Recordar Cayara
16 años después
14/05/1988
Para que no se repita…
Conclusiones Generales del Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación
2. La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales
de la violencia es de 69,280 personas. Estas cifras superan
el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en
todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus
182 años de vida independiente.
5. La CVR ha constatado que la población campesina fue la
principal víctima de la violencia. De la totalidad de
víctimas reportadas, el 79% vivía en zonas rurales y el 56
por ciento se ocupaba en actividades agropecuarias. Estas
cifras contrastan con las del censo de 1993 según el cual el
29% de personas vivían en zonas rurales y el 28% de la PEA
nacional estaba ocupada en el sector agropecuario.
Conclusiones Generales del Informe Final CVR
6. …Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75%
de las víctimas fatales del conflicto armado interno
tenían el quechua u otras lenguas nativas como
idioma materno. `[Este dato contrasta de manera elocuente
con el hecho de que la población que comparte esa
característica constituye solamente el 16% de la población
peruana de acuerdo con el censo nacional de 1993.]
9. La CVR ha constatado que la tragedia que sufrieron las
poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y
asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida
ni asumida como propia por el resto del país; ello
delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y las actitudes
de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos
siglos de nacida la República.
Conclusiones Generales del Informe Final CVR
55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos
del conflicto la actuación de miembros de las
Fuerzas Armadas no sólo involucró algunos excesos
individuales de oficiales o personal de tropa, sino también
prácticas generalizadas y/o sistemáticas de
violaciones de los derechos humanos, que
constituyen crímenes de lesa humanidad así como
transgresiones de normas del Derecho Internacional
Humanitario.
Introducción
La masacre de Cayara, constituye por varias razones, uno
de los hitos de más triste e indignante evocación de todo
el proceso de guerra interna. En esta ocasión se desea
poner énfasis sobre el aspecto más penoso, oprobioso y
ofensivo del conflicto, la ingente movilización de
parte del aparato estatal peruano entre 1988 y 1993
para encubrir primero, y luego, extender un manto
de impunidad sobre los responsables de los hechos que
pasarán a ser narrados a continuación.
Desde el Ejecutivo, el Congreso, las FF.AA. y
contando con el apoyo de algunos jueces y fiscales, se
entretejió la red que sirvió para evitar el procesamiento
de los agentes del Estado involucrados directamente en la
desaparición y muerte de más de una veintena de
peruanos y peruanas, muchos de ellos infantes o madres
en estado de gestación. El Estado Peruano
confabuló contra sus ciudadanos, la verdad se
escamoteó, las víctimas nunca recibieron justicia, y
aquellos que procuraban el esclarecimiento de los
hechos fueron objeto de persecución, amenaza y
muerte. Además sirvió el caso Cayara como puerta falsa
para el regreso del criminal Vladimiro Montesinos al
seno del poder, su instalación en él y la maquinación de
la década de la vergüenza y el oprobio.
Recordemos para que nunca más se repita.
CONTEXTO
Ubicación geográfica
Cayara:
Distrito de la provincia de Víctor
Fajardo, departamento de
Ayacucho. Se encuentra a una
distancia de 147 Km. al sur de
Huamanga
Comunidad ubicada en la zona definida
por el PCP-SL, como Comité Zonal
Fundamental, en el eje Cangallo –
Víctor Fajardo, uno de los 4 comités
adscritos al Comité Regional Principal.
LOS HECHOS
Los hechos
Un destacamento del PCP-SL emboscó en la zona de
Erusco a un convoy del EP, el 13 de mayo de 1988. Saldo 4
muertos: 1 capitán, 1 sargento, 2 cabos; 15 efectivos EP
gravemente heridos.
 En respuesta y represalia, el Jefe Político Militar de la Sub
Zona de Seguridad Nacional Nº 5, General de Brigada EP
José Rolando Valdivia Dueñas, prepara y ordena el
operativo “Persecución” con el fin de capturar y
elimininar a los perpetradores. Dicho plan se pone
ejecución el 14 de mayo, al día siguiente de los hechos

Los hechos
Aproximadamente 200 efectivos del EP ocuparon desde las
5:30 a.m. del 14 de mayo de 1988, las zonas de Huancapi,
Erusco, Cayara, San Pedro de Hualla y Huancaralla.
 Acusaban a los miembros de las comunidades de haber
participado o colaborado con el PCP-SL en la emboscada.
Las tropas detuvieron, capturaron, torturaron y finalmente
ejecutaron y/o desaparecieron a decenas de campesinos
hombres y mujeres, niños y madres gestantes, muchos de
ellos fueron sacados de sus casas, todos estaban desarmados.

Los hechos
En las semanas y meses siguientes, la muerte de más
campesinos se hacía patente, especialmente de aquellos que
había sido testigos de las masacres y de la incursión del
propio Gral. Valdivia Dueñas a la comunidad de Cayara con
una lista en mano de una veintena de supuestos
“senderistas”, quienes fueron detenidos uno a uno, sin que
se conozca luego su paradero.
 En setiembre de 1989 es asesinada una enfermera que era la
última testigo importante que quedaba y de quien dependía
en mayor parte el alegato del Fiscal Carlos Escobar Pineda
en contra del Gral. Valdivia Dueñas.

LAS INVESTIGACIONES
Las investigaciones
Investigación de Inspectoría de la II Región Militar,
llega a la conclusión que los pobladores de Cayara
fueron parte del ataque del 13 de mayo al habérseles
encontrado armas y propaganda subversiva.
 Investigación en el Fuero Militar, no encontró
responsabilidad en alguna persona por los delitos
denunciados, infiriendo de ese modo que los delitos
contra la vida y otros no se habían cometido. Se
sobreseyó y archivó el caso.

Las investigaciones

La Comisión Investigadora del Senado de la República,
formada el 23 de mayo de 1988. Grupo presidido por el
aprista Carlos Enrique Melgar, 3 miembros más del
PAP, y los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme.
El informe en mayoría hizo suya la tesis del Ejército que
negaba la participación de miembros de esa institución en
violaciones a los DD.HH. , denunciaron al Alcalde de
Huamanga, Fermín Darío Azparrent, quien fue una de las
personas en denunciar los hechos, y que sería muerto al año
siguiente. Enfilaron armas contra el Fiscal Carlos Escobar
Pineda quien venía desempeñando una labor eficiente e
independiente en la investigación de los hechos. De este
modo el Senador aprista Carlos Enrique Melgar se
prestó al juego de la impunidad.
Las investigaciones

En ambos informes en minoría, los Senadores Diez
Canseco y Mohme, llegaron a la conclusión de que en la
Comunidad de Cayara se produjo la muerte de varios
campesinos a manos de y con el conocimiento y la anuencia
de los altos mandos políticos – militares de la II Región
Militar, en específo el Gral. José Rolando Valdivia
Dueñas. Además ambos informes son prolijos en
mencionar la intención de dolo manifiesta al obstruir y
obstaculizar la acción de la justicia y la investigación del
Fiscal Escobar, llegando al punto de realizar exhumaciones y
traslado de cadáveres ilegales y clandestinas.
Las investigaciones
La investigación de la Fiscalía de
la Nación.
El Fiscal de la Nación cncargó al Dr.
Carlos Escobar Pineda la investigación de
las muertes y desapariciones de personas
del 14 de mayo de 1988. En su informe
del 13-10-88 señala la presencia de
efectivos EP en el pueblo de Cayara el 1405-88, y la tortura seguida de muerte
cometida contra los varones de la
comunidad. El 18-05-88 detienen en
Erusco a algunos pobladores hombres y
mujeres, entre ellos Jovita García, se los
llevan y nunca se vuelve a saber su
paradero, salvo el de Jovita García, cuyo
cadaver es encontrado y luego
desaparecido.
Fiscal Carlos Escobar
Las investigaciones

El Fiscal Carlos Escobar concluyó que existían
suficientes elementos para denunciar los hechos
ante el Juez de Primera Instancia de Cangallo por
los delitos de homicidio, contra la libertad
individual, robos, daños y contra la
administración de justicia, con fundados
elementos de presunción de la responsabilidad del
Jefe del Comando Político Militar de la Zona de
Seguridad Nacional Nº 05 de Ayacucho, General
de Brigada EP José Rolando Valdivia Dueñas.
Gral. EP (r) José Rolando Valdivia
Dueñas
Responsable de una de las masacres más
horrendas en todo el conflicto armado
interno. Contó con el apoyo del gobierno de
turno para evitar que “otro general cayera en
desgracia”. Tuvo el apoyo de su superior, el
Gral. Jaime Salinas Sedó, uno de los
“institucionalistas” del 13-11-92, quien a
pesar de sus sospechas sobre Montesinos
aceptó reunirse con él, puesto que quería
ayudar a Valdivia. Así, juntos Valdivia,
Montesinos, Salinas Sedó y otros, tramaron
la defensa e impunidad del responsable de las
pérdidas humanas en Cayara, tal como
coiciden en señalar algunas de las fuentes
consultadas para la elaboración de este
resumen.
El retorno de Montesinos
En el libro El espía imperfecto (Lima, PEISA 2003), de las periodistas Sally Bowen
y Jane Holligan, en el documento Alegato por Cayara: Enjuiciando la “verdad
oficial” de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), entre otros
documentos, se recuerda como la masacre de Cayara “constituyó otra
oportunidad para que Montesinos recuperase una posición favorable ante el
Ejército”, institución a la cual tenía prohibida la aproximación por haber sido
expulsado en el año 1976.
Montesinos obtuvo acceso al caso a través del Fiscal de la Nación, Hugo
Denegri, inmediatamente le ofreció sus servicios al Gral. Valdivia. En esos
años todavía era patente el rechazo hacia Montesinos por parte de la
institución militar, sin embargo, sus tácticas y estratagemas para proteger y
encubrir, se sabían harto eficaces. Valdivia quería reunir a su superior, el Gral.
Jaime Salinas Sedó, con Montesinos para tratar sobre el caso y su defensa. Con
reticencias por lo ya expuesto, Salinas aceptó el encuentro con Montesinos, el
mismo Valdivia y el Fiscal de la Nación Hugo Denegri.
El retorno de Montesinos
Luego de esa primera reunión, Montesinos arregló que Denegri hiciese una
presentación del incidente y sus implicancias con altos mandos castrenses.
Luego, según lo que refiere Salinas Sedó a las autoras de El espía imperfecto,
Montesinos le dijo a Salinas: “Dicen que estoy prohibido de ingresar a las
instalaciones militares y sin embargo entré al Cuartel General y los obligué a
escucharme, a escucharme lo que tenía que decir. Vea qué fácil es
manipularlos”. Señalan finalmente ambas autoras que “al poco tiempo el fiscal
Escobar se dio cuenta de que sus investigaciones sobre las matanzas estaban
siendo bloqueadas” sistemáticamente, mediante el asesinato de testigos,
desaparición de los cadáveres de las víctimas originales, hasta que fue
removido del caso y prohibido de regresar a Ayacucho por el Fiscal de la
Nación. El expediente original de Escobar fue reducido a cenizas en un
supuesto ataque terrorista, recibió amenazas de muerte, una carta bomba y
tuvo que abandonar el país y asilarse en Estados Unidos. Con la desaparición
del expediente, Valdivia jamás fue sentenciado y continuó su carrera militar.
Montesinos logró vincularse nuevamente al Ejército y de ahí al Servicio de
Inteligencia. El resto es historia conocida.
EPÍLOGO
Epílogo
El caso de las torturas, desapariciones y muertes en la
comunidad de Cayara fue uno de los primeros casos en
alcanzar la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y luego la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), así como exhortaciones
al Estado Peruano por parte de instituciones
independientes como Amnistía Internacional,
America’s Watch, y gobiernos como el de Finlandia.
Inexplicables y extrañas demoras hicieron que la
CIDH rechazara la demanda por razones procesales sin
pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Epílogo
A diferencia de otros casos de la década de los 80’s
(Accomarca por ejemplo), en el caso Cayara no hubo un solo
militar procesado o que siquiera haya sido dado de baja o
defenestrado. La conspiración por la impunidad involucró a
agentes desde la más altas esferas estatales, hasta el sujeto que
tenía prohíbida la entrada a instalaciones militares, Vladimiro
Montesinos Torres. Los responsables están libres, el Gral.
Valdivia Dueñas se dedica a la docencia universitaria. Los que
interaron esclarecer los hechos fueron perseguidos y de ser
investigadores pasaron a ser investigados. El Fiscal Carlos
Escobar Pineda, luego de un duro batallar tuvo que buscar
asilo político en los Estados Unidos luego que su vida se viera
amenazada en más de una ocasión.
Historias como esta no deben repetirse.
Fuentes

1999 ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS. Alegato
por Cayara: Enjuiciando la “verdad oficial”. Lima,
APRODEH.
 2001 VALDIVIA DUEÑAS, José Rolando. CAYARA: Derrota
de Sendero Luminoso en su “teatro principal” y manipulación
político-psicológica pro subversiva.
 2003 COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN.
Informe Final. Lima: CVR, Tomo VII.
 2003 BOWEN, Sally y Jane HOLLIGAN. El espía imperfecto.
Lima: PEISA.
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