
sustentada en una causal inexistente, ya que ello constituye un fraude a la ley procesal, en la medida en que pretenden violarse las
disposiciones aplicables a los divorcios voluntarios, sin cumplimentar los aspectos y garantías establecidos en beneficio de los cónyuges y de
sus hijos, y evitar la intervención forzosa del representante de la Procuraduría Social en este tipo de divorcios. No obstante, del solo
allanamiento a una acción de divorcio necesario no puede deducirse el consentimiento de los cónyuges en cuanto a la disolución del vínculo
matrimonial ni la intención de cometer un fraude a la ley, sino que éste debe hallarse, en su caso, en pruebas que lo tornen evidente y que
demuestren la deliberada intención de los cónyuges de eludir la aplicación de las reglas del divorcio voluntario. En ese sentido, se concluye
que en los juicios de divorcio necesario el allanamiento del demandado releva al accionante de la carga de la prueba respecto de los hechos
fundatorios de la pretensión, siempre que no se refiera a derechos de terceros o irrenunciables, y no sea evidente un fraude a la ley; de ahí
que dicho allanamiento será suficiente para decretar el divorcio; máxime que el citado artículo 282 no establece alguna excepción en materia
de pruebas para los juicios de divorcio.
Contradicción de tesis 239/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 21 de octubre de 2009.
14
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. Tesis de jurisprudencia
0
118/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve.

Artículo 410….
Tratándose de las causales previstas en las
fracciones VII, XII y XIX del artículo 404, el divorcio
podrá ser demandado por cualquiera de los
cónyuges.
Tratándose de juicio de divorcio, cabe ofrecer la
prueba testimonial a cargo de parientes, amigos o
domésticos, según Jurisprudencia de la H. Suprema
Corte de Justicia de la Nación:
14
1
Conforme al sistema del Código de Procedimientos Civiles del Distrito y
Territorios Federales y Códigos de los Estados que tienen iguales disposiciones,
no sólo los amigos sino también los domésticos y parientes, son aptos para ser
testigos, especialmente en los juicios de divorcio, porque ninguna persona como
ellos puede estar más enterada de las desavenencias conyugales.








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


Quinta Época
Suplemento de 1956 – Eduardo Sarabia Osorno. 5 votos. A.D. 393/1950.
Tomo CXXI – Enriqueta Lecuona de Bustillo. 5 votos. A.D. 5365/1955. Pág. 529.
A. D. 1880/1960 – Carmen Martínez Vasconcelos. Unanimidad de 4 votos. Sexta
Época, Vol. LVIII, Cuarta Parte, Pág. 162.
A. D. 4878/1960 – Salvador Flores de De la Vega. Unanimidad de 4 votos. Sexta
Época, Vol. LXVII, Cuarta Parte, Pág. 76.
JURISPRUDENCIA 176 (Sexta Época), Pág. 538, Volumen 3ª. SALA Cuarta Parte
Apéndice 1917-1975; anterior Apéndice 1917-1965, JURISPRUDENCIA 166, Pág.
519. (En nuestra ACTUALIZACIÓN I CIVIL, tesis 1130, Pág. 574).·
14
2


En cualquier caso de que los cónyuges dejaran pasar más de tres
meses sin continuar el procedimiento, el Tribunal declarará sin
efecto la solicitud y mandará archivar el expediente, así mismo
podrán reunirse los cónyuges de común acuerdo en cualquier
tiempo, con tal de que el divorcio no hubiese sido decretado,
pero no podrán volver a solicitar el divorcio por
mutuo consentimiento sino pasados tres meses a partir del
último escrito presentado al Juzgado que conoció de la solicitud
del divorcio.
Otra causal más para divorciarse la constituye cuando un
cónyuge demande el divorcio y la ilegitimidad del matrimonio
por causas que no justifique o que hayan resultado insuficientes,
el demandado tiene a su vez el derecho de pedir el divorcio,
pero no podrá hacerlo sino pasados tres meses de la notificación
de la sentencia que cause estado o de la resolución que decrete
la caducidad de la instancia. Durante estos tres meses, los
cónyuges no están obligados a vivir juntos.
14
3




El pasado mes de Enero del 2014, se publicó una Tesis en el Semanario
Judicial de la Federación que estima que procede la disolución del vínculo
matrimonial aun cuando no se demuestren las causales invocadas, tomando
en consideración el derecho fundamental a la dignidad humana, el Juez
natural debe atender que:
A). Lo solicite uno o ambos consortes;
B). Que por el tiempo transcurrido de convivencia, se evidencie que éste fue
suficiente para que ya se hubiera logrado una reconciliación y no se obtuvo;
C). Las circunstancias particulares pongan de manifiesto que la relación ya
provocó o está provocando un perjuicio a la estabilidad personal o familiar,
según sea el caso.
14
4

Época: Décima Época

Registro: 2005339

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV

Materia(s): Constitucional, Civil

Tesis: XVIII.4o.15 C (10a.)

Página: 3051


DIVORCIO NECESARIO. DEBE DECRETARSE AUN CUANDO NO QUEDEN DEMOSTRADAS LAS CAUSALES INVOCADAS, TOMANDO
EN CONSIDERACIÓN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA.


El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6/2008, del que derivó la tesis aislada P. LXVI/2009,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 7, de rubro:
"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.", estableció que de la dignidad humana, como
derecho fundamental superior, deriva el libre desarrollo de la personalidad, que comprende, entre otras expresiones, la libertad de
contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su
profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una
persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente. Por tanto, no obstante que no
quede demostrada la causal de divorcio invocada por uno de los cónyuges, o ambos en caso de reconvención, la autoridad que conozca
del juicio debe advertir que ya no existe la voluntad de al menos una de las partes para seguir unida en matrimonio y debe tenerla en
cuenta, para determinar lo que mejor les conviene, tomando en consideración su derecho fundamental a la dignidad humana y, en esa
medida, decretar el divorcio. No pasa inadvertido la existencia del derecho a que la ley proteja siempre la organización y el desarrollo de
la familia, en términos del primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal, sin embargo, ello no lleva al extremo de que el
Estado deba mantener a toda costa unidos en matrimonio a los consortes, aun contra su voluntad, so pretexto de esta disposición
constitucional, sino que debe buscar los medios o instrumentos adecuados para evitar su desintegración, pero sin afectar los derechos
humanos que le son inherentes a cada uno de sus integrantes, como lo es su conciliación, pero si ésta no se logra, es evidente que el
Estado no puede obligar al consorte que no lo desee a continuar unido en matrimonio. Máxime cuando de autos pudiera advertirse que,
por el tiempo que llevan los consortes separados o por haber expresado ambos su interés en disolver el vínculo, declarar la
improcedencia del divorcio, lejos de beneficiar la estabilidad familiar, implicará desconocer la situación de hecho existente e incluso
propiciará el desgaste en las relaciones entre sus integrantes. En consecuencia, para decretar el divorcio, el Juez natural debe atender
que: a) lo solicite uno o ambos consortes; b) por el tiempo transcurrido de convivencia, se evidencie que éste fue suficiente para que ya
se hubiera logrado una reconciliación, y no se obtuvo; y, c) las circunstancias particulares pongan de manifiesto que la relación ya
provocó o está provocando un perjuicio a la estabilidad personal o familiar, según sea el caso. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL
DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.


Amparo directo 32/2013. 29 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández García. Secretario: Gerardo Vázquez
Morales. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 73/2014, pendiente de resolverse por la Primera
Sala.


Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
14
5

1.7 DIVORCIO EXPRESS.


Desde Octubre de 2008, se incorporaron la nueva
redacción de los artículos 266 y 267 del Código
Civil para el Distrito Federal, con la novedad del
denominado “Divorcios express”, mediante el
cual se puede disolver el vínculo del matrimonio
y dejar a los cónyuges en aptitud de contraer
otro. Puede solicitarse por uno de los cónyuges
ante la autoridad judicial manifestando su
voluntad de no querer continuar con el
matrimonio, sin que se requiera señalar la causa
por la cual se solicita, siempre que haya
transcurrido cuando menos un año desde la
celebración del mismo.
14
6

El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio
deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para
regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo
matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos:
I.- La designación de la persona que
tendrá la guarda y custodia de los
hijos menores o incapaces;
II.- Las modalidades bajo las cuales
el progenitor, que no tenga la
guarda y custodia, ejercerá el
derecho de visitas, respetando los
horarios de comidas, descanso y
estudio de los hijos;
14
7

VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el
matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá
señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del
valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho
el cónyuge, que, durante el matrimonio, se haya dedicado al
desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los
hijos o que no haya adquirido bienes propios o habiéndolos
adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. El
Juez de lo Familiar resolverá atendiendo las circunstancias
especiales de cada caso.


Se reservan para el incidente todo lo relativo a la discusión de
alimentos, custodia, régimen de visita y convivencia.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que dicha
modalidad no atenta contra la sociedad ni la familia.


Como último comentario existen Código de Familia en Cuba,
Costa Rica, Bolivia, Honduras, El Salvador, Panamá, entre otros
países.
14
8
Entró en vigor el pasado 09 de Octubre de 2013, el artículo 417 bis del Código Civil del Estado de Jalisco que a
la letra dice: “Artículo 417-Bis.- Si el matrimonio hubiese estado bajo el régimen de separación de bienes y uno
de los cónyuges se hubiere dedicado preponderantemente a las labores no remuneradas del hogar y, en su caso,
al cuidado de los hijos, durante el tiempo que haya durado el matrimonio, o que la mayor parte de sus ingresos
los hubiese invertido en el mantenimiento del hogar y la familia y por esto no adquirió bienes, tendrá derecho a
una compensación por parte de su cónyuge, que no podrá ser superior al cuarenta por ciento del valor de los
bienes que ambos cónyuges juntos o por separado, hubieran adquirido durante el matrimonio, considerando las
reglas establecidas en este código respecto de los bienes propios y los comunes. En este caso, el Juez
determinará el monto que corresponda en base a la relación de bienes declarada por cada cónyuge y al avalúo
pericial de los mismos. Para el cálculo de la compensación el Juez deberá considerar la situación socioeconómica
que el matrimonio hubiere tenido y su evolución, así como de manera genérica la clase y cantidad de trabajo
del hogar realizado”. En el caso anterior y una vez llevada a cabo la liquidación, los cónyuges no tendrán
derecho a exigirse alimentos. En el caso de existir deudores alimentarios, ambos cónyuges contribuirán
equitativamente al pago de alimentos.






CCBC
ARTÍCULO 279 BIS.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de
hasta el 50% del valor de los bienes, que hubiere adquirido, durante el matrimonio siempre que se concurran las
condiciones siguientes: Reforma
I.- Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes.
II.- El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño
del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, y
III.- Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean
notoriamente menores a los de la contraparte.
El Juez de lo Familiar en sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo las circunstancias especiales de
cada caso.
14
9
Época: Novena Época
Registro: 167124
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIX, Junio de 2009
Materia(s): Civil
Tesis: 1a./J. 26/2009
Página: 112
DIVORCIO. CUANDO SE DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDE A LA PARTE SOLICITANTE PROBAR LOS HECHOS EN QUE FUNDA SU
PETICIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2008).
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 289 Bis del Código
Civil para el Distrito Federal, vigente hasta el 3 de octubre de 2008, prevé la posibilidad de que cualquiera de
los cónyuges demande, bajo ciertas condiciones, una compensación económica, es decir, una indemnización
disponible para cualquiera de ellos, sin excepcionar las reglas sobre carga probatoria que regulan el juicio civil
y sin justificar la existencia de una presunción legal a favor de alguna de las partes. Ahora bien, conforme a
los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la carga probatoria
compete a las partes, atendiendo a su problemática de hacer prosperar sus acciones o excepciones, según
corresponda. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando en un juicio ordinario civil de divorcio se
demanda la indemnización prevista en el citado artículo 289 Bis, bajo el argumento de haberse dedicado en el
lapso que duró el matrimonio preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al
cuidado de los hijos, corresponde a la parte solicitante probar los hechos en que funda su petición, pues lo
contrario rompería con las condiciones de impartición de justicia imparcial. Lo anterior sin perjuicio de que de
las pruebas aportadas y de las circunstancias particulares de cada caso pueda desprenderse una presunción
humana que demuestre esos extremos.
Contradicción de tesis 132/2008-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del
Primer Circuito. 18 de febrero de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de
jurisprudencia 26/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve.
15
0
Cuando el Tribunal pregunta y no se asienta que es el Tribunal quien pregunta, y
por lo tanto el testigo declara lo que no se le pregunta en el interrogatorio, se
considera testigo aleccionado. Explicar.
TESTIMONIAL. SE PRESUME ALECCIONAMIENTO CUANDO LOS TESTIGOS SE
EXCEDEN EN SUS RESPUESTAS.
Si los testigos al deponer manifiestan hechos que no están relacionados con la
pregunta que se les formula, o sea cuando incluyen fechas, nombres y cantidades
que evidentemente no están relacionados con aquélla, dicho exceso únicamente
demuestra que fueron previamente aleccionados por el oferente de la prueba, lo
cual a no dudar le resta credibilidad a su dicho.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
T.C.
Amparo directo 89/92. Angel Flores Rojas. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de
votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús
Echegaray Cabrera.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Octava Epoca. Tomo X, Julio de 1992. Pág. 419. Tesis Aislada.
15
1
TESTIGOS ALECCIONADOS.
Son aquellos que se anticipan en sus respuestas a preguntas que no les fueron formuladas,
por lo
que sus declaraciones carecen de valor probatorio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
I.1o.T. J/26
Amparo directo 2027/81. Muebles Sánchez, S.A. 25 de febrero de 1982. Unanimidad de
votos. Ponente: Jorge Enrique Mota Aguirre.
Amparo directo 1511/90. Pimienta Hermanos, S.A. 13 de abril de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Alfonso Hernández Suárez.
Amparo directo 5681/90. María Eugenia Velázquez Calleja. 6 de septiembre de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretaria: Ma. Guadalupe
Villegas Gómez.
Amparo directo 7011/90. Rosa María Fajardo Martínez. 20 de septiembre de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Jesús
González Ruiz.
Amparo directo 8381/90. Manuel Palancares Gutiérrez. 11 de octubre de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Gómez Argüello. Secretario: Jaime Allier
Campuzano.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación,
Octava Epoca. Tomo VII, Enero de 1991. Pág. 91. Tesis de Jurisprudencia.
15
2
TESTIGOS ALECCIONADOS.




No merecen credibilidad las declaraciones de los testigos, cuando indistinta y
sistemáticamente se adelantan en sus respuestas aduciendo circunstancias que son
materia del debate, porque con tal actitud se establece la presunción de la preparación
de sus respuestas.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
I. 3o. T. J/24
Amparo directo 1263/88. Luis Acevedo Trejo. 21 de septiembre de 1988. Unanimidad
de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Razo.


Amparo directo 303/89. Crescencio Cruz Cano. 15 de marzo de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Razo.


Amparo directo 4563/90. Luis López Hernández. 4 de julio de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Francisco Octavio Escudero
Contreras.




Amparo directo 6213/90. Emiliano Medina Sánchez. 23 de agosto de 1990. Unanimidad
de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Francisco Octavio Escudero
Contreras.
Amparo directo 7523/90. María Josefina Engel Manzanilla. 9 de octubre de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Francisco Octavio
Escudero Contreras.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Octava Epoca. Tomo VI Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990. Pág.
419. Tesis de Jurisprudencia.
15
3

TESTIGOS. DECLARACIONES DE LOS. RENDIDAS SOBRE HECHOS REMOTOS.


Las declaraciones de los testigos que coinciden en la forma y términos de exposición, ya
que señalan con exactitud fechas, horas y lugares, no obstante que haya transcurrido un
período de meses entre aquéllas en que se dice ocurrieron los hechos y la de su
declaración, conducen a estimar que existió aleccionamiento de los deponentes por
parte de la defensa y que por ende éstos sólo son testigos de coartada.


SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.


VI.2o. J/283


Amparo directo 104/89. Martín Zaragoza Quirino. 26 de abril de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez.


Amparo directo 25/91. Rodolfo Mondragón García. 20 de septiembre de 1991.
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.


Amparo directo 338/91. Camerino Juárez Velázquez. 2 de octubre de 1991. Unanimidad
de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.


Amparo directo 59/93. Jorge Quiroz Ortega. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.


Amparo directo 464/93. Pedro Garista Garista. 21 de octubre de 1993. Unanimidad de
votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.



Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Octava Epoca. Número 78, Junio de 1994. Pág. 69. Tesis de Jurisprudencia.
15
4

TESTIGOS. INVEROSIMILITUD DE SUS TESTIMONIOS RENDIDOS EN FORMA DETALLADA Y SIMILAR,
DESPUES DE VARIOS MESES DE OCURRIDOS LOS HECHOS.


Si los testigos de descargo, rinden sus testimonios en forma detallada y en términos similares, después
de varios meses de ocurridos los hechos sobre los que deponen, y dichos testimonios no se encuentran
corroborados con otros elementos de convicción, se presume que tales testigos fueron previamente
aleccionados a fin de exculpar al sentenciado, y por esas circunstancias sus testimonios deben
desestimarse, ya que resulta inverosímil que los mismos recuerden detalles accidentales en forma
pormenorizada y con notable precisión, y además declaren en términos similares, pues si bien es
lógico que la memoria retenga por determinado tiempo hechos que se consideren importantes o que
por su naturaleza causen algún impacto en la mente, no lo es en cuanto a que en forma detallada los
testigos recuerden accidentes secundarios en relación con dichos hechos y además los narren en forma
similar.


TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.


VI.3o. J/7


Amparo directo 11/88. Catalino Ramírez Herrera. 11 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente:
Gilberto Chávez Priego. Secretario: Jorge Roberto Flores López.


Amparo directo 64/96. Salomón García López y otro. 7 de marzo de 1996. Unanimidad de votos.
Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Paulina Negreros Castillo.


Amparo directo 75/96. Emilio López Tetzonquila. 7 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Paulina Negreros Castillo.


Amparo directo 179/96. Miguel Bonifacio Lino. 2 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Paulina Negreros Castillo.


Amparo directo 171/96. José Martínez Morales. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Paulina Negreros Castillo.



Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo IV, Agosto de 1996. Pág. 602. Tesis de Jurisprudencia.
15
5

TESTIGOS DE DESCARGO. SI DECLARAN SOBRE HECHOS REMOTOS Y SON CONTESTES EN CUESTIONES
TRIVIALES, SE PRESUMEN ALECCIONADOS.


Si los testigos de descargo rindieron sus declaraciones contestes después de un número considerable
de años de ocurridos los hechos, no es creíble que recuerden detalles insignificantes con notable
precisión, pues si bien es cierto que sea lógico que la memoria retenga por muchos años hechos
importantes o que causen algún impacto psíquico, no lo es en cuanto a que en forma pormenorizada y
conteste varias personas recuerden hechos absolutamente triviales.


PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.


VI.1o. J/54


Amparo directo 46/89. Guadalupe o Pascual Mora Lucas. 28 de marzo de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.


Amparo directo 173/89. Antonio Martínez Lázaro. 10 de enero de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López.


Amparo directo 449/89. José Roney Córdova Ara y otros. 24 de enero de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.


Amparo directo 4/90. Prudencio Constantino Cuapio Ayometzi. 24 de enero de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.


Amparo directo 551/90. Guillermo Gutiérrez Macías. 14 de marzo de 1991. Unanimidad de votos.
Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: César Flores Rodríguez.




Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca.
Tomo VII, Mayo de 1991. Pág. 125. Tesis de Jurisprudencia.
15
6

PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN.


Aunque el valor de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, ello no debe violar las
reglas fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que por el hecho de que los testigos
fueron uniformes en sus declaraciones sobre determinado hecho, tenga que otorgársele valor probatorio
pleno a sus dichos, pues la prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que los testigos
coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; conozcan por sí mismos los hechos sobre
los que declaran y no por inducción ni referencia de otras personas; que expresen por qué medios se
dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun cuando hubieren sido tachados por la
contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos; que den razón
fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la litis.


OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.


I.8o.C. J/24


Amparo directo 564/98. Josefina Gutiérrez viuda de Chong y otra. 30 de junio de 1998. Unanimidad de
votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.


Amparo directo 5/2004. María de Lourdes Chávez Aguilar. 21 de enero de 2004. Unanimidad de votos.
Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: César Cárdenas Arroyo.


Amparo directo 104/2004. Esther Calvo Domínguez. 15 de abril de 2004. Unanimidad de votos.
Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez.


Amparo directo 180/2008. ----------. 2 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan
Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez.


Amparo directo 103/2009. Abelardo Pérez Muñoz. 23 de marzo de 2009. Unanimidad de votos.
Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez.


Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo XXXI, Junio 2010. Pág. 808. Tesis de Jurisprudencia.




15
7

TESTIGOS. DECLARACIONES COINCIDENTES.


Si bien los testigos que declaran en relación a un mismo hecho deben en lo
substancial ser coincidentes en sus declaraciones para que dicha prueba
tenga plena eficacia probatoria, esta coincidencia debe ser en cuanto a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos sobre
los cuales deponen, mas no que deban utilizar precisamente las mismas
palabras y términos indicados por el actor en su demanda, ya que de ser así,
podría presumirse que fueron aleccionados.


SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.


T.C.


Amparo directo 90/88. Autobuses Puebla-Tlaxcala- Calpulalpan y Anexas,
S.A. de C.V. 27 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván
Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera.


Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Octava Epoca. Tomo XIV, Julio de 1994. Pág. 841. Tesis Aislada.




15
8

DIVORCIO, TESTIGOS PARIENTES EN JUICIOS DE.


Tratándose de juicios de divorcio, no obsta el hecho de que los
testigos sean parientes cercanos del cónyuge demandado, por ser
de explorado derecho que en tratándose de relaciones familiares,
son testigos preferentes los parientes más cercanos, pues conviven
con los cónyuges.


3a.


Amparo directo 2382/61. Dora Elba Vázquez de Ruiz. 18 de
noviembre de 1963. 5 votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F..


Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación,
Sexta Epoca. Volumen LXXVII, Cuarta Parte. Pág. 23. Tesis Aislada.



15
9

DIVORCIO, TESTIGOS EN LOS JUICIOS DE, QUE SON PARIENTES DE LOS
CONYUGES.


En los juicios de divorcio, dada su naturaleza especial, debe concederse
valor probatorio a los testimonios de parientes de las partes, ya que las
causales del divorcio no siempre son conocidas por los extraños, sino
por personas que conviven con los cónyuges o que, por la familiaridad,
se dan cuenta de actos que quedan dentro de la discreción del hogar o
que se realizan con la reserva consiguiente, para evitar que trasciendan
y sean conocidos por el cónyuge inocente.


3a.


Amparo civil directo 7285/43. Ortiz de Pimienta Carmen. 11 de octubre
de 1945. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Hilario Medina no
intervino en la resolución de este asunto, por las razones que constan en
el acta del día. Ponente: Carlos I. Meléndez.


Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación,
Quinta Epoca. Tomo LXXXVI. Pág. 356. Tesis Aislada.




16
0


DIVORCIO, LOS PARIENTES PUEDEN SER TESTIGOS EN LOS JUICIOS DE.
El hecho de que los testigos que depusieron en contra del demandado
en un juicio de divorcio, sean hijos de ambos consortes, no priva de
validez sus declaraciones, ya que no existe disposición procesal que así
lo prevenga. Bien es cierto que conforme al artículo 370 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, los
testigos deberán ser examinados siempre sobre si tienen parentesco y
en qué grado, con las partes, si han entre ellos relaciones de interés o
de amistad, etcétera, datos todos éstos que pueden afectar la
credibilidad de sus testimonios y que son necesarios para que el Juez
pueda normar su criterio al estimar esta clase de prueba; pero si el
juzgador, sabedor de las relaciones de parentesco que ligaban a los
testigos con las partes en el juicio de divorcio, concedió eficacia
probatoria a sus declaraciones, haciendo uso del arbitrio que le otorga la
ley, no puede decirse que con ello incurrió en la violación de disposición
legal alguna.
Amparo civil directo 48/41. Morales Primitivo. 5 de diciembre de 1941.
Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Emilio Pardo Aspe no intervino en
este asunto, por las razones que constan en el acta del día. La publicación no
menciona el nombre del ponente.
Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta
Epoca. Tomo LXX. Pág. 4216. Tesis Aislada.
16
1


PRUEBA TESTIMONIAL. LOS PARIENTES, AMIGOS O DOMESTICOS SON
APTOS EN JUICIOS DE DIVORCIO.
Conforme al sistema del Código de Procedimientos Civiles del
Distrito Federal y el de los estados que tienen iguales disposiciones,
no sólo los amigos, sino también los domésticos y parientes, son
aptos para ser testigos, especialmente en los juicios de divorcio,
porque ninguna persona como ellos puede estar más enterada de las
desavenencias conyugales.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
T.C.
Amparo directo 1433/89. Tomasa Felipa Plata García. 7 de febrero de
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario:
Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de
la Federación, Octava Epoca. Tomo VI Segunda Parte-2, Julio a Diciembre
de 1990. Pág. 624. Tesis Aislada.
16
2





PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE MENORES DE EDAD. SI TIENE POR OBJETO DEMOSTRAR HECHOS QUE
PUDIERAN CAUSARLES DAÑOS PSICOLÓGICOS, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DEL
ACUERDO QUE LA ADMITE, POR SER UNA VIOLACIÓN DE CARÁCTER IRREPARABLE.
El artículo 4o. constitucional, en lo conducente, establece: "Los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo
integral.-Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado
proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus
derechos.". Por su parte, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en el primer apartado
de su artículo 3o., textualmente dispone: "1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.".
Asimismo, el artículo 567 del Código Civil del Estado de Jalisco señala textualmente: "La niñez debe ser
objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento.". De lo anterior se colige que los principios de
protección legal de la organización y desarrollo familiar se encuentran protegidos por la Ley Fundamental
y por las disposiciones internacionales y nacionales, dándose especial importancia a los derechos de la
niñez, por lo que debe buscarse siempre la protección de los menores. En este orden de ideas, si se
advierte de la demanda de garantías o de las constancias respectivas que el desahogo de la prueba
testimonial a cargo de menores, cuya admisión se reclama, los hará participar como testigos respecto de
hechos que, por su edad e inmadurez, pudieran afectarles psicológicamente, debe considerarse que el
proveído que admite la citada probanza sí produce un perjuicio de imposible reparación al afectar de
modo inmediato derechos sustantivos y, por tanto, resulta procedente el amparo indirecto en su contra.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.






III.5o.C.2 C
Amparo en revisión (improcedencia) 29/2001. Ana Bertha Orozco Aguiar. 7 de diciembre de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María Emilia Molina de la Puente.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo XV, Abril de 2002. Pág. 1320. Tesis Aislada.




16
3



PRUEBA TESTIMONIAL. INTERROGATORIO SUGERENTE.
Es difícil imaginar siquiera cómo pudiera formularse un interrogatorio sin señalar
los hechos objeto de la probanza, ya que, en efecto, si el oferente estuviera
imposibilitado para encausar las contestaciones, se llegaría al absurdo de que al
presentar a los testigos sólo pudiera decirles "diga usted lo que sepa con relación a
este juicio"; sólo así no detallaría los hechos. Dicho de otra forma, el oferente de
una testimonial jamás puede escaparse de dirigir al testigo en cuanto a lo que
quiera que responda; forzosa e ineludiblemente tiene que exponerle en la pregunta
lo que desea declare. Así las cosas, se considera que lo importante a fin de cuentas
no es la forma como se formulen las preguntas, sino las razones que dé el testigo
acerca de por qué le consta lo que expone, con independencia, claro está, de las
tachas que hubiera admitido o se hayan justificado. La sola circunstancia, pues, de
que los testigos declaren al tenor de un interrogatorio sugerente, no basta para
quitar valor probatorio a sus declaraciones, si en éstas concurren los requisitos
exigidos por la ley para otorgarles eficacia demostrativa.








TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.III.3o.C. J/7
Amparo en revisión 133/89. Pedro Bolaños Soto. 24 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge
Figueroa Cacho. Secretario: Roberto Macías Valdivia.
Amparo en revisión 84/88. Celedonio Basulto Aguilar. 23 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente:
María de los Angeles E. Chavira Martínez. Secretario: Miguel Lobato Martínez.
Amparo en revisión 290/91. Francisco Arroniz Salmerón. 4 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente:
María de los Angeles E. Chavira Martínez. Secretario: Miguel Lobato Martínez.
Amparo directo 93/92. María Cerna Cárdenas. 2 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge
Figueroa Cacho. Secretaria: Alba Engracia Bugarín Campos.
Amparo en revisión 66/93. Ignacio Alfredo García Hernández. 1o. de abril de 1993. Unanimidad de votos.
Ponente: María de los Angeles E. Chavira Martínez. Secretario: Salvador Murguía Munguía.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava
Epoca. Número 67, Julio de 1993. Pág. 43. Tesis de Jurisprudencia.
16
4






DIVORCIO NECESARIO. EL ALLANAMIENTO DEL DEMANDADO RELEVA AL ACCIONANTE DE LA CARGA DE LA PRUEBA
RESPECTO DE LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA PRETENSIÓN, SIEMPRE QUE NO SE REFIERA A DERECHOS DE
TERCEROS O IRRENUNCIABLES Y NO SEA EVIDENTE UN FRAUDE A LA LEY (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO
DE JALISCO).
El allanamiento previsto en el artículo 282 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco constituye una
actitud autocompositiva que implica el sometimiento incondicional por parte de quien resiste en el proceso a las
pretensiones del accionante, en relación con derechos renunciables, que lleva implícita la admisión de la exactitud
de los hechos, por lo que su efecto lógico es eximir de la prueba y, por regla general, que el juez tenga que
aceptarlos sin exigir probanza directa. Sin embargo, el allanamiento no presupone necesariamente el
reconocimiento de la procedencia de la acción intentada, pues como sólo puede referirse a derechos privados
renunciables, no es admisible tratándose de derechos de terceros, irrenunciables o de cuestiones de orden público
o que puedan fundar una condena a prestación imposible o contraria a las buenas costumbres; o cuando el juez
disponga de elementos suficientes para considerar que está en presencia de un proceso simulado o resulte un
hecho impeditivo o extintivo que pueda declararse de oficio. Ahora bien, dado que las normas del procedimiento
relativo al divorcio son de orden público, existiendo consentimiento de los cónyuges en la disolución de su
matrimonio, deben solicitarlo conforme a las reglas procesales del divorcio voluntario, no pudiendo válidamente
allanarse uno a la demanda del otro, sustentada en una causal inexistente, ya que ello constituye un fraude a la ley
procesal, en la medida en que pretenden violarse las disposiciones aplicables a los divorcios voluntarios, sin
cumplimentar los aspectos y garantías establecidos en beneficio de los cónyuges y de sus hijos, y evitar la
intervención forzosa del representante de la Procuraduría Social en este tipo de divorcios. No obstante, del solo
allanamiento a una acción de divorcio necesario no puede deducirse el consentimiento de los cónyuges en cuanto a
la disolución del vínculo matrimonial ni la intención de cometer un fraude a la ley, sino que éste debe hallarse, en
su caso, en pruebas que lo tornen evidente y que demuestren la deliberada intención de los cónyuges de eludir la
aplicación de las reglas del divorcio voluntario. En ese sentido, se concluye que en los juicios de divorcio necesario
el allanamiento del demandado releva al accionante de la carga de la prueba respecto de los hechos fundatorios de
la pretensión, siempre que no se refiera a derechos de terceros o irrenunciables, y no sea evidente un fraude a la
ley; de ahí que dicho allanamiento será suficiente para decretar el divorcio; máxime que el citado artículo 282 no
establece alguna excepción en materia de pruebas para los juicios de divorcio.
1a./J. 118/2009
Contradicción de tesis 239/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en
Materia Civil del Tercer Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Tesis de jurisprudencia 118/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha
veintiocho de octubre de dos mil nueve.
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXXI, Marzo
16
2010. Pág. 179. Tesis de Jurisprudencia.
5
DIVORCIO NECESARIO. NO PROCEDE DECRETARLO POR EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
De aceptarse que basta el allanamiento y el reconocimiento de los hechos de la demanda
para que procediera la disolución del vínculo matrimonial en un juicio de divorcio
necesario, implicaría un fraude a la ley, toda vez que si para uno voluntario se deben
satisfacer determinados requisitos (ratificación de la solicitud y una junta en la que el
juzgador trata de persuadir a los cónyuges de que se retracten), sería entonces más
sencillo promover un divorcio contencioso, pues sería suficiente que el demandado se
allanara para que se pronunciara la sentencia que decretara la disolución sin las
exigencias previstas para el voluntario, lo que no es posible debido a que de no seguirse
las formalidades adjetivas que lo rigen, esto es, las establecidas en los artículos 764 al
775 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y contravenir, por ende,
las que son aplicables, prescritas en el título sexto del citado ordenamiento, se violarían
las leyes del procedimiento que son de orden público e irrenunciables.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
III.5o.C. J/9
Amparo directo 805/2002. 13 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretaria:
Alba Engracia Bugarín Campos.
Amparo directo 640/2003. 27 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra.
Secretaria: Margarita Herrera Delgadillo.
Amparo directo 46/2004. 18 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria:
María Anayatzin Castañeda Castro.
Amparo directo 224/2006. 12 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Murillo Aceves,
secretario de tribunal en funciones de Magistrado, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretaria: Iliana Mercado Aguilar.
Amparo directo 679/2006. 30 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho.
Secretaria: Iliana Mercado Aguilar.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca.
Tomo XXV, Febrero de 2007. Pág. 1428. Tesis de Jurisprudencia.
16
6











DIVORCIO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE APROBAR EL CONVENIO DE ALLANAMIENTO A LA
DEMANDA Y LOS ACUERDOS SOBRE CUSTODIA DE MENORES Y PENSION ALIMENTICIA.
En la solución del juicio de divorcio necesario, por la causa prevista en la fracción XVIII del
artículo 267 del Código Civil, es improcedente aprobar el convenio celebrado durante la
secuela del procedimiento, en que la demandada se allana a las pretensiones del actor,
sometiendo a la consideración del juez familiar acuerdos sobre la custodia de los hijos y pago
de pensión alimenticia, toda vez que el allanamiento no sustituye la vía procedente para el
sometimiento del convenio propuesto. Propiamente cambiaría de divorcio necesario a
voluntario, al no existir oposición de disolver el vínculo matrimonial y, así, tendrían que
cubrirse requisitos básicos, según disponen los artículos 273 del Código Civil y 675, 676, 680
y 681 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. De no seguir las
formalidades adjetivas fundamentales, se violan las leyes del procedimiento, que son de orden
público e irrenunciables, conforme lo dispone el artículo 55 del Código Civil.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.C.28 C
Amparo directo 6469/95. Javier Celedonio Sandoval Sánchez. 29 de noviembre de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Trujillo Muñoz. Secretario: Juan Pedro Contreras Navarro.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Epoca. Tomo III, Enero de 1996. Pág. 281. Tesis Aislada.
16
7
1.1
CONCEPTO.
Alimentos.- Del latín alimentum, de alere, alimentar, comida,
sustento, dícese también de la asistencia que se da para el
sustento.
Concepto de obligación alimentaria.- Es un deber que tiene un
sujeto llamado “deudor alimentario” para con otro llamado
“acreedor alimentario” a fin de proveerle de acuerdo con la
capacidad del primero y las necesidades del segundo lo
suficiente para su subsistencia.
Resulta aplicable para fijar el monto en el pago de los alimentos la siguiente Tesis de Jurisprudencia.
“ALIMENTOS, FORMA DE FIJARSE EL MONTO DE LA PENSIÓN.
Para fijar el monto de la pensión, en términos generales debe dividirse el ingreso del deudor alimentista entre
los acreedores alimentarios y el mismo deudor, dividiendo el cien por ciento del ingreso entre estos últimos y el
propio deudor, por tanto, si al deudor alimentista se le cuenta "como dos personas", tal razonamiento resulta
correcto ya que debe atender a sus propias necesidades que por sus circunstancias personales, son mayores
frente a sus acreedores.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.
XX. J/34
Amparo directo 356/91. María Elena Santiago Mancilla. 19 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos.
Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Casto Ambrosio Domínguez Bermúdez.
Amparo directo 446/93. Guadalupe Eleria García y otros. 2 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos.
Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Noé Gutiérrez Díaz.
Amparo directo 66/95. José Aldo Zúñiga Villanueva. 27 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos
Loranca Muñoz. Secretario: Luis Armando Mijangos Robles.
Amparo directo 44/96. Florinda López Reyes. 6 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A.
Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González.
Amparo directo 385/96. Carmen Gallegos López. 8 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel
Suárez Torres. Secretario: Víctor Alberto Jiménez Santiago.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época. Tomo IV, Septiembre de 1996. Pág. 451. Tesis de Jurisprudencia.”
Los alimentos comprenden el recibir los elementos de subsistencia material y
educativa, como son: comida, vestido, habitación, la asistencia en casos de
enfermedad y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menor,
los alimentos comprenden, además, los gastos para la educación de preescolar,
primaria, secundaria y media superior del acreedor alimentario y para
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus
capacidades, potencialidades y circunstancias personales. (Reforma publicada el
27 de Julio de 2013).
También comprenden las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de
sano esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales.
El Código Civil de Jalisco, que dejó de tener vigencia el 13 de Septiembre de
1995, establecía en el artículo 357 que “los padres están obligados a dar
alimentos a sus hijos...............”, más no precisaba cuando cesaba dicha
obligación, ante la laguna se aplicaba la contradicción de tesis “Jurisprudencia
41/90” bajo la voz:

ARTICULO 305.- Los alimentos comprenden la
comida, el vestido, la habitación y los gastos
correspondientes a la asistencia en caso de
enfermedad. Respecto de las personas menores de
dieciocho años de edad, se comprende por
alimentos, además, los gastos necesarios para la
educación básica y la media superior obligatoria del
alimentista y, para proporcionarle algún oficio, arte
o profesión honestos y adecuados a su sexo,
capacidades, potencialidades y circunstancias
personales. También comprende, la atención a las
necesidades resultantes de algún tipo de trastorno
del
desarrollo,
discapacidad
y
de
sano
esparcimiento.
17
1
“ALIMENTOS. CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE PROBAR QUE
LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN GRADO
ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN.
Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia
publicada con el número 141, en la página 236 de la segunda parte del apéndice al
Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos
ochenta y ocho, sostuvo el criterio de que la obligación de proporcionar alimentos
a los hijos mayores de edad no desaparece por el solo hecho de que lleguen a esa
edad, en virtud de que su necesidad no se satisface automáticamente por la
realización de esa circunstancia, toda vez que al igual que los hijos menores de
edad, tienen la presunción de necesitar los alimentos, salvo prueba en contrario,
correspondiendo tal carga en esos casos al deudor, quien debe justificar que el
actor no los necesita, ya sea porque tiene bienes propios o porque desempeña
algún trabajo o alguna profesión, oficio o comercio; sin embargo, tal criterio debe
quedar limitado, para que prospere la acción de alimentos intentada por el hijo
mayor de edad que afirma estar estudiando, al hecho de que justifique además de
su calidad de hijo y de que el deudor tiene posibilidad económica para sufragarlos,
el de demostrar que efectivamente se encuentra estudiando y que el grado de
escolaridad que cursa es adecuado a su edad, pues atendiendo a que los alimentos
deben ser proporcionados en razón a la necesidad del que debe percibirlos, no
sería jurídico ni equitativo condenar al padre o deudor a proporcionar alimentos al
hijo que cuenta con edad avanzada y estuviera realizando estudios que no
corresponden a su edad y situación.”
Los Tribunales Colegiados del Tercer Circuito, con domicilio en el Estado de Jalisco, pronunciaron diversos
fallos en el sentido de que la obligación de proporcionar alimentos de los padres a los hijos, cesaba cuando
éstos llegaban a la mayoría de edad, tal y como lo señala el artículo 434 del Código Civil del Estado de Jalisco,
más sin embargo y para fortuna de los menores, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
resolvió las contradicciones de Tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto,
ambos en Materia Civil del Tercer Circuito:
“ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA
DETERMINAR SI PROCEDE RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS MAYORES DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE JALISCO).
Los juzgadores deben ponderar, a la luz de las características particulares de cada caso, las exigencias
derivadas del conjunto normativo que integra el régimen de alimentos previsto en el Código Civil de la citada
entidad federativa, lo cual presupone un estudio cuidadoso de las pretensiones enfrentadas y del grado en que
se satisfacen las cargas probatorias, a fin de tomar en cuenta tanto la necesidad de preservar el derecho de los
acreedores a recibir los recursos necesarios para hacerse de los medios para ejercer una profesión u oficio, sin
considerar la mayoría de edad como un límite infranqueable, como las normas que limitan y condicionan ese
derecho con el objeto de evitar demandas caprichosas o desmedidas. La decisión del juzgador siempre debe
mantener el equilibrio entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades de los deudores que inspira y
articula la regulación legal de la institución alimentaria.
1a./J. 59/2007
Contradicción de tesis 169/2006-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto,
ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.
Tesis de jurisprudencia 59/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha
veinticinco de abril de dos mil siete.
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXVI,
Julio de 2007. Pág. 66. Tesis de Jurisprudencia.”
“ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN NO SE EXTINGUE
NECESARIAMENTE CUANDO LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE JALISCO).”
La articulación de las disposiciones legales que integran el régimen de alimentos previsto en el Código Civil del Estado de
Jalisco debe atender a las funciones de dicha institución, por ser de orden público e interés social. Por ello, ante la
contraposición existente entre el artículo 439 del citado ordenamiento legal -según el cual, respecto de los menores, los
alimentos comprenden, además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica, en casos de enfermedad, los
gastos para la educación de jardín de niños, primaria y secundaria del acreedor alimentario y para proporcionarle algún
oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales- y el
artículo 434 del mencionado Código -el cual dispone que la obligación de los padres de dar alimentos a sus hijos termina
cuando éstos llegan a la mayoría de edad, excepto tratándose de incapaces-, esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación concluye que la obligación de proporcionar alimentos por concepto de educación no se extingue
necesariamente cuando los acreedores alimentarios alcanzan la mayoría de edad, y que estos últimos conservan ese
derecho, siempre que se satisfagan los requisitos contenidos en el aludido Código. Ello es así porque la evolución del
mercado laboral y de las estructuras familiares y sociales, hace que los ciclos educacionales que deben cumplirse para
estar en aptitud de desarrollar gran cantidad de profesiones y oficios, se prolonguen más allá de la mayoría de edad, por
lo que, si el sentido de la institución alimentaria es garantizar a las personas la posibilidad de atravesar una etapa
económicamente inactiva en la que se alleguen de los recursos necesarios que les darán una base para desarrollar sus
planes de vida, es evidente que admitir como límite infranqueable la mayoría de edad de los acreedores haría nugatorio
su derecho de obtener lo necesario para desempeñar una profesión u oficio, amenazando así la funcionalidad de una
institución que pretende satisfacer las necesidades reales de una de las partes de la relación jurídica en proporción con
las posibilidades concretas de la otra. Además, se trata de un derecho legalmente limitado y condicionado, pues los
artículos 439, 445 y 451 del Código Civil del Estado de Jalisco evidencian la voluntad del legislador de impedir demandas
caprichosas o desmedidas, en tanto que: exigen que el acreedor alimentario curse un grado de escolaridad acorde no sólo
con su edad, sino con todas sus condiciones particulares; excluyen de la obligación alimentaria la provisión del capital
necesario para ejercer el oficio, arte o profesión que el acreedor escoja; relevan del deber de proporcionar alimentos
cuando no se cuenta con los medios para ello, y prevén que éstos dejarán de administrarse cuando el acreedor no los
necesite.
1a./J. 58/2007
Contradicción de tesis 169/2006-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en
Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.
Tesis de jurisprudencia 58/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de
abril de dos mil siete.
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXVI, Julio de 2007.
Pág. 31. Tesis de Jurisprudencia.”
Por lo que no necesariamente se extingue la obligación de los padres de proporcionar
alimentos a sus hijos por el solo hecho de que alcancen la mayoría de edad, la obligación
continúa mientras sigan estudiando un grado a nivel Licenciatura, acorde a su edad y carezcan
de bienes o ingresos propios.
El pasado 08 de Agosto de 2014, entró en vigor la reforma al artículo 434 del Código Civil del
Estado de Jalisco, extendiendo la obligación de los padres a dar alimentos a los hijos hasta
una edad máxima de 25 veinticinco años, cuando se encuentren estudiando en planteles del
sistema educativo nacional.
CCBC
ARTICULO 300.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por
imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas
que estuvieren más próximos en grado.
El deber y la obligación de proporcionar alimentos son recíprocos; el
que los otorga, tiene a su vez el derecho de recibirlos, se trata de un
derecho personalísimo, tanto el deber como la obligación alimentaria
son personales e intrasmisibles.
Los cónyuges deben darse alimentos, siempre y cuando lo requieran y
conforme a las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor,
se afirma que el derecho de recibir alimentos es de orden público que
no puede ser objeto de transacción, solamente las pensiones caídas,
que es irrenunciable a excepción de los contemplados en el
convenio de divorcio por mutuo consentimiento entre los cónyuges,
que la ley permite la manifestación expresa de que ambos promoventes
quedarán exentos de toda obligación a este respecto, pero desde luego
podrán pactar algún pago de pensión alimenticia en forma voluntaria si
así lo acuerdan.


ARTICULO 298.- La obligación de dar
alimentos es recíproca. El que los da tiene a
su vez el derecho de pedirlos.
ARTICULO 299.- Los cónyuges deben darse
alimentos. La Ley determinará cuando queda
subsistente esta obligación en los casos de
divorcio y otros que la misma Ley señale.
17
7
Existe el criterio aislado de que la cónyuge cumple con el deber de contribuir con el sostenimiento del hogar cuidando de él, según la siguiente Tesis:
“ALIMENTOS. DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO CIVIL LA MUJER CUMPLE CON EL DEBER DE
CONTRIBUIR CON EL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR CUIDANDO DE EL.
El matrimonio es una institución de orden público por lo que la sociedad está interesada en su mantenimiento y sólo por excepción la ley
permite que se rompa el vínculo matrimonial; de ahí que en los juicios de divorcio necesario sea preciso que la causal invocada quede
plenamente demostrada a fin de que el tribunal pueda apreciar la gravedad del incumplimiento alegado que ponga de manifiesto el desprecio,
desapego, abandono o desestimación del cónyuge actor o a sus hijos, y que haga imposible la vida en común. Según el artículo 162 del
Código Civil los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Los
efectos del matrimonio no son únicamente patrimoniales, sino que existen derechos y obligaciones de ambos cónyuges que se manifiestan en
los deberes íntimos de la relación: de cohabitación, débito conyugal y fidelidad; y los no necesariamente personalísimos como son los de
ayuda mutua y de asistencia. En el matrimonio debe de prevalecer el interés siempre superior de la familia, por lo que en el caso se trata no
sólo de una función biológica sino también de una función jurídica para dar cumplimiento a los fines del matrimonio, de acuerdo con el
imperativo impuesto por el artículo 162 del Código Civil para que cada cónyuge contribuya por su parte a tales fines. Cabe destacar que
uno de los deberes que impone el matrimonio es el de socorro y ayuda mutua que descansa siempre en la solidaridad de la pareja y tiene por
objeto realizar los fines superiores de la familia. Una de las manifestaciones del derecho-obligación que se analiza es la relativa a la
ministración de alimentos que la ley impone a los cónyuges; pero no se concreta exclusivamente a ese aspecto patrimonial, sino también a la
ayuda de carácter moral y material que mutuamente deben dispensarse. Ahora bien, la obligación de dar alimentos supone la posibilidad
económica del cónyuge deudor, debiendo los alimentos estar proporcionados justamente a esa posibilidad económica del que debe darlos y a
la necesidad del que debe recibirlos. Al respecto el artículo 311 del Código Civil dispone que los alimentos han de ser proporcionados a las
posibilidades del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Originalmente en los Códigos Civiles de 1870 (artículos 200 a 202)
y de 1884 (artículos 191 a 193) el marido debía proteger y dar alimentos a la mujer, aunque ésta no hubiera llevado bienes al matrimonio, y la
mujer debía atender lo doméstico, la educación de los hijos y la administración de los bienes y cuando la mujer tuviera bienes propios debía
dar alimentos al marido, cuando éste careciere de aquéllos y estuviere impedido de trabajar. Con diferente redacción pero del mismo perfil fue
adaptado ese contenido en el artículo 42 de la Ley Sobre Relaciones Familiares, señalando que el marido debía dar alimentos a la mujer y hacer
todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar. El Código Civil de 1928 siguió los mismos lineamientos en su artículo 164. En la
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, se modificaron los
textos que hemos citado y aun cuando se dejaron latentes los principios, su redacción tiene la inspiración de la igualdad jurídica, política,
económica y social de la mujer con el hombre, pues se establece a cargo de los cónyuges (tanto de él, como de ella) la contribución económica
para el sostenimiento del hogar, su propia alimentación y la de sus hijos; sin perjuicio de distribuirse esas cargas en la forma y proporción que
ellos convengan y de acuerdo con sus propias posibilidades. La causal de divorcio prevista en la fracción XII del artículo 267 del Código Civil
para el Distrito Federal en relación con el artículo 164 del mismo Código, si bien es cierto que surgió para ajustar la legislación a la realidad
social a efecto de regularizar la situación jurídica y fáctica de la pareja; tales disposiciones deben interpretarse en el sentido de que el varón es
el que trabaja y está obligado a allegar los medios económicos para el sostenimiento del hogar y la mujer sólo está obligada a la contribución
económica cuando se compruebe que obtiene remuneraciones por su trabajo o ingresos de sus bienes; de no ser así, existe la presunción de
que necesita alimentos por ser hecho notorio que dentro de la familia mexicana actual, es ella la que se encarga del hogar y del cuidado de los
hijos y de esta forma cumple con su obligación prevista por el artículo 164 del Código Civil. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha considerado que es de sobra conocido que en la familia mexicana, por regla general, el hombre aporta los medios económicos para
sufragar los gastos del hogar, en tanto que la mujer contribuye con el trabajo y el cuidado de la casa, la atención de los hijos y la
administración doméstica. Esta situación se originó por las limitaciones que se han impuesto históricamente a la mujer para su desarrollo
social, económico y cultural, cuyas consecuencias no pueden erradicarse en toda la sociedad sino con el transcurso del tiempo a pesar de
haberse elevado a rango constitucional el principio de igualdad del hombre y la mujer ante la ley, es decir, mientras esa igualdad establecida
formalmente en la ley no se traduzca en una realidad generalizada. Ahora bien, como la presunción emana de este hecho, debe subsistir hasta
que esa situación real desaparezca, siempre que no exista alguna disposición legal expresa en contrario.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.8o.C.53 C
Amparo directo 311/96. René Tonatiuh Muñiz Patiño. 20 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón
Meixhueiro.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo IV, Agosto de 1996. Pág. 625. Tesis Aislada.”
Pero si la mujer trabaja, tiene bienes o ingresos propios, está obligada a proporcionar
alimentos en proporción a sus posibilidades.
Al hablar de las disposiciones comunes de la sociedad legal y conyugal, específicamente en la
sección segunda, de los bienes propios y de los comunes del Código Civil del Estado de
Jalisco, advertimos que son carga de la sociedad legal el mantenimiento de la familia, la
educación e instrucción de los hijos comunes y la de los hijos propios de uno de los cónyuges
que vivan en el domicilio conyugal y sean menores de edad (artículo 324), tal disposición
incluye a los hijos que hubiesen procreado los cónyuges con persona distinta, y más de
alguno protestaría por proporcionar alimentos a un hijo de su cónyuge que no es propio.
La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que en el caso de divorcio necesario
para la procedencia de los alimentos es menester que el acreedor alimentario que tenga
derecho a los mismos (cónyuge inocente) demande el pago de los mismos antes de que se
declare disuelto el vínculo matrimonial y cause ejecutoria el mismo, pues de lo contrario aún
cuando resultase cónyuge inocente, sino demandó el pago de alimentos mientras estaba
vigente su matrimonio, no podrá hacerlo posteriormente a la disolución del mismo por
carecer de legitimación activa a la causa y al proceso. Si efectivamente demandó el pago de
alimentos conjunta o separadamente a la demanda de divorcio, el cónyuge inocente tiene
derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente.
Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, hasta que alcancen la
mayoría de edad o llegando a ella sean incapaces, a falta o por imposibilidad
económica de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por
ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado (abuelos, bisabuelos,
tatarabuelos).
Cuando no existan padres o ascendientes en ambas líneas o no tuviesen la
posibilidad económica y no contasen con otro apoyo, los hermanos mayores tienen
la obligación de dar alimentos a los menores, o a los que siendo mayores de edad
sean incapaces.
El padre adoptante tiene obligación de proporcionar alimentos al adoptado.
Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres cuando estos han alcanzado
una edad senil o propia de la vejez o por imposibilidad de trabajo o ingreso, a falta o
por imposibilidad de los ascendientes o descendientes esta obligación alimentaria
recae en los hermanos.
CCBC
ARTICULO 300.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por
imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas
líneas que estuvieren más próximos en grado.
ARTICULO 301.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por
imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. En el caso
de aquellos adultos mayores de sesenta años de edad, que carezcan de capacidad
económica, deberán proporcionarles, dentro de sus posibilidades económicas, lo
necesario para su atención geriátrica, de preferencia integrándolos a la familia.
ARTICULO 302.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la
obligación recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los que
fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de padre.
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de
ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado.
ARTICULO 304.- En la adopción, se aplicará lo dispuesto por las reglas relativas al
parentesco por consanguinidad, tratándose de la obligación de dar alimentos entre las
personas que concurran en los términos del artículo 290 de este ordenamiento.
18
1
El hijo adoptado tiene obligación de otorgar alimentos al padre adoptante.
Se incorpora un nuevo supuesto al Código Civil del Estado de Jalisco que establece que toda
persona que hubiere recibido alimentos de una institución ya sea pública, descentralizada o
privada, como pueden ser hospicios, orfelinatos, casas de cuna y otra afines, tienen la
obligación a su vez de proporcionar alimentos a otro interno de esas instituciones y en caso de
que ya hubieren desaparecido a otra similar, en este caso la legitimación activa corresponde al
Consejo de Familia o al Ministerio Público, quienes deberán comparecer ante el juzgado que
corresponda a demandar el pago de la obligación alimentaria a favor del interno de la
institución.
En el caso de divorcio por mutuo consentimiento ambos cónyuges pueden eximirse de la
obligación de proporcionarse alimentos recíprocamente tanto pasados, presentes como
futuros, pero la cantidad de alimentos que se fije de un cónyuge para el otro, constituye cosa
juzgada y no puede ser modificado posteriormente.
El artículo 419 del Código Civil en el Estado de Jalisco, señala: “en los casos de divorcio
(necesario), el cónyuge inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas
nupcias y viva honestamente.......”, recordemos que éste derecho se debe hacer valer antes de
que se decrete la disolución del vínculo matrimonial y cause estado la sentencia, ya que
posteriormente carecería de legitimación activa para demandar el pago de alimentos el
cónyuge inocente, como señalé en líneas que anteceden.

ARTICULO 283.- El cónyuge que diere causa
al divorcio perderá todo lo que se le hubiere
dado o prometido por su consorte o por otra
persona en consideración a éste; el cónyuge
inocente conservará lo recibido y podrá
reclamar lo pactado en su provecho.
18
3
Cuando una persona otorga su testamento y omite señalar la cantidad que
destina a título de alimentos a sus acreedores alimentarios, dicho testamento
resulta inoficioso, pero el alcance de la inoficiosidad es única y exclusivamente
para que el preterido o acreedor alimentario tenga solamente derecho a
que se le de la pensión alimenticia que corresponda, subsistiendo el testamento
en todo lo que no perjudique ese derecho, y la pensión se fija con una regla
especial prevista por el artículo 2988 Fracción IV del Código Civil para el Estado
de Jalisco que dice: “la pensión alimentaria por ningún motivo podrá exceder de
los productos de la porción y en caso de sucesión intestada correspondería al
que tenga derecho a dicha pensión; ni será menor de la mitad de dichos
productos” y si el testador hubiese fijado la pensión alimenticia, subsistirá su
designación cualquiera que sea, siempre que no sea inferior al mínimo antes
señalado, y la masa hereditaria estará afectada en forma preferente al pago de
los alimentos. Cuando se señala una pensión alimenticia periódica se fijará en
forma proporcional a la posibilidad del caudal hereditario y la necesidad del que
deba recibirlo (artículo 2695 ídem).
En caso de divorcio necesario y se demande la compensación prevista por el
artículo 417-Bis, una vez llevada a cabo la liquidación, los cónyuges no tienen
derecho a exigirse alimentos.
DE LOS BIENES DE QUE SE PUEDE DISPONER POR TESTAMENTO Y DE LOS TESTAMENTOS
INOFICIOSOS.
ARTICULO 1255.- El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las
fracciones siguientes: Reforma
I.- A los descendientes que sean personas menores de dieciocho años de edad respecto de los
cuales estaba obligado a proporcionar alimentos al momento de la muerte;
II.- A los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad,
cuando exista la obligación a que se refiere la Fracción anterior;
III.- Al cónyuge supérstite cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes, en
tanto no contraiga matrimonio y viva honestamente, salvo disposición expresa en contrario,
del testador;
IV.- A los ascendientes;
V.- A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que
precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que el superviviente esté
impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho sólo subsistirá mientras la
persona de que se trate no contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueren varias las
personas con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge, ninguna de ellas, tendrá
derecho a alimentos;
VI.- A los hermanos y demás parientes, colaterales dentro del cuarto grado, si son personas
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad para comprender
el significado del hecho, si no tienen bienes para subvenir a sus necesidades.
ARTICULO 1261.- Es inoficioso el testamento en que no se deje la pensión alimenticia, según
lo establecido en este Capítulo.
18
5
El derecho de recibir alimentos es de orden público, no puede ser objeto de transacción, es
irrenunciable, personal e intransmisible (excepción pensiones caídas), recíproco,
imprescriptible y una vez iniciado el juicio instancia (artículos 452, 1741 del Código Civil
del Estado de Jalisco y en el cual se demande el pago de alimentos no opera la caducidad de la
instancia (artículo 29 bis del Código de Procedimientos del Estado de Jalisco), son además
inembargables y para hacerlos efectivos se puede embargar el sueldo y salario de los
trabajadores en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo por deudas alimenticias
(artículo 529 Fracción XIII ídem), preferente, ya que cada uno de los tiene un derecho
preferente sobre los bienes propios del otro y sobre los productos e ingresos que
correspondan a los gastos de alimentación para el cónyuge y sus hijos (artículo 276 ídem),
tampoco puede operar la compensación tratándose de deudas cuyo origen sean los alimentos
(1698 Fracción III ídem).
El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión adecuada al acreedor
alimentario, la cual se determina tomando en consideración la posibilidad del que debe darlos
y la necesidad del que debe recibirlos o bien incorporándolo al domicilio familiar, pero habrá
casos en que el acreedor se oponga a ser incorporado, por lo que competerá al juez según las
circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos (artículo 161 fracción XIII Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco).
ARTÍCULO 967.- El secuestro podrá recaer en toda clase de
muebles, con excepción de los vestidos, muebles de uso común
e instrumentos y útiles de trabajo, en cuanto sean enteramente
indispensables, a juicio del ejecutor, y de los sueldos y
pensiones del Erario. El embargo de sueldos o salarios sólo se
hará cuando la deuda reclamada fuere por alimentos, o por
responsabilidad proveniente de delitos, graduándola el ejecutor,
equitativamente, en atención al importe de los sueldos y a las
necesidades del ejecutado y su familia.
18
7






ARTICULO 318.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto
de transacción.
ARTICULO 303 BIS.- Los acreedores alimentarios tendrán derecho preferente sobre los
ingresos y bienes de quien tenga dicha obligación, respecto de otra calidad de
acreedores.
ARTICULO 306.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una
pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el acreedor
se opone a ser incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, fijar la manera de
ministrar los alimentos.
ARTICULO 307.- El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia el
que debe recibir los alimentos, cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba
alimentos del otro, y cuando haya inconveniente legal para hacer esa incorporación.
ARTICULO 308.- Los alimentos han de ser proporcionados a la personalidad del que
debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.
Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y el
cónyuge que se dedique a las labores del hogar, gozarán de la presunción de necesidad
de alimentos.
18
8
Cuando por cualquier circunstancia los cónyuges se separan y uno de ellos queda a cargo
de los hijos menores de edad, puede intentar la demanda de alimentos, con la
singularidad de que será juez competente el domicilio del acreedor alimentario o el del
demandado a elección de la parte actora o demandante, ya que el espíritu del legislador es
que se satisfagan los elementos de la subsistencia material y educativa.
CCBC
 ARTICULO 320.- El cónyuge que se haya separado del otro sigue obligado a cumplir
con los gastos a que se refiere el artículo 161. En tal virtud, el que no haya dado lugar
a ese hecho, podrá pedir al Juez de Primera Instancia de lo Familiar, que obligue al otro
a que le ministre los gastos por el tiempo que dure la separación en la misma
proporción en que lo venía haciendo hasta antes de aquella, así como también
satisfaga los adeudos contraídos en los términos del artículo anterior. Si dicha
proporción no se pudiera determinar, el Juez, según las circunstancias del caso, fijará
la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para asegurar su
entrega y de lo que ha dejado de cubrir desde que se separó.
Tratándose de alimentos no existe cosa juzgada, podrá modificarse la pensión que haya
sido fijada a través de una sentencia definitiva o un convenio que se haya elevado a la
calidad de sentencia ejecutoriada, cuando las circunstancias del caso así lo ameriten, por lo
que podrá promoverse el incidente de incremento o reducción de pensión alimenticia o
bien en juicio autónomo el incremento o reducción de la pensión alimenticia, tampoco
opera la caducidad de la instancia (artículo 29 bis ídem).





Cuando son varios los deudores alimentarios y todos tuvieren posibilidad para
hacerlo, el juez determinará el importe de la pensión alimenticia entre todos
ellos, en proporción a sus haberes, si solamente algunos tuvieren posibilidad
económica, únicamente entre ellos se repartirá el importe de los alimentos, en
proporción a sus haberes, pero cuando uno solo tiene la posibilidad
económica, en él recaerá la obligación alimentaria.
De ninguna manera la obligación de proporcionar alimentos comprende la de
proveer de capital a los acreedores alimentarios para ejercer el oficio, arte o
profesión a que se hubieren dedicado.
En Jalisco no existe la obligación de que la concubina y concubinario se
proporcionen alimentos recíprocamente cuando hacen vida en común, esto es
en unión libre, al igual que en el Estado de Baja California.
Cada uno de los cónyuges tiene un derecho preferente sobre los bienes
propios del otro, y sobre los productos e ingresos que correspondan a los
gastos de alimentación para el cónyuge y sus hijos, pudiendo pedir el
aseguramiento de bienes, para hacer efectivo este derecho.
Al constituirse la libre convivencia genera
proporcionarse alimentos entre los convivientes.
el
deber
recíproco
de



ARTICULO 309.- Si fueren varios los que deben dar alimentos
y todos tuvieren la posibilidad para hacerlo, el Juez repartirá
el importe entre ellos, en proporción a sus haberes.
ARTICULO 310.- Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre
ellos se repartirá el importe de los alimentos; y si uno sólo la
tuviere, él cumplirá únicamente la obligación.
ARTICULO 311.- La obligación de dar alimentos no
comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer el
oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado.
19
1
En Jalisco en el capítulo de las cargas alimentarias establece que la masa
hereditaria esté afectada en forma preferente al pago de los alimentos a las
personas siguientes:
A los descendientes menores de dieciocho años;
A los descendientes que están imposibilitados para trabajar, cualquiera que sea su
edad;
Al cónyuge supérstite, cuando esté impedido de trabajar o no tenga bienes propios
suficientes; este derecho subsistirá en tanto no contraiga matrimonio y viva
honestamente;
A los ascendientes;
A los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, si están
incapacitados o mientras que no cumplan dieciocho años, si no tienen bienes para
subvenir a sus necesidades; y
A la persona con quien el TESTADOR vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco
años que precedieron inmediatamente
a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre
que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante esa vida en común y el
superviviente esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios suficientes.
Este derecho subsistirá mientras el beneficiario no contraiga nupcias y observe buena
conducta. Si fueran varias las personas que se encuentren en el mismo caso a que
se refiere este artículo, respecto del testador, ninguna de ellas tendrá derecho a
alimentos, es decir que tratándose de sucesión legítima o intestada, no existe la
obligación alimentaria por parte del de cujus y solo existe el derecho a heredar de la
concubina o concubinario, en su caso, lo que fue incorporado al nuevo Código Civil de
Jalisco, ya que antes no tenían derecho a heredar la concubina ni el concubinario
(artículo 2941).


ARTICULO 1263.- La pensión alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto cuando el testador haya
gravado con ella a alguno o algunos de los partícipes de la sucesión.
ARTICULO 1530.- La viuda que quedare encinta, aún cuando tenga bienes, deberá ser alimentada con
cargo a la masa hereditaria







.
ARTICULO 1255.- El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones
siguientes: Reforma
I.- A los descendientes que sean personas menores de dieciocho años de edad respecto de los cuales
estaba obligado a proporcionar alimentos al momento de la muerte;
II.- A los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad, cuando exista
la obligación a que se refiere la Fracción anterior;
III.- Al cónyuge supérstite cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes, en tanto no
contraiga matrimonio y viva honestamente, salvo disposición expresa en contrario, del testador;
IV.- A los ascendientes;
V.- A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron
inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de
matrimonio durante el concubinato y que el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes
suficientes. Este derecho sólo subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga nupcias y
observe buena conducta. Si fueren varias las personas con quien el testador vivió como si fuera su
cónyuge, ninguna de ellas, tendrá derecho a alimentos;
VI.- A los hermanos y demás parientes, colaterales dentro del cuarto grado, si son personas menores de
dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho,
si no tienen bienes para subvenir a sus necesidades.
19
3

En Jalisco la patria potestad se pierde:

“VII.- Cuando quien la ejerce, abandone sus deberes frente a sus descendientes.




(artículo 598 Fracción VII ídem).”
Es factible demandar la fijación, pago y aseguramiento de alimentos provisionales y
oportunamente definitivos y el aseguramiento podrá consistir en cualquier contrato accesorio
de garantía como es la fianza, prenda, hipoteca o bien un depósito de cantidad bastante que
cubra los alimentos reclamados, cuando el aseguramiento se constituye en forma voluntaria
es recomendable el contrato de fideicomiso con garantía.
Cuando los padres en el ejercicio de la patria potestad gocen de la mitad del usufructo de los
bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha mitad, pero si ésta no
alcanza para cubrir las necesidades alimentarias, el exceso correrá por cuenta exclusiva de
los que ejerzan la patria potestad.
Los juicios que versen sobre pago o aseguramiento de alimentos se tramitarán en la Vía Civil
Sumaria y conforme a las especiales (artículo 618, 693 in fine 700 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y es juez competente el del domicilio del
acreedor alimentario o el del demandado a elección del primero (artículo 161 Fracción XIII del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco).





Artículo 698.- La venta de los bienes secuestrados se tramitará
por cuerda separada en la forma y con los trámites prevenidos
para los remates, lo mismo se hará en las subsecuentes
mensualidades, una vez practicado el embargo.
Artículo 699.- En los juicios de divorcio por mutuo
consentimiento, se observarán las disposiciones relativas de este
procedimiento y las contenidas en el capítulo IV del Título
Décimo Segundo.
Artículo 700. Si se trata de alimentos provisionales que deban
abonarse sólo mientras dure el procedimiento en los juicios de
divorcio necesario, acreditados los extremos del artículo 694, el
juez procederá, en lo relativo, como se previene en este capítulo,
sin perjuicio de los derechos que conceda a las partes la
ejecutoria de divorcio para reclamar alimentos.

19
5



CCBC
ARTICULO 314.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca,
prenda, fianza, o depósito de cantidad bastante a cubrir los
alimentos.
ARTICULO 315.- El tutor interino dará garantía por el importe
anual de los alimentos. Si administrare algún fondo destinado
a ese objeto, por él dará garantía legal.


ARTICULO 316.- En los casos en que los que ejerzan la patria
potestad gocen de la mitad del usufructo de los bienes del
hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha mitad, y
si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuenta de los
que ejerzan la patria potestad.
19
6
ARTÍCULO 424.- Se tramitarán sumariamente:
II.- Los juicios de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban
con el carácter de estabilidad por contrato, por testamento o por
disposición de la ley; ya tengan por objeto el pago o sólo el
aseguramiento;
ARTÍCULO 424
VIII.- No tiene lugar la declaración de caducidad:
c) En los juicios de alimentos
ARTICULO 531.- El deudor sujeto a patria potestad o a tutela, el que
estuviere
físicamente impedido para trabajar y el que sin culpa carezca de bienes o
de profesión u
oficio, tendrá alimentos que el Juez fijará, atendidas la importancia de la
demanda y de
los bienes y las circunstancias del demandado.
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7
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
ARTICULO 601.- No se pueden comprometer en árbitros los siguientes
negocios:
I.- El derecho de recibir alimentos;
ARTÍCULO 926.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de
oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de personas
menores de dieciocho años de edad y de alimentos, decretando las medidas
proporcionales que tiendan a preservarla y protegerla, anteponiendo siempre el interés
superior del menor, debiendo razonar y sustentar la medida decretada.
ARTÍCULO 929.- No se requieren formalidades especiales para acudir ante el
Juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un
derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación,
tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio o de las
diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes,
educación de hijos, oposición de maridos, padres y tutores y en general todas las
cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial.
19
8



Cuando el acreedor alimentario, bajo protesta de decir verdad, manifieste no contar con
elementos suficientes para acreditar la posibilidad económica del deudor alimentario y
bajo los mismos términos informe el ingreso aproximado mensual de éste, el juzgador
atendiendo a la capacidad económica y nivel de vida del deudor y de los acreedores, así
como las circunstancias especiales del caso, fijará la pensión con base en el salario
mínimo vigente de la zona.
Cuando el deudor alimentario no cuente con ingresos mensuales, pero sea propietario
de inmueble o inmuebles, acreditando la propiedad del demandado y el valor de los
mismos, el juez deberá determinar la cantidad a pagar por concepto de alimentos.
En los juicios de divorcio necesario que se tramitan en la Vía Civil Ordinaria, el Juez a
solicitud de la parte actora, deberá dictar las medidas necesarias para asegurar la
subsistencia de los hijos a quienes haya obligación de dar alimentos, tal y como lo
contemplan los artículos 407 del Código Civil y 700 del Código de Procedimientos
Civiles ambos para el Estado de Jalisco.
19
9
ARTÍCULO 930.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar, por escrito o por comparecencia
personal en los casos urgentes a que se refiere el Artículo anterior, exponiendo de manera
breve y concisa los hechos de que se trate. Con las copias respectivas de esa comparecencia
y de los documentos que en su caso se presenten, se correrá traslado a la parte demandada,
la que deberá comparecer en la misma forma dentro del término de cinco días. En tales
comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese
traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva.
Tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por
testamento o por disposición de la Ley, el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia
del deudor y mediante información que estime necesaria, una pensión alimenticia
provisional, mientras se resuelve el juicio en definitiva.
20
0
Cuando se ausenta el deudor alimentario o se rehúse a entregar lo necesario por el concepto de
alimentos, será responsable de las deudas que éstos contraigan para dicho objeto, siempre y cuando
no se trate de gastos de lujo (artículo 453 del Código Civil del Estado de Jalisco).
“ALIMENTOS PARA LOS HIJOS. SI ESTOS NACIERON BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO CIVIL REFORMADO,
Y EL DEUDOR ALIMENTARIO SOLICITA EL INCIDENTE DE REDUCCIÓN CON BASE EN LA LEGISLACIÓN
VIGENTE, DEBE APLICARSE ESTA ÚLTIMA, SIN QUE ELLO INFRINJA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.)
Texto.- El artículo 357 del Código Civil para el Estado de Jalisco, anterior a su reforma, establecía que
los padres estaban obligados a dar alimentos a sus hijos, y el diverso 374, enunciaba las causas de
terminación de proporcionarlos. Por su parte, el numeral 434 (correlativo del 357) de la codificación
citada, en vigor desde el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, establece la
obligación de los padres de dar alimentos a sus hijos, hasta que alcancen la mayoría de edad o
llegando a ella sean incapaces. Ahora bien, aun cuando el derecho de los hijos a recibir alimentos se
originó con su nacimiento (época en que era aplicable el Código Civil anterior a su reforma), y que, de
conformidad con el artículo octavo transitorio de la legislación en vigor, los derechos y obligaciones
derivados de hechos y actos jurídicos celebrados bajo la vigencia del Código anterior, se regirán por el
mismo, ello no significa, que por esa sola circunstancia, hubieran adquirido en su favor, las causas de
terminación de recibir alimentos, no constituyen derechos adquiridos, sino meras expectativas de
derecho, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos (que se actualice la
terminación de la obligación de dar alimentos.) En ese orden, si el deudor alimentario, solicita la
reducción de la pensión de alimentos, con apoyo en la codificación legal reformada, argumentando que
sus acreedores alcanzaron la mayoría de edad, es evidente que esta última legislación es la que deberá
aplicarse, con independencia de que en la época del nacimiento de los acreedores alimentarios, la ley
no contempla esa hipótesis, pues con ello, no se infringe la garantía de irretroactividad.
PRECEDENTES.
Amparo en revisión 879/2001, María Trinidad Gómez Ramírez y otros.- 25 de Enero de 2002.
Unanimidad de votos.- Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Armando Márquez Álvarez.”
1.4





TIENEN ACCIÓN Y ESTÁN LEGITIMADOS PARA
PEDIR EL ASEGURAMIENTO DE LOS ALIMENTOS.
El acreedor alimentario;
El ascendiente que lo tenga bajo su patria potestad;
El tutor;
El Agente de la Procuraduría Social (Artículo 68 ter. C.P.C. Jal. y artículo 446
Fracción IV C.C. Jal.) ; y
El Consejo de Familia.
Si el ascendiente o el tutor no pueden representar al acreedor alimentario en el
juicio en que se pida el aseguramiento de los alimentos, se designará por el juez,
un tutor interino, cuya función será la de representar al acreedor
alimentario durante el juicio, el tutor interino deberá otorgar garantías por el
importe anual de los alimentos reclamados y si llegara a administrar algún
fondo económico destinado a ese objeto, de igual manera tendrá la obligación de
garantizarlo.
Cuando exista peligro de que quien tiene la obligación de dar alimentos (deudor
alimentario) pierda su patrimonio por mala administración o porque los esté
dilapidando, los acreedores alimentistas y si estos son incapaces, sus tutores o el
Agente de la Procuraduría Social, tienen derecho de exigir judicialmente que se
constituya el patrimonio de familia, artículo 790 Código Civil del Estado de Jalisco.
ARTICULO 312.- Tienen acción para pedir el
aseguramiento de los alimentos:
I.- El acreedor alimentario;
II.- El ascendiente que le tenga bajo su patria
potestad;
III.- El tutor;
IV.- Los Hermanos y demás parientes colaterales
dentro de cuarto grado;
V.- El Ministerio Público;
VI.- El Sistema Para el Desarrollo Integral de la
Familia.
20
3
Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla;
Cuando el acreedor alimentario deja de necesitar los alimentos;
En casos de injuria, faltas o daños graves inferidos por el alimentario
contra el que debe prestarlos;
Cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o
de la falta de aplicación al trabajo del alimentario, mientras subsistan
estas causas; y
Si el acreedor alimentario, sin consentimiento del que debe dar los
alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables.
ARTICULO 317.- Cesa la obligación de dar alimentos:
I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla;
II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;
III.- En caso de injuria, falta o daños graves inferidos por el
alimentista contra el que debe prestarlos;
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la
conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del
alimentista, mientras subsistan estas causas;
V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los
alimentos, abandona la casa de éste por causas
injustificables.
20
5


Comentario:
Se presta al huizache el requisito del
requerimiento, el demandado se oculta para
incumplir con el pago, en otras legislaciones
pasan por alto el requerimiento y de
inmediato se gira oficio a la fuente de trabajo
para que se descuente la condena de pago de
alimentos provisionales, se debe de presumir
la urgencia y necesidad de la medida,
eliminando la prueba testimonial para
acreditarla
en Jalisco la
legislación penal establece lo siguiente :
20
6



CAPÍTULO VIII
Abandono de Familiares
Artículo 183. A la persona que sin causa justificada incumpla con
la obligación de dar alimentos a aquellos que tienen derecho a
recibirlos:

se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y
multa de cien a cuatrocientos días,

suspensión o pérdida de la tutela o custodia en caso de ser
titular de este derecho respecto de su acreedor alimentario


y pago como reparación del daño de las cantidades no
suministradas oportunamente, mismas que deberán ser
garantizadas por medio del depósito en cualquiera de las formas
señaladas por la ley.
Para los efectos de este artículo, se tendrá por consumado el
delito aun cuando el o los acreedores alimentarios se dejen al
cuidado o reciban la ayuda de un tercero.
20
7


Artículo 183-A. Al que renuncie a su empleo o solicite licencia
sin goce de sueldo y éste sea el único medio para tener ingresos,
o por cualquier otro medio se coloque de manera voluntaria en
estado de insolvencia. Con el objeto de eludir el cumplimiento de
sus obligaciones alimentarias, se le impondrá pena de prisión de
uno a cuatro años, multa de doscientos a seiscientos días,
suspensión o pérdida de la tutela o custodia en caso de ser
titular de este derecho respecto de su acreedor alimentario y
pago como reparación del daño, de las cantidades no
suministradas oportunamente, mismas que deberán ser
garantizadas por medio del depósito en cualquiera de las formas
señaladas por la ley.
Artículo 183-B. Se impondrá pena de seis meses a cuatro años
de prisión y multa de doscientos a seiscientos días al
responsable que, estando obligado a informar acerca de los
ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones
alimentarias, incumpla con la orden judicial de hacerlo, no lo
haga dentro del término ordenado por el juez u omita realizar de
inmediato el descuento al salario, una vez que haya sido
realizada debidamente la notificación.

20
8



Artículo 183-C. Si la omisión en el cumplimiento de las
obligaciones alimentarias, ocurre en incumplimiento de una
resolución judicial ejecutoriada, las sanciones se incrementarán
hasta en dos años de prisión y trescientos días de multa.
Artículo 184. Los delitos a que se refieren los artículos anteriores
se perseguirán por querella de la parte ofendida, de sus
familiares consanguíneos o de cualquier persona física o jurídica
que de hecho tenga a su cuidado al ofendido.



Artículo 185. Para que el perdón concedido por el ofendido o su
representante pueda producir efectos, el responsable deberá
pagar todas las cantidades que hubiese dejado de ministrar por
concepto de alimentos, en los términos que señala el Código
Civil del estado de Jalisco; el pago de todas las cantidades
deberá ser garantizado por medio del depósito en cualquiera de
las formas señaladas por la ley.

20
9


Artículo 185-A.
Para que el perdón concedido por el ofendido
o su representante pueda producir efectos:
El responsable deberá pagar todas las
cantidades que hubiese dejado de ministrar
por concepto de alimentos, en los términos
que señala el Código Civil del Estado de
Jalisco; el pago de todas las cantidades
deberá ser garantizado por medio del
depósito en cualquiera de las formas
señaladas por la ley.

21
0
“209. ALIMENTOS.- No es necesario que se proceda a requerimiento especial y embargo para
obtener el pago de cada mensualidad que deba entregarse por cumplimiento de sentencia que condene al
pago de alimentos provisionales, sino que debiendo éstos ministrarse por pensiones anticipadas, pueden
asegurarse aun tratándose de descuentos sobre sueldos en forma que garantice la ministración oportuna
de las pensiones, sin necesidad de multiplicar los procedimientos de requerimientos y embargo.
Quinta Época: Tomo XXXV, Pág. 255. Colunga Braulio.
3ª. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975 Cuarta Parte, Pág. 117, 22ª. relacionada de la jurisprudencia
“Alimentos, incorporación del acreedor al seno de la familia del deudor”, en este volumen, tesis 253.”
“250. ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE.
Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al
acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las
disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde
resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para
negarla.
Queja 16/1960 – Román Sansón. Unanimidad de 4 votos. Sexta Época, Vol. XXXVIII, Cuarta Parte, Pág. 20.
Queja 241/1960 – Mario García Treviño. 5 votos. Sexta Época, Vol. XLIV, Cuarta Parte, Pág. 26.
Queja 84/1961 – Fidencio Rocha Ibarra. Unanimidad de 4 votos. Sexta Época, Vol. l, Cuarta Parte, Pág. 43.
Queja 118/1961- Rodolfo Faes Ravel. Unanimidad de 4 votos. Sexta Época, Vol. l, Cuarta Parte, Pág. 44.
Queja 64/1963 – Ignacio Mendoza Medrano. 5 votos. Sexta Época, Vol. LXXXVI, Cuarta Parte, Pág. 10
Jurisprudencia 37 (Sexta Época), Pág. 105, Volumen 3ª. Sala Cuarta, Parte Apéndice 1917-1975; anterior
apéndice 1917-1965, Jurisprudencia 34, Pág. 115(En nuestra Actualización I Civil, Tesis 254, Pág. 113).”
ALIMENTOS. MODIFICACION EN INCIDENTE.




De la interpretación que puede realizarse del artículo 94 del Código de
Procedimientos Civiles, se desprende que las resoluciones firmes dictadas en
negocios de alimentos pueden alterarse o modificarse, en el supuesto que en
este mismo precepto legal se establece, por lo que es evidente que si lo que
en el caso se pretende es modificar una resolución definitiva, esto no puede
hacerse a través de otra sentencia de igual carácter, sino por medio de un
incidente como el que establece el artículo 88 del citado ordenamiento legal,
ya que hacerlo como pretenden los amparistas sería crear una nueva
situación jurídica, respecto de la cual existe una condena firme, además de
que en el caso lo que se busca es ajustar la misma a una nueva situación, por
lo cual, es incuestionable que la vía en que intentaron reclamar su pretensión
los quejosos no es la adecuada; consecuentemente, es irrelevante que la ley
y los tratadistas de derecho, no establezcan la prohibición para que pueda
promoverse el incremento de una pensión alimenticia en los términos que lo
hicieron los ahora solicitantes de amparo, o que incluso que de la
interpretación del pensamiento de uno de estos estudiosos del derecho, se
ponga en claro que puede reclamarse tal incremento mediante una nueva
demanda, toda vez que la doctrina es criterio que no tiene el carácter de
obligatoriedad con que cuenta la ley, máxime cuando como en el caso ya
quedó determinado que al interpretar la misma, se infiere cuál es la forma de
modificar la sentencia definitiva que estableció la pensión alimenticia
respectiva.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.T.C.
Amparo directo 2483/87. María del Carmen Noble Hernández y José Luis Escobar Noble. 21 de enero de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Miguel Vélez Martínez.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca. Tomo I
Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988. Pág. 84. Tesis Aislada.
21
2
ALIMENTOS. LA ACCIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN DECRETADA
POR ESE CONCEPTO PUEDE PLANTEARSE EN VÍA PRINCIPAL O
INCIDENTAL.

La regla general, tratándose de sentencias ejecutorias, es que revisten la
característica de la inmutabilidad, por disposición de la ley, pero esta
misma puede eliminar esa calidad y generar un caso de excepción,
permitiendo la modificación de alguna o algunas sentencias ejecutorias.
Tal excepción a esa regla general se contempla en el artículo 94 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al
cual, es posible plantear la acción de modificación de las resoluciones
firmes dictadas, entre otros negocios, en los relativos a alimentos,
cuando se dé un cambio de circunstancias que afecten el ejercicio de la
acción originalmente planteada, sin que dicho precepto establezca como
única vía de modificación la incidental ni prohíba que un órgano
jurisdiccional competente en materia de familia, conozca y resuelva
sobre una cuestión de alimentos, a pesar de que un distinto juzgador
haya resuelto sobre esa materia en sentencia definitiva o convenio
aprobado. Por ende, teniendo en cuenta que la demostración de que
cambiaron las circunstancias que imperaban al momento de ejercer la
acción de alimentos, exigencia a la que se limita el precepto de
referencia para la procedencia de la modificación que regula, requiere la
instauración de una nueva controversia que debe iniciar con una
demanda, ésta puede presentarse, a elección de la parte actora, en la vía
incidental, ante quien conoció del juicio anterior, o ante un Juez diverso,
donde se ejerza como acción principal, siempre que dicho Juez sea
competente y no exista litispendencia, pues el procedimiento anterior
deberá encontrarse concluido, y sin perjuicio del derecho del
demandado a oponer la excepción de cosa juzgada en algún punto o
hecho sustancial que no pueda ser desconocido en el nuevo juicio.
21
3






Con ello, no se limita la capacidad de defensa del demandado, ya que en ambos
procedimientos la parte reo estará en posibilidad de oponer excepciones y
defensas, y de ofrecer pruebas para acreditar sus excepciones, e incluso, su
capacidad de defensa será más amplia en la vía principal, lo que redunda en su
beneficio, dado que en un nuevo juicio gozará de un mayor plazo para contestar
la demanda, a la vez que el juzgador contará con un lapso más amplio dentro del
cual debe citar para la audiencia de ley, además de la posibilidad de ser auxiliado
por especialistas en la materia. Adicionalmente, la facultad de ejercer la acción en
vía incidental o principal, por un lado, es acorde con el derecho público subjetivo
de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional, que debe estar,
en lo posible, libre de obstáculos innecesarios, y por otro, atiende a la naturaleza
de la obligación alimentaria, que genera la exigencia de evitar formalismos
intrascendentes que impidan la resolución de la controversia, porque tiende a
satisfacer las necesidades de subsistencia; de modo que la prolongación de la
solución por una cuestión de vía, es contraria a la finalidad de tutela a favor de los
acreedores alimentarios, desde luego, siempre que las partes hayan tenido la
debida oportunidad de ser oídos, ofrecer pruebas y alegar al respecto, es decir,
que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, constatado
lo cual sólo queda al órgano jurisdiccional la obligación de resolver sobre esa
prestación, para no retardar innecesariamente la solución de ese tipo de
controversias.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.496 C
Amparo directo 217/2005. 6 de mayo de 2005. Mayoría de votos. Disidente:
Anastacio Martínez García. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro
Telpalo.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXII, Julio de 2005. Pág. 1364. Tesis
Aislada.
21
4
“253. ALIMENTOS. INCORPORACIÓN DEL ACREEDOR AL SENO DE LA FAMILIA DEL DEUDOR.
El derecho de incorporar al acreedor alimentario al domicilio del deudor, se encuentra
subordinado a la doble condición de que el deudor tenga casa o domicilio propio y de que no
exista estorbo legal o moral para que el acreedor sea trasladado a ella y pueda obtener así
el conjunto de ventajas naturales y civiles que se comprenden en la acepción jurídica de la
palabra alimentos, pues faltando cualquiera de estas condiciones, la opción del deudor se
hace imposible y el pago de alimentos tiene que cumplirse, necesariamente, en forma distinta
de la incorporación.
Quinta Época:
Tomo CXXIX – A. D. 2017/1955. Salvador Pedraza Gonzaga. 5 votos. Pág. 36
A. D. 5825/1955. Lucas Cordero Rivas. 5 votos. Pág. 49
A. D. 627/1956. Elías Vázquez Ángeles. Unanimidad de 4 votos. Pág. 804.
Tomo CXXX – A. D. 2396/1956. Mario Hernández Serrano. 5 votos. Pág. 315.
A. D. 668/1960 – Guillermo Romero Ramírez. 5 votos. Sexta Época, Vol. XLII, Cuarta Parte,
Pág. 9.
Jurisprudencia 38 (Sexta Época), Pág. 107, Volumen 3ª. Sala Cuarta Parte Apéndice 19171975; anterior Apéndice 1917-1965, Jurisprudencia 35, Pág. 118. (En nuestra actualización i
civil, tesis 256, Pág. 114).”
“274. ALIMENTOS, NECESIDAD DEL PAGO DE. CARGA DE LA PRUEBA.
El marido tiene obligación de alimentar a la mujer y a los hijos, quienes tienen a su favor la
presunción de necesitar los alimentos, salvo prueba en contrario. La obligación cesa cuando
los acreedores ya no tienen necesidad de ellos, pero la carga de la prueba corresponde en
estos casos al deudor.
Quinta Época.
Tomo CXVII – A. D. 3541/1951. Méndez de Guillén Elena y Coags. Unanimidad de 4 votos.
Pág. 272.
A. D. 7891/1966 – Eusebio Herrera Pimentel. Unanimidad de 4 votos. Sexta Época, Vol.
CXXXIII, Cuarta Parte, Pág. 24.
A. D. 4945/1967 – Catalino Linares Hernández. Unanimidad de 4 votos. Sexta -Época, Vol.
CXXXV, Cuarta Parte, Pág. 21.
A. D. 10043/1967 – Rafael Velasco Escobedo. 5 votos. Séptima Época, Vol. 6, Cuarta Parte,
Pág. 35.
A. D. 6939/1968 – Ernesto López García. 5 votos Séptima Época, Vol. 6, Cuarta Parte, Pág. 35.
Jurisprudencia 39 (Séptima Época), Pág. 131, Volumen 3ª. Sala Cuarta Parte Apéndice 19171975.”
Época: Décima Época
Registro: 2004904
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1
Materia(s): Civil
Tesis: 1a./J. 68/2013 (10a.)
Página: 250
DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO PARA SUMINISTRAR ALIMENTOS
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
De los artículos 419, 1266 y 1329 del Código Civil del Estado de Jalisco, se colige que desde el momento en
que se celebra un convenio sobre alimentos entre cónyuges derivado del juicio de divorcio por mutuo
consentimiento, con los requisitos necesarios para su existencia, surge la obligación de cumplir no sólo con
lo expresamente pactado, sino también con las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la
buena fe, al uso, a la costumbre o a la ley; de ahí que si bien en esta hipótesis, la obligación alimentaria
deriva del principio de libertad contractual de los cónyuges, en tanto que ninguno tenía derecho a recibir
alimentos del otro, no se debe soslayar que la parte que ve a la obligación alimentaria, su objeto es sui
géneris, pues sobre el tema de alimentos existen reglas que el propio legislador ha establecido por tratarse
de una cuestión de orden público, por ende, una vez que los cónyuges acuerdan que continuarán
suministrándose alimentos, no pueden dejar de observar lo que sobre ese preciso objeto ha dispuesto el
legislador para su modificación. Luego, si este tipo de acuerdos es sui géneris porque no pueden regirse por
las reglas de los convenios en general en virtud de que su objeto trata de una aceptación voluntaria de
continuar suministrando alimentos, es claro que su modificación no puede quedar a la discrecionalidad del
solicitante, sino que debe atenderse al contexto que impera para ambas partes al momento de elevar la
solicitud de disminuir la suma por ese concepto, armonizada con las reglas de proporcionalidad alimentaria.
Contradicción de tesis 296/2012. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto, ambos en
Materia Civil del Tercer Circuito. 15 de mayo de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de
cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco
votos respecto del fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores
Díaz. Tesis de jurisprudencia 68/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión
de fecha doce de junio de dos mil trece.
Época: Décima Época
Registro: 2006680
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 7, Junio de 2014, Tomo II
Materia(s): Civil
Tesis: XI.C.15 C (10a.)
Página: 1552
ALIMENTOS. LA CAPACIDAD DEL DEUDOR PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS, NO
TIENE UNA CONNOTACIÓN ESTRICTAMENTE PECUNIARIA O PATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MICHOACÁN).
La capacidad del deudor para cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a sus acreedores, que se
infiere del artículo 454, fracción III, del Código Familiar para el Estado de Michoacán, no tiene una connotación
estrictamente pecuniaria o patrimonial. Está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para
trabajar y generar riqueza. Por tanto, si el demandado es una persona capaz de emplearse en alguna actividad,
aun cuando con motivo de ésta no cuente con ingresos fijos, o no tenga un caudal o hacienda determinados
para hacer frente a sus obligaciones alimentarias, debe cubrir las necesidades de sus acreedores pues, de lo
contrario, se llegaría al extremo de que, a fin de evadir su responsabilidad, se declarara insolvente por no
contar con trabajo fijo, o bien, porque ocultara sus ingresos. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1337/2012. 24 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Federico Gutiérrez
de Velasco Romo. Secretaria: María Hermelinda Domínguez Gómez. Amparo directo 1477/2012. 22 de
noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo. Secretaria:
María Hermelinda Domínguez Gómez.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2006672
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Civil
Tesis: 2a./J. 42/2014 (10a.)
Página: 712
SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL
ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL
30% DE ESE EXCEDENTE.
De una interpretación conforme del artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los numerales 123, apartado A, fracción VIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, párrafos 1 y 2, del Convenio Número 95 relativo a la Protección del Salario, aprobado por la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, así como de una exégesis sistemática de los diversos 110, fracciones I y V, de la Ley
Federal del Trabajo y 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 17, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal (en lo concerniente a los derechos fundamentales al
mínimo vital, de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia), se concluye que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el
excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de
que esa medida sólo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por
autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Asimismo, debe precisarse que
en el caso de que el salario del trabajador ya se hubiere embargado parcialmente por una pensión alimenticia, la limitante o protección del mínimo vital en
proporción del 30% será aplicable a la parte excedente del salario mínimo que no se encuentra afectada por tal pensión.
Contradicción de tesis 422/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, el
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Sexto Circuito. 26 de marzo de 2014. Mayoría de cuatro
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Disidente:
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. Tesis y/o criterios contendientes: El criterio
sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 330/2013; tesis VI.T.89 L, de rubro:
"SALARIO SUPERIOR AL MÍNIMO. ES INEMBARGABLE Y NO ESTÁ SUJETO A DESCUENTO ALGUNO, SALVO POR LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 110 Y
112 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE EL PATRÓN PUEDE OPONERSE AL MANDAMIENTO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO QUE POR OTROS MOTIVOS
DISPONE UN GRAVAMEN SOBRE AQUÉL.", aprobada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 1416; tesis I.7o.C.2 C (10a.), de rubro: "EMBARGABILIDAD DEL SALARIO
EXCEDENTE DEL MÍNIMO. SON VIOLATORIAS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS DETERMINACIONES JUDICIALES DICTADAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, QUE CON FUNDAMENTO EN
LOS ARTÍCULOS 112 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO O 544, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LA
PROHÍBAN.", aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 2, marzo de 2012, página 1129; y tesis I.3o.C.1051 C (9a.), de rubro: "SALARIO MÍNIMO ANUAL. CORRESPONDE AL
JUEZ APLICAR LAS PROPORCIONES EN QUE SU EXCEDENTE PUEDE SER EMBARGADO, PERO SIN COMPROMETER LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR Y LA DE SU
FAMILIA (APLICACIÓN ANALÓGICA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AL CÓDIGO DE COMERCIO Y A LA LEGISLACIÓN LOCAL CIVIL).",
aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, Libro XIII, Tomo 4, octubre de 2012, página 2799. Tesis de jurisprudencia 42/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del nueve de abril de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación
obligatoria a partir del lunes 16 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Novena Época
Registro: 194865
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IX, Enero de 1999
Materia(s): Civil
Tesis: I.5o.C.85 C
Página: 825
ALIMENTOS. SON IMPROCEDENTES LOS QUE DEMANDA EL MARIDO A CARGO DE SU ESPOSA, SI ADEMÁS DE NO ESTAR
IMPEDIDO FÍSICA NI MENTALMENTE PARA TRABAJAR, EXISTEN PRUEBAS QUE EVIDENCIAN SU FALTA DE APLICACIÓN AL
TRABAJO.
Es verdad que uno de los fines del matrimonio que además es base para su conservación, es el relativo al socorro
mutuo entre los cónyuges; finalidad que se encuentra íntimamente relacionada con el principio de reciprocidad
alimentaria que implica que el cónyuge que da alimentos tiene a su vez derecho a recibirlos; sin embargo, en el caso,
donde hay evidencia de que el marido que demanda alimentos, lo hace porque desde que contrajeron matrimonio su
esposa es la que había venido soportando la carga alimentaria de ambos; que no está incapacitado física ni
mentalmente; que es profesionista por haber cursado una licenciatura y que es una persona relativamente joven (34
años), la pretensión del demandante es improcedente pues su intención es vivir o continuar viviendo a expensas de la
esposa, lo cual evidentemente rompe los esquemas establecidos y amerita una excepción a la obligación derivada del
artículo 302 del Código Civil para el Distrito Federal en el sentido de que "los cónyuges deben darse alimentos", pues
en tal evento, no sería justo imponer la carga alimentaria a quien tenga posibilidades logradas gracias a su esfuerzo y
trabajo y beneficiar a quienes carecen de posibilidades económicas debido a su pereza o falta de aplicación al trabajo
sin razón fundada. A lo anterior debe agregarse el hecho de que en el matrimonio de que se trata no hay hijos, por lo
que no puede afirmarse como pretexto que él se hace cargo de las labores domésticas y educacional de los hijos del
matrimonio y ella de la cuestión económica; de tal manera, si la única base en que el actor sustenta su petición de
alimentos es la de que su esposa siempre ha soportado esa carga, dicha petición es improcedente atendiendo a las
circunstancias del caso ya señaladas, pues no puede soslayarse la conducta del demandante cuando la necesidad de los
alimentos que exige dependen de su falta de aplicación al trabajo; por tanto, en esas circunstancias se actualiza la
hipótesis a que alude el artículo 320, fracción IV, del Código Civil para el Distrito Federal en relación a que cesa la
obligación de proporcionar alimentos cuando la necesidad de ellos depende "de la falta de aplicación al trabajo del
alimentista". .
Amparo directo 6815/98. Julio César Tinoco Oros. 29 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo
Ramírez Sánchez. Secretario: José Manuel Quistián Espericueta.
Época: Novena Época
Registro: 182256
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIX, Febrero de 2004
Materia(s): Civil
Tesis: III.4o.C.19 C
Página: 977
ALIMENTOS. LOS CRÉDITOS POR ESE CONCEPTO SON PREFERENTES RESPECTO DEL GARANTIZADO
MEDIANTE HIPOTECA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
De la interpretación de los artículos 276 y 1815, fracción III, del Código Civil del Estado de Jalisco se
pone de manifiesto que los alimentos guardan un sitio de privilegio frente al crédito hipotecario, en la
proporción que la propia ley señala, ya que el primero establece el derecho preferente del cónyuge
sobre los bienes propios del otro y sobre los productos e ingresos que sean necesarios para los
gastos de alimentación del cónyuge y sus hijos; y, el segundo que aunque alude a los concursos,
determina la prelación de los créditos, sin que se advierta que los derivados de una hipoteca figuren
dentro de las fracciones anteriores en que se ubica a los créditos alimentarios. No es óbice que el
diverso numeral 1816 del mismo cuerpo de leyes establezca que los acreedores hipotecarios y los
pignoraticios no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos, pues ello no
significa que tengan el derecho preferente, porque no lo establece así ningún precepto del código de
mérito, a diferencia de los créditos por alimentos. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 580/2003. 13 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Julio
López Beltrán. Secretario: Emilio Gutiérrez Ramírez.
Época: Octava Época
Registro: 207211
Instancia: Tercera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990
Materia(s): Civil
Tesis: 3a. 17/90
Página: 221
ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACION DE SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CONYUGE
CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACION POR MAS DE DOS AÑOS PREVISTA POR EL
ARTICULO 267, FRACCION XVIII DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.
La referida causal, a saber, la separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que la
haya originado, debe dar lugar a la obligación de suministrar alimentos pues si bien no existe disposición expresa en ese
sentido ello se sigue al integrar la ley y al aplicarla analógicamente. En efecto, el artículo 288 del Código Civil para el
Distrito Federal adolece de una laguna, que debe integrarse conforme a las normas fijadas por los artículos 19 de dicho
ordenamiento y 14 de la Constitución General de la República. El vacío de la ley radica en la falta de regulación precisa y
pormenorizada de la subsistencia de la obligación de los cónyuges de darse alimentos en el caso de que se disuelva el
vínculo matrimonial por la causa de divorcio fijada en el artículo 267, fracción XVIII del código invocado para lo cual no se
califica la culpabilidad o inocencia de los consortes, toda vez que la norma en comento sólo prevé directamente las
situaciones de divorcio necesario en las que se hace esa calificación y las de divorcio por mutuo consentimiento, sin que
la antes especificada quede comprendida en esas categorías. Sin embargo, el principio general adoptado en esa ley
respecto de los alimentos entre los cónyuges en caso de divorcio en general, consiste en que debe conservarse
subsistente el derecho del que los necesita, si no ha sido declarado culpable de la disolución del vínculo, sujeto a las
modalidades que exige la naturaleza jurídica de tal obligación en ese evento y a las circunstancias del caso, tales como la
capacidad de los cónyuges para trabajar y su situación económica, sin excluir de modo expreso el divorcio necesario
fundado en la causal mencionada. De ello se infiere, considerando, además, que donde existe la misma razón debe
aplicarse la misma disposición, que en la hipótesis de que se trata procede la condena al pago de alimentos en favor del
cónyuge que los necesite y en contra del que tenga la posibilidad de darlos, tomando en cuenta las constancias de autos,
la capacidad actual de los dos para trabajar y su situación económica, además de los elementos que deben tenerse
presentes siempre que se va a decidir una controversia sobre alimentos, valorándolos cuidadosamente y en uso de un
prudente arbitrio.
Contradicción de tesis 1/90. Entre las sustentadas por el Tercer y Cuarto Tribunal Colegiados en Materia Civil del Primer
Circuito. 11 de junio de 1990. Mayoría de tres votos contra el voto de Ignacio Magaña Cárdenas. Ponente: Mariano Azuela
Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 17/90 aprobada por la Tercera Sala de
este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el dieciocho de junio de mil novecientos noventa. Unanimidad de cuatro
votos de los señores Ministros: presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, Salvador Rocha Díaz e
Ignacio Magaña Cárdenas.
Época: Décima Época
Registro: 2001827
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4
Materia(s): Constitucional, Civil
Tesis: VIII.3o.(X Región) 2 C (10a.)
Página: 2363
ALIMENTOS. LOS CRÉDITOS POR ESE CONCEPTO A FAVOR DE MENORES DE EDAD TIENEN PREEMINENCIA SOBRE CUALQUIER
OTRO, CUANDO DERIVEN DE JUICIOS EN LOS QUE SE FINCÓ EMBARGO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAYAN O NO
INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, YA QUE SU PRIMACÍA DERIVA DEL INTERÉS
SUPERIOR DEL NIÑO CONTEMPLADO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y DISPOSICIONES LEGALES NACIONALES E
INTERNACIONALES SUSCRITAS POR EL ESTADO MEXICANO.
De la interpretación conforme de los artículos 3o. y 4o., actualmente octavo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
reglamentaria del segundo precepto señalado y de la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el interés
superior es un principio rector de los derechos de los menores, el cual también se encuentra contemplado en los artículos
4, 24 y 45 de esa ley; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que ese interés superior implica,
entre otras cosas, considerar aspectos que garanticen y protejan su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, incluso,
como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida de los infantes;
por tanto, si dichos ordenamientos nacionales e internacionales otorgan a los menores el derecho a la satisfacción de sus
necesidades, entre las que se encuentra la alimentación, debe entenderse que los créditos que por ese concepto les son
otorgados, tendrán preferencia sobre cualquier otro, cuando deriven de juicios en los que se fincó embargo en su favor,
con independencia de que hayan sido o no inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en virtud de que
su primacía deriva de la Constitución Federal y de disposiciones legales nacionales e internacionales suscritas por el Estado
Mexicano, con efectos erga omnes, las cuales no restringen la eficacia de esa preeminencia frente a terceros, ni la
condicionan, circunscribiéndola a que el crédito se haya inscrito en la oficina registral respectiva; por ende, es válido el
obviar la aplicación de aquellos preceptos que expresa o tácitamente nieguen a los citados créditos el anotado privilegio,
en razón de que en el análisis de su regulación, cuando se emiten en favor de menores de edad, resulta prioritario, en un
ejercicio de ponderación, reconocer su preeminencia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR
DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA.
Amparo directo 949/2011 (cuaderno auxiliar 113/2012). 21 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto
Rodríguez Soto. Secretaria: Susana González Hernández.
Época: Novena Época
Registro: 194855
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IX, Enero de 1999
Materia(s): Civil
Tesis: I.5o.C.83 C
Página: 822
ALIMENTOS. EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD QUE LOS RIGE IMPIDE CONSIDERAR QUE EL MARIDO SÓLO TIENE DERECHO A
ELLOS CUANDO DEMUESTRE QUE SE ENCUENTRA INCAPACITADO FÍSICA O MENTALMENTE PARA ALLEGARSE SUS PROPIOS
INGRESOS.
El socorro mutuo entre los cónyuges y el principio de reciprocidad alimentaria entre el marido y la mujer que derivan de los
artículos 162, 301 y 302 del Código Civil para el Distrito Federal, permite evidenciar que el marido tiene derecho a
demandar alimentos a cargo de su mujer que tiene bienes o ingresos para cubrírselos; que también tiene en su favor la
presunción de que los necesita precisamente por su demanda en donde reclama ese concepto y que, para que pueda en su
caso resultar procedente esa pretensión, el marido no tiene la carga de justificar que tiene una imposibilidad física o mental
para trabajar y allegarse sus propios ingresos, pues con ello evidentemente se romperían los principios fundamentales que
rigen la materia de alimentos y que derivan del matrimonio como son el socorro mutuo entre los cónyuges y la reciprocidad
alimentaria. Máxime, que la imposibilidad para trabajar por parte del marido no necesariamente puede ser física o mental,
sino que para ello pueden influir otros factores, tales como el despido del empleo que tenía o el mismo desempleo
existente en el medio. Por tanto, si en determinado caso existe constancia de que la mujer tiene medios para contribuir a la
alimentación del marido y éste tiene necesidad de alimentos, evidentemente aquélla debe cubrírselos en la respectiva
medida de la proporcionalidad entre la obligación y la necesidad, sin buscar como pretexto que por ser el marido el
acreedor debe justificar primero que no está impedido física o mentalmente para allegarse sus propios alimentos. Pero tal
circunstancia debe armonizarse con relación al artículo 320, fracción IV, del Código Civil para el Distrito Federal, pues en
cualquier hipótesis, sería improcedente la acción de existir pruebas que evidencien que la necesidad de los alimentos que
demanda el marido deriva de su falta de aplicación al trabajo; de otra manera se soslayaría una vida dedicada al ocio que
rompe el esquema de la reciprocidad alimentaria. .
Amparo directo 6815/98. Julio César Tinoco Oros. 29 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez
Sánchez. Secretario: José Manuel Quistián Espericueta. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo III, abril de 1996, página 330, tesis I.9o.C.34 C, de rubro: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DEL DERECHO A
RECIBIR LOS, DEBIDO A LA FALTA DE APLICACIÓN AL TRABAJO.".
Época: Octava Época
Registro: 230930
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988
Materia(s): Civil
Tesis:
Página: 84
ALIMENTOS. MODIFICACIÓN EN INCIDENTE.
De la interpretación que puede realizarse del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles, se
desprende que las resoluciones firmes dictadas en negocios de alimentos pueden alterarse o
modificarse, en el supuesto que en este mismo precepto legal se establece, por lo que es evidente
que si lo que en el caso se pretende es modificar una resolución definitiva, esto no puede hacerse a
través de otra sentencia de igual carácter, sino por medio de un incidente como el que establece el
artículo 88 del citado ordenamiento legal, ya que hacerlo como pretenden los amparistas sería crear
una nueva situación jurídica, respecto de la cual existe una condena firme, además de que en el caso
lo que se busca es ajustar la misma a una nueva situación, por lo cual, es incuestionable que la vía en
que intentaron reclamar su pretensión los quejosos no es la adecuada; consecuentemente, es
irrelevante que la ley y los tratadistas de derecho, no establezcan la prohibición para que pueda
promoverse el incremento de una pensión alimenticia en los términos que lo hicieron los ahora
solicitantes de amparo, o que incluso que de la interpretación del pensamiento de uno de estos
estudiosos del derecho, se ponga en claro que puede reclamarse tal incremento mediante una nueva
demanda, toda vez que la doctrina es criterio que no tiene el carácter de obligatoriedad con que
cuenta la ley, máxime cuando como en el caso ya quedó determinado que al interpretar la misma, se
infiere cuál es la forma de modificar la sentencia definitiva que estableció la pensión alimenticia
respectiva. .
Amparo directo 2483/87. María del Carmen Noble Hernández y José Luis Escobar Noble. 21 de enero
de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Miguel Vélez Martínez.
Época: Novena Época
Registro: 178080
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Julio de 2005
Materia(s): Civil
Tesis: I.3o.C.496 C
Página: 1364
ALIMENTOS. LA ACCIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN DECRETADA POR ESE CONCEPTO PUEDE PLANTEARSE EN VÍA
PRINCIPAL O INCIDENTAL.
La regla general, tratándose de sentencias ejecutorias, es que revisten la característica de la inmutabilidad, por disposición de la
ley, pero esta misma puede eliminar esa calidad y generar un caso de excepción, permitiendo la modificación de alguna o algunas
sentencias ejecutorias. Tal excepción a esa regla general se contempla en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal, conforme al cual, es posible plantear la acción de modificación de las resoluciones firmes dictadas, entre otros
negocios, en los relativos a alimentos, cuando se dé un cambio de circunstancias que afecten el ejercicio de la acción
originalmente planteada, sin que dicho precepto establezca como única vía de modificación la incidental ni prohíba que un
órgano jurisdiccional competente en materia de familia, conozca y resuelva sobre una cuestión de alimentos, a pesar de que un
distinto juzgador haya resuelto sobre esa materia en sentencia definitiva o convenio aprobado. Por ende, teniendo en cuenta que
la demostración de que cambiaron las circunstancias que imperaban al momento de ejercer la acción de alimentos, exigencia a la
que se limita el precepto de referencia para la procedencia de la modificación que regula, requiere la instauración de una nueva
controversia que debe iniciar con una demanda, ésta puede presentarse, a elección de la parte actora, en la vía incidental, ante
quien conoció del juicio anterior, o ante un Juez diverso, donde se ejerza como acción principal, siempre que dicho Juez sea
competente y no exista litispendencia, pues el procedimiento anterior deberá encontrarse concluido, y sin perjuicio del derecho
del demandado a oponer la excepción de cosa juzgada en algún punto o hecho sustancial que no pueda ser desconocido en el
nuevo juicio. Con ello, no se limita la capacidad de defensa del demandado, ya que en ambos procedimientos la parte reo estará
en posibilidad de oponer excepciones y defensas, y de ofrecer pruebas para acreditar sus excepciones, e incluso, su capacidad de
defensa será más amplia en la vía principal, lo que redunda en su beneficio, dado que en un nuevo juicio gozará de un mayor
plazo para contestar la demanda, a la vez que el juzgador contará con un lapso más amplio dentro del cual debe citar para la
audiencia de ley, además de la posibilidad de ser auxiliado por especialistas en la materia. Adicionalmente, la facultad de ejercer
la acción en vía incidental o principal, por un lado, es acorde con el derecho público subjetivo de acceso a la justicia, consagrado
en el artículo 17 constitucional, que debe estar, en lo posible, libre de obstáculos innecesarios, y por otro, atiende a la naturaleza
de la obligación alimentaria, que genera la exigencia de evitar formalismos intrascendentes que impidan la resolución de la
controversia, porque tiende a satisfacer las necesidades de subsistencia; de modo que la prolongación de la solución por una
cuestión de vía, es contraria a la finalidad de tutela a favor de los acreedores alimentarios, desde luego, siempre que las partes
hayan tenido la debida oportunidad de ser oídos, ofrecer pruebas y alegar al respecto, es decir, que se hayan respetado las
formalidades esenciales del procedimiento, constatado lo cual sólo queda al órgano jurisdiccional la obligación de resolver sobre
esa prestación, para no retardar innecesariamente la solución de ese tipo de controversias. .
Amparo directo 217/2005. 6 de mayo de 2005. Mayoría de votos. Disidente: Anastacio Martínez García. Ponente: Neófito López
Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.
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ALIMENTOS. EL DERECHO QUE A ÉSTOS TIENE EL CÓNYUGE INOCENTE, EN EL CASO DE UN DIVORCIO
NECESARIO, IMPLICA LA SUBSISTENCIA DE UNA OBLIGACIÓN DEL CÓNYUGE CULPABLE, QUE SURGIÓ
CON EL MATRIMONIO, POR LO QUE SU OTORGAMIENTO DEBE SER PROPORCIONAL A LA POSIBILIDAD
DEL QUE DEBE DARLOS Y A LA NECESIDAD DEL QUE DEBE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO).
De lo dispuesto en los artículos 150 y 285 del Código Civil del Estado de México, se advierte que la
obligación de ambos cónyuges de proporcionarse alimentos surge con motivo de su matrimonio;
además, para el caso en que éste se disuelva mediante el divorcio necesario o contencioso, el propio
ordenamiento prevé diversas consecuencias para el cónyuge que causó la disolución del vínculo
matrimonial, entre las que se encuentra la contenida en su artículo 271, primer párrafo, consistente en
que el cónyuge inocente tendrá derecho a alimentos, siempre que se reúnan los requisitos que para el
caso de la mujer y el del varón prevé. En congruencia con lo anterior, se concluye que en razón de
dicha disolución para el cónyuge culpable subsiste la obligación de otorgar alimentos al cónyuge
inocente, por lo que debe otorgarlos como lo venía haciendo o debía hacerlo dentro del matrimonio, es
decir, conforme al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 294 del código indicado, de
manera que la pensión que por ese concepto se decrete deberá ser proporcional a la posibilidad del
que debe otorgarla y a la necesidad del que debe percibirla. Lo anterior se corrobora con la disposición
contenida en el señalado numeral 285, consistente en que: "Los cónyuges deben darse alimentos. La
ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la
misma ley señale.", ya que de ella se desprende que el citado artículo 271 sólo precisa que en los casos
de divorcio necesario, para el cónyuge culpable, subsiste la obligación de proporcionar alimentos al
cónyuge inocente, por lo que ésta debe cumplirse de la manera en que se haría en el caso de continuar
casados.
1a./J. 53/2002
Contradicción de tesis 86/2001-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. 30 de agosto
de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan N. Silva
Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.
Tesis de jurisprudencia 53/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de
treinta de agosto de dos mil dos, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente
Juan N. Silva Meza, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y Castro.
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo
XVI, Noviembre de 2002. Pág. 5. Tesis de Jurisprudencia.
22
7
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ALIMENTOS. CUANDO SE FIJAN CON BASE EN LAS PERCEPCIONES SALARIALES DEL DEUDOR
ALIMENTISTA, DEBEN TOMARSE EN CUENTA TODAS AQUELLAS PRESTACIONES ORDINARIAS O
EXTRAORDINARIAS QUE OBTENGA COMO PRODUCTO DE SU TRABAJO QUE CONSTITUYAN UN INGRESO
DIRECTO A SU PATRIMONIO, EXCLUYÉNDOSE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN.
El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el salario se integra con los pagos hechos en
efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones
en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. En ese
sentido, la interpretación literal de ese precepto, conduce a establecer que cuando la ley laboral se
refiere a cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, se debe
entender en relación con todas las prestaciones ya sean ordinarias o extraordinarias, dado que
objetivamente forman parte de su posibilidad económica, pues la única limitante que se impone para
que las percepciones formen parte del salario, es que se entreguen al trabajador como producto de su
trabajo, las cuales pueden ser generadas sólo por periodos determinados, sujetos a que se labore o no.
Por tanto, para los efectos de fijar la pensión alimenticia, se deben considerar las horas extras,
aguinaldo, prima vacacional, gasolina y demás remuneraciones que se entreguen al trabajador con
motivo del trabajo desempeñado, siempre y cuando constituyan un ingreso directo a su patrimonio,
independientemente de que sean ordinarias o extraordinarias, ello sin desatender que cuando no se
obtengan, la obligación alimentaria necesariamente se fijará sobre la percepción que se genere en ese
momento. Se excluyen del supuesto anterior, los viáticos y gastos de representación, porque si bien
constituyen prestaciones extraordinarias, los mismos no son entregados al trabajador como producto
de su trabajo.
1a./J. 114/2005
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Contradicción de tesis 11/2005-PS. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo
Sexto Circuito, Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Tribunal Colegiado del
Vigésimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito). 6 de julio de 2005.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño
Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Rogelio Alberto
Montoya Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 114/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de
fecha diez de agosto de dos mil cinco.
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo
XXII, Octubre de 2005. Pág. 37. Tesis de Jurisprudencia.
22
8
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ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. EN LA SENTENCIA QUE DECLARA INFUNDADA LA ACCIÓN DE DIVORCIO
NECESARIO EL JUEZ PUEDE DECRETAR LA PENSIÓN RESPECTIVA A FAVOR DEL ACTOR, PARA CUBRIRSE DENTRO
DEL MATRIMONIO SUBSISTENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
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Si en un juicio ordinario de divorcio necesario se invoca la causal prevista en el artículo 267, fracción XII, del
Código Civil para el Distrito Federal, referida al incumplimiento del deber de los cónyuges de ministrarse
alimentos, y la acción de divorcio resulta infundada, dentro de ese mismo juicio el Juez puede decretar una
pensión alimenticia a favor del cónyuge actor, para cubrirse dentro del matrimonio subsistente, aun cuando éste
hubiere demandado una prestación diversa -la disolución del vínculo matrimonial-. Ello es así, porque la acción
autónoma de alimentos dentro del vínculo conyugal -distinta de la derivada del divorcio- es una cuestión de
derecho familiar, en términos de los artículos 940, 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, que guarda estrecha relación con el debate sostenido en el juicio ordinario de divorcio -la
necesidad del actor de percibir alimentos, así como la obligación y la capacidad del demandado para
sufragarlos- por lo que su apreciación y resolución escapan de las reglas generales del derecho procesal civil y,
por tanto, debe analizarse conforme a la normatividad que autoriza al Juez a intervenir de oficio, suplir los
principios jurídicos y la legislación aplicable y, por ende, variar la litis para pronunciarse sobre prestaciones que
no fueron demandadas en el escrito inicial. Sostener lo contrario haría nugatorio el derecho del acreedor
alimentario a que se resuelva de inmediato la cuestión efectivamente planteada -la falta de ministración de
alimentos- y podría tornar inoportuna la atención de esa necesidad que de suyo implica la subsistencia de la
persona ya que se genera de momento a momento. Ahora bien, lo anterior se condiciona a lo siguiente: a) que
la acción de divorcio se haya intentado con base en la causal prevista en la fracción XII del artículo 267 del
Código Civil para el Distrito Federal, con el objeto de que el pronunciamiento final del juzgador, en relación con
los alimentos dentro del matrimonio, esté vinculado con lo debatido en la litis de divorcio -el incumplimiento de
la obligación alimenticia entre cónyuges-; b) que previamente se compruebe que se ha satisfecho el derecho de
audiencia del demandado, es decir, que al contestar la demanda se refiera a los alimentos; y, c) que en los autos
del juicio natural consten elementos suficientes para fijar la pensión alimenticia, con base en el material
probatorio rendido, sin perjuicio de la facultad del Juez de lo familiar para cerciorarse de la veracidad de los
hechos, en términos del artículo 945 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Además, cabe
señalar que no es un contrasentido jurídico el hecho de que, por un lado, no prospere la acción de divorcio
fundada en la causal prevista en la fracción XII del artículo 267 mencionado y, por otro, resulte procedente fijar
una pensión alimenticia dentro del matrimonio subsistente a favor del actor, pues el juicio de divorcio necesario
es de estricto derecho y pueden existir variables de orden sustantivo o adjetivo que impidan a la parte actora
obtener la pretensión por lo que el juzgador puede estimar pertinente prever situaciones futuras y pronunciarse
al respecto.
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1a./J. 47/2007
Contradicción de tesis 116/2006-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo
Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 14 de marzo de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 47/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha catorce
de marzo de dos mil siete.
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXV, Mayo
de 2007. Pág. 48. Tesis de Jurisprudencia.
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ALIMENTOS. CONVENIENCIA DE SU FIJACIÓN EN UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS DEL DEUDOR.
La fijación de una pensión alimenticia en forma definitiva consistente en el porcentaje del sueldo
mensual y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor por el producto de su
trabajo, en lugar de que esa fijación se haga en cantidad líquida, no agravia a la acreedora ya que en
cualquier caso, la fijación debe sujetarse a la regla de proporcionalidad de los alimentos prevista en el
artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, independientemente de que la fijación de una
pensión alimenticia consistente en un porcentaje de los ingresos del deudor, es más conveniente en la
medida en que se ajusta a las circunstancias que son cambiantes con la realidad social.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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I.3o.C. J/41
Amparo directo 4834/92. 10 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra
Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.
Amparo directo 364/2006. 17 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco
Mota Cienfuegos. Secretario: Pablo Issac Nazar Calvo
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Amparo directo 379/2006. 17 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López
Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.
Amparo directo 442/2006. 21 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López
Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.
Amparo directo 595/2006. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López
Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.


Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Pág. 2341. Tesis de Jurisprudencia.
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ALIMENTOS, FORMA DE FIJARSE EL MONTO DE LA PENSION.
Para fijar el monto de la pensión, en términos generales debe dividirse el ingreso del deudor
alimentista entre los acreedores alimentarios y el mismo deudor, dividiendo el cien por ciento
del ingreso entre estos últimos y el propio deudor, por tanto, si al deudor alimentista se le
cuenta "como dos personas", tal razonamiento resulta correcto ya que debe atender a sus
propias necesidades que por sus circunstancias personales, son mayores frente a sus
acreedores.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.
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XX. J/34
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Amparo directo 356/91. María Elena Santiago Mancilla. 19 de septiembre de 1991. Unanimidad
de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Casto Ambrosio Domínguez Bermúdez.
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Amparo directo 446/93. Guadalupe Eleria García y otros. 2 deseptiembre de 1993. Unanimidad
de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Noé Gutiérrez Díaz.
Amparo directo 66/95. José Aldo Zúñiga Villanueva. 27 de abril de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Luis Armando Mijangos Robles.
Amparo directo 44/96. Florinda López Reyes. 6 de junio de 1996. Unanimidad de votos.
Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González.
Amparo directo 385/96. Carmen Gallegos López. 8 de agosto de 1996. Unanimidad de votos.
Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Víctor Alberto Jiménez Santiago.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Epoca. Tomo IV, Septiembre de 1996. Pág. 451. Tesis de Jurisprudencia.
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ALIMENTOS ENTRE LOS CONYUGES.
Siendo la regla general, en cuanto a alimentos de los cónyuges se refiere, la de que el marido
debe darle alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del
hogar, es concluyente que cuando en un caso la mujer demanda el pago de alimentos, al
marido incumbe la obligación de probar que aquélla no los necesita, bien porque tenga bienes
propios o bien porque desempeñe algún trabajo o alguna profesión, oficio, o comercio, ya que
dejar la carga de esta prueba a la actora sería tanto como obligarla a probar hechos negativos,
o sea que carece de empleo, de bienes y en general de toda fuente de ingreso, lo cual es
sencillamente ilógico y antijurídico.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o. J/228
Amparo directo 235/88. José Fermín Cabrera Sánchez. 24 de agosto de 1988. Unanimidad de
votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera.
Amparo directo 40/90. Enrique Solís Turbín. 31 de enero de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 175/90. Miguel Hernández Ortega. 11 de mayo de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 571/91. Herminia Ida Cuéllar García. 22 de enero de 1992. Unanimidad de
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.
Amparo directo 360/92. Wenceslao Miguel Juárez Flores. 29 de septiembre de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Octava Epoca. Número 59, Noviembre de 1992. Pág. 70. Tesis de Jurisprudencia.
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ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS.
Por regla general, la promoción de un juicio a efecto de exigir suministro de alimentos,
lógicamente presupone la imperiosa necesidad de recibirlos.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
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VI.2o. J/142
Amparo directo 102/89. Francisco Espinosa Carriles. 27 de abril de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.
Amparo en revisión 326/95. Fernando Hidalgo Trujillo. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.
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Amparo directo 173/97. Alberto Huerta Hernández. 16 de abril de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.
Amparo directo 80/98. José Othón Martínez Ruiz. 12 de marzo de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.
Amparo directo 242/98. Alejandro Roberto Téllez Roa. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.
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
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo VIII, Agosto de 1998. Pág. 688. Tesis de Jurisprudencia.
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ALIMENTOS. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE PROVEER DE OFICIO RESPECTO DE ELLOS, AL
DICTAR SENTENCIA EN CUALQUIER INSTANCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIESEN SOLICITADO EN
VÍA DE EXCEPCIÓN O RECONVENCIÓN.
En los asuntos del ámbito familiar, tanto el Juez de primer grado como la ad quem, están
facultados para pronunciarse de oficio y proveer en la sentencia de divorcio y declaración de
custodia de menores, sobre los alimentos de éstos, así como de suplir en su favor la
deficiencia de sus planteamientos, porque es imprescindible y de suma preferencia que en la
sentencia que resuelva la situación que van a guardar dichos menores, se decida lo relativo a
su derecho de recibir alimentos, no siendo óbice a lo anterior, la circunstancia de que no se
hubiesen solicitado en vía de excepción al contestar la demanda o reconvenido su pago, toda
vez que es de explorado derecho que la figura jurídica de los alimentos es una cuestión de
orden público y de urgente necesidad, que quedaría sin satisfacerse plenamente si se obligara
a los acreedores a ejercitar una nueva acción para obtenerlos.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.6o.C. J/47
Amparo directo 2336/2000. 21 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente:
Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez.
Amparo directo 7326/2002. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente:
Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: César Cárdenas Arroyo.
Amparo directo 2596/2003. 12 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R.
Parrao Rodríguez. Secretario: César Cárdenas Arroyo.
Amparo directo 1526/2004. 1o. de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R.
Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo
Amparo directo 7176/2004. 28 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R.
Parrao Rodríguez. Secretario: Carlos Alberto Hernández Zamora.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXI, Enero de 2005. Pág. 1483. Tesis de Jurisprudencia.
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PENSION ALIMENTICIA, AUMENTO DE LA. HECHOS NOTORIOS.
El alto costo de la vida es un hecho evidente, conceptuado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia firme,
como lo que es público y sabido de todos; y de acuerdo a lo estatuido
por el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Tabasco, como lo que no requiere ser probado. Sin embargo, para
obtener el aumento de una pensión alimenticia decretada en juicio, es
lógica y jurídicamente necesario que la parte actora exponga en su
demanda y pruebe durante el procedimiento las causas que alteraron la
proporcionalidad entre las percepciones económicas del deudor y las
necesidades del acreedor, para que se justifique así el incremento
solicitado; pero si estas cuestiones no se demuestran y la resolución
del juicio anterior fijó a favor del acreedor alimentario el pago de una
pensión en porcentaje, cuyo monto se acreditó indudablemente con los
sucesivos aumentos del salario y demás prestaciones que ha obtenido
el deudor, adiciones económicas que se originan casi paralelamente
con el aumento del costo de la vida, como éste, aquellos tampoco
requieren ser probados por ser evidentes.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO.
T.C.
Amparo directo 139/85. Gabriel Jiménez León. 18 de octubre de 1985.
Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Duarte Aguíñiga.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación, Séptima Epoca. Volumen 205-216 Sexta Parte. Pág.
593. Tesis Aislada.
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ALIMENTOS. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN NO GENERA LA
CONSECUENCIA DE QUE AL DEUDOR SE LE IMPIDA EL DERECHO DE CONVIVENCIA
QUE TIENE PARA CON SUS HIJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
Aun cuando se justifique que el demandado en el juicio de alimentos de origen
dejó de cubrir parcialmente el monto fijado por ese concepto, tal situación por sí
misma es insuficiente para tener por demostrada la existencia de una oposición
fundada al ejercicio de los derechos de visita y convivencia que le asisten como
padre, habida cuenta que la ley no sanciona dicho incumplimiento con la privación
del derecho que tiene en relación con sus hijos, en ejercicio de la patria potestad;
lo anterior es así, porque de lo establecido en los artículos 598, 600 y 637 del
Código Civil para el Estado de Puebla, se infiere que el derecho de convivencia
entre los menores y su padre no puede impedirse, suspenderse o perderse, si no
sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa. Por lo cual, si no
existe ésta, al ser insuficiente la aducida por la recurrente, ni actualizarse diverso
motivo legal que impida la convivencia del progenitor con sus hijos, se concluye
que no hay razón para negar ese derecho como consecuencia del incumplimiento
de aquella obligación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.C.357 C
Amparo en revisión 197/2003. 19 de junio de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XVIII, Agosto de 2003. Pág. 1672.
Tesis Aislada.
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ALIMENTOS. LA PERICIAL ES PRUEBA IDÓNEA
PARA CALCULAR LOS GASTOS.
El testimonio de una persona no es idóneo
para calcular los gastos indispensables de
los acreedores alimentarios, pues lo sería
en su caso la pericial.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
II.1o.C.T.126 C
Amparo directo 1370/96. Jesús Alejandro Lavat Romo. 4 de febrero de 1997.
Mayoría de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Disidente: Enrique Pérez
González. Secretaria: Elizabeth Serrato Guisa.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo V, Mayo de 1997. Pág. 593. Tesis
Aislada.
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ALIMENTOS. AUMENTO DE LA PENSION ALIMENTICIA.
Para la procedencia del incremento en la pensión alimenticia, no basta con el solo
hecho de que por razón natural aumenten los gastos de los menores debido a su
crecimiento, sino que es necesario también demostrar que el grado de capacidad
económica del deudor alimentario se ha incrementado en tal magnitud que pueda
soportar un aumento en la pensión, en puntual observancia de lo preceptuado por
el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal; que establece una
proporcionalidad entre la posibilidad del que debe dar los alimentos y la
necesidad del que debe recibirlos, por lo que no es factible tomar en
consideración únicamente este último requisito para concluir en la procedencia
del aumento de la pensión, pasando por alto el concerniente a la posibilidad del
que debe otorgar los alimentos, dada la proporcionalidad que debe imperar en el
otorgamiento de alimentos, pues el ejercicio de la acción alimentaria requiere que
el acreedor demuestre no sólo la necesidad de percibir alimentos, sino también la
circunstancia de que el deudor se encuentre en posibilidad económica de
sufragarlos, dado que ambos son requisitos que deben concurrir para determinar
la proporcionalidad de la pensión alimentaria.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
T.C.
Amparo en revisión 1037/90. Guillermo Olvera Esquivel. 24 de enero de 1991.
Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretaria: Ana
María Nava Ortega.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Octava Epoca. Tomo VII, Febrero de 1991. Pág. 136. Tesis Aislada.
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ALIMENTOS PROVISIONALES, REDUCCION DE LAS PENSIONES DE, EN
JUICIOS DE DIVORCIO.
Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, la infracción consistente
en que la responsable omitió substanciar el incidente promovido por el
quejoso, en un juicio de divorcio, para que se redujera la pensión
alimenticia que debía ministrar a la mujer, no es de las que dan lugar al
amparo directo contra la sentencia definitiva, por violaciones
substanciales de procedimiento que dejen sin defensa, toda vez que la
fijación de alimentos provisionales o la reducción de la cantidad que
antes se haya fijado con carácter provisional también, constituye una
situación jurídica completamente independiente que, por su propia
naturaleza, no puede afectar ni tener trascendencia en la sentencia
definitiva que se dicte en el juicio de divorcio, la cual debe ocuparse de
la procedencia o improcedencia, en definitiva, de la pensión alimenticia,
según que haya procedido, o no, la acción principal. Por otra parte, la
reducción de esa pensión no debe demandarse en un incidente, sino
mediante el juicio sumario respectivo.
3a.
Amparo civil directo 5031/40. Rocco de la Fuente Nicolás. 15 de marzo
de 1950. Unanimidad de cuatro votos. El ciudadano Ministro Roque
Estrada no intervino en la resolución de este asunto por las razones que
constan en el acta del día. Ponente: Carlos I. Meléndez.
Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación,
Quinta Epoca. Tomo CIII. Pág. 2421. Tesis Aislada.
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ALIMENTOS, POSIBILIDAD ECONOMICA DEL DEUDOR, EXISTE AUNQUE
ESTE NO SEA DUEÑO DE VARIOS BIENES SINO DE UNO SOLO (ALCANCE
DE LA EJECUTORIA VISIBLE EN LA PAGINA 250 DE LA SEGUNDA PARTE
DEL APENDICE 1917-1988 DE LA VOZ "ALIMENTOS. POSIBILIDAD
ECONOMICA DEL DEUDOR ALIMENTISTA").
Aunque es verdad que en dicha ejecutoria se menciona que la
posibilidad económica del deudor alimentista se justifica demostrando
que éste es dueño de bienes, es inexacto, en cambio, que dicho
requisito sólo se acredite comprobando que aquél es propietario de una
pluralidad (varios) de bienes, pues de opinarse de esa manera llevaría al
absurdo de considerar que no afecta la pretendida posibilidad
económica el valor intrínseco de un solo bien, aspecto que
indudablemente no se debe descartar porque el costo de la propiedad es
el que sirve para cuantificar el patrimonio.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
T.C.
Amparo directo 196/92. Mario Héctor González Olvera. 30 de abril de
1992. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Angeles E. Chavira
Martínez. Secretario: Luis Rubén Baltazar Aceves.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación, Octava Epoca. Tomo XII, Agosto de 1993. Pág. 332.
Tesis Aislada.
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ALIMENTOS. NO DEBE TENER ORIGEN DOGMATICO LA CANTIDAD
QUE LA RESPONSABLE FIJE POR CONCEPTO DE.
Si del examen de la resolución reclamada se aprecia que la
responsable fija una pensión alimenticia sin precisar el monto de
los ingresos que estima percibe el deudor alimentista, ni la
forma en que esos ingresos deberán ser repartidos entre sus
distintos acreedores, sin expresar quiénes son todos ellos, es
inconcuso, que esa pensión decretada tiene origen dogmático
que ocasiona perjuicios al quejoso.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.
T.C.
Amparo directo 365/93. Liliana Patricia Moreno Cancino y
Yesenia Moreno Cancino. 1o. de julio de 1993. Unanimidad de
votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Miguel
Angel Perulles Flores.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación, Octava Epoca. Tomo XII, Septiembre de
1993. Pág. 175. Tesis Aislada.
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ALIMENTOS, SU PAGO. EL MONTO DE LA CONDENA IMPUESTA DEBE
FUNDARSE Y MOTIVARSE.
La condena impuesta al deudor alimentista, sin encontrarse
debidamente fundado y motivado su monto, viola las disposiciones
contenidas en los artículos 294, en relación con el 300, del Código Civil
del Estado de México, pues para que los alimentos sean proporcionados
a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe
recibirlos, la Sala habrá de precisar con que medios de prueba se
justificó la necesidad de la pensión alimenticia en la cuantía reclamada,
así como los ingresos del demandado que sirvieron de base para
determinar el monto de su obligación.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
T.C.
Amparo directo 82/93. Gildardo Vega López. 24 de febrero de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo.
Secretaria: Vianey Gutiérrez Velázquez.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación, Octava Epoca. Tomo XII, Agosto de 1993. Pág. 333.
Tesis Aislada.
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ALIMENTOS. LOS CRÉDITOS POR ESE CONCEPTO SON PREFERENTES RESPECTO DEL
GARANTIZADO MEDIANTE HIPOTECA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
De la interpretación de los artículos 276 y 1815, fracción III, del Código Civil del
Estado de Jalisco se pone de manifiesto que los alimentos guardan un sitio de
privilegio frente al crédito hipotecario, en la proporción que la propia ley señala,
ya que el primero establece el derecho preferente del cónyuge sobre los bienes
propios del otro y sobre los productos e ingresos que sean necesarios para los
gastos de alimentación del cónyuge y sus hijos; y, el segundo que aunque alude a
los concursos, determina la prelación de los créditos, sin que se advierta que los
derivados de una hipoteca figuren dentro de las fracciones anteriores en que se
ubica a los créditos alimentarios. No es óbice que el diverso numeral 1816 del
mismo cuerpo de leyes establezca que los acreedores hipotecarios y los
pignoraticios no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos,
pues ello no significa que tengan el derecho preferente, porque no lo establece así
ningún precepto del código de mérito, a diferencia de los créditos por alimentos.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
III.4o.C.19 C
Amparo directo 580/2003. 13 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Jaime Julio López Beltrán. Secretario: Emilio Gutiérrez Ramírez.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XIX, Febrero de 2004. Pág. 977.
Tesis Aislada.
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
ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA
DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES
DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL
ACREEDOR NO DEMOSTRO EN EL JUICIO LA
NECESIDAD DE RECIBIRLAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 452/2010. ENTRE
LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
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
ALIMENTOS Y DIVORCIO. ES PRINCIPAL LA ACCION DE ALIMENTOS Y COMPETENTE PARA CONOCER DE
ELLA EL JUEZ DE LA RESIDENCIA DE LA ACTORA.
Si la actora demandó el divorcio fundándose en la separación de la casa conyugal por más de seis
meses, sin causa justificada, por el cónyuge demandado y en la negativa de éste de darle alimentos,
como también éstos se reclaman por la cónyuge promovente para ella y sus menores hijos en cuanto
demanda la fijación de una pensión definitiva para ese fin, debe entenderse que la acción principal
ejercitada es la relativa al pago de alimentos, por el carácter urgente y perentorio de tal prestación,
teniendo en cuenta para ello la regla de excepción que establecen los artículos 281 del Código Civil
para el Estado de Michoacán y 323 del Código de esa materia para el Distrito Federal, en los que se
determina que la esposa que, sin culpa suya, se vea obligada a vivir separada de su marido, podrá
pedir al juez de primera instancia, del lugar de su residencia, que obligue a su esposo a darle
alimentos durante la separación, y a que le ministre todos los que haya dejado de darle desde que la
abandonó, por lo que, de conformidad con esas reglas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32
del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe resolverse el conflicto competencial a debate en
favor del juez ante quien se promovió el juicio relativo, tanto más si de las actas de nacimiento de los
menores aparece como domicilio de los esposos el de jurisdicción de dicho juez.
46
Sexta Epoca:
Competencia 60/55. Entre el Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de México, Distrito Federal y el
Juez Mixto de Primera Instancia de Yautepec, Morelos. 1o. de octubre de 1957. Mayoría de quince
votos.

Competencia 79/58. Entre el Juez Segundo del Ramo Civil de Tapachula, Chiapas y el Juez Tercero de
lo Civil de la ciudad de México, Distrito Federal. 6 de enero 1958. Unanimidad de dieciocho votos.

Competencia 149/57. Entre el Juez Décimo de lo Civil de la ciudad de México, Distrito Federal y el Juez
de Primera Instancia de Pátzcuaro, Michoacán. 11 de noviembre de 1958. Unanimidad de quince votos.


Competencia 148/58. Entre el Juez Décimo Quinto de lo Civil de la ciudad de México, Distrito Federal y
el Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz. 21 de febrero de 1961. Unanimidad de diecisiete
votos.




Competencia 122/60. Entre los Jueces Primero de lo Civil de esta capital y Primero de Primera Instancia
de Uruapan, Michoacán. 21 de febrero de 1961. Unanimidad de diecisiete votos.
Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995, Sexta Epoca. Tomo IV, Parte SCJN. Pág. 30. Tesis de
Jurisprudencia.
24
5
CAPITULO II
DE LOS ALIMENTOS
ARTICULO 298.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de
pedirlos.
ARTICULO 299.- Los cónyuges deben darse alimentos. La Ley determinará cuando queda subsistente
esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma Ley señale.
ARTICULO 300.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de
los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más
próximos en grado.
ARTICULO 301.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de
los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. En el caso de aquellos adultos mayores
de sesenta años de edad, que carezcan de capacidad económica, deberán proporcionarles, dentro de
sus posibilidades económicas, lo necesario para su atención geriátrica, de preferencia integrándolos a
la familia. Reforma
ARTICULO 302.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae
en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los que fueren de madre solamente, y en
defecto de ellos, en los que fueren sólo de padre.
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar
alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado.
24
6
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
ARTICULO 303.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo
anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a la
edad de dieciocho años.
También deben alimentar a sus parientes dentro del grado mencionado, que fueren
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.
ARTICULO 303 BIS.- Los acreedores alimentarios tendrán derecho preferente sobre los
ingresos y bienes de quien tenga dicha obligación, respecto de otra calidad de
acreedores.
ARTICULO 304.- En la adopción, se aplicará lo dispuesto por las reglas relativas al
parentesco por consanguinidad, tratándose de la obligación de dar alimentos entre las
personas que concurran en los términos del artículo 290 de este ordenamiento.
ARTICULO 305.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y los
gastos correspondientes a la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de las personas
menores de dieciocho años de edad, se comprende por alimentos, además, los gastos
necesarios para la educación básica y la media superior obligatoria del alimentista y, para
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo,
capacidades, potencialidades y circunstancias personales. También comprende, la
atención a las necesidades resultantes de algún tipo de trastorno del desarrollo,
discapacidad y de sano esparcimiento.
ARTICULO 306.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión
competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se
opone a ser incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, fijar la manera de
ministrar los alimentos.
24
7
ARTICULO 307.- El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia el que debe recibir
los alimentos, cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro, y cuando haya
inconveniente legal para hacer esa incorporación.
ARTICULO 308.- Los alimentos han de ser proporcionados a la personalidad del que debe darlos y a la
necesidad del que debe recibirlos.
Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y el cónyuge que se
dedique a las labores del hogar, gozarán de la presunción de necesidad de alimentos.
ARTICULO 309.- Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieren la posibilidad para
hacerlo, el Juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes.
ARTICULO 310.- Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los
alimentos; y si uno sólo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación.
ARTICULO 311.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para
ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado.
ARTICULO 312 .- Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos:

I.- El acreedor alimentario;

II.- El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad;

III.- El tutor;

IV.- Los Hermanos y demás parientes colaterales dentro de cuarto grado;

V.- El Ministerio Público;

VI.- El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia.
24
8
ARTICULO 313.- Si las personas a que se refieren las Fracciones II, III y IV del artículo anterior no
pueden representar al acreedor alimentario en el juicio en que se pida el aseguramiento de los
alimentos, se nombrará por el Juez un tutor interino.
ARTICULO 314.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, o depósito de cantidad
bastante a cubrir los alimentos.
ARTICULO 315.- El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. Si administrare
algún fondo destinado a ese objeto, por él dará garantía legal.
ARTICULO 316.- En los casos en que los que ejerzan la patria potestad gocen de la mitad del usufructo
de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha mitad, y si ésta no alcanza a
cubrirlos, el exceso será de cuenta de los que ejerzan la patria potestad.
ARTICULO 317.- Cesa la obligación de dar alimentos:
I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla;
II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;
III.- En caso de injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos;
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al
trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas;
V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por
causas injustificables.
ARTICULO 318.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción.
24
9
ARTICULO 319.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o
estándolo rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los miembros
de su familia con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas que
éstos contraigan para cubrir esa exigencia, pero sólo en la cuantía
estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que no se trate de gastos
de lujo..
ARTICULO 320.- El cónyuge que se haya separado del otro sigue obligado a
cumplir con los gastos a que se refiere el artículo 161. En tal virtud, el que no
haya dado lugar a ese hecho, podrá pedir al Juez de Primera Instancia de lo
Familiar, que obligue al otro a que le ministre los gastos por el tiempo que
dure la separación en la misma proporción en que lo venía haciendo hasta
antes de aquella, así como también satisfaga los adeudos contraídos en los
términos del artículo anterior. Si dicha proporción no se pudiera determinar,
el Juez, según las circunstancias del caso, fijará la suma mensual
correspondiente y dictará las medidas necesarias para asegurar su entrega y
de lo que ha dejado de cubrir desde que se separó. Reforma
ARTICULO 320 BIS.- Toda a persona a quien, por su cargo, corresponda
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores
alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el
Juez de lo Familiar; de no hacerlo, será sancionada en los términos
establecidos en el Código de Procedimientos Civiles.
25
0
1.1 CONCEPTO.
Del latín custos que significa guarda o guardián y ésta a su vez deriva
del curtos, forma del verbo curare que quiere decir cuidar.
Es por lo tanto la acción y el efecto de custodiar o sea guardar con
cuidado alguna cosa.
En virtud de la custodia, una persona o una institución asumen el
cuidado y atención personal de seres humanos.
25
1
En el dictamen del nuevo Código Civil para el Estado de Jalisco, los legisladores dedicaron un
apartado especial a la custodia, que dada su importancia me permito transcribir:
“Una institución social que día a día adquiere mayor carta de naturalización en la vida de los
jaliscienses, es la relativa a la custodia de personas. Por virtud de ella una persona o una
institución asumen de manera parcial o definitiva el cuidado y atención personal de los seres
humanos; día a día esta institución tiende a lograr una mayor perfectibilidad, ya que toda
institución debe de tener su sustento en la legislación, porque todas ellas producen
consecuencias de índole jurídica.
Diversas razones nos han llevado a tomar en consideración el legitimar en el campo del
derecho civil a esta institución, ya que por política económica, médica, didáctico-formativa o
social, muchas familias se han encontrado con la necesidad de recurrir a esta figura.
Así tenemos que con la incorporación de la mujer a las actividades productivas o intelectuales
y sin que ello implique el abandono de sus funciones naturales de madre y esposa o
simplemente de la primera de ellas, se debe de contar con personas o establecimientos que se
hagan cargo del cuidado y atención de sus hijos en las horas que ellas tienen que
desempeñarse en esos menesteres. por razones de orden médico se tendrá muchas veces que
encargar el cuidado y atención de una persona enferma a quien profesionalmente la pueda
atender mejor para su bienestar, el ser humano alcanza su categoría de tal solamente cuando
se desarrolla en sociedad, y habrá mayor plenitud en este desarrollo cuando a edad temprana
tenga relaciones de convivencia como parte de una buena educación que le enseñe a valerse
por sí mismo, a respetar a sus semejantes y a ubicarse en un contexto social.
25
2
Las modernas escuelas pedagógicas señalan la importancia de insertar a la niñez
a
temprana edad en jardines educativos... así se entiende que una madre y una familia
por más esmero y atención que tengan hacia los pequeños, no podrán nunca igualar en
proporcionar a los destinatarios de esas atenciones, a las que puede adquirir cuando entra en
correlación con otros seres igualmente pequeños e indefensos que él y potencialmente
mejores receptores de las reglas de convivencia humana.
Se desarrollan en los infantes las básicas nociones y consideraciones de igualdad humana, de
autoevaluación y de autoestima, de independencia respecto de sus familiares quienes todo
procuran hacer por ellos y se inicia en esa forma la necesidad de aprender a valerse por sí
mismos. Finalmente, cuando algún individuo atenta contra los valores sociales y agrede a la
comunidad, debe ser segregado por esta de la convivencia humana e internarlos en
establecimientos para que más que un motivo de venganza, se les readapte para que puedan
vivir en sociedad.
La custodia en consecuencia, no puede significar bajo ninguna circunstancia el abandono de
los deberes que tienen quienes por una parte ejercen la patria potestad o la tutela sobre
ciertas y determinadas personas, si no que por el contrario, significa que el destinatario de
ella, va a resultar beneficiado en forma directa por ello, esta custodia debe hacerse con
reconocimiento pleno de sus derechos que tiene como persona.
25
3
Cuando se emprendió la consulta pública para la actualización de la legislación civil en el
estado, se tenía el concepto de reconocer la situación que guardaban los llamados “hijos de
crianza”, que es aquella situación, por virtud de la cual, una persona es acogida en el seno de
una familia tomando en consideración lazos de parentesco o con motivo de actos religiosos
sancionados por la costumbre. Esta institución es muy frecuente en las clases populares de
nuestra colectividad; se buscaron antecedentes sobre la misma y se pensó que el nombre con
que debería instituirse sería el de agnación que en el derecho clásico fue conocida como la
arrogación. Pero en el desarrollo de las tareas de consulta pública, se llegó a la conclusión de
que esta institución había sido rebasada por la que hoy se propone en esta iniciativa, la
custodia, que es más amplia y precisa. De la idea original únicamente se rescatan los
principios de que el custodiado está obligado a guardar respeto y consideración a la familia
que se le otorga, ya que a su vez es estimado como hijo de familia; como consecuencia lógica
y por razones de reciprocidad también produce la obligación alimentaria.
Además, con la institución de custodia, se quiso separar la desigual consideración que se
tenía respecto de la institución de la patria potestad, porque en ocasiones, cuando se daban
los casos de divorcio, implícitamente estaba considerada la reclamación sobre la pérdida de la
patria potestad y muchas veces por cuestiones de índole estrictamente personal que daban
lugar al divorcio, trascendían hasta los hijos que en virtud de la pérdida de la patria potestad
también significaban la pérdida de la posibilidad de la custodia. En esta situación el más
afectado por la ruptura de la relación afectiva de la paternidad lo eran los hijos menores.
Ahora se distingue que la pérdida de la patria potestad no implica la pérdida de las facultades
y los deberes de custodia, que estos son inherentes a la calidad humana de las personas y por
lo mismo, no pueden ser objeto de discusión o planteamiento jurisdiccional.
25
4
La custodia siempre es beneficio directo de su destinatario, con reconocimiento
pleno de sus derechos de personalidad y con respeto a su integridad y dignidad
humana.
La custodia confiere a quien la ejerce la facultad de aplicar correcciones
disciplinarias y proporcionar en su caso auxilio para el mantenimiento y
recuperación de la salud física y psíquica.
El Consejo de Familia, sea Estatal, Municipal o Intermunicipal en el ámbito de
su competencia territorial, deberá intervenir, consentir y dar seguimiento en
todo tiempo y circunstancia en los casos de custodia, de conformidad con las
normas legales aplicables, se suprimió por el legislador que se verificaran las
condiciones de convivencia de la persona entregada en custodia, lo que
constituye un grave retroceso, al no tener memoria histórica del caso que llevó
a la muerte de un menor por la falta de verificación en las condiciones de
convivencia por parte del Consejo de Familia.
25
5
Custodia personal, cuando se realiza por una persona o familia determinada, el custodiado
tendrá las obligaciones de respeto y consideración que se le deben de tener a quien la
ejerce, como si fuera hijo de familia, incluyendo la obligación alimentaria, pues toda persona
que hubiere recibido alimentos de una institución ya sea pública, privada o descentralizada
tienen la obligación a su vez de proporcionar alimentos a otro interno de esas instituciones o
alguna similar.
Custodia institucional, es aquella que se ejerce por un establecimiento que puede ser de
gobierno, descentralizado o privado, cuyo fin lo sea el cuidado y atención de las personas.
Custodia temporal, cuando el custodiado es sujeto a ella en períodos continuos, sucesivos y
por un tiempo predeterminado (tracto sucesivo).
Custodia definitiva, cuando esta por un período continuo e indeterminado.
Custodia onerosa, la que lleva implícita una remuneración previamente establecida por las
partes.
Custodia voluntaria, la que libremente se conviene entre las partes a que tienen derecho.
25
6
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


Custodia gratuita, en la que no existe retribución económica a quien la presta.
Custodia forzosa, la que se lleva a cabo en cumplimiento de una resolución judicial, aun en
contra del consentimiento del custodiado y de los que en su caso ejerzan la patria potestad.
Custodia derivada de una sentencia de ilegitimidad, la prevista por el artículo 400 del Código
Civil del Estado de Jalisco y en la cual:
Los padres podrán convenir lo que consideren más adecuado sobre el cuidado y custodia de los
hijos........
La autoridad judicial aprobará o no el convenio según estime conveniente para el interés de los
hijos.
En caso de que los padres no llegaren a convenio o la autoridad judicial desaprobará el
convenio, ésta dictará las medidas que estime pertinentes, tomando en cuenta el orden de
preferencias a que se refiere el artículo 572 (ídem).
Puede la autoridad judicial ordenar que los hijos queden al cuidado del ascendiente o
ascendientes, paternos o maternos, según estime más conveniente, atendiendo siempre al
interés de los hijos.
La autoridad judicial en todo tiempo podrá modificar las determinaciones sobre custodia, esto
es, que no existe cosa juzgada, según las nuevas circunstancias de los hijos y el interés de
éstos.
25
7
Custodia como consecuencia de la demanda de divorcio o ilegitimidad matrimonial, artículo 414
(ídem):
“…IV. Señalar y asegurar por el juez y dictar en su caso las medidas precautorias que correspondan,
cuando la mujer quede encinta, así como poner a los hijos al cuidado de persona idónea.”
También se puede solicitar la custodia en la separación de personas como acto prejudicial prevista
por los artículos del 221 in fine 233 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco:
“Artículo 225:
Recibida la solicitud, el juez sin más trámite, salvo lo dispuesto en el artículo anterior resolverá
sobre su procedencia y si la concediera dictará las disposiciones pertinentes para que se efectúe
materialmente la separación atendiendo a las circunstancias de cada caso
en
particular
y
establecerá la situación de los hijos menores tomando en cuenta las obligaciones señaladas en el
Código Civil del Estado.
En el momento de la diligencia los cónyuges podrán de común acuerdo designar la persona que
tendrá a su cargo la custodia de los mismos. en ausencia del convenio, el juez dejará a la madre el
cuidado de los hijos que no hayan cumplido trece años, salvo que la madre se dedicase a la
prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el hábito de embriagarse, sea aficionada o adicta a las
drogas, tuviese alguna enfermedad contagiosa, por su conducta ofreciera peligro grave para la salud
o la moralidad de sus hijos o fuere negligente en el cuidado de los mismos.”
25
8
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




CCBC
ARTICULO 279.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se
dictarán provisionalmente y sólo mientras dure el juicio, las disposiciones siguientes:
Reforma
I.- Derogada;
II.- Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con el Código de
Procedimientos Civiles;
III.- Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge
acreedor y a los hijos;
IV.- Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar
perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal, en su caso;
V.- Dictar en su caso, las medidas Precautorias que la Ley establece respecto a la mujer
que queda encinta;
VI.- Poner a los hijos en cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren
designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, el
cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar
provisionalmente los hijos. El Juez, previo el procedimiento que fije el Código
respectivo, resolverá lo conveniente.
25
9
De igual manera se cuenta con el capítulo VI dentro del título Décimo Tercero
“De la jurisdicción voluntaria” en el Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Jalisco, denominado “De la custodia de las personas”:
“Artículo 1040.Podrá decretarse la custodia:




De menores o incapacitados sujetos a patria potestad, a tutela, a adopción en
trámite, si son maltratados por sus padres o tutores o reciben de éstos
ejemplos perniciosos o son obligados por ellos a cometer actos reprobados
por la ley;
De huérfanos o incapacitados que queden en el abandono por la muerte,
ausencia o incapacidad física de la persona a cuyo cargo estuvieron;
Del menor de edad que deseando contraer matrimonio necesite acudir a la
autoridad judicial para que supla el consentimiento de sus padres o tutores.
Del menor cuya adopción se tramita, en la persona o personas que lo
solicitan.”
26
0
ARTÍCULO 924.- Podrá decretarse el depósito: de las personas
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la
capacidad para comprender el significado del hecho, que se hallen
sujetos a la patria potestad o a tutela y que fueren maltratados por sus
padres o tutores, o reciban de éstos ejemplos perniciosos, a juicio del
Juez, o sean obligados por ellos a cometer actos reprobados por las
leyes; de las personas menores de dieciocho años de edad o personas
que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho
que queden en abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física
de la persona a cuyo cargo estuvieren.
La persona menor de dieciocho años de edad que deseando contraer
matrimonio necesite acudir a la autoridad competente para suplir el
consentimiento de sus padres, puede solicitar al Juez que determine
sobre su custodia.
26
1
“Artículo 1041.- En los casos de la fracción I del artículo anterior, para decretar la custodia
será necesario:
Que lo solicite por escrito el interesado;
Que se justifiquen los malos tratamientos, ejemplos perniciosos o abusos de los ascendientes
o tutores; y
Que se acredite que la adopción está en trámite
Estos hechos podrán acreditarse con información testimonial.
Custodia como consecuencia de la sentencia de divorcio, Artículo 415 del Código Civil del
Estado de Jalisco:
“…II. Respecto de la custodia:
a). Podrá convenirse entre los cónyuges, quien la tendrá, pero ésta podrá ser revocada en
cualquier momento a petición del cónyuge inocente;
b). A falta de convenio, la custodia corresponderá al cónyuge no culpable; si ambos cónyuges
fueren culpables, la custodia la ejercerá el ascendiente que corresponda y si no lo hubiese se
designará por el Consejo de Familia;
c). A la muerte del ex cónyuge inocente, tendrá la custodia el que sobreviva, salvo que exista
26
2
Custodia derivada del divorcio por mutuo consentimiento, artículos 406
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco:
Fracción I (ídem) y 764 Fracción I
“I. Designación del cónyuge a quien sean confiados los hijos del matrimonio, tanto durante el procedimiento
como después de ejecutoriado el divorcio y, en general, el arreglo de la situación de aquellos;…”
CCBC
ARTICULO 270.- Los cónyuges que se encuentren en el caso del último párrafo del artículo anterior, están
obligados a presentar al Juzgado un convenio en que se fijen los siguientes puntos:
I.- Designación de persona a quien sean confiados los hijos del matrimonio, tanto durante el procedimiento
como después de ejecutoriado el divorcio;
Para otorgar la custodia es necesario tomar en cuenta los intereses de la niñez, para que se desarrollen en un
ambiente sano familiar, el artículo 572 del Código Civil del Estado de Jalisco establece el orden de
preferencias:
“Es interés superior el que los menores de edad se desarrollen en un ambiente sano y, cuando el Juez de la
causa considere que es lo más conveniente al menor, debe considerarse el siguiente orden de preferencias:
Con sus padres biológicos o adoptivos;
Cuando no convivan ambos padres biológicos o adoptantes, cualquiera de los dos ejercerá sobre él la
custodia, siempre y cuando tengan la disposición y la posibilidad afectiva de su custodia, además de no tener
una conducta nociva a la salud física o psíquica del menor, en caso de que exista igualdad de circunstancias,
ambos convendrán quién de ellos ejercerá la custodia; en caso de que no lo hiciere, el Juez, oyendo a los
padres, y si considera conveniente a los familiares o personas con las que estén ligados y al Consejo de
Familia, resolverá; (reformado mediante decreto publicado el 03 tres de Agosto del 2013 dos mil trece.)
26
3




Se deroga
Cuando ninguno de los dos padres biológicos o adoptivos tenga la custodia del menor de edad, ésta
podrá ser confiada, por el Juez, a los ascendientes, parientes dentro del cuarto grado o personas con
las que estén ligados en virtud de amistad profunda o el afecto nacido y sancionado por los actos
religiosos o respectados por la costumbre, siempre y cuando cumplas con los requisitos de disposición
y disponibilidad afectiva de custodia, así como de buenas costumbres.
En convivencia dentro de familias sustitutas, que a través de la custodia personal autorizada por el Juez
y supervisada por el Consejo de Familia, sea estatal, municipal o intermunicipal, siempre y cuando
cumplan con los requisitos de disposición y disponibilidad afectiva de custodia, así como de buenas
costumbres, y
En Instituciones Públicas o privadas que alberguen menores a través de custodia institucional; deberá
el juez cerciorarse que el medio es idóneo para el menor.
26
4




En cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones que anteceden, los
progenitores o adoptantes tienen el deber y el derecho de visitar y convivir
con sus hijos, para que no se pierdan los vínculos afectivos que nacen de
toda relación paterno filial. Y en caso de menores sujetos a la tutela o
custodia de alguna institución, estas deberán vigilar dicha convivencia.
En los casos de las fracciones V y VI, la convivencia será autorizada por el
Juez y supervisada por el Consejo de Familia.
En todos los casos el Consejo de Familia Estatal, Municipal o Intermunicipal,
deberá cerciorarse de que las personas que vayan a ejercer la custodia del
menor sean idóneas y cumplan con todos los requisitos de ley.
Los huérfanos y los niños privados de la asistencia de sus padres o tutores
deben gozar de una protección especial por parte del Estado.”
26
5

Pasó por alto el Legislador Jalisciense la
reforma al artículo 225 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco,
en el cual se le otorga la custodia a la
madre, los hijos que no hayan cumplido 13
trece años, razón por la que el Legislador
deberá armonizar esta disposición con el
artículo 572 del Código Civil del Estado.
Esta reforma obedeció a los siguientes
criterios Jurisprudenciales:
26
6




TESIS AISLADA VII/2011
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN CASO DE QUE DEBA SER SEPARADO DE ALGUNO DE SUS PADRES, EL
ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL NO ESTABLECE UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL QUE
PRIVILEGIE SU PERMANENCIA, EN PRINCIPIO, CON LA MADRE. La Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha interpretado el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el sentido de que el interés superior del menor debe ser criterio rector para elaborar y
aplicar las normas en todos los órdenes relativos a su vida y, acorde con ello, responsabiliza por igual al
padre y a la madre de satisfacer sus necesidades y la consecución de su desarrollo integral, pues es en el
mejor interés del menor que ambos se responsabilicen en igual medida. Sin embargo, el Estado tiene la
facultad constitucional de separarlo, en ciertos casos, de alguno o de ambos padres, a fin de brindarle
una mayor protección, sin que para ello la Ley Fundamental establezca una regla general para que su
desarrollo integral sólo pueda garantizarse cuando permanezca al lado de su madre, pues el juez cuenta
con la prerrogativa de valorar las circunstancias particulares para garantizar el respeto a sus derechos.
Consecuentemente, si los hombres y mujeres son iguales ante la ley, y en específico, respecto del
cuidado y protección de sus hijos, ambos son responsables de velar por el interés superior del menor,
resulta claro que, en caso de que deba ser separado de alguno de sus padres, el artículo 4o.
constitucional no establece un principio fundamental que privilegie su permanencia, en principio, con la
madre.
Amparo directo en revisión 745/2009. 17 de junio de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio
A. Valls Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de diecinueve de enero de
dos mil once. México, Distrito Federal, veinte de enero de dos mil once. Doy fe.
26
7



TESIS AISLADA CLXXVI/2012 (10ª)
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4º. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y
EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional el derecho humano
a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por
razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la
igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica,
política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y
también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus
responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el
varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquella se le daba en las legislaciones
secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y
asumir, al igual que el varón tareas de responsabilidad social pública. Así la reforma al artículo 4º. de la
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos da la pauta para modificar todas aquellas leyes
secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, al marco jurídico relativo a este
derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el
artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre así como 1 y 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Amparo en revisión 796/2011. 18 de Abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucia Segovia.
LICENCIADO HERIBERTO PEREZ REYES. SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A : Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de quince de agosto de
dos mil doce. México, Distrito Federal, dieciséis de agosto de dos mil doce. Doy Fe.
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8
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TESIS AISLADA XCV/2012 (10ª)
PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y
CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD NO DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO.
Tradicionalmente, la justificación de las normas civiles que otorgan preferencia a la madre en el
otorgamiento de la guarda y custodia de los menores de edad se fundamentaba en una idea
preconcebida, bajo la cual, la mujer gozaba de una específica aptitud para cuidar a los hijos. Esta
justificación era acorde con una visión que establecía una clara división de los roles atribuidos al
hombre y a la mujer. El género resultaba un factor determinante en el reparto de funciones y
actividades, lo que conllevaba un claro dominio social del hombre sobre la mujer, la cual se
concebía únicamente como madre y ama de casa que debía permanecer en el hogar y velar por el
cuidado y bienestar de los hijos. Esta idea no es compartida por esta Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y resulta inadmisible en un ordenamiento jurídico como el nuestro, en
el cual el principio de igualdad entre los hombres y mujeres resulta uno de los pilares
fundamentales del sistema democrático. La tendencia clara, en estos tiempos, marca el rumbo hacia
una familia en la que sus miembros fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y
funcionamiento han de participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los
hijos. La mujer ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa y, por el contrario, ejerce en
plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su vida y su papel en la familia. Esta
Primera Sala también se separa de aquellas justificaciones basadas en que la presunción de ser la
madre la más apta y capacitada para el otorgamiento de la guarda y custodia, tiene sustento en la
realidad social y en las costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional. Es un hecho
notorio que el funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles entre el
padre y la madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado
de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la función cuidadora. Dicha
evolución no se ha generalizado en todas las familias, pero sí puede evidenciarse en muchas de ellas
y dicha dinámica debe tener reflejo en la medida judicial que se adopte sobre la guarda y custodia
de los hijos menores. En clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de las tareas de la
casa, incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo dado, ahora, el
reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión, de negociación, de pacto entre los
cónyuges. Si se respeta el marco de la necesaria e insustituible libertad y autonomía de las partes
(los miembros de la pareja), cualquier reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de
protección. En cualquier caso, lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer
tenga como función única y primordial, el cuidado de los menores.
Amparo directo en revisión 1573/2011. 7 de Marzo de 2012.
Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez.
LICENCIADO HERIBERTO PEREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA
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9
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TESIS AISLADA XCVI/2012 (10ª)
GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CODIGO CIVIL DEL
ESTADO DE MÉXICO, INTERPRETADO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD
PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES CONSTITUCIONAL. El artículo
4.228 del Código Civil del Estado de México, establece que: “cuando sólo uno de los que ejercen la patria potestad
deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda y custodia de un menor, se aplicarán las siguientes
disposiciones : I.- Los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda y custodia
del menor. II.- Si no llegan a ningún acuerdo: a) Los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que
sea perjudicial para el menor” A juicio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta porción
normativa resulta constitucional, siempre y cuando se interprete a la luz del interés superior de los menores y del
principio de igualdad. En primer término, es necesario señalar que al momento de decidir la forma de atribución a los
progenitores de la guarda y custodia y que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades
configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para
el conjunto de las relaciones paterno filiales y cabría agregar, este criterio proteccionista debe reflejarse también en las
medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos.
En esta lógica, el legislador puede optar por otorgar preferencia a la madre en el momento de atribuir la guarda y
custodia de un menor, sin embargo, este tipo de normas no deben ser interpretadas en clave de un estereotipo en el
que la mujer resulta, per se , la persona más preparada para tal tarea. Es innegable que en los primeros meses y años
de vida, las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la madre, y no sólo nos
referimos a las necesidades biológicas del menor en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, sino, y
como la han desarrollado diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la
conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo
de su conducta hacia el futuro. En esta lógica, la determinación de la guarda y custodia a favor de la mujer está basada
en la preservación del interés superior del menor, el cual, como ya señalamos, resulta el criterio proteccionista al que
se debe acudir. Esta idea, además, responde a un compromiso internacional del Estado mexicano contenido en el
artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana del Derecho Humanos en materia de Derechos
Económicos Sociales y Culturales. Ahora bien, como también señalan los expertos pasado cierto periodo de tiempo, se
opera un progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos
progenitores. El menor necesita tanto de su madre como de su padre, aunque de modo diferente, en función de la
edad ambos progenitores simbólicas en el proceso de maduración personal de los hijos.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera
Sala de este alto tribunal en sesión de dos de mayo de dos mil doce. México, Distrito Federal, tres de mayo de dos mil
doce. Doy fe.
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0
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TESIS AISLADA XCVII/2012 ( 10ª ).
GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO
DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENEFICO PARA EL MENOR (INTERPRETACIÓN
DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO). Como ya lo ha
establecido esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en nuestro
ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de
los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para
atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, el intérprete, al momento de aplicar el inciso a) de
la fracción II, del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, que dispone que si no se llega a
ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, “los menores de diez años quedarán al cuidado de la
madre, salvo que sea perjudicial para el menor”, deberá atender en todo momento, al interés superior del
menor. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario
que resulte menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable,
justa y equitativa que resulte lo más benéfica para este. La dificultad estriba en determinar y delimitar el
contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de
forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es
dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes
de la familia, la que determinará cual es el sistema de custodia mas beneficioso para los menores. Así las
cosas, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y
determinar cual es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo
cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. En
conclusión, la tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue
la guarda y custodia en aquella forma exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre) que se
revele como la más benéfica para el menor.
Amparo en revisión 1573/2011. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
LICENCIADO HERIBERTO PEREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA DE LA PRIMERA SALA DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que el rubro y texto de la anterior tesis
aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de dos de mayo de
dos mil doce. México, Distrito Federal, tres de Mayo de dos mil doce. Doy fe.
27
1
CCBC
ARTICULO 377.- Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo en el mismo acto,
convendrán cuál de los dos ejercerá la custodia; y en caso de que no lo hicieren, el Juez de Primera
Instancia de lo Familiar del lugar, oyendo a los padres, y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de Baja California, resolverá lo que creyere más conveniente a los intereses de la persona menor de
dieciocho años de edad, Así mismo les recomendará la participación en el programa de escuela para
padres ofrecidos por El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California.
27
2
TESIS AISLADA XCVIII/2012 (10ª).
GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL
MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. El interés superior de los menores, previsto en el artículo 4º. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como criterio ordenador, ha de guiar cualquier
decisión sobre guarda y custodia de menores de edad. Dicho de otro modo, el interés del menor
constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su
propia operatividad y eficacia. En consecuencia, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, el juez
habrá de atender, para la adopción de la medida debatida, a los elementos personales, familiares,
materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende
mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo
presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de
atención, de cariño, de alimentación, de adecuación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y
clima de equilibro para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen
ambiente social y familiar que pueden ofrecerle, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un
rechazo o una especial identificación, la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre
muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto.
Amparo directo en revisión 1573/2011. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
LICENCIADO HERIBERTO PEREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CERTIFICA: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron
probados por la Primera Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de dos de mayo de dos mil doce.
México, Distrito Federal, tres de mayo de dos mil doce, Doy Fe.
27
3
En el nuevo Código Civil se incorpora el espíritu del artículo 12 de la
Convención de los Derechos del Menor, celebrada en la ciudad de Nueva York,
la cual fue suscrita por México y que es la siguiente:
“Artículo 573 (ídem):
Cuando se vaya a tomar una determinación relacionada con los intereses del
menor, deberá oírsele y considerársele su opinión, la cual deberá ser valorada
en función de su edad y madurez.”
En la exposición de motivos o dictamen, en el último párrafo que se
transcribió, con claridad señaló el Legislador que:
“…Ahora se distingue que la pérdida de la patria potestad n, que estos son
inherentes a la calidad humana de las personas y por lo mismo, no pueden ser
objeto de discusión o planteamiento jurisdiccional…”
27
4
Ahora bien, los artículos 578, 580 Fracción I, 584, 585 y 586 (ídem), señalan:
“ Artículo 575:
Se entiende por patria potestad la relación de derechos y obligaciones que recíprocamente
tienen, por una parte el padre y la madre, y por otra, los hijos menores no emancipados,
cuyo objeto es la custodia de la persona y los bienes de esos menores......”
“Artículo 580:
La patria potestad tiene las siguientes características:
Constituye ante todo, un deber y una obligación que bajo ninguna circunstancia se puede
renunciar a realizar personalmente. Solo la custodia en los casos en que lo autorice
especialmente la ley, podrá bajo atención de quien ejerce la patria potestad,
encomendarse a terceros…”
“Artículo 584:
Cuando por causa de investigación de la maternidad o de la paternidad, alguien haya sido
declarado como hijo, el juez decidirá a quien corresponde la patria potestad y custodia.”


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5
“Artículo 585:
Cuando quienes ejerzan la patria potestad vivan juntos y se
separen, se convendrá por ambos quien ejercerá la custodia del
hijo o los hijos que hubiere y sino se ponen de acuerdo, deberá
seguirse el orden de preferencia establecido en el artículo 572.”
“Artículo 586:
El menor sujeto a patria potestad debe vivir con el ascendiente
que la ejerza...”
27
6
Otras referencias con la custodia en el Código Civil del Estado de Jalisco:
“Artículo 485:
Si el que está en posesión de los derechos de padre o hijo fuere despojado de ellos o
perturbado en su ejercicio, sin que preceda sentencia por la cual deba perderlos, podrá
usar de las acciones que establecen las leyes para que se le ampare o restituya en la
posesión.”
CCBC
ARTICULO 350.- Si el que está en posesión de los derechos de padre o de hijo fuere
despojado de ellos o perturbado en su ejercicio, sin que preceda sentencia por la cual deba
perderlos, podra usar de las acciones que establecen las Leyes para que se le ampare o
restituya en la posesión.
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7
Artículo 508:
La mujer que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño, a quien le ha dado su nombre o
permitido que lo lleve; que públicamente lo ha presentado como suyo y ha proveído a su
educación y subsistencia, podrá contradecir el reconocimiento que un hombre haya hecho
o pretenda hacer de ése niño. En este caso, no se le podrá separar de su lado a menos que
consienta en entregarlo o que fuere obligada a hacer la entrega por sentencia
ejecutoriada...”
CCBC
ARTICULO 375.- La mujer que cuida o ha cuidado la lactancia de un niño, a quien le ha
dado su nombre o permitido que lo lleve; que públicamente lo ha presentado como hijo
suyo y ha proveído a su educación y subsistencia, podrá contradecir el reconocimiento que
un hombre haya hecho o pretenda hacer de ese niño. En este caso, no se le podrá separar
de su lado, a menos que consienta en entregarlo o que fuere obligada a hacer la entrega
por sentencia ejecutoriada. El término para contradecir el reconocimiento será el de sesenta
días, contados desde que tuvo conocimiento de él.
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8
Artículo 510:
Cuando el padre y la madre que no vivan juntos, reconozcan al hijo en el mismo acto,
convendrán cuál de los dos ejercerá sobre él la custodia...”
CCBC
ARTICULO 377.- Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo en el
mismo acto, convendrán cuál de los dos ejercerá la custodia; y en caso de que no lo hicieren,
el Juez de Primera Instancia de lo Familiar del lugar, oyendo a los padres, y al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, resolverá lo que creyere más conveniente
a los intereses de la persona menor de dieciocho años de edad, Así mismo les recomendará
la participación en el programa de escuela para padres ofrecidos por El Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de Baja California.
“Artículo 511:
En caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por los padres que no viven
juntos, ejercerá la patria potestad (por ende la custodia) el que primero hubiere reconocido,
salvo que se conviniere otra cosa entre los padres y siempre que el juez de primera instancia
del lugar no creyere necesario modificar el convenio por causa grave, con audiencia de
los interesados y del Agente de la Procuraduría Social.”
CCBC
ARTICULO 378.- En caso de que el reconocimiento se efectué sucesivamente por los padres
que no viven juntos, ejercerá la custodia el que primero hubiere reconocido, salvo que se
conviniere otra cosa entre los padres, y siempre que el Juez de Primera Instancia de lo
Familiar del lugar, no creyere necesario modificar el convenio por causa grave, con audiencia
de los interesados y del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California.
27
9
“Artículo 532:
Cualquier interesado en el procedimiento o cuando el Consejo de Familia Estatal, Municipal
o Intermunicipal lo estime conveniente, podrá solicitar al Juez que conozca del
procedimiento de adopción otorgue en forma temporal la custodia del posible adoptado…”
“Artículo 577:
Cuando la convivencia del menor con determinadas personas vaya en detrimento de los
preceptos establecidos en este capítulo incluyéndose a quienes sobre él ejerzan la patria
potestad, el juez podrá decretar la cesación de esa convivencia (custodia) a petición de
cualesquiera de los ascendientes, del Consejo de Familia o el Agente de la Procuraduría
Social.”
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0
Artículo 686:
El tutor está obligado:
I.
A la custodia del incapacitado.
CCBC
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ARTICULO 534.- El tutor está obligado:
I.- A alimentar y educar a la persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la
capacidad para comprender el significado del hecho;
II.- A destinar de preferencia los recursos de la persona menor de dieciocho años de edad o persona que
no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a la curación de sus enfermedades o a su
regeneración, si es un ebrio consuetudinario o abusa habitualmente de las drogas enervantes;
III.- A formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituye el patrimonio de la persona
menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del
hecho, dentro del término que el Juez designe, con intervención del curador y de la misma persona si
goza de discernimiento y ha cumplido dieciséis años de edad.
El término para formar el inventario no podrá ser mayor de seis meses;
IV.- A administrar el caudal de la persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la
capacidad para comprender el significado del hecho.
El pupilo será consultado para los actos importantes de la administración cuando es capaz de
discernimiento y mayor de dieciséis años.
La administración de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le corresponde a él y no al tutor;
V.- A representar a la persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad
para comprender el significado del hecho, en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con excepción
del matrimonio, del reconocimiento de hijos, del testamento y de otros estrictamente personales;
VI.- A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no pueda hacer sin
ella.
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1
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Artículo 775:
Servirá como enlace permanente entre todas
las instituciones públicas, descentralizadas y
privadas que tengan como objetivo la
atención, custodia, tutela y asistencia a la
niñez...
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2
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“MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE,
PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE
EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
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El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las
providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a
solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o
de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece
que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas
cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y
sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o
jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios
que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa
audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente
providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable
que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del
cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para
decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las
circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que
se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo
con posterioridad.
1a./J. 28/2004
Contradicción de tesis 141/2002-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto,
ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 21 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Humberto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya
Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 28/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha
veintiuno de abril de dos mil cuatro.
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XIX, Junio
de 2004. Pág. 138. Tesis de Jurisprudencia.”
28
3
“GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE CONSIDERANDO EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES CONFORME A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
El derecho a la guarda y custodia de una niña, niño y adolescente, implica considerar no sólo las pruebas
ofrecidas por las partes con las que pretendan demostrar una adecuada capacidad para el cuidado del menor, sino
que atendiendo al beneficio directo de la infancia, el juzgador también debe considerar el interés superior de la
niña, niño y adolescente como presupuesto esencial para determinar quién tiene derecho a la guarda y custodia.
Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional que establece el desarrollo integral, el
respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 27 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos
ochenta y nueve, que establece que los Estados garantizarán que los tribunales judiciales velen por el interés
superior del niño, los juicios en los que se vean involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y
adolescentes, como el caso en que se demande la guarda y custodia, debe tenerse como presupuesto esencial el
interés superior del niño y darle intervención al Ministerio Público, para que en su carácter de representante de la
sociedad, vele por los derechos de los infantes y adolescentes.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
II.3o.C. J/4
Amparo directo 170/2000. Adrián Escorcia Martínez y otra. 1o. de marzo de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Secretaria: Cristina García Acuautla.
Amparo directo 935/2000. Rosa María Reyes Galicia y otro. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Yolanda González Medrano.
Amparo directo 980/2000. Geni Vega Espriella. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís
Solís. Secretaria: Yolanda González Medrano.
Amparo directo 701/2001. Ignacio Alfaro Hernández. 29 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl
Solís Solís. Secretaria: E. Laura Rojas Vargas.
Amparo directo 367/2002. Carlos Octavio Juárez González. 9 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente:
José Fernando García Quiroz, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Jorge Luis Mejía Perea.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Epoca. Tomo XVI, Octubre de 2002. Pág. 1206. Tesis de Jurisprudencia.”
28
4
“CUSTODIA DE MENORES. QUIEN POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES, ELEVADO A LA CATEGORÍA
DE COSA JUZGADA TENGA LA, PARA CAMBIAR DEL DOMICILIO PREVIAMENTE ESTABLECIDO A OTRO
DISTINTO, YA SEA DENTRO DEL PAÍS O FUERA DE ÉSTE, DEBE SOLICITARLO A TRAVÉS DE UN JUICIO
AUTÓNOMO Y NO POR LA VÍA INCIDENTAL.
Si en un divorcio voluntario, las partes celebran un convenio en el que establecen que la custodia de sus
menores hijos, la tendrá la madre, señalándose el domicilio en que deberán vivir y este convenio se eleva a
la categoría de cosa juzgada, no puede revocarse ninguna de sus cláusulas a través de una interlocutoria
que recaiga al incidente por el que aquélla solicita autorización para salir con sus hijos del domicilio
establecido, a otro distinto, ya sea dentro del territorio nacional o del extranjero, toda vez que tal petición
debe abordarse a través de un juicio autónomo en el que por fuerza, recaiga una sentencia constitutiva que
normalmente debe producir efectos hacia el futuro, es decir, que el nuevo estado jurídico que sobrevenga,
sólo empiece cuando el fallo pase a la categoría de cosa juzgada, ya que el derecho potestativo para
obtener el cambio del estado jurídico mediante la sentencia, sólo se da si el titular de este derecho, acude
ante el juez y demanda el pronunciamiento de esa resolución, en virtud de existir un aspecto familiar
importante en el que está implícito, ante todo, el bienestar de menores procreados por los padres
contendientes, siendo sólo por medio de un procedimiento formal, que verdaderamente se traduzca en un
juicio que facilite ponderar una serie de cuestiones que se tengan presentes para llegar a la conclusión final
de, si es o no, en beneficio de los menores, que se pueda revocar alguna cláusula del referido convenio, a
efecto de conceder la autorización para que aquéllos vayan a residir a otro domicilio, ya sea dentro del país
o fuera de éste, bajo la misma custodia de la progenitora señalada con anterioridad.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.6o.C.25 C
Amparo en revisión 1906/95. Ana Sara Cárdenas Flores. 3 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo II, Noviembre de 1995. Pág. 519. Tesis Aislada.
Tribunal Colegiado, página 2388, Tomo XXVII, Abril de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Epoca.”
28
5
“MENORES. DEBE DÁRSELES INTERVENCIÓN CUANDO EN LOS JUICIOS DE
DIVORCIO SE DETERMINE SOBRE SU CUSTODIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
JALISCO). El artículo 573 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor,
establece: “Cuando se vaya a tomar una determinación relacionada con los
intereses del menor, deberá oírsele y considerársele su opinión la cual deberá
ser valorada en función de su edad y madurez. “Ahora bien de dicho precepto
se advierte que en los juicios de divorcio el menor debe ser escuchado a efecto
de tomar la decisión más adecuada en cuanto a la persona que vaya a ejercer
sobre él la custodia para su mejor desarrollo físico, moral y psicológico.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
III.1o.C.164 C
Amparo directo 374/2007. 9 de agosto de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretaria: Laura Icazbalceta Vargas.
Amparo directo 439/2007. 27 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretaria: Bertha Edith Quiles Arias.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXVII, Abril de 2008. Pág. 2388.
Tesis Aislada.”
28
6
“MENORES, CUSTODIA DE LOS. NO ES NECESARIO TRAMITAR INCIDENTE PREVIO PARA ENTREGARLOS EN GUARDA Y
CUSTODIA DE SU PROGENITORA SIEMPRE Y CUANDO AQUÉLLOS NO REBASEN LOS CINCO O SIETE AÑOS DE
EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
No es necesario sujetar al trámite incidental, la solicitud de la demandada para que le fuera entregada la guarda y
custodia de sus menores hijos, en razón que de acuerdo con los artículos 315 y 336 fracción VI del Código
Civil del Estado, los hijos e hijas menores de cinco años se mantendrán al cuidado de la madre; así como
conforme al 227 del procedimiento civil de Jalisco, deben quedar al cuidado de la madre los hijos menores de
siete años; de lo que se deduce que el legislador jalisciense tuvo como voluntad que, tanto durante el trámite de los
juicios respectivos como al decidirse éstos, si los cónyuges tuvieren hijos menores de cinco o siete años, deberían
pasar a la guarda y custodia de su madre. Lo anterior es así, si se parte de la base, que es de explorado
conocimiento jurídico, que los legisladores no producen disposiciones redundantes ni contradictorias y que si lo
hacen es principio de hermenéutica jurídica que las disposiciones de la ley deben interpretarse armónicamente, de
tal manera que las mismas valgan sin excluirse en lo individual y se complemente con las restantes. Luego, si de los
preceptos citados anteriormente se deduce claramente que, tratándose de matrimonios nulos o ilícitos del trámite
provisional como acto prejudicial en un juicio de divorcio o en la decisión final que se tome en un procedimiento
de tal naturaleza, la ley impuso al resolutor la obligación "siempre" y "en todo caso", que los menores aludidos se
entreguen en guarda y custodia a la madre de los mismos, obviamente, sin mediar el trámite incidental, porque fue
precisamente esa la voluntad del legislador, lo que se presenta como una situación razonable
y de fácil
explicación, si se toma en consideración que el ser humano en esa edad, necesita de extremos cuidados, enorme
protección y cariño que sólo le podrán ser proporcionados por la madre, pues por más que se le pudieran
proporcionar por cualquier otra persona, incluso el padre, nunca, cuando menos en situaciones normales, tendrán
estas personas la posibilidad de sustituir la calificada atención que le otorga la naturaleza a la madre de los
pequeños. No se opone a tal razonamiento, la pretendida falta de audiencia que para ese fin reclama el padre
quejoso, porque del texto de los preceptos invocados, se aprecia que fue voluntad del legislador, invertir los
factores para conceder primero la natural protección de la madre a los menores y otorgar después esa garantía de
audiencia al padre, para que, posteriormente, en la vía incidental, de existir alguna de las inconveniencias que
señala la propia ley o alguna otra que adujera el padre, tramitar en esa forma las inconformidades que en contra de
la entrega en custodia de los pequeños pudiera hacer valer, como claramente se aprecia de los preceptos
referidos, al colocar en la parte final de los mismos la posibilidad de oposición para el padre de los niños.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
III.3o.C.78 C
Amparo en revisión 133/98. Vidal Pérez Gallardo por sí y como representante común de Feliciana Gallardo Delgado.
6 de marzo de 1998. Mayoría de votos. Disidente: Jorge Figueroa Cacho. Ponente: Arturo Barocio Villalobos.
Secretario: Ausencio Salvador García Martínez.
Amparo en revisión 783/94. Elizabeth Himes Sicilia. 30 de noviembre de 1994. Mayoría de votos. Disidente: Jorge
Figueroa Cacho. Ponente: Julio Ibarrola González. Secretario: Luis Bosco Gutiérrez Rodríguez.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca.
Tomo VIII, Julio de 1998. Pág. 366. Tesis Aislada.”
28
7
“CUSTODIA DE MENORES. LA REGLA GENÉRICA DE PRIVAR DE ELLA AL CÓNYUGE CULPABLE
EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO ADMITE EXCEPCIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO).
De los artículos 1022, fracción V y 1023, parte final, del Código Civil del Estado de
Quintana Roo, deriva que el cónyuge que haya dado causa al divorcio perderá la custodia
de los menores hijos, atento a que el legislador dio por sentado que éste sería una mala
influencia para ellos; sin embargo, tomando en cuenta que la finalidad de la figura jurídica
de la custodia radica en cuidar y educar con probidad a los hijos para garantizar su
desarrollo integral, y debido
a la complejidad y diversidad de las situaciones concretas,
debe considerarse que la regla genérica precisada admitirá excepciones, siempre y
cuando se demuestre que atender a su aplicación inflexible implicará que esa institución
de derecho deje de alcanzar el objetivo para el que fue creada, máxime que en estos
casos, se trata del delicado asunto de decidir cuál de los padres, por ser el más apto para
proporcionarla, será responsable de la educación de los descendientes habidos en el
matrimonio; conclusión esta, que lejos de pugnar con el espíritu de la ley, lo
complementa, pues garantiza que los hijos, ante un divorcio necesario, queden bajo la
vigilancia del progenitor que realmente pueda dirigirlos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
XIV.2o.95 C
Amparo directo 232/2000. Martha Patricia Llanes Guerrero. 8 de septiembre de 2000.
Mayoría de votos. Disidente: José de Jesús González Ruiz. Ponente: Paulino López Millán.
Secretaria: Mayra Icela Greene Negroe.
Amparo directo 296/2000. Martha García Alaniz. 6 de octubre de 2000. Mayoría de votos.
Disidente: José de Jesús González Ruiz. Ponente: Paulino López Millán. Secretaria: Mayra
Icela Greene Negroe.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XIII, Marzo de 2001. Pág. 1735. Tesis Aislada.”
28
8
“GUARDA Y CUSTODIA.
Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 267
del Código Civil del Estado de
México, tratándose de divorcio, corresponde al cónyuge inocente la guarda y custodia de
los hijos habidos en el matrimonio; también lo es que esto no significa que tal disposición
se aplique indiscriminadamente
a todos los casos, porque el mismo precepto legal
establece una excepción cuando dispone que el juez puede discrecionalmente,
acordar de oficio cualquier providencia que considere benéfica para los hijos, lo que implica
que el juzgador debe cuidar que la resolución que emita en este sentido, sea acorde a los
intereses de los menores.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
II.2o.C.T.15 C
Amparo directo 884/95. Rafael Martínez Procel. 13 de septiembre de 1995. Unanimidad de
votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: E. Laura Rojas Vargas.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Epoca. Tomo III, Enero de 1996. Pág. 293. Tesis Aislada. ”
28
9
“DIVORCIO, GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES EN CASO DE. FACULTADES DEL JUEZ PARA
DETERMINAR A QUIEN CORRESPONDE.
El artículo 273 de Código Civil para el Distrito Federal, otorga al juzgador las más amplias
facultades para decir entre otras cuestiones, respecto a la guarda y custodia de los
menores hijos de los divorciantes; de ahí que si en el caso de que se trata al ejercer esas
facultades atiende a los elementos de prueba que obran en autos y llega a la convicción de
que la conducta de la persona que tiene la guarda y custodia de los menores durante el
procedimiento no resulta nociva a éstos, esa determinación resulta legal y no se invalida
por la circunstancia de que dicha persona haya dado causa al divorcio, salvo que esa causa,
por su naturaleza, implique por sí misma que esta conducta sea manifiestamente contraria
a la formación, educación e integración socio afectiva de los menores.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
T.C.
Amparo directo 1956/88. Carlos Gómez Vázquez. 7 de septiembre de 1988. Unanimidad
de votos. Ponente: Rafael Corrales González. Secretario: Neófito López Ramos.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación,
Octava Epoca. Tomo VIII, Diciembre de 1991. Pág. 193. Tesis Aislada.”

29
0





“GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. SU TIERNA EDAD ES SUFICIENTE PARA CONFIARLOS A LA MADRE
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
El artículo 157 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que regula y define la situación de los hijos
en los casos de divorcio, establece en su regla primera, que cuando la causa de divorcio estuviera
comprendida en las fracciones I, II, III, IV, VII, XIII, y XIV del artículo 141, los hijos quedarán bajo la
potestad del cónyuge no culpable; en su regla segunda, que cuando la causa del divorcio estuviera
comprendida en las fracciones VIII, IX, XII y XV del artículo 141, los hijos quedarán bajo la patria
potestad del cónyuge inocente; y en su regla tercera, que en el caso de las fracciones V y VI del artículo
141, que los hijos quedarán en poder del cónyuge sano. Como puede verse, la causal de divorcio a que
se refiere la fracción X del artículo 141 del Código en comento, no se comprende en ninguno de los
casos a que aluden las reglas primera, segunda y tercera del mencionado artículo 141. En cambio, la
regla cuarta y última del artículo 157 del Código Civil, dispone que en todos los casos de divorcio en
que la ley no fije en favor de uno determinado de los cónyuges el cuidado de los hijos, el juez
determinará lo conveniente dentro de los términos del artículo 133, precepto según el cual, los hijos
serán confiados al cuidado del padre y la madre en justa proporción y siguiendo hasta donde el juez lo
estime oportuno, la elección de los propios hijos expresada por estos libremente, y que en caso de
incapacidad de los mismos para optar o expresar su elección, que el juez decidirá en los términos
convenientes al interés social y familiar de los hijos y los padres. Por tanto, la responsable procede
correctamente al resolver sobre la guarda y custodia de los hijos menores, al confiar a los hijos a la
madre por su tierna edad, conforme a la regla cuarta del artículo 157 del Código Civil del Estado de
Veracruz, pues en los casos de divorcio por la causal prevista en la fracción X del artículo 141 del propio
código, la ley no fija en favor de uno determinado de los cónyuges el cuidado de los hijos, sino que
faculta al juez para que bajo su prudente arbitrio y teniendo en cuenta los intereses superiores de los
hijos, resuelva en favor de uno de los cónyuges, independientemente de que éstos o alguno de ellos sea
cónyuge inocente o culpable.
3a.
Amparo directo 4680/86. Rodolfo Reynoso Mayoral. 24 de junio de 1987. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: Ernesto Díaz Infante.
Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca. Volumen 217-228
C.”
29
1
“CUSTODIA PROVISIONAL DE UN MENOR. LA FACULTAD PARA DECRETARLA CORRESPONDE A UN JUEZ
FAMILIAR Y NO A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA).
En aquellos hechos de violencia intrafamiliar en donde los menores resultan víctimas de maltratos, física y
psicológicamente, por alguno de sus progenitores que ejerzan la patria potestad, los abuelos maternos o
paternos están en aptitud de promover diligencias de jurisdicción voluntaria ante un Juez Familiar, quien
tiene la facultad de decretar el depósito y la custodia provisional del menor sin mayores formalidades,
pues el artículo 930 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone: ''Podrá decretarse el
resguardo de un menor o incapacitado, que se hallen sujetos a patria potestad o tutela y que fueren
maltratados por sus padres o tutores o reciban de éstos ejemplos perniciosos a juicio del Juez, o sean
obligados por ellos a cometer actos reprobados por las leyes, y de huérfanos o incapacitados que queden
en abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física de la persona a cuyo cargo estuvieren ...''. Por
tanto, en los casos en donde la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, acuerda la
custodia provisional de un menor, su determinación carece de sustento legal, porque ni los artículos 1o.,
2o., 3o., 12 y demás relativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, y menos conforme al numeral
46, fracción II, de la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, el cual prevé: ''Los
objetivos inmediatos de la procuraduría serán: ... II. Intervenir como conciliador y a petición de parte en los
asuntos que se le planteen para lograr la integración familiar.'', de donde dicha institución sólo tiene la
facultad de ''conciliar'', lo cual se traduce en proponer alternativas a las partes en conflicto y exhortarlas
para que lleguen a alguna solución en los asuntos de esa naturaleza, pero no de resolver acerca de la
custodia de un menor, pues de hacerlo así, con ello invade la esfera de competencia de la autoridad
jurisdiccional.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
XIII.2o.4 C
Amparo en revisión 224/2000.-Nice-te-ha Soto Martínez.-24 de agosto de 2000.-Unanimidad de votos.Ponente: Roberto Gómez Argüello.-Secretario: Hernán Whalter Carrera Mendoza.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo XII, Diciembre de 2000. Pág. 1380. Tesis Aislada.”
29
2

“GUARDA Y CUSTODIA DE UNA MENOR. ES OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR LLAMARLA A JUICIO, CUANDO POR
SU EDAD PUEDE DISCERNIR CON QUIEN DE SUS PADRES DESEA CONVIVIR.
Para determinar sobre la guarda y custodia de una menor, no basta que el juzgador atienda
exclusivamente los resultados que arrojen los medios probatorios ofrecidos por las partes, ya que
atendiendo las circunstancias del caso, es indispensable que sea escuchada la opinión de la menor, que es
la que puede verse afectada y perjudicada con la decisión que se adopte, toda vez que al tener quince años
de edad puede discernir con quién de sus padres desea convivir y con quién de ellos podrá desarrollarse
mejor, ya que de lo contrario, si se le obligara por virtud de una sentencia a convivir con cualquiera de sus
padres, sin que ella deseara permanecer con la persona que se determinara, pudiera acarrearle serios
trastornos en su desarrollo, lo cual se hace más grave si se toma en consideración que está en plena etapa
de la adolescencia; siendo factible oír la opinión de la menor en estos supuestos, si se considera que el
artículo 496 del Código Civil autoriza al menor de edad que tuviere cumplidos dieciséis años para designar
a su tutor dativo, el que deberá ser confirmado por el juez de lo familiar; por tanto, por mayoría de razón
debe estimarse que al resolverse sobre la guarda y custodia de una menor, de quince años de edad, ésta
tiene la capacidad de determinar con cuál de sus progenitores desea convivir, lo que aunado a los medios
de convicción aportados al juicio, permitirá al juzgador señalar a la persona que deba ejercerla, tomando
en cuenta además si no hay obstáculo que lo impida y que lo lleve a la convicción de que la persona
escogida por aquélla es la adecuada.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.4 C
Amparo directo 873/95. Saúl Lechuga Padilla. 23 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente:
José Rojas Aja. Secretario: Francisco Sánchez Planells.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo I, Abril de 1995. Pág. 155. Tesis Aislada.”
29
3
“GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR. DEBE OTORGÁRSELE A LA MADRE HASTA LA EDAD
LEGAL.
Existe interés social en que los menores estén en poder de su madre hasta la edad que fija
el Código Civil aplicable, por que es quien se encuentra más capacitada para atenderlos con
eficacia, esmero y cuidado necesarios; de tal suerte, que si no se está en los casos de
excepción que marca la ley para que deba ser separado el menor de edad del cuidado de la
madre, éste no podrá pasar a la custodia del padre que así lo solicita.
3a.
Amparo directo 8362/87. Concepción Perla Bellot Campos. 15 de diciembre de 1987. Cinco
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
Séptima Epoca, Volumen 75, Cuarta Parte, página 23.
Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca. Tomo I
Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Pág. 363. Tesis Aislada.”
29
4






“MENORES. SU CAMBIO DE DOMICILIO NO PUEDE SER DETERMINADO UNILATERALMENTE POR EL PROGENITOR
TITULAR DE LA GUARDA Y CUSTODIA, SI AMBOS PADRES CONSERVAN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD.
De la interpretación armónica de los artículos 164, 168, 413, 414, 416, 418 y 422 del Código Civil para el
Distrito Federal, se desprende que la patria potestad se ejerce por los padres sobre la persona y los bienes de
los hijos, y en caso de la separación de los progenitores, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus
deberes, quedando el menor bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos (custodia), mientras que el otro
tendrá la obligación de contribuir con el que custodia al menor en todos sus deberes, conservando sus derechos
de convivencia y vigilancia, si no fue privado de la patria potestad. Por consiguiente, el progenitor que detenta la
guarda y custodia sobre el menor, no puede cambiar unilateralmente el domicilio de éste, ya que la titularidad
de esos derechos no implica un poder omnímodo y exclusivo para determinar el lugar en que debe vivir el
infante, porque tratándose de esa decisión tan importante debe intervenir también el otro progenitor, ya que al
estar en pleno ejercicio de la patria potestad, conserva el derecho de convivir con su hijo e, incluso, la
obligación de velar por la formación física, espiritual y moral de él, así como atender a la preparación para una
profesión o actividad determinada, que le represente utilidad, lo que no podría llevar a cabo si éste es
trasladado a un lugar distante sin su consentimiento o sin que se fijen previamente las bases de la convivencia y
visitas entre ambos, por lo que es inconcuso que los dos padres deben resolver de común acuerdo ese cambio y
en defecto de convenio, debe ser el Juez competente el que determine todo lo conducente a la formación y
educación del menor, entre lo que destaca lo relativo al lugar y ambiente en que ha de desenvolverse, pues no
es posible que sin una debida justificación se distancie a los hijos de sus padres, en tanto esto puede implicar
una separación fundamental, ya que de cambiar el domicilio a un lugar muy lejano, sea dentro o fuera del país,
es patente que el progenitor que no tiene la guarda y custodia no podrá disfrutar de la convivencia con su
menor hijo en la forma en que lo venía haciendo, toda vez que no es lo mismo visitarlo en la propia ciudad a
tener que salir incluso del país para lograr esa convivencia, lo que evidentemente acarrea notorios perjuicios no
solamente para el progenitor sino inclusive para el menor, pues ya no se fomentarían con la misma intensidad y
frecuencia los lazos afectivos entre ellos; de ahí que sea significativo valorar la conveniencia de que el menor
cambie su residencia o, en su caso, fijar las condiciones bajo las cuales debe llevarse a cabo ese cambio, en
virtud de que esta facultad y correlativa obligación es una cuestión inherente al ejercicio de la patria potestad y
coetánea de la vigencia del derecho de visita y convivencia con el menor.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.381 C
Amparo directo 6123/2002. Octaviano Padilla Longoria. 23 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente:
Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Epoca. Tomo XVII, Enero de 2003. Pág. 1816. Tesis Aislada.”
29
5
“GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR. AUN CUANDO EL PADRE POSEA UNA SITUACIÓN ECONÓMICA MÁS
ELEVADA QUE LA DE LA MADRE ES INSUFICIENTE PARA OTORGARLE LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
CHIAPAS).
De conformidad con el artículo 216 del Código de Procedimientos Civiles, los hijos menores de siete años
deben permanecer bajo el cuidado de la madre, ya que se ha estimado que, dada su condición física y
natural, es quien puede proporcionar los mayores cuidados y atención con la eficacia y esmero necesarios
para su normal desarrollo, y sólo en los casos de excepción que el Código Civil prevé en el artículo 439,
puede privársele a la madre de la custodia o, en su caso, la patria potestad, según proceda; por tanto, la
circunstancia de que el quejoso, en el carácter de progenitor del menor, goce de una situación económica
más holgada en relación con la madre de éste, cuya custodia se controvierte, es insuficiente para separar a
dicho menor de su citada progenitora.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO
XX.97 C
Amparo directo 1016/95. Cándido Girón Garay. 3 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo IV, Julio de 1996. Pág. 397. Tesis Aislada.”
29
6
“MENORES DE EDAD. GUARDA Y CUSTODIA DE LOS.
Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que
cuando se trata de menores de edad lo más benéfico para su desarrollo y
estabilidad es que se encuentren bajo el cuidado de su madre, también lo es
que esto no significa que tal criterio deba aplicarse indiscriminadamente a
todos los casos, pues es obligación del juzgador tomar en cuenta, el interés del
menor sobre cualquier otro.
Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del Segundo
Circuito.
II.2o.C.T.7 C
Amparo directo 344/95. Elisa Rivera Uribe. 19 de abril de 1995. Unanimidad de
votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Laura Rojas Vargas.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo II, Agosto de 1995. Pág. 559.
Tesis Aislada.”
29
7
“MENORES. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SI SE RECLAMA EN AMPARO LA RESOLUCIÓN
QUE ORDENA AL PADRE LA ENTREGA DE SU MENOR HIJO A SU MADRE, ANTE LA NATURALEZA DE LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LE CAUSARÍAN. Si se reclama en amparo la resolución que ordena al padre la
entrega del menor hijo a su madre, la suspensión debe negarse, al existir en el Código Civil del Distrito
Federal disposición de orden público que señala que quien mejor puede cuidar a los hijos menores de
cierta edad es la madre. Sin embargo, dicha regla lega legal admite una excepción: cuando, de negarse la
medida suspensional solicitada, se afectaría el interés superior del niño, protegido por el artículo 4º. De la
Constitución General de la República y por la Convención de los Derechos del Niño, entendido dicho
interés superior, como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante,
proporcionándole la estabilidad, cuidados y asistencia necesarios para lograrlo. Esta hipótesis se actualiza,
cuando el menor desde siempre, ha vivido en con su padre, pues de no concederse la suspensión del acto
reclamado, se le pudieran causar daños y perjuicios imposibles de reparar, ya que la entrega que de él se
hiciera a su madre, equivaldría a quebrantar la estabilidad de su entorno, con la posibilidad de que
resuelto en definitiva el juicio de amparo, de ser favorable la sentencia respectiva, de nueva cuenta tuviera
que regresar a vivir con su progenitor, movilidad ésta que inevitablemente repercutiría en su sano
desarrollo integral, que también constituye una cuestión de orden público y, por ende, ante la naturaleza
de los daños y perjuicios que se causarían al menor con la ejecución del acto reclamado, procede conceder
la suspensión definitiva solicitada.
Tesis I.7º.C.60 C, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página
810, tomo XII, Junio de 2005, Materia Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. ”
29
8
“SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA MIENTRAS SE DECIDE SOBRE LA DEFINITIVA
TRATÁNDOSE DE MENORES, SUPLIÉNDOSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Si en un juicio de amparo el
ascendiente de un menor reclama la falta de legalidad de la determinación que declara ejecutoriado el fallo
de primera instancia, y solicita la suspensión para evitar que éste sea entregado a su madre, debe
concederse tal medida provisionalmente, mientras se decide sobre la definitiva, ya que al encontrarse sub
júdice la legalidad o no de los actos reclamados, carece de definitividad tal resolución. Así, con la
independencia de ser cierto que existe un interés de orden público en que se cumplan las sentencias
ejecutoriadas, también resulta verídico que mientras no se decida en definitiva sobre la legalidad del
aludido acuerdo, es conveniente que se conceda la medida cautelar solicitada atendiéndose
fundamentalmente a la minoría de edad del hijo, cuya custodia discuten sus padres, para que entre tanto
no se le afecte ni sufra daños de difícil reparación en su persona e integridad, porque la sociedad y el
Estado están interesados en que tratándose de los menores de edad se les proteja y que se evite que
pudieren sufrir algún maltrato físico o emocional en su entorno personal y social. Ello, porque en término
de lo dispuesto por el artículo 76 bis, en su fracción V, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan
del juicio de garantías tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los
agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor
de edad.
Tesis II.2º.C. 78 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito,
página 1870, tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta”
29
9
“SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE MENORES. PRIVACIÓN DE LA
GUARDA. Contra la resolución que pretende privar a quien
ejerzan la patria potestad, de la custodia de un menor procede
conceder la suspensión sin fianza, para que las cosas se
mantengan en el estado en que se encuentren, entretanto se
falla el fondo del amparo.
Jurisprudencia número 387, sustentada por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la nación, página 259, del
Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo IV, parte
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Civil, Quinta
Época.”
30
0
“SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL QUE ORDENA AL PADRE
ENTREGAR AL MENOR PARA SU GUARDA Y CUSTODIA A SU CÓNYUGE.
De acuerdo al principio general rector de la decisión de guarda y custodia de los menores de edad,
consistente en que éstos deben permanecer al lado de la madre, porque se atiende fundamentalmente a
las circunstancias específicas que se encaminan a proteger el desarrollo de la familia y dentro de este
concepto, por consiguiente, a velar por el desarrollo de los menores de edad, de tal suerte que existe
interés social en que éstos estén bajo el resguardo de la madre hasta la edad que fije el Código Civil
aplicable; luego, mientras el hijo se encuentre en esas hipótesis, resulta improcedente conceder la
suspensión al quejoso (padre del menor) en virtud de que sus efectos se traducen en separar a los hijos de
la madre, medida que aparte de causar un perjuicio para ambos, atenta contra el interés general que
radica en que los hijos menores de cierta edad no se alejen de la madre cuyos cuidados les son
indispensables, lo que significa que al estar ese interés de por medio, no se satisfacen los requisitos de la
fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
X.3o.12 C
Incidente de suspensión (revisión) 25/2001. Miriam Elena Ultrilla Brindis. 26 de marzo de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Isaías Corona Coronado.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo XIII, Junio de 2001. Pág. 767. Tesis Aislada.”
30
1
TESIS AISLADA XCV/2012 (10ª)
PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN
MENOR DE EDAD NO DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO. Tradicionalmente, la justificación de las
normas civiles que otorgan preferencia a la madre en el otorgamiento de la guarda y custodia de los menores de
edad se fundamentaba en una idea preconcebida, bajo la cual, la mujer gozaba de una específica aptitud para
cuidar a los hijos. Esta justificación era acorde con una visión que establecía una clara división de los roles
atribuidos al hombre y a la mujer. El género resultaba un factor determinante en el reparto de funciones y
actividades, lo que conllevaba un claro dominio social del hombre sobre la mujer, la cual se concebía únicamente
como madre y ama de casa que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y bienestar de los hijos. Esta
idea no es compartida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resulta inadmisible en un
ordenamiento jurídico como el nuestro, en el cual el principio de igualdad entre los hombres y mujeres resulta uno
de los pilares fundamentales del sistema democrático. La tendencia clara, en estos tiempos, marca el rumbo hacia
una familia en la que sus miembros fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento
han de participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La mujer ha dejado de
ser reducida al papel de ama de casa y, por el contrario, ejerce en plenitud, con libertad e independencia, la
configuración de su vida y su papel en la familia. Esta Primera Sala también se separa de aquellas justificaciones
basadas en que la presunción de ser la madre la más apta y capacitada para el otorgamiento de la guarda y
custodia, tiene sustento en la realidad social y en las costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional. Es
un hecho notorio que el funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre y la
madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de los menores,
convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado
en todas las familias, pero sí puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha dinámica debe tener reflejo en la
medida judicial que se adopte sobre la guarda y custodia de los hijos menores. En clara contraposición con el
pasado, en el que el reparto de las tareas de la casa, incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición
como algo dado, ahora, el reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión, de negociación, de
pacto entre los cónyuges. Si se respeta el marco de la necesaria e insustituible libertad y autonomía de las partes
(los miembros de la pareja), cualquier reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección. En
cualquier caso, lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer tenga como función única y
primordial, el cuidado de los menores.
Amparo directo en revisión 1583/2011. 7 de Marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea.
Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez.
LICENCIADO HERIBERTO PEREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN. CERTIFICA: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron probados por la Primera
Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de dos de mayo de dos mil doce. México, Distrito Federal, tres de mayo
de dos mil doce, Doy Fe.
30
2
TESIS AISLADA XCVIII/2012 (10ª).
GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL
MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. El interés superior de los menores, previsto en el artículo 4º. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como criterio ordenador, ha de guiar cualquier
decisión sobre guarda y custodia de menores de edad. Dicho de otro modo, el interés del menor
constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su
propia operatividad y eficacia. En consecuencia, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, el juez
habrá de atender, para la adopción de la medida debatida, a los elementos personales, familiares,
materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende
mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo
presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de
atención, de cariño, de alimentación, de adecuación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y
clima de equilibro para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen
ambiente social y familiar que pueden ofrecerle, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un
rechazo o una especial identificación, la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre
muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto.
Amparo directo en revisión 1573/2011. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
LICENCIADO HERIBERTO PEREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CERTIFICA: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron
probados por la Primera Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de dos de mayo de dos mil doce.
México, Distrito Federal, tres de mayo de dos mil doce, Doy Fe.
30
3
TESIS AISLADA XCVII/2012 ( 10ª ).
GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO
DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENEFICO PARA EL MENOR (INTERPRETACIÓN DEL
ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO). Como ya lo ha
establecido esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en nuestro
ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los
progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender
de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, el intérprete, al momento de aplicar el inciso a) de la
fracción II, del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, que dispone que si no se llega a ningún
acuerdo respecto a la guarda y custodia, “los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo
que sea perjudicial para el menor”, deberá atender en todo momento, al interés superior del menor. Lo
anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte
menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y
equitativa que resulte lo más benéfica para este. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido
del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta;
la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica, así
como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que
determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá
de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente
más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos
progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. En conclusión, la tutela del interés
preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en aquella
forma exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre) que se revele como la más benéfica para el
menor.
Amparo en revisión 1573/2011. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea.
Secretario: Javier Mijangos y González.
LICENCIADO HERIBERTO PEREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA DE LA PRIMERA SALA DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de dos de mayo de dos mil
doce. México, Distrito Federal, tres de Mayo de dos mil doce. Doy fe.
30
4
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TESIS AISLADA XCVI/2012 (10ª)
GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CODIGO CIVIL
DEL ESTADO DE MÉXICO, INTERPRETADO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE
IGUALDAD PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES
CONSTITUCIONAL. El artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, establece que: “cuando sólo uno de
los que ejercen la patria potestad deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda y custodia de un
menor, se aplicarán las siguientes disposiciones : I.- Los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos
se hará cargo de la guarda y custodia del menor. II.- Si no llegan a ningún acuerdo: a) Los menores de diez años
quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor” A juicio de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta porción normativa resulta constitucional, siempre y cuando se
interprete a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad. En primer término, es
necesario señalar que al momento de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia y
que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre
está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones
paterno filiales y cabría agregar, este criterio proteccionista debe reflejarse también en las medidas judiciales que
han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En esta lógica, el legislador puede optar por
otorgar preferencia a la madre en el momento de atribuir la guarda y custodia de un menor, sin embargo, este
tipo de normas no deben ser interpretadas en clave de un estereotipo en el que la mujer resulta, per se, la
persona más preparada para tal tarea. Es innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de
la naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la madre, y no sólo nos referimos a las necesidades
biológicas del menor en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, sino, y como la han desarrollado
diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la
personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su
conducta hacia el futuro. En esta lógica, la determinación de la guarda y custodia a favor de la mujer está basada
en la preservación del interés superior del menor, el cual, como ya señalamos, resulta el criterio proteccionista al
que se debe acudir. Esta idea, además, responde a un compromiso internacional del Estado mexicano contenido
en el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana del Derecho Humanos en materia de
Derechos Económicos Sociales y Culturales. Ahora bien, como también señalan los expertos pasado cierto
periodo de tiempo, se opera un progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e
insustituible presencia de ambos progenitores. El menor necesita tanto de su madre como de su padre, aunque
de modo diferente, en función de la edad ambos progenitores simbólicas en el proceso de maduración personal
de los hijos.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la
Primera Sala de este alto tribunal en sesión de dos de mayo de dos mil doce. México, Distrito Federal, tres de
mayo de dos mil doce. Doy fe.
30
5
TESIS AISLADA VII/2011
INTERÉS DEL MENOR. EN CASO DE QUE DEBA SER SEPARADO DE ALGUNO DE SUS PADRES,
EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL NO ESTABLECE UN PRINCIPIO
FUNDAMENTAL QUE PRIVILEGIE SU PERMANENCIA, EN PRINCIPIO, CON LA MADRE. La
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el artículo 4o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el interés
superior del menor debe ser criterio rector para elaborar y aplicar las normas en todos los
órdenes relativos a su vida y, acorde con ello, responsabiliza por igual al padre y a la
madre de satisfacer sus necesidades y la consecución de su desarrollo integral, pues es en
el mejor interés del menor que ambos se responsabilicen en igual medida. Sin embargo, el
Estado tiene la facultad constitucional de separarlo, en ciertos casos, de alguno o de
ambos padres, a fin de brindarle una mayor protección, sin que para ello la Ley
Fundamental establezca una regla general para que su desarrollo integral sólo pueda
garantizarse cuando permanezca al lado de su madre, pues el juez cuenta con la
prerrogativa de valorar las circunstancias particulares para garantizar el respeto a sus
derechos. Consecuentemente, si los hombres y mujeres son iguales ante la ley, y en
específico, respecto del cuidado y protección de sus hijos, ambos son responsables de
velar por el interés superior del menor, resulta claro que, en caso de que deba ser
separado de alguno de sus padres, el artículo 4o. constitucional no establece un principio
fundamental que privilegie su permanencia, en principio, con la madre.
Amparo directo en revisión 745/2009. 17 de junio de 2009. Mayoría de cuatro votos.
Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la
Peza López Figueroa.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de
la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en
sesión privada de diecinueve de enero de dos mil once. México, Distrito Federal, veinte de
30
6



8.1.Síndrome: Conjunto de fenómenos que caracterizan una
situación determinada. En psicología se conceptúa como un
estado mental caracterizado por una pérdida del
sentimiento de la propia identidad. Para la ciencia médica es
un trastorno de la mente que puede ser temporal, accidental
o permanente.
Alienación: Proceso por el cual la persona o conjunto de
ellas transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria
con lo que debía esperarse de su condición.
Alienación Parental: El conjunto de acciones, omisiones,
comunicaciones, diálogos, conductas o acciones del padre o
la madre que busca destruir los vínculos afectivos de un hijo
o hija con el diverso padre.


Síndrome de Alienación Parental: Según el Doctor Richard
Gardner desorden que se da principalmente en el
contexto de conflictos de custodia física o moral entre los
padres. Su manifestación primaria es la campaña de
denigración de la que es instrumento el hijo contra uno
de los padres, campaña que no tiene justificación alguna y
es exagerada denigración hacia el padre objetivo. Es el
resultado de una combinación de programación (“lavado
de cerebro”) y adoctrinamiento por parte de uno de los
padres, así como la propia contribución de los hijos en la
creación de un villano: el padre objetivo. Conjunto de
síntomas que resultan el proceso por el que un progenitor
transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas
estrategias con el objetivo de impedir, obstaculizar o
destruir sus vínculos con el otro progenitor.
La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, empieza a
tomar en serio el síndrome de alienación parental y sin
llamarlo por su nombre se refiere a la manipulación en los
siguientes términos:
TESIS AISLADA CLXIII/2011
Registro No. 161285
Localización:
Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Agosto de 2011
Página: 225
Tesis: 1a. CLXIII/2011
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA.
Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor
constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y
eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en
cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en
beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista
se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En
definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de
éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las
medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos
jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse
aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca
de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el
contrario, su formación integral y su integración familiar y social.
Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario:
Javier Mijangos y González.”
El término mismo, síndrome de alienación parental, se refiere a los síntomas
que presentan hijos e hijas cuando denigran y rechazan sin justificación
verdadera a uno de sus padres durante o después del divorcio o separación.
Se presenta una tendencia perturbadora, que incluye mentiras,
exageraciones, alegatos de abuso para alterar, a favor del padre alienador la
simpatía y el amor de hijos e hijas.
Puede incluir acusaciones de abuso sexual o no, pero en ambos casos la
falsedad y el deseo de alienar están presentes.
Padres que acusan a su ex pareja de forma falsa, grupos familiares u
organizaciones que apoyan a un padre o madre en proceso o después del
divorcio, con el propósito fundamental de rechazar, denigrar y odiar al otro
padre como estrategia de venganza, así como el abuso psicológico hacia los
hijos.
Los hijos o hijas consideran que el sentimiento de amor y la obediencia
hacia alguno de los padres solo puede demostrarse con odio y desprecio
hacia el otro padre.
Un hijo o hija que ha sufrido alienación severa no volverá a ser el mismo,
pierde su esencia y el daño suele ser irreparable.
El Juez Gomery de Canadá en su sentencia señaló: “El odio no es una emoción que
emana naturalmente de un niño. Es algo que se aprende. Un padre que enseña a
su hijo a odiar a su otro progenitor representa una grave y persistente amenaza
para la salud mental y emocional de ese niño.”
Existen tres niveles del síndrome de alienación parental:
Nivel 1.- Síndrome de alienación parental leve. Puede ser leve al inicio, pero
también muy peligroso, porque resulta difícil de pronosticar. En ocasiones es sutil
y posiblemente inconsciente por parte del padre alienador, quien niega
categóricamente cualquier acción o conducta tendiente a separar al hijo de su
padre o madre, aunque suceda lo contrario. Sus acciones y comportamiento lo
indican así.
Los hijos e hijas participan en la campaña de denigración contra su padre, emiten
juicios absurdos, sin fundamento, se auto evalúan manifestando “eso quiero yo” y
extienden los sentimientos de odio y denigración hacia la familia del padre
alienado, desde luego con el apoyo emocional por parte del padre alienador.

Nivel 2.- Síndrome de alienación parental moderado. La madre alienador busca
producir conflictos, situaciones problemáticas con el padre o madre alienado, con la
intención de que con el tiempo vaya terminando la relación con el repetido padre
alienado, aumenta la manipulación por parte del padre alienador y un mayor control
sobre el hijo o hija.
Los hijos e hijas sufren profundamente, muestran ansiedad, inseguridad, baja en la
autoestima, miedo, distorsión de la realidad, odio a su entorno, aislamiento, se
vuelven introvertidos, entre otros síntomas, asumen el sentimiento de odio del padre o
madre alienador, el padre alienador pone todo lo que está de su parte para evitar la
comunicación con el padre alienado, lo manipula sobre cómo debe comportarse y
relacionarse con el padre o madre alienado, el padre o madre alienador se refiere en
forma peyorativa y despectiva en contra del padre o madre alienado, y no pierden
oportunidad para manifestar su odio y desprecio, sin importar la presencia de los hijos
o hijas, así como de familiares y amigos, realizan con frecuencia comentarios
negativos sobre el padre o madre alienado y jamás traen recuerdos felices del pasado
con ellos, los hijos viven en dos mundos separados como, uno con la madre y otro con
el padre y cambian sus identidades cuando conviven con ellos, los hijos e hijas
experimentan problemas de lealtad y traición lo que les provoca ira, depresión, coraje,
sufrimiento, daño, pena, angustia.

Nivel 3.- Síndrome de alienación parental severo. Se presenta una total
manipulación o lavado de cerebro en contra de los hijos o hijas por parte
del padre o madre alienador, una agresión directa del padre o madre
alienador hacia los hijos o hijas en contra del padre o madre alienado, en
forma permanente y diaria, se repite en varias ocasiones durante el día,
cualquier momento resulta útil y se aprovecha por el padre o madre
alienador para poner en mal, denigrar, denostar al padre o madre
alienado. Se presenta un nivel de odio, rencor y resentimiento total,
patológico y obsesivo, se impide la visita y convivencia bajo cualquier
pretexto, los hijos o hijas manifiestan su deseo de no querer ver al padre
o madre alienado, les resulta difícil explicar la causa de forma racional,
suelen inventar fantasías paranoicas
respecto del padre o madre
alienado y permanecen bajo la influencia, manipulación y control del
padre o madre alienador, las consecuencias para los hijos e hijas suelen
ser graves y producir trastornos psicológicos de personalidad, incluyendo
la paranoia, los hijos o hijas se vuelven sujetos activos en contra del
padre o madre alienado, les reiteran su odio, desprecio, rencor,
resentimiento y repugnancia, desde luego que el padre o madre alienador
continúan manipulando a sus hijos o hijas para evitar que se restablezca
una relación armónica con el padre o madre alienados.
Los hijos o hijas manifiestan las siguientes situaciones psicológicas: Odio irracional
a grado extremo contra el padre o madre alienado, actos de tracto sucesivo
repetitivos de la conducta, comportamientos, sentimientos, expresiones del padre
o madre alienador en contra del padre o madre alienado, manifestación de no
querer convivir más con el padre o madre alienado, ausencia de sentimientos de
culpa por su conducta y todas las acciones dirigidas en contra del padre o madre
alienado, experimentan según su pensamiento una causa justa en contra del padre
o la madre alienado, aparentan normalidad, pero ante el cuestionamiento acerca
del padre o madre alienado, de inmediato externan su odio, rencor, resentimiento
y desprecio al padre o madre alienado.
Los familiares o amigos cercanos del padre o madre alienador hacen causa común
en contra del padre o madre alienado.
El padre o madre alienador niega cualquier participación o influencia en el proceso,
se vuelve mitómano y cree sus propias mentiras y exageraciones y cualquier hecho
o acontecimiento que hubiese ocurrido en el pasado por parte del padre o la madre
alienado, como pudo ser el hablarles fuerte a los hijos, una nalgada o llamada de
atención severa, lo convierten en una tragedia de magnitud insospechada,
convirtiendo en delincuente al padre o madre alienado, los hijos e hijas ya no son
capaces de distinguir entre la verdad y la mentira, por lo tanto el padre o madre
alienado se convierte en un ser despreciable, abominable, ruin, vil, infame, bajo y
miserable que no merece consideración alguna. La manipulación o lavado de
cerebro resultó exitosa para los fines perseguidos por el padre o la madre
alienador.

El síndrome de alienación parental es un tema
que apenas cumple 26 años, ya existe
abundante literatura sobre el mismo, pero
desgraciadamente ha llegado a cuenta gotas
a los impartidores de justicia y no han
dimensionado la gravedad del síndrome para
considerar el maltrato y el abuso infantil, el
proceso de alienación es igualmente una
forma de maltrato por parte del padre o la
madre alienador hacia los hijos o hijas.
Miguel Angel Soto La Madrid en su obra Síndrome de Alienación Parental y justicia
restaurativa, estudio interdisciplinario de la familia, del divorcio y del proceso de
alejamiento del padre no custodio, Editorial Beilis, 2011, (páginas 256 y 257) señala
al respecto:
“Podríamos decir que las autoridades que protegen al menor siguen buscando,
todavía con antorchas y marcas cónicas, a los padres que abusan de sus hijos o los
maltratan. Esta política es tierra fértil para la persecución, etiquetamiento y castigo
de aquellos padres que son acusados por sus propios hijos porque, como ya se hizo
notar, estos siempre dicen la verdad, lo que puede ser cierto pero también que dicen
mentiras y que, para ello, son inducidos por su propia madre para fines de
venganza…
…Cuando un profesional a la vista de las expresiones de miedo, menosprecio u odio
de un hijo respecto a su progenitor, decide suspender las visitas, está potenciando el
propio daño psicológico iniciado por el alienador. Pensando que va a evitar un dolor
innecesario e invocando el superior interés del niño, lo que realmente está siendo es
consolidar aun más el síndrome, se convierte en cómplice de la alienación. Del
mismo modo que nadie mantendría a un niño en casa de su abusado(sic) sexual con
el argumento de que el daño ya está hecho, igualmente debemos actuar contra el
progenitor que ha desarrollado un SAP (síndrome de alienación parental) en sus
hijos.

Su característica es que se gesta de forma progresiva y no empieza con la separación de la pareja, sino
desde mucho antes y puede suceder que inicie antes del matrimonio.
Se puede advertir un conjunto de señales o conductas que pueden indicar con claridad los síntomas de
una manipulación descontrolada y patológica por parte de la madre y de la familia materna de los hijos o
hijas, pero también se puede presentar y advertir esas señales o conductas de una manipulación
descontrolada y patológica por parte del padre y de la familia paterna.
Un padre o madre alienador, no advierte generalmente del terrible daño que ocasiona en sus hijos o
hijas.
El padre o madre alienador tras su deseo de venganza, sentimientos heridos, depresión, enojo, fracaso,
desilusión, desengaño, resentimiento, odio, animadversión, rencor, fobia, saña, tirria, malevolencia,
antipatía, rabia, los dirige sobre sus hijos o hijas y en contra de su pareja.
El padre o madre alienador separa a sus hijos o hijas del diverso padre o madre y los obliga a elegir
entre uno u otro.
Generalmente los alienados suelen ser los padres, puesto que estadísticamente son ellas quienes ejercen
en mayor porcentaje la custodia de las hijas e hijos.
La manipulación puede ser ejercida por la madre o por el padre en detrimento del diverso progenitor, y
puede traer como consecuencia que los hijos o hijas lleguen a odiar a su padre o su madre según el
caso.
CONCEPTO.
Del latín patria, ae, f. (gen. arc.- ai), patria, tierra natal, país natal /
patria adoptiva // (poét., habl. De cosas) patria, país de origen.
Potestas, atis, jurisdicción, dominio, poder: latín potestatem, acusativo
de potestas (tema potestat-) potestad, irregularmente de potis ´que
puede, capaz, poderoso´ (del indoeuropeo poti- ´poderoso´ véase
poder) más – tas ´calidad- ( véase, -tad).
Se entiende por patria potestad, la relación de derechos y obligaciones
que tienen recíprocamente, por una parte, el padre y la madre y por la
otra los hijos menores no emancipados, cuya objeto es la custodia de
la persona y los bienes de los menores, entendido este en amparo de
los hijos.
31
8
Se advierte el avance en la concepción de la definición al hablar de derechos y
obligaciones recíprocos, cuando en antaño se concebía únicamente como un
poder concedido a los padres como medio de cumplir con sus deberes
respecto a la educación y cuidado de sus descendientes.
Belluscio, Augusto César, recibe la denominación de patria potestad “el
conjunto de derechos y deberes que incumben a los padres con relación a las
personas y los bienes de sus hijos menores de edad no emancipados”. 59
Lacruz Berdejo, José Luis; Sancho Rebullida, Francisco de Asís; Luna Serrano,
Agustín; Rivero Hernández, Francisco y Rams Albesa, Joaquín, recibe la
denominación de patria potestad “el conjunto de derechos y deberes que
incumben a los padres con relación a las personas y los bienes de sus hijos
menores de edad no emancipados”. 60
Para Edgard Baqueiro Rojas, Edgard y Buenrostro Baez, Rosalía, la patria
potestad “es un poder concedido a los ascendientes como medio de cumplir
con sus deberes respecto a la educación y cuidado de sus descendientes”.
61
31
9
Tiene su origen en el derecho romano, la patria potestas es la base del derecho de familia, no estaba
limitada a las relaciones entre los padres y sus hijos menores, se extendía el poder ejercido por el jefe de
la familia “pater familias” sobre todas las personas libres que integraban el núcleo familiar, sin distinguir
edad o estado civil, abarcaba a todos los descendientes y a las esposas de estos incorporadas a través del
matrimonio cum manu y a los adoptados y arrogados, se les podía dejar algunos bienes a los
descendientes peculios que podían administrar con independencia, pero aún en ése caso seguía siendo
dueño el padre, quien tenía la posibilidad de recuperarlos, actualmente se considera una institución que
protege los intereses del menor no emancipado.
Habiendo evolucionado posteriormente y conforme al Principio de Agnación, se suavizó la patria potestas,
limitándose notablemente la facultad de matar, exponer, vender por mancipatio.
Es decir, que tanto en las cuestiones personales como en las económicas la institución tuvo cambios
profundos durante el transcurso del derecho romano y lo que en un inicio otorgaba a el pater el derecho
de vida y muerte ius vitae et necis, podía inclusive enajenarlos ius vendendi, abandonarlos o exponerlos
ius exponendi, y en la época republicana se atenuó considerablemente.
En el derecho germánico la relación paterno-filial se concebía en forma distinta al derecho romano, la
patria potestad se ejercía con un espíritu de protección del incapaz y concluía a determinada edad.

32
0
1.3 CARACTERÍSTICAS.
Constituye ante todo, un deber y una obligación que bajo ninguna circunstancia
se puede renunciar a realizar personalmente. Sólo la custodia en los casos en
que lo autorice especialmente la ley, podrá bajo atención de quien ejerce la
patria potestad, encomendarse a terceros.
En el Código Civil de Jalisco, anterior a la reforma que entró en vigor el 14 de
Septiembre de 1995, se señalaba en el artículo 501 que “la patria potestad no es
renunciable por el padre. La madre solamente puede renunciarla cuando contrae
segundas nupcias…”, desde luego que la patria potestad desde el punto de vista
doctrinal universal, una de sus características es que la patria potestad es
irrenunciable tanto por el padre como por la madre, en consecuencia deberá
incluirse al actual Código Civil en vigor, para el Estado de Jalisco, el siguiente
texto: “la patria potestad no es renunciable por el padre y la madre”, desde
luego que era un disparate jurídico el que la madre si pudiese renunciar en el
Código Civil anterior cuando fuese a contraer segundas nupcias, pero me
preocupa el que en el actual Código Civil del Estado de Jalisco, no exista una
disposición categórica en el sentido de que: : “la patria potestad no es
renunciable por el padre y la madre”.
32
1
Tiene el carácter de intransmisible, salvo en los casos de adopción.
Representa un deber positivo de trato continuo, que exige y requiere un despliegue eficaz y
constante que cumpla su cometido; y
Confiere el derecho y el deber de aplicar la corrección disciplinaria de manera prudente y
moderada, con el fin de educar en forma armónica y positiva.
Desde el punto de vista del Derecho Penal en el Estado de Jalisco, encontramos en el
artículo 197 que:
“Se impondrá de diez a cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad o multa por
el importe de cinco a veinte días de salario mínimo, al que públicamente diere a otro, fuera
de riña, una bofetada, o cualquier otro golpe simple que no cause lesiones, si no lo hiciere
en ejercicio del derecho de corrección.”
32
2
También se reformó el Código Penal del Estado de Jalisco, en su artículo 211, en su
segundo párrafo, quedando de la siguiente manera:
“Si el ofendido fuere ascendiente del autor de una lesión se aumentará un año de prisión al
mínimo y dos años de prisión al máximo de la sanción que corresponda, conforme a los
artículos que preceden.
Cuando las lesiones se ejecutan por quienes están en el ejercicio del derecho de corregir,
no serán punibles si fueren de las comprendidas en la fracción I del artículo 207 y siempre
que el autor no abusare del derecho de corrección a que se refiere la fracción IV del artículo
580 del Código Civil.
En cualquier otro caso, se impondrá la sanción que corresponda con arreglo a las
prevenciones anteriores y quedará, además, privado de la potestad, en virtud de la cual
tenga derecho de corrección.
32
3
El menor debe obediencia y consideración hacia los ascendientes que sobre él ejercen la
patria potestad, y debe contribuir equitativamente y de
conformidad con su desarrollo personal, a las tareas de ordenamiento y conservación de la
casa habitación.
El menor debe vivir con el ascendiente que ejerza la patria potestad, sin que pueda dejar el
domicilio familiar sin permiso, que en todo caso se debe otorgar por quien la tenga.
Cuando existan varios menores miembros de una misma familia que convivan juntos, se
procurará que continúe la convivencia si ello fuere posible.
La pérdida de la patria potestad no extingue los deberes y obligaciones que la misma
impone.
32
4
1.4
¿A
QUIÉN CORRESPONDE EL EJERCICIO DE LA
PATRIA POTESTAD?.
En primer término la patria potestad se ejerce por ambos progenitores, en caso de
fallecimiento de uno de ellos, por el que sobreviva, deberá cambiarse el contenido del
artículo 582 del Código Civil de Jalisco y en lugar de progenitores señalar padres para que
exista armonía con el resto de las disposiciones.
Cuando ocurre el fallecimiento de ambos padres, el ejercicio de la patria potestad correrá a
los abuelos por ambas ramas, (Deberá agregar el Legislador Jalisciense o la condena de
pérdida de patria potestad de ambos padres), el Juez tomará en consideración para
decretarla a quienes tengan para ello la disposición y posibilidad, deberá escucharse al
Consejo de Familia y al menor cuando tenga más de 14 años de edad, según lo establece el
artículo 582 ídem, lo cual contradice al artículo 573 ídem y al artículo 12 de la Convención
de los Derechos del Niño, teniendo en cuenta el interés superior de los menores y las
siguientes consideraciones en orden de preferencia:
a). Buscar la mayor afinidad e identificación;
b). La menor edad y plenitud psíquica;
c). La mayor instrucción.
d). La estabilidad económica necesaria para satisfacer los requerimientos
de los menores,
cuando existan varios menores miembros de una misma familia que convivan juntos, se
procurará que continúe la convivencia, si ello fuera posible.

32
5
Es menester criticar que es de preferencia a los ascendientes que tengan menor
edad para el ejercicio de la patria potestad, pues viene a constituir una
discriminación por razón de la edad a quienes en un momento dado tuviesen más
años que los diversos ascendientes, de igual manera se señala que debe ser oído
el menor cuando tenga más de catorce años de edad, lo que contraviene a lo
dispuesto por el artículo 573 que de manera genérica establece como norma
imperativa y categórica la obligación de oir al menor cuando se vaya a tomar una
determinación relacionada con sus intereses, la cual debe ser valorada en función
de su edad y madurez, tal y como lo establece el artículo 12 de la Convención de
los Derechos del Niño, celebrada el 20 de Noviembre de 1989, en la Ciudad de
Nueva York, U.S.A.
Tratándose de la adopción, si esta se realizó a solicitud de un matrimonio, ambos
cónyuges ejercerán la patria potestad, si el hijo fuese adoptado por una sola
persona, solo a esta le corresponde el ejercicio de la patria potestad.
Cuando por causa de investigación de la maternidad o paternidad, alguien haya
sido declarado como hijo, el juez decidirá a quien corresponde la patria potestad
y la custodia.
32
6
Cuando quienes ejerzan la patria potestad vivan juntos y se separen, se convendrá por
ambos quién ejercerá la custodia del hijo o los hijos que hubiere y si no se ponen de acuerdo,
deberá seguirse el orden de preferencia establecido en el artículo 572 del Código Civil del
Estado de Jalisco.
El menor sujeto a patria potestad debe vivir con el ascendiente que la ejerza, sin que pueda
dejar el domicilio familiar sin permiso, que en todo caso se debe otorgar por quien la tenga.
En los casos de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por los padres que no viven
juntos ejercerá la patria potestad, el que primero hubiere reconocido, salvo que se conviniere
otra cosa entre los padres y siempre que el juez de Primera Instancia del lugar no creyere
necesario modificar el convenio por causa grave, con audiencia de los interesados y del
Ministerio Público.
Los abuelos pueden excusarse de ejercer la patria potestad (Artículo 602 del Código Civil del
Estado de Jalisco):
Cuando tengan sesenta años cumplidos; y
Cuando por el mal estado habitual de su salud, no pueden atender debidamente su
desempeño.
32
7
1.5
DE
LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD,
RESPECTO DE LOS BIENES DE LOS HIJOS.
Quienes ejercen la patria potestad son los legítimos representantes de los que están sujetos
a ella, y tienen la administración legal de los bienes que les pertenezca, sin olvidar que esta
función será en amparo y beneficio de los hijos, a excepción de los derechos de personalidad
del menor, cuando exista un conflicto de intereses entre quienes ejercen la patria potestad y
el menor, y respecto de los bienes que el menor adquiera con su trabajo.
El artículo 1388 del Código Civil del Estado de Jalisco indica que: “El incapaz que cause daño,
debe repararlo; salvo que la responsabilidad recaiga en las personas
conforme a lo dispuesto en los artículos del 1397 al 1400”.
de él encargadas,
CCBC
ARTICULO 1789.- La persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la
capacidad para comprender el significado del hecho que cause daño debe repararlo, salvo
que la responsabilidad recaiga en las personas de él encargadas, conforme lo dispuesto en
los artículos 1797, 1798, 1799 y 1800.
32
8
ARTICULO 1798.- Cesa la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, cuando las
personas menores de dieciocho años de edad ejecuten los actos que dan origen a ella,
encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de
colegios, de talleres, etc., pues entonces esas personas asumirán la responsabilidad de que
se trata.
ARTICULO 1799.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable a los tutores,
respecto de las personas menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la
capacidad para comprender el significado del hecho que tienen bajo su cuidado.
ARTICULO 1800.- Ni los padres ni los tutores tienen obligación de responder de los daños
y perjuicios que causen las personas menores de dieciocho años de edad o personas que
no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho sujetos a su cuidado y
vigilancia, si probaren que les ha sido imposible evitarlos.
Esta imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de
su presencia, si aparece que ellos no han ejercido suficiente vigilancia sobre las personas
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad para
comprender el significado del hecho.
32
9
El artículo 1397 (ídem) establece que: “Los que ejerzan la patria
potestad tienen obligación de responder de los daños y
perjuicios causados por los actos de los menores que estén
bajo su custodia y que habiten con ellos”.
CCBC
ARTICULO 1797.- Los que ejerzan la patria potestad tienen
obligación de responder de los daños y perjuicios causados por
los actos de las personas menores de dieciocho años de edad
que estén bajo su poder y que habiten con ellos.
33
0

El artículo 1398 (ídem) establece estatuye: “Cesa la responsabilidad a que se refiere el
artículo anterior, cuando los menores ejecuten los actos que dan origen a ella,
encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de
colegios, de talleres y otros similares, ya que entonces esas personas asumirán la
responsabilidad de que se trata”.
CCBC

ARTICULO 1798.- Cesa la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, cuando las
personas menores de dieciocho años de edad ejecuten los actos que dan origen a ella,
encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de
colegios, de talleres, etc., pues entonces esas personas asumirán la responsabilidad de que
se trata.



El artículo 1400 (ídem) establece señala: “Ni quien ejerza la patria potestad ni los tutores
tienen obligación de responder de los daños y perjuicios que causen los incapacitados
sujetos a su cuidado y vigilancia, si probaren que les ha sido imposible evitarlos. Esta
imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su
presencia, si aparece que ellos no han ejercido suficiente vigilancia sobre los
incapacitados”.
ARTICULO 1800.- Ni los padres ni los tutores tienen obligación de responder de los daños
y perjuicios que causen las personas menores de dieciocho años de edad o personas que
no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho sujetos a su cuidado y
vigilancia, si probaren que les ha sido imposible evitarlos.
Esta imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de
su presencia, si aparece que ellos no han ejercido suficiente vigilancia sobre las personas
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad para
comprender el significado del hecho.
33
1
El artículo 1869 (ídem) precisa: “Fracción III.- Los hijos sujetos a patria
potestad solamente pueden vender a sus padres los bienes que hayan
adquirido por su trabajo”.
CCBC
ARTICULO 2152.- Los hijos sujetos a patria potestad solamente pueden
vender a sus padres los bienes comprendidos en la primera clase de las
mencionadas en el artículo 425.
ARTICULO 425.- Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad,
se dividen en dos clases:
I.- Bienes que adquiera por su trabajo;
II.- Bienes que adquiera por cualquier otro título.
33
2





El artículo 54 (ídem) estatuye: “Los menores de edad no pueden alegar la nulidad a que se
refiere este capítulo, en las obligaciones que hubieren contraído sobre las materias propias
de la profesión o arte en que sean peritos ”.
Cuando el ejercicio de la patria potestad sea conjunto con los progenitores (cambiar a
padres), los abuelos o por los adoptantes, deberán siempre ambos ponerse de acuerdo
sobre quien será el administrador.
Una sola de las personas que ejercen la patria potestad podrá representar a sus
descendientes en juicio, pero se requerirá el concurso de ambos para convenir sobre la
transacción de los derechos que le competan al menor, así como para la autorización de
disposición de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos.
Cuando por disposición de la ley (matrimonio) o por voluntad de los titulares de la patria
potestad, el menor tenga la administración de los bienes, se le considerará como
emancipado, con las restricciones legales para enajenar y gravar bienes raíces.
Respecto de los bienes que administren quienes ejercen la patria potestad, se considerará
que la propiedad y la mitad del usufructo pertenecen al menor, la administración y la otra
mitad del usufructo corresponde a las personas que ejercen la patria potestad.
33
3
Si los hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante a
dispuesto que el usufructo pertenezca por entero al menor, o bien que se destine a fin
determinado, se respetará lo señalado.
Los que ejercen la patria potestad, no pueden enajenar, ni gravar de ningún modo los
bienes inmuebles ni los bienes preciosos que correspondan al menor, ni contraer deudas
que obliguen a este, sino por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio y previa
la autorización del juez competente.
Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años ni recibir la
renta anticipada por más de dos años, vender valores comerciales, industriales, títulos de
rentas, acciones, frutos y ganados, por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la
venta; hacer donación de los bienes de los menores o remisión voluntaria de los derechos
de éstos, ni dar fianza en representación de los menores.
33
4
En la práctica vemos con tristeza como se abusa por parte de quien ejerce la
patria potestad de este derecho, solicitando la autorización judicial para la
venta o gravamen de bienes de menores y sin que se destine el producto para
beneficio de los mismos, esperamos que con la reforma al Código Civil del
Estado de Jalisco, se ponga un hasta aquí a tal situación anómala en perjuicio
de los menores y se de seguimiento a todas y cada una de las autorizaciones
judiciales para que se cumpla cabalmente con el objeto para la cual fueron
autorizadas.
Siempre que el Juez conceda licencia para enajenar y bien inmueble o mueble
precioso perteneciente al menor, tomará las medidas necesarias para hacer
que el producto de la venta se dedique al objeto que se señaló y para que el
resto se invierta en la adquisición de un inmueble o se imponga con segura
hipoteca a favor del menor. Al efecto el precio de la venta se depositará en
una institución de crédito y la persona que ejerce la patria potestad no podrá
disponer de él sin orden judicial (Artículo 593 del Código Civil del Estado de
Jalisco).
Quienes ejerzan la patria potestad tienen obligación de rendir cuentas al
término de su gestión, a sus hijos y nietos, en su caso, recordemos que la
prescripción se suspende y no puede comenzar ni correr entre ascendientes y
descendientes durante la patria potestad y que tratándose de rendición de
cuentas prescribe en dos años la obligación de rendirlas.
33
5
En todos los casos en que las personas que ejercen la patria potestad tengan un
interés opuesto al de los menores, serán representados en juicio y fuera de él
por un tutor nombrado entre los propuestos para ello por el Consejo de
Familia, también se nombrará por el Juez, un tutor especial a cada menor, en
caso de que la oposición de intereses sea entre dos o más menores sujetos a
una misma patria potestad.
Los jueces tienen la facultad en la resolución que dicten, de tomar las medidas
necesarias para impedir que, por la mala administración de quienes ejercen la
patria potestad, los bienes del menor se derrochen o se disminuyan, estas
medidas podrán ser solicitadas por las personas interesadas , por el propio
menor cuando hubiese cumplido catorce años, por el Consejo de Familia o el
Agente de la Procuraduría Social.
33
6

1.6
DE LOS MODOS DE ACABARSE Y SUSPENDERSE LA
PATRIA POTESTAD.
La patria potestad se acaba:
Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga;
Con la emancipación del menor;
Por la mayoría de edad de éste; y
Por la revocación de la adopción simple.
Al momento de contraer matrimonio el menor de edad se considera
emancipado y aunque el vínculo matrimonial se extinga, el cónyuge
emancipado no pierde esa calidad, los padres y tutores pueden emancipar a sus
hijos y pupilos, se hace hincapié en la revocación simple, ya que tratándose de
adopción plena esta es irrevocable en los términos del artículo 535 del Código
Civil para el Estado de Jalisco, al incorporarse el adoptado como si se tratase de
un hijo consanguíneo, la menor edad comienza con el nacimiento y concluye al
cumplir dieciocho años.

33
7
La patria potestad se pierde (Artículo 598 del Código Civil para el Estado de Jalisco):
I.
II.
III.
IV.
Cuando quien la ejerce comete algún delito intencional que afecte al menor o a su
patrimonio; o consienta que terceras personas lo cometan;
Cuando el que la ejerce es condenado expresamente a su pérdida;
Cuando quien la ejerce, tenga conductas nocivas para la salud física o psíquica del
menor aunque tales no sean penalmente punibles, o consienta que terceras personas
las realicen;
Cuando quien la ejerce genere violencia intrafamiliar en contra del menor, entendida
esta como maltrato físico o psicológico, o bien, cuando consienta que terceras
personas ejerzan dicha violencia.
Se entiende por maltrato físico al conjunto de lesiones que presenta una persona, que no
resultan de accidentes o golpes fortuitos y que por su periodicidad, atención médica
inexistente, huellas de abuso sexual, la naturaleza o causa de las mismas, la existencia de
cicatrices antiguas y actuales, aunque no pongan en peligro la vida, evidencian un caso de
maltrato.
Se entiende por maltrato psicológico al recurrente empleo de palabras, acciones y actitudes
que afecten al menor o al incapaz en su autoestima y autoconfianza, no permitiéndole un
sano desarrollo.
33
8
V.
Cuando quien la ejerce:
a). Exponga a su descendiente;
b). Le abandone por más de tres meses si éste quedó a cargo de alguna institución
especializada o persona;
c). Abandone por más de un día a su descendiente, si el menor no hubiere quedado al
cuidado de alguna persona y además éste abandono sea intencional; y
d). Cometa
actos
de
violencia
adoptados menores de edad.
intrafamiliar,
hacia
sus
descendientes
u
VI. En los casos de divorcio cuando así se establezca; y
VII. Cuando quien la ejerce, abandone sus deberes frente a sus descendientes.
El trámite debe ser en juicio civil sumario, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 618
Fracción VI.
33
9
“PATRIA POTESTAD, BASTA LA POSIBILIDAD DE QUE EL MENOR RESULTE AFECTADO EN LOS
DERECHOS QUE LA LEY PROTEGE, PARA QUE SE PRODUZCA LA PÉRDIDA DE LA.- Son tres los
elementos de la acción de pérdida de la patria potestad a que se refiere la acción II del artículo 444 del
Código Civil, a saber:
A). Que quien ejerza la patria potestad tenga costumbres depravadas, de malos tratamientos a los hijos o
abandone sus deberes para ellos,
B). Que pueda comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos; y
C). La relación de causa a efecto entre el abandono de los deberes de los padres y el daño que puedan sufrir
los hijos. desentrañando el sentido exacto de la norma, se desprende que para que surta hipótesis legal de
pérdida de la patria potestad en estudio, no se requiere que el menoscabo en los derechos del menor, que
la ley protege, se produzcan en la realidad, pues para ello basta que el proceder del padre incumplido, se
genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios, de esta forma, para determinar si se actualiza o
no la causa de que se trata, es preciso que el mismo se aprecie tomando en consideración tan solo las
probables consecuencias que racionalmente pudieron haberse ocasionado en perjuicio del menor con la
conducta del padre, sin que se deban considerar las demás circunstancias que hayan acontecido en la
realidad o los efectos que dicha conducta haya producido, pues al establecer el precepto de referencia el
vocablo “pudiera”, impone la obligación de hacer la valoración del caso, en función únicamente de las
consecuencias normales que la aludida conducta por sí misma pudo producir y no de las consecuencias que
realmente haya causado, toda vez que no necesariamente hay identidad entre lo que ocurrió y lo que pudo
ocurrir, sin que para tal efecto conste el hecho de que al momento de emitir consecuencias de la conducta
impugnada y que esta no haya producido perjuicio alguno al menor, puesto que la sanción que impone el
precepto legal en comento, no tiene su fundamento en las consecuencias que la conducta hubiese causado
en la realidad sino tan solo que las que pudo producir, las cuales además, pueden llegar a conocerse
racionalmente, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.
Amparo Directo 615/88.- María Patricia Menéndez Goyri.- 7 de abril de 1998.- Unanimidad de votos.Ponente: Efraín Ochoa Ochoa.- Secretario: Noe Adonia Martínez Berman.
34
0

Me permito citar la Jurisprudencia emitida por la H. Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en la
página número 1145 del tomo IV, de la Octava Época del Semanario Judicial
de la Federación, del tomo relativo a la Jurisprudencia por Contradicción de
Tesis, identificada con el número 7/94 y consultable bajo el siguiente rubro
y voz:
34
1
JURISPRUDENCIA 7/94
PATRIA POTESTAD. PÉRDIDA DE LA MISMA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL DEBER DE ALIMENTOS. En la tesis
de jurisprudencia número 31/91, intitulada “PATRIA POTESTAD. SE PIERDE SI DE ACREDITA EL ABANDONO DE
LOS DEBERES DE ALGUNO DE LOS PADRES, SIN QUE SEA NECESARIO PROBAR QUE EL MENOSCABO EN LA
SALUD, SEGURIDAD Y VALORES DEL MENOR SE PRODUZCAN EN LA REALIDAD, PERO DEBEN EXISTIR RAZONES
QUE PERMITAN ESTIMAR QUE PUEDEN PRODUCIRSE (ARTICULO 444, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL)”, esta Tercera Sala sentó el criterio de que tal disposición no requiere como condición
para la pérdida de la patria potestad la realización efectiva del daño a la salud, seguridad y moralidad de los
hijos, sino la posibilidad de que así aconteciera. Ahora bien, dicho criterio debe complementarse con el de
que, tratándose de controversias en que se demande la pérdida de la patria potestad con motivo del
abandono del deber de alimentos, los jueces, conforme a su prudente arbitrio, deberán ponderar si aun
probado el incumplimiento de tal deber, sus efectos pueden o no comprometer, según las circunstancias de
cada caso, la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, sin que la sola prueba de tal infracción haga
presumir en todos los casos la consecuencia de que se pudieron comprometer los bienes en cuestión.
Tercera Sala. 8ª. Época. Gaceta No. 75, marzo de 1994. Pág. 20. Contradicción de tesis 12/93. Entre las
sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal
Colegiado del Segundo Circuito 21 de febrero de 1994. 5 votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas.
Secretario: Gabriel Ortiz Reyes.
Tesis Jurisprudencial 7/94. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticuatro de
febrero de mil novecientos noventa y cuatro, por cinco votos de los señores
Ministros: Presidente Miguel Montes García, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, José
Trinidad Lanz Cárdenas y Carlos Sempé Minvielle.”
34
2




A continuación me permito citar diversos criterios sustentados por los Tribunales
Federales, con relación a la patria potestad:
TESIS AISLADA CXVIII/2012 (10ª)
PATRIA POTESTAD, EL ARTÍCULO 598, FRACCION III, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA PARTE
QUE CONDICIONA LA PÉRDIDA DE AQUELLA A QUE SE DEMUESTRE QUE QUIENES LA EJERCEN
COMPROMETIERON LA SEGURIDAD O MORALIDAD DEL MENOR, ES INCONSTITUCIONAL. Del artículo 4º. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente, en atención al interés
superior del menor, quiso obligar al Estado Mexicano para que todas sus autoridades, incluso las legislativas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, proveyeran lo necesario para respetar la dignidad de la niñez y
el ejercicio pleno de sus derechos, precepto, pues conforme al artículo 1º. Constitucional, ese compromiso se
extiende a los que deriven de los tratados internacionales a favor de los menores; ello a fin de atender al
principio pro personae, que en términos del artículo 1º. Apartado 2, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos también favorece al menor. De manera que si en los citados ordenamientos se reconoce
que los menores tiene derecho a ver satisfechas adecuada y oportunamente sus necesidades de alimentación,
vestido, vivienda, salud, educación, recreación y esparcimiento, y que los ascendientes tienen, en primer lugar
el deber de preservar esos derechos, en virtud de la falta de madurez física y mental del menor, resulta
inconcuso que, en concordancia con esa obligación, las autoridades legislativas pueden establecer las
medidas que estimen necesarias para que los ascendientes cumplan con dichas obligaciones;
consecuentemente, resulta válido que el Estado, a fin de velar por los derechos mencionados, provea las
medidas necesarias para no obtener un resultado contrario al establecido por el artículo 4º. Constitucional; no
obstante, tales medidas deben ser válidas constitucionalmente, pues conforme al principio de legalidad
constitucional, el legislador no puede actuar arbitrariamente. Por tanto, el artículo 598, fracción III, del Código
Civil del Estado de Jalisco, en la parte que sanciona con la pérdida de la patria potestad a condición de que el
abandono de los deberes alimenticios de quienes la ejercen comprometa la seguridad o la moralidad de
aquellos sobre quienes se ejerce, es inconstitucional al transgredir el interés superior del menor, pues no se
justifica que la aplicación de dicha sanción se condicione a que con el abandono se comprometa su seguridad
o moralidad porque la protección que se le da a través de esa sanción no es eficaz, ya que cuando un padre
incumple sus deberes, entre ellos los alimentarios, frecuentemente alguien más se hace cargo de ellos, lo que
impediría sancionar al progenitor que ha incumplido de forma contumaz con sus obligaciones y deberes de
protección. En este sentido, basta con que el Juez verifique en el caso concreto que efectivamente el
progenitor en cuestión ha incumplido sus deberes alimenticios sin que exista una causa justificada para ello,
para que el juzgador pueda decretar la pérdida de la patria potestad del menor. Tampoco es oportuna porque
en el supuesto de que nadie se haga cargo de aquellos deberes, dicha disposición no sólo se reduce a
recomendaciones sino que implícitamente permite a los ascendientes que incumplan con sus deberes hasta el
grado o medida en que el menor pueda estar en riesgo o peligro, lo cual va en contra de los artículos 4º. de la
Ley Fundamental, 5º., 18, apartado 1 y 27, apartados 2 y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Amparo directo en revisión 77/2012. 28 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes
Verónica Sánchez Miguez.
34
3
La pérdida de la patria potestad se decretará (Artículo 599 del Código Civil del
Estado de Jalisco):
En el caso de la fracción I del artículo 598; en la sentencia que se dicte por quien
haya conocido del proceso penal, suspendiéndose en tanto se decide el negocio
judicial;
En los casos de las fracciones de la II a la IV, en la sentencia del juicio civil que
expresamente se siga; y
En los casos de la fracción V, en la sentencia del juicio de divorcio.
Como vemos en la fracción III señala que debe decretarse en los casos de la
fracción V, en la sentencia de divorcio, pero no existe en la codificación
sustantiva del Estado de Jalisco, normatividad como en el anterior Código Civil y
en el resto de los Códigos Civiles de la República, que como consecuencia de la
sentencia se precisaba que hijos quedarían bajo la patria potestad del cónyuge
no culpable, también precisaba la regla para el caso de que los dos cónyuges
fuesen culpables, dispositivo que desapareció en el nuevo Código Civil y habrá
que ir a las reglas generales ante la ausencia de una norma específica.
34
4
La patria potestad se suspende (Artículo 601 ídem):
Por incapacidad declarada judicialmente.
Deberá entablarse en juicio civil ordinario ante Juez competente.
Por la ausencia declarada en forma; y
Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión.
34
5
ARTICULO 408.- Los hijos, cualesquiera que sean su estado, edad y condición,
deben honrar y respetar a sus padres y demás ascendientes.
ARTICULO 409.- Los hijos
menores de dieciocho años de edad, no
emancipados, están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los
ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley.
ARTICULO 410.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los
hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuánto a la guarda y educación de las
personas menores de dieciocho años de edad, a las modalidades que le
impriman las resoluciones que se dicten, de acuerdo con Leyes y Reglamentos
relativos a las personas menores de dieciocho años de edad infractores.
ARTICULO 411.- La patria potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce:
I.- Por el padre y la madre;
II.- Por el abuelo y la abuela paternos;
III.- Por el abuelo y la abuela maternos.
34
6
ARTICULO 413.- En los casos previstos en los artículos 377 y 378, cuando por
cualquiera circunstancia deja de ejercer la patria potestad alguno de los padres,
entrará a ejercerla el otro.
ARTICULO 414.- Cuando los padres del hijo nacido fuera de matrimonio que
vivían juntos se separen, continuará ejerciendo la patria potestad, en caso de que
no se pongan de acuerdo sobre ese punto, el progenitor que designe el Juez,
teniendo siempre en cuenta los intereses del hijo.
ARTICULO 415.- A falta de padres, ejercerán la patria potestad sobre el hijo los
demás ascendientes a que se refieren las Fracciones II y III del artículo 411, en el
orden que determine el juez de Primera Instancia de lo Familiar, tomando en
cuenta las circunstancias del caso.
ARTICULO 416.- La patria potestad, sobre el hijo adoptivo, se ejercerá conforme
a las reglas aplicables con respecto a los hijos consanguíneos.
ARTICULO 417.- Solamente por falta o impedimento de todos los llamados
preferentemente, entrarán al ejercicio de la patria potestad los que sigan en el
orden establecido en los artículos anteriores. Si sólo faltare alguna de las dos
personas a quienes corresponde ejercer la patria potestad, la que quede
continuará en el ejercicio de ese derecho.
34
7
ARTICULO 419.- A las personas que tienen al hijo bajo su patria
potestad, incumbe la obligación de educarlo convenientemente.
Cuando llegue a conocimiento del Ministerio Público, que las personas
de que se trata no cumplen con esa obligación, éste promoverá lo que
corresponda.
ARTICULO 420.- Para los efectos del Artículo anterior, los que ejerzan la
patria potestad o tengan hijos bajo su custodia, tienen la facultad de
corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos
de buen ejemplo.
Las autoridades, en caso necesario, auxiliarán a
esas personas haciendo uso de amonestaciones y correctivos que les
presten el apoyo suficiente.
ARTICULO 421.- El que está sujeto a la patria potestad no puede
comparecer en juicio, ni contraer obligación alguna, sin expreso
consentimiento del que o de los que ejerzan aquel derecho. En caso de
irracional disenso, resolverá el Juez.
34
8
DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD RESPECTO DE LOS BIENES DEL HIJO
ARTICULO 422.- Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que
están bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen,
conforme a las prescripciones de este Código.
ARTICULO 423.- Cuando la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y por la madre, o
por el abuelo y la abuela, o por los adoptantes, el administrador de los bienes será
nombrado por mutuo acuerdo; pero el designado consultará en todos los negocios a su
consorte y requerirá su consentimiento expreso para los actos más importantes de la
administración.
ARTICULO 424.- La persona que ejerza la patria potestad representará también a los hijos
en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no es con el
consentimiento expreso de su consorte, y con la autorización judicial cuando la Ley lo
requiera expresamente.
ARTICULO 425.- Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos
clases:
I.- Bienes que adquiera por su trabajo;
II.- Bienes que adquiera por cualquier otro título.
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9
ARTICULO 426.- Los bienes de la primera clase pertenecen en propiedad, administración y
usufructo al hijo.
ARTICULO 427.- En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del usufructo
pertenecen al hijo; la administración y la otra mitad del usufructo corresponde a las personas
que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los hijos adquieren bienes por herencia,
legado o donación y el testador o donante ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o
que se destine a un fin determinado, se estará a lo dispuesto.
ARTICULO 428.- Los padres pueden renunciar a su derecho a la mitad del usufructo,
haciendo constar su renuncia por escrito o de cualquier otro modo que no deje lugar a duda.
ARTICULO 429.- La renuncia del usufructo hecha en favor del hijo, se considera como
donación.
ARTICULO 430.- Los réditos y rentas que se hayan vencido antes de que los padres, abuelos
o adoptantes entren en posesión de los bienes cuya propiedad corresponda al hijo,
pertenecen a éste, y en ningún caso serán frutos de que deba gozar la persona que ejerza la
patria potestad.
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0
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ARTICULO 431.- El usufructo de los bienes
concedido a las personas que ejerzan la
patria
potestad,
lleva
consigo
las
obligaciones que expresa el Capítulo II del
Título VI, y además, las impuestas a los
usufructuarios, con excepción de la
obligación de dar fianza, fuera de los casos
siguientes:
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1
I.- Cuando los que ejerzan la patria potestad han sido declarados en quiebra, o estén
concursados;
II.- Cuando contraigan ulteriores nupcias;
III.- Cuando su administración sea notoriamente ruinosa para los hijos.
ARTICULO 432.- Cuando por la Ley o por la voluntad del padre, el hijo tenga la
administración de los bienes, se le considerará respecto de la administración como
emancipado, con la restricción que establece la Ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes
raíces.
ARTICULO 433.- Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún
modo los bienes inmuebles y los muebles preciosos que correspondan al hijo, sino por causa
de absoluta necesidad o de evidente beneficio, y previa la autorización del Juez competente.
Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento, por más de cinco años, ni recibir la
renta anticipada por más de dos años, vender valores comerciales, industriales, títulos de
rentas, acciones, frutos y ganados, por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la
venta; hacer donación de los bienes de los hijos o remisión voluntaria de los derechos de
éstos; ni dar fianza en representación de los hijos.
35
2
ARTICULO 434.- Siempre que el Juez conceda licencia a los que ejercen la patria potestad,
para enajenar un bien inmueble o un mueble precioso perteneciente a la persona menor de
dieciocho años de edad, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la
venta se dedique al objeto que se destinó y para que el resto se invierta en la adquisición
de un inmueble o se imponga con segura hipoteca en favor de persona menor de dieciocho
años de edad.
Al efecto, el precio de la venta se depositará en una institución de crédito, y la persona que
ejerce la patria potestad no podrá disponer de él, sin orden judicial.
ARTICULO 435.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria
potestad, se extingue:
I.- Por la emancipación derivada del matrimonio o la mayor edad de los hijos;
II.- Por la pérdida de la patria potestad;
III.- Por renuncia.
ARTICULO 436.- Las personas que ejercen la patria potestad tienen obligación de dar
cuenta de la administración de los bienes de los hijos.
ARTICULO 437.- En todos los casos en que las personas que ejercen la patria potestad
tienen un interés opuesto al de los hijos, serán estos representados, en juicio y fuera él,
por un tutor nombrado por el Juez para cada caso.
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DE LOS MODOS DE ACABARSE Y SUSPENDERSE LA PATRIA POTESTAD
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ARTICULO 440.- La patria potestad se acaba:
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I.- Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga;

II.- Con la emancipación, derivada del matrimonio;
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III.- Por la mayoría de edad del hijo.
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IV.- Cuando quienes ejerzan la patria potestad hayan aceptado ante la autoridad judicial la entrega del
menor a las instituciones de asistencia pública, siempre y cuando no haya otra persona en quien
recaiga, en términos de lo dispuesto en el artículo 411 de este código;
V.- Por el abandono sin causa justificada que el padre, la madre o quien ejerza la patria potestad
hiciere de las personas menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para
comprender el significado del hecho, por más de tres meses en alguna institución de asistencia pública
o privada, siempre y cuando no haya otra persona en quien recaiga, en términos de lo dispuesto en el
artículo 411 de este código;
VI.- Cuando se exponga por más de un día a la persona menor de dieciocho años de edad o persona
que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, poniendo en riesgo su integridad
personal.
En relación a la fracción V, se tendrá por abandonada, la persona menor de dieciocho años de edad o
personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho cuyo origen se conoce y
respecto de quien, los que ejercen la patria potestad o tutela, dejaron de cumplir sus deberes;
aceptando la posibilidad de que alguna institución pública o privada se haga cargo del mismo.
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ARTICULO 441.- La patria potestad se pierde:
I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o
cuando haya sido condenado por delito grave;
II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 280;
III.- Cuando por las costumbres o hábitos de quienes la ejercen, malos tratos o abandono
de sus deberes, uso de algún tipo de enervante, alcoholismo, prostitución, que afecte o
ponga en riesgo la seguridad, la salud, la moralidad, la tranquilidad, el bienestar o el
desarrollo armónico de las personas menores de dieciocho años de edad o personas que no
tengan capacidad para comprender el significado del hecho, aún cuando esos hechos o
conductas no cayeren bajo la sanción de la Ley Penal;
IV.- Cuando quienes ejercen la patria potestad permitan o toleren que otras personas
atenten contra la seguridad e integridad física, emocional y sexual de las personas menores
de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el
significado del hecho;
V.- Derogada;
VI.- Derogada;
ARTICULO 442.- La madre o abuela que pase a segundas nupcias, no pierde por este hecho
la patria potestad.
ARTICULO 443.- El nuevo marido no ejercerá la patria potestad sobre los hijos del
matrimonio anterior.
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ARTICULO 444.- La patria potestad se suspende:
I.- Por incapacidad declarada judicialmente;
II.- Por la ausencia declarada en forma;
III.- Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta
suspensión.
ARTICULO 445.- La patria potestad no es renunciable
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7
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CUSTODIA DE MENORES. LA MEDIDA PROVISIONAL RELATIVA, ES ACTO DE IMPOSIBLE
REPARACION, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 114,
fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto ante Juez de Distrito cuando los
actos, en el juicio, tienen una ejecución de imposible reparación al afectar de manera cierta e
inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que
esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable
en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía
individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos reparables
aquéllos que tengan como consecuencia una afectación sustantiva, pues los efectos de ese tipo
de violaciones no son de carácter formal que pudieran ser reparables si el afectado obtuviera
una sentencia favorable, al no surtirse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la
Ley de Amparo. De acuerdo con los criterios anteriores, si se reclama la medida provisional
relativa a custodia de menores en un juicio de divorcio, debe establecerse que procede el
amparo indirecto puesto que se trata de un acto dentro del juicio de ejecución irreparable, en
tanto que se afectan de modo inmediato derechos sustantivos, a saber los derivados de la patria
potestad, ya que, por una parte, se priva al progenitor de la custodia de sus hijos menores, con
la consecuencia de no tener el goce y disfrute de ellos y, por otra, se deja a éstos ante una
situación en que se ven afectados en su seguridad, además, aun suponiendo que la sentencia
que pusiera fin al juicio, fuera favorable al progenitor al que se le hubiera privado de la custodia
de sus hijos y lo restituyera en su goce, de ningún modo podría restituirle la privación de que
fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor la medida provisional, ni tampoco a los hijos se
les podría restituir la seguridad de que fueron privados en el lapso correspondiente a esa
medida.
P./J. 37/92
Contradicción de tesis 5/91. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del
Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 280/88 y 183/88, respectivamente. 10 de septiembre de
1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Armando Juárez Morales. El
Tribunal Pleno en su Sesión Privada celebrada el martes veinte de octubre en curso, por unanimidad de diecisiete votos de
los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes
García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Ignacio Moisés
Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta
Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez:
aprobó, con el número 37/1992, la tesis de jurisprudencia que antecede. Ausentes: Ignacio Magaña Cárdenas, Victoria
Adato Green y Samuel Alba Leyva. México, D.F.a 21 de octubre de 1992.
Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca. Número 59, Noviembre de 1992.
35
Pág. 11. Tesis de Jurisprudencia.
8
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En la modificación de una sentencia firme de guarda y custodia de un menor de
edad, por cambio en las circunstancias en que se decretó, el Juez debe garantizar
la eficacia de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de
modo que debe establecer todas las medidas necesarias para alcanzar ese
propósito, que permitan despejar cualquier peligro potencial en la transgresión de
los derechos esenciales de los menores, como lo son su integridad y libertad, así
como evitar el maltrato y abuso sexual, aunque la afectación que pudieran sufrir
sólo sea probable.
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.14o.C.52 C
Amparo en revisión 226/2007. 28 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretaria: Rocío Hernández Santamaría.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXVII, Enero de 2008. Pág. 2786.
Tesis Aislada.
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9
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
ABUELOS, DERECHO Y OBLIGACION DE LOS, A TENER RELACIONES CON SUS MENORES NIETOS.
Es indiscutible que conforme a los artículos 414, 420, 445 y 446 del Código Civil del Distrito Federal,
a la muerte del padre de los menores la patria potestad la ejerce en forma exclusiva la madre de
éstos y solamente a ella corresponde la guarda y custodia de los mismos. Sin embargo, el abuelo, en
el caso el paterno, no sólo tiene derecho, sino también obligación, de tener relaciones con sus
menores nietos, proporcionarles afecto, consejos y cooperar con la madre de los mismos a su debida
formación; derecho y obligación que se fundan no sólo en la naturaleza de las relaciones paterno
filiales que existieron entre el abuelo y su hijo, y entre él y los menores, sino también en la
necesidad de que dichos menores tengan el apoyo tanto de su madre, quien indiscutiblemente ejerce
la patria potestad, así como el de su abuelo paterno, a falta de padre; relaciones que el citado
reconoce al señalar en el artículo 414 a los abuelos como unas de las personas que deben ejercer la
patria potestad sobre los mismos a falta de sus padres, en el artículo 303 al establecer su obligación
de proporcionarles alimentos a falta o imposibilidad de aquéllos, y en el artículo 1609 al consagrar
su derecho a heredar por estirpe, en la sucesión legítima de los abuelos. Luego el que el abuelo
paterno tenga relaciones con sus nietos, dentro de un absoluto respeto a la madre de los mismos, es
un derecho que no sólo debe ser reconocido por el juez a quo, sino que también, para hacerlo
efectivo, dicho juzgador debe reglamentar la norma en que han de efectuarse las relaciones entre
abuelo y nietos, tomando en consideración todas las circunstancias que se relacionen con el caso,
haciendo uso, inclusive, de los medios de prueba que le faculta al artículo 495 del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para determinar con ello la forma que más beneficie a los
menores.
3a.
Amparo directo 2026/83. Constantino Díaz Villa. 4 de junio de 1984. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: Gloria León Orantes.
Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca. Volumen 181186 Cuarta Parte. Pág. 9. Tesis Aislada.
36
0
RÉGIMEN DE CONVIVENCIA DE MENORES. ES DE LITIS ABIERTA Y OPERA LA SUPLENCIA
DE LA DEFICIENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL
DISTRITO FEDERAL).
Conforme a los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, es dable para el órgano judicial en materia familiar, tratándose de
cuestiones atinentes a los menores, actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al
poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recopilación de pruebas para
decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de
dichos menores con sus progenitores. Por ende, es posible para la autoridad judicial
de segunda instancia modificar un régimen de visitas que fue inicialmente solicitado
de una forma distinta a la que después se planteó en apelación, dado que en la
materia familiar la litis no es cerrada, por lo que cuando el Juez suple la deficiencia, no
hay una variación de la litis, porque es su obligación hacerlo en uso de sus facultades
antes precisadas.
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
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
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.660 C
Amparo directo 607/2007. 25 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito
López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXVII, Enero de 2008. Pág. 2818. Tesis Aislada.
36
1
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
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
II.2o.C.479 C
Amparo directo 379/2004. 24 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente:
Noé Adonai Martínez Berman. Secretario: Arturo Galdamez Blanco.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XX, Noviembre de 2004. Pág. 1962.
Tesis Aislada.
36
2
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
En observancia irrestricta a las garantías individuales que a favor de los menores consagran los artículos 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, del 1 al 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, de los Estados
Unidos de Norteamérica y ratificada por el Estado mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, la cual es
obligatoria en cuanto a su observancia por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado, según lo dispuesto por el artículo 133
constitucional, atendiéndose incluso a las prevenciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo del dos mil, en cuya exposición de motivos se establece la necesidad de
allegarse una legislación encaminada a la protección de los derechos de los menores, que a su vez fuesen tutelados no solamente por
instituciones especializadas y específicas, sino por los tribunales de justicia y toda la sociedad, para integrarlos plenamente a ella y
permitirles el goce pleno de sus derechos como seres humanos; es indiscutible y preponderante que para determinar prudente y
objetivamente un régimen de convivencia entre los menores con sus progenitores, que por alguna razón se encuentren separados o
divorciados, los órganos jurisdiccionales y cualquier autoridad deberán tener en cuenta los referidos principios jurídicos, así como que
respecto de la patria potestad, guarda y custodia y el derecho a un régimen de visitas y convivencias, el artículo 4.205 del Código Civil para el
Estado de México previene que en caso de separación de quienes ejerzan la patria potestad, el Juez habrá de resolver lo conducente en
derecho en torno a la controversia suscitada teniendo siempre en cuenta lo mejor para los intereses de los hijos menores de edad. En orden
con lo anterior, es indispensable precisar que en los casos de desintegración familiar provocados por la separación de los cónyuges, los hijos
resultan ser los menos responsables, y sin embargo, son los que más la resienten en el ámbito psicológico, social y económico. Luego, en
aras de ese supremo derecho que tienen los niños de ser amados y respetados, sin condición alguna, sus progenitores deben ejercer la
guarda y custodia en un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto, recurriéndose a terapeutas especializados en salud mental, con
la única finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con sus menores hijos, despojándose de todo resentimiento que llegase a
perjudicarles; de modo tal que la convivencia de los infantes con uno y otro de sus padres, no debe generarles ningún desequilibrio
emocional, sino, por el contrario, que al convivir con cada uno de ellos se sientan queridos, respetados y protegidos, nunca manipulados o
utilizados para satisfacer diversos intereses. Entonces, en aras de prevenir algún posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que lo
hubiere, los padres deben asumir una responsabilidad absoluta respecto de sus menores hijos, pues el hecho de que se encuentren
divorciados o separados no implica que no puedan ser excelentes guías paternales, incluso mejores que si vivieran juntos, por cuanto se
encuentran obligados a compensar el terrible inconveniente que a los niños les produce la separación de aquéllos. Por consiguiente, en
términos de lo que estatuye el numeral 4.203 del código sustantivo en cita, para ayudar a los niños a que no sufran incertidumbre alguna
respecto de su futuro, y por el contrario, que crezcan tranquilos y sanos en todos los ámbitos personales y ante la sociedad, es menester que
los aludidos menores sean protegidos, y que sus progenitores actúen honestamente en cuanto a sus sentimientos filiales, y así, prescindirán
de egoísmos al disputarse la guarda y custodia, y en especial, en cuanto al derecho de los aludidos infantes a convivir con sus progenitores,
fortaleciéndose entre ellos los lazos de amor y respeto. De ahí que los referidos menores, no deben ser inmiscuidos en los conflictos de sus
padres, quienes deben asumir responsablemente su misión, con la mejor disposición, para seguir conviviendo con sus menores hijos,
educándolos consciente e integralmente, incluso, inculcándoles valores y principios conductuales, pues la paternidad nunca termina con una
separación o el divorcio, por lo que ambos deben permitir que se lleve a cabo una convivencia en beneficio evidente de sus hijos, libre de
celos, de resentimientos o de envidias, fungiendo como verdaderos padres, plenos e íntegros, inculcándoles sentimientos de amor, de
inspiración, de superación, de esperanza, y sobre todo, de responsabilidad, evitándose así, en la medida de lo posible, cualquier conflicto
emocional, personal o judicial que involucre a dichos niños; por lo que, a partir de esa referencia podrán organizar su futuro, pues no tienen
la más mínima opción de desampararlos, por su corta edad. De acuerdo con el artículo 4.207 del Código Civil para el Estado de México, las
anteriores reflexiones encuentran sustento en el hecho de que el derecho de familia es un conjunto de normas jurídicas dirigidas a regir la
conducta de los miembros del grupo familiar entre sí, propiciándose así las condiciones para que se desarrollen las relaciones conyugales y
consanguíneas constituidas por un sistema de derechos y obligaciones, poderes, facultades y deberes entre consortes y parientes, e incluso,
tales facultades y deberes de carácter asistencial surgen entre los padres, hijos, parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, etcétera), y
tienen como objetivo tutelar y fortalecer las relaciones y los derechos entre ascendientes y descendientes, sujetándose a las normas
fundamentales establecidas para la protección de los hijos.


SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.


II.2o.C.520 C


Amparo directo 109/2008. 4 de marzo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Faustino García Astudillo.


Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXVII, Abril de 2008. Pág. 2327. Tesis Aislada.
36
3
VISITAS Y CONVIVENCIAS, RÉGIMEN DE. CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN
SER PONDERADAS PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA.
•Cuando se fije el régimen de visitas y convivencias con menores hijos, se debe


ponderar el interés superior de los mismos, pues así se desprende del artículo
417 del Código Civil para el Distrito Federal, y de los preceptos 3, apartado 1, 9,
apartado 3 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de donde se
deduce que independientemente de los derechos de los padres, es también un
derecho fundamental del niño el conocerlos y convivir con ellos, pues de ello
deriva la identidad del menor, y por eso, cuando sea privado de ese derecho al
niño, el Estado debe prestar asistencia y protección para que sea restituido,
como así se previene en los numerales 7, 8 y 9 de la convención citada.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.


I.7o.C.83 C


Amparo directo 573/2006. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado
García. Secretario: Carlos Manríquez García.


Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Epoca. Tomo XXIV, Diciembre de 2006. Pág. 1411. Tesis Aislada.
36
4
DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU
IMPORTANCIA EN MOMENTOS DE CRISIS
FAMILIAR.

Este derecho y específicamente la implementación del régimen de visitas y convivencias, adquieren una importancia
inusitada en situaciones de crisis matrimoniales, extramatrimoniales o de malos entendidos entre los miembros de
una familia, pues en esos casos, el ejercicio del derecho de visitas y convivencias constituye un remedio o recurso de
protección excepcional al reactivar la convivencia que se ha perdido o desgastado en un sinnúmero de situaciones.
En estos casos de crisis llega a ocurrir que alguno de los progenitores, o ambos, tomen partido y, frecuentemente, en
lugar de buscar acuerdos convenientes a los intereses de los menores, cierran toda posibilidad al otro de ver o tener
contacto con ellos, lo que provoca que los niños se vuelvan verdaderas víctimas de las desavenencias del
matrimonio, y no en pocas ocasiones son utilizados como instrumentos para que los cónyuges o custodios se
ofendan o dañen entre sí, siendo los hijos los más perjudicados. Por ello, en este tipo de crisis, la autoridad
jurisdiccional competente debe implementar el régimen de visitas y convivencias a favor de los hijos menores de
edad, de la manera más conveniente, atendiendo a su interés superior, con independencia de los intereses y
derechos de sus progenitores, para incentivar, preservar y reencausar la convivencia en el grupo familiar.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.


I.5o.C.112 C
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger.
Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.


Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Epoca. Tomo XXXII, Agosto 2010. Pág. 2269. Tesis Aislada.
36
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6

MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE
LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.
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
La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales;
suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios,
pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de
ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de
por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin
que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de
quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la
circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a
menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que
la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del
incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales
suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e
incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la
demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de
conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el
desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.


1a./J. 191/2005


Contradicción de tesis 106/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Décimo
Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en
Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito (actualmente
Segundo en Materia Civil del propio circuito), Primero en Materia Penal del Tercer Circuito, Segundo en Materias
Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito (actualmente Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito), en contra del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo
Circuito. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri
Shibya Soto.


Tesis de jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta
de noviembre de dos mil cinco.


Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXIII, Mayo
de 2006. Pág. 167. Tesis de Jurisprudencia.
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
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución, y 158, 159 y 161 de la
Ley de Amparo, la regla general en materia civil, es que el amparo directo sólo procederá contra sentencias definitivas o
resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser
modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte
las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En relación con tales violaciones al procedimiento, el
artículo 161 del ordenamiento citado en segundo término, establece una segunda regla general, al disponer que las
mismas sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva o
resolución que ponga fin al juicio, siempre y cuando las aludidas violaciones se hayan impugnado oportunamente en el
curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario, y si la ley no concede dicho recurso o concediéndolo,
fuere declarado improcedente, deberán invocarse las violaciones nuevamente en los agravios que se formulen en la
apelación contra la definitiva o el auto que puso fin al juicio, si se cometieron en primera instancia. Finalmente, el
numeral de referencia, establece una excepción a la segunda regla en comento (al igual que el precepto constitucional
anteriormente citado), consistente en que estos requisitos no serán exigibles en amparos que afecten derechos de
menores o incapaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil
o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia. Tal excepción, por lógica jurídica, debe entenderse que opera
aunque no se interpongan o agoten los recursos ordinarios procedentes, pues ello ocurre incluso cuando éstos son
desechados o declarados improcedentes, y todavía más, cuando no se invoque la violación como agravio en segunda
instancia, si se cometió en la primera. Por lo tanto, los Tribunales Colegiados están obligados, en acatamiento a dicha
excepción a esta regla general, a estudiar las violaciones procesales de mérito, aunque no se haya agotado por el
quejoso el recurso ordinario que haya interpuesto, por falta de expresión de agravios, o porque no las haya reiterado al
expresar sus agravios contra la definitiva o contra el auto que puso fin al juicio.
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I. 5o. C. 128 K
Amparo directo 6726/92. Alejandra Trueheart Vega o Alejandra Margarita Trueheart Vega. 8 de septiembre de 1994.
Unanimidad de votos en cuanto a la concesión del amparo para efectos. Expresando voto razonado la Magistrada María
Soledad Hernández de Mosqueda, en cuanto a la reposición del procedimiento para que éste se haga a partir del
emplazamiento.
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca. Tomo XIV,
Octubre de 1994. Pág. 387. Tesis Aislada.
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DERECHO PROCESAL FAMILIAR.”