EL FRAUDE DEL ACTO
JURÍDICO
11 AVA. CLASE
El Titulo VIII del Libro II del C.C está
referido a Fraude del Acto Jurídico.
Señalemos que en el Diccionario de
Cabanellas sostiene que es necesario
distinguir el engaño de lo que es el fraude.
El engaño es toda astucia o maquinación
de que uno se sirve, hablando u obrando
con mentira o artificio, para frustrar la ley,
esto es, el hecho de burlar, eludir o dejar
sin efecto la disposición de la ley.
De manera que el engaño es el medio
para arribar al fraude; y el fraude como el
fin u objeto que uno se propone lograr con
el engaño. Es por eso que el engaño y
fraude suelen ir juntos dando lugar a que
en el lenguaje se tomen el uno por el otro.
CONCEPTO DE FRAUDE
En términos generales, existe fraude cuando a
través de un acto jurídico idóneo y lícito en
virtud a una ley que lo permite o autoriza, se
busca eludir el cumplimiento de otra norma
imperativa.
El fraude mediante el acto jurídico, o acto
jurídico fraudulento, se da cuando una
persona enajena sus bienes a fin de
protegerlos de la ejecución de sus acreedores.
En este caso, la enajenación es real, es decir
no es ficticia como sucede cuando está de por
medio la simulación. Lo que busca el deudor
es un estado de insolvencia para no pagar la
deuda.
ELEMENTOS DEL FRAUDE
a) Una norma jurídica imperativa.
b) La finalidad de incumplir su aplicación.
La utilización de un medio legal o eficaz
para lograrlo.
CLASES DE FRAUDE
a) Fraude a los acreedores
b) Fraude a la ley
FRAUDE A LOS ACREEDORES O FRAUDE
PAULIANO
Entre el acreedor y el deudor existe una obligación
que consiste en el cumplimiento de una prestación a
favor del acreedor, cuyo incumplimiento acarrea una
responsabilidad por parte del deudor.
Este consiste en los actos jurídicos celebrados por el
deudor, básicamente de disposición, con la finalidad
de disminuir su patrimonio y de esta manera perjudicar
a su contraparte, al impedirle la satisfacción o
legítimas expectativas sobre su crédito.
Esta actitud del deudor frente al acreedor,
por la que el primero destruye su
patrimonio y perjudica al acreedor, es lo
que se conoce con el nombre de fraude,
mediante el acto jurídico. El deudor
responde ante el acreedor por el
cumplimiento de la obligación con todos
sus bienes tanto presentes como futuros.,
y estos a su vez van a constituir una
garantía por los créditos otorgados.
FUNDAMENTO
Este se encuentra en la garantía que representa el
patrimonio en este caso por deudor, en relación al
cumplimiento del crédito, así como a la buena fe con
la que se debe de actuar dentro de las relaciones
jurídicas.
ELEMENTOS DEL FRAUDE A LOS ACREEDORES
a) Acto fraudulento
b) Ánimo de perjudicar a los acreedores
c) Convivencia del deudor y los terceros a fin de
disminuir o tornar insolvente su patrimonio.
ACCIONES QUE SE OPONEN A
LOS ACTOS FRAUDULENTOS
Cuando un deudor evade sus derechos para no
cobrar su crédito o cualquiera otra prestación,
en detrimento del acreedor, existe la ACCION
SUBROGATORIA, contemplada en el inciso 4
del art.1219 del Código Civil.
Por la acción subrogatoria un acreedor puede
accionar una pretensión a nombre de su deudor,
para que el patrimonio de éste se incremente,
con el cual el acreedor tendrá la posibilidad de
cobrara su crédito, recurriendo sobre el mismo.
Ejemplo : Tirso es acreedor de Benigno, quién si
cobrará la deuda que le tiene Tobías, podría
pagarle a Tirso lo que le debe. No obstante ,
Benigno no cobra a Tobías porque no desea
pagarle a Tirso. Ante esta renuencia de
Benigno, Tirso lo subroga, es decir lo sustituye,
y en nombre de Benigno procede a cobrar a
Tobías, para que de esa manera se legre que
Benigno le pague lo que le debe.
La acción que plantea Tirso es una
subrogatoria por la que se reemplaza al titular
primario de la acción que es el deudor.
LA ACCIÓN PAULIANA
Cuando se produce el fraude al acreedor ,
por parte del deudor, mediante la
disposición de su patrimonio en perjuicio
del primero, es posible que éste plantee la
acción revocatoria o pauliana, o de
ineficacia del acto jurídico de disposición.
El acreedor se legitima para impugnar
aquellos actos del deudor que son lesivos
de su derecho de crédito.
Un requisito indispensable para el
planteamiento de la acción es la prueba
del daño, es decir la imposibilidad del
cobro.
El acreedor debe probar que el deudor no
dispone de otro medio para hacer efectivo
el cobro del crédito.
Para León Barandiarán por la acción
revocatoria o pauliana el acreedor obra en
nombre propio y demanda que quede sin
efecto el acto realizado por su deudor, por
el que disminuye su patrimonio que lo
convierta en insolvente y por lo tanto
carece de medios para pagar la deuda.
Ejemplo
Tobías es acreedor de Tirso; este último dona el
único bien de que es propietario a Benigno y de
esa manera no tiene como pagar a Tobías.
Este, entonces solicita que se revoque el acto
celebrado con Benigno, que es un tercero, para
poder hacerse pago con el bien que debe
reingresar o retornar a poder de Tirso que es el
deudor. En la acción revocatoria o pauliana, el
demandante es el acreedor y los demandados
son el deudor y el tercero.
Como ya señalamos, el acreedor debe
probar, además del daño o imposibilidad
del cobro, la mala fe del deudor y del
tercero. De esta manera se protege frente
a la acción revocatoria de los acreedores,
a aquellos terceros de buena fe que
contrataron con el deudor.
TITULARES DE LA ACCIÓN PAULIANA
Son únicamente los acreedores, sea que
se ejerza de manera individual o conjunta.
Asimismo, quedan excluidos aquellos
acreedores que gozan de garantías
especificas (prendarias o hipotecarias).
PERSONAS SUJETAS A LA ACCIÓN
Es el caso de la acción pauliana, esta no
sólo esta dirigida hacia el deudor que
realizó el acto fraudulento sino también a
los terceros que participaron en el mismo,
pues de lo contrario el eventual fallo
judicial no permitiría un efectivo resultado.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
PAULIANA
Esta acción presenta una faceta especial,
pues sólo se encuentra legitimado para
ejercerla el o los acreedores a quienes se
les protege y faculta hacerse pago de su
crédito con los bienes que no se
encuentran en el patrimonio del deudor, al
haber sido estos transmitidos
fraudulentamente.
EFECTOS DE LA ACCIÓN
PAULIANA
a) En primer lugar, quienes han participado en
el acto fraudulento del deudor o se han
beneficiado directamente con dicho acto
deben restituir al patrimonio de aquellos
bienes recibidos, hasta el monto de la
acreencia.
b) Asimismo, los intervinientes en dicho fraude,
deberán de indemnizar a los acreedores por
los daños y perjuicios ocasionados a estos
c) Inoponibilidad, es decir, que los
terceros sub adquirientes no pueden
oponer el acto jurídico a los acreedores
defraudados, para quienes dicho acto,
se tiene por no celebrado respecto a
ellos.
Por ésta razón, se dice que la acción
revocatoria o pauliana, es una acción de
ineficacia del acto jurídico.
LA ACCIÓN PAULIANA EN EL
CÓDIGO CIVIL
El CCP.de 1984, señala que se puede
pedir la ineficacia de los actos cometidos
por el deudor, por los cuales renuncia a
derechos o disminuya su patrimonio
conocido y perjudique el cobro del crédito
de sus acreedores.
El Art. 195, en su primer párrafo se refiere
a los actos jurídicos a título gratuito; y en
la segunda parte, a los actos jurídicos a
título oneroso.
De manera que dicho dispositivo contiene
la posibilidad de plantear la acción
pauliana en las circunstancias indicadas,
lo que significa la revocatoria de acto
fraudulento, con la finalidad que el
patrimonio del deudor, transferido a un
tercero, retorne al dominio del transfiriente
deudor para que responda frente al crédito
del acreedor accionante.
LA ACCIÓN PAULIANA Y LOS ACTOS
JURIDICOS SUJETOS A CONDICIÓN
O PLAZO
El primer párrafo del Art. 195 del C.C., dispone
que “El acreedor, aunque el crédito está sujeto a
condición o a plazo, puede pedir que se
declaren ineficaces respecto de él los actos
gratuitos del deudor por lo que renuncie a
derechos o con los que disminuya su patrimonio
conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se
presume la existencia de perjuicio cuando del
acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar
íntegramente la prestación debida o se dificulta
la posibilidad del cobro”
Se establece que el derecho acreedor a
plantear la ineficacia, o acción pauliana, si
su crédito no puede ser exigible y
satisfecho a su vencimiento.
Puede suceder que el deudor que incurre
en fraude ha dispuesto de su patrimonio y
su acreedor no encuentra bienes o si lo
hay, no son suficientes para responder por
el pago de la deuda. Aquí se aprecia un
incumplimiento del deudor y el acreedor
impugna el acto traslativo por considerarlo
fraudulento.
Pero el C.C P se pone en el caso de que
la acción pauliana se pueda accionar
aunque el crédito no haya vencido y por lo
tanto aún no sea exigible.
Se trata de los créditos sujetos a
condición o plazo. Para una parte de la
doctrina estos actos no tiene una certeza
en cuanto a su realización en razón que
los créditos son solamente expectativas
sujetas a supuestos hipotéticos, como lo
es la ineficacia frente a una incertidumbre
del crédito sujeto a una circunstancia
condicional.
El
C.C.
se
aleja
de
esta
consideración teniendo en cuenta
que la acción pauliana tiene un
carácter individual, en la medida que
sólo favorece al acreedor accionante
y no anula el acto de transferencia,
sino sólo se declara su ineficacia.
LA ACCIÓN PAULIANA Y LOS
ACTOS GRATUITOS
El Art.195, en su primer párrafo como ya
lo hemos señalado se desprende que el
perjuicio en contra del acreedor es lo que
posibilita el planteamiento de la ineficacia
del acto celebrado por el deudor con un
tercero a título gratuito. El dispositivo
establece una presunción del perjuicio que
se da cuando del acto del deudor resulta
lo imposible o hace difícil el cobro de la
deuda
En este caso estamos frente a un
concepto objetivo del fraude, en la
medida que no interesa si existió buena
o mala fe de los que celebraron el acto
jurídico a título gratuito en perjuicio del
acreedor. El donante, por ejemplo, y el
donatario incurren en fraude, cuando el
primero no haya reservado bienes
suficientes para pagar las deudas
anteriores al acto de donación.
LA ACCIÓN PAULIANA Y EL
ACTO A TÍTULO ONEROSO
L a segunda parte del Art. 195 en sus inc.
1 y 2, el CCP contempla la situación de
los actos jurídicos a título oneroso, cuando
el crédito es anterior al acto de
disminución patrimonial, así como la
situación de los actos cuya ineficacia se
solicita fuera anterior al surgimiento del
crédito. Este dispositivo establece que
tratándose de acto a título oneroso deben
concurrir el contenido de los incisos 1 y 2.
Nuestro Código Civil, en el inciso 1 del Art. 195
se refiere a la existencia de un crédito que es
anterior al acto fraudulento porque el perjuicio al
acreedor sólo podía producirse cuando éste
tenía un crédito ya existente.
El citado inciso dispone “Si el crédito es anterior
al acto de disminución patrimonial, que el
tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a
los derechos del acreedor o que según las
circunstancias haya estado en razonable
situación de conocer o de no ignorarlos y el
perjuicio eventual de los mismos”.
En este caso lo que prima es un estado
subjetivo que consiste en el conocimiento
que tenga el tercero, del perjuicio a los
derechos del acreedor, o que según las
circunstancias, haya estado en razonable
situación de conocer o de no ignorarlos y
el perjuicio eventual de los mismos.
Esto es lo que se conoce con el nombre
de designio fraudulento, que hace muy
difícil la prueba del mismo, por su enorme
carga subjetiva.
El inc. 2 del Art. 195 esta referido al
caso de que el acto fraudulento sea
anterior a la concertación del crédito.
En tal sentido, tal dispositivo dispone
que “Si el acto cuya ineficacia se
solicita fuera anterior al surgimiento
del crédito, que el deudor y el tercero
lo hubieran celebrado con el
propósito de perjudicar la satisfacción
del crédito del futuro acreedor”.
Se presume dicha intención en el
deudor cuando ha dispuesto de
bienes de cuya existencia había
informado por escrito al futuro
acreedor. Se presume la intención del
tercero cuando conocía o estaba en
aptitud de conocer el futuro crédito y
que el deudor carece de otros bienes
registrados”.
En este caso el Código exige para el
cumplimiento de la acción pauliana, que el
deudor y el tercero lo hubieses celebrado con el
propósito de perjudicar la satisfacción del
crédito del futuro acreedor. Hasta aquí podría
pensarse que sólo esta de por medio la mala fe,
es decir un aspecto subjetivo.
Pero el Código recurre a dos presunciones que
constituyen un fraude objetivo, que esta dado
por el hecho de que el deudor disponga de
bienes de cuya existencia había informado por
escrito al futuro acreedor.
En cuanto al tercero, el código exige que
el mismo hubiera estado en aptitud de
conocer el futuro crédito y que el deudor
carece de otros bienes registrados.
Cuando un deudor y el tercero actúan de
la manera que el Código lo describe, no
cabe duda que existe el propósito de
engañar al acreedor, es decir esta de por
medio la mala fe de ambos.
LA ONEROSIDAD DE LAS
GARANTÍAS POR DEUDAS AJENAS
El Art. 196 del C.C.P., dispone que “ Para los
efectos del Art.195 se considera que las
garantías, aun por deudas ajenas, son actos a
título oneroso si ellas son anteriores o
simultáneas con el crédito garantizado”.
El Código se refiere a las garantías que otorgue
el deudor, tanto por deudas propias como
ajenas, actos con los cuales se puede perjudicar
al acreedor, en la medida que grava los bienes
del deudor.
Estos actos de acuerdo con el código se
consideran celebrados a título oneroso,
siempre que el acto calificado de
fraudulento, por el acreedor, sea anterior o
simultáneo al crédito garantizado.
Esto quiere decir, que si los actos
constitutivos de garantía son posteriores
deben interpretarse como actos a título
gratuito y por lo tanto para el ejercicio de
la acción pauliana resultará suficiente
alegar el daño al acreedor.
Por lo tanto, si el acto de garantía es
considerado oneroso, de acuerdo al Art.
196 se le aplicará las reglas del Art. 195
que tiene que ver con la onerosidad de los
actos.
LAS DEUDAS VENCIDAS Y LA
ACCIÓN PAULIANA
El art. 198 de del C.C., dispone que “No procede
la declaración de ineficacia cuando se trata del
cumplimiento de una deuda vencida, si ésta
consta en documento de fecha cierta”.
El acreedor no solamente tiene el derecho al
cobro de la deudas, sino que tiene la obligación
de ejercitar el mismo en forma oportuna. En el
caso del Art. 198 no se le permite plantear la
acción pauliana cuando el acreedor no ejercitó
su derecho al cobro normal oportunamente.
Esto significa que la acción revocatoria no
tiene como propósito impedir que el
deudor cumpla sus obligaciones ya
vencidas. Porque puede darse el caso de
un conflicto de acreedores en el que uno
de ellos esté a la espera del cumplimiento
de una condición o plazo y por lo tanto
conseguir que la acción pauliana cumpla
su rol, lo que no sucedería con un
acreedor que no ejercitó su derecho
oportuno para cobrar lo que se le debe.
ASPECTOS PROCESALES
Dentro de los aspectos procesales de la
acción pauliana es necesario ver el tema
de la prescripción. Es preciso señalar que
dentro del título relativo al Fraude del Acto
Jurídico no se ha regulado la
prescriptibilidad de la acción de ineficacia,
razón por la que es necesario recurrir al
Libro VIII del Código Civil parte en la que
en su art. 2001, inciso 4, se establece que
prescribe a los dos años la acción
revocatoria.
El otro aspecto que debemos tener en
cuenta es la vía procesal en la que debe
tramitarse la acción pauliana. El art. 200
del CC., dispone que la “ineficacia de los
actos gratuitos se tramita como proceso
sumarísimo; la de los actos onerosos
procedentes de medidas cautelares
destinadas a evitar que el perjuicio resulte
irreparable.”
En cuanto a la prueba, la última parte del
art.195 del Código dispone que “incumbe al
acreedor la prueba sobre la existencia del
crédito y, en su caso la concurrencia de los
requisitos indicados en los incisos 1 y 2 del
mismo artículo.
En cambio corresponde al deudor y al
tercero la carga de la prueba sobre la
existencia de perjuicio o sobre la existencia
de bienes libres suficientes para garantizar
la satisfacción del crédito.
FRAUDE A LA LEY
CONCEPTO.- Consiste en el propósito de no
cumplir una norma jurídica imperativa, a fin de
obtener otro resultado práctico, que en efecto,
esta prohíbe.
El perjuicio se causa a los intereses superiores
de toda la comunidad, es decir al estado que la
representa.
En la mayoría de los casos el fraude a la ley,
también puede causar daño a terceros,
produciéndose el efecto de la inoponibilidad.
Ejemplo :
Existen prohibiciones para los miembros del
poder ejecutivo, legislativo o judicial de que no
pueden adquirir derechos reales por contrato,
legado o subasta o por interpósita persona de
bienes nacionales, bienes que los tengan bajo
su cuidado o custodia, o bienes que hayan
estado en litigio donde actuaron dichos
funcionarios; así como los abogados en los
bienes en donde intervienen como defensores ,
los albaceas de los bienes que tienen bajo su
administración,
los que administran esos bienes y todos
aquellos que por el art.1366 del CCP se
encuentran
sometidos
en
dicha
prohibición. Será fraude si conciertan
voluntades con un tercero que no tiene
esa prohibición y adquieren los bienes y
luego se las enajenan ellos, bajo cualquier
modalidad, dicho acto será nulo.
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