DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
Jorge Rosas Yataco
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#255065-995623685
 PRELIMINAR
 El Libro II del Código Penal, en su Título XVIII ha
establecido en el Capítulo III, Delitos contra la
administración de justicia y cuya Sección I se refiere a los
Delitos contra la función jurisdiccional.
 La posibilidad de que atentados contra los órganos
jurisdiccionales, sus competencias y decisiones hayan
figurado entre los delitos contra la función pública o de
funcionarios en el ejercicio de sus cargos, no hace sino
corroborar la posibilidad de entender la Administración de
justicia como parte de la Administración Pública, aunque
por lo especialísimo de la función se justifique el
tratamiento penal separado. Manuel Frisancho Aparicio.
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Los delitos de esta Sección son:
1. Delito de Denuncia Calumniosa (Art. 402°)
2. Delito de Ocultamiento de menor a las investigaciones (Art.403°)
3. Delito de Encubrimiento personal (Art. 404°)
4. Delito de encubrimiento real (Art. 405°)
5. Excusa absolutoria en el encubrimiento (Art. 406°)
6. Delito de Omisión de denuncia (Art. 407°)
7. Delito de Fuga del lugar de accidente de tránsito (Art. 408°)
8. Delito de Falsa declaración de testigos y peritos en juicio (Art. 409°)
9. Delito de obstrucción de justicia (Art. 409°-A)
10. Delito de Revelación indebida de identidad (Art. 409°-B)
11. Delito de avocamiento indebido de proceso en trámite (Art. 410°)
12. Delito de falsa declaración en procedimiento administrativo (Art.
411°)
 13. Delito de expedición de prueba o informe falso en proceso judicial
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(Art. 412°)
14. Delito de fuga mediante violencia o amenaza (Art. 413°)
15. Delito de favorecimiento a la fuga (Art. 414°)
16. Delito de amotinamiento de detenido o interno (Art. 415°)
17. Delito de Fraude procesal (Art. 416°)
18. Delito de insolvencia provocada (Art. 417°)
Denuncia Calumniosa (Art. 402°)
 El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas que no se
ha cometido, o el que simula pruebas o indicios de su comisión que
puedan servir de motivo para un proceso penal o el que falsamente se
atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.
 Cuando la simulación directa o indirecta de pruebas o indicios de su
comisión sea efectuada por miembros de la Policía Nacional u otro
funcionario o servidor público encargado de la prevención del delito, y
que puedan servir de sustento para un proceso penal por tráfico ilícito
de drogas la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor
de seis años.
Bien jurídico
 Alonso Peña Cabrera F. dice que en el caso particular de la denuncia
calumniosa, el objeto jurídico es en definitiva la correcta administración de
justicia, sin defecto, de poder verse afectados otros intereses jurídicos
individuales, pero que juegan un rol subsidiario y, accesorio.
 En resumidas cuentas, somos partidarios de la tesis de la pluriofensividad, con
los matices que se han señalado, en el sentido, de que si bien la sustantividad
penal del injusto de denuncia calumniosa, importa una perturbación al normal
funcionamiento de la administración de justicia, de forma particular a la vía
penal, cuando se activa innecesariamente la maquinaria persecutoria del Estado
así como la sancionadora, ello no es óbice a reconocer, que ni bien se formula
la denuncia y es acogida por los entes investigativos, se colocan en un estado de
riesgo y amenaza bienes jurídicos individuales del sujeto denunciado, como el
honor, la intimidad, la libertad y otros.
Comentario
 En el dominio del hecho, el agente orienta su acción dolosa, más allá del simple
aprovechamiento de la administración de justicia, en comprometer el honor, la
honra, los bienes o la libertad personal de su víctima; resultando, por tanto, que en
determinadas ocasiones el sujeto activo, al provocar con una falsa imputación un
proceso de investigación en el ámbito policial, en el Ministerio Público o ante el
órgano jurisdiccional, solo utiliza a la administración de justicia como un medio
para lograr el propósito final del agente que es el de afectar la honra, libertad o
bienes del sujeto pasivo.
 Es un delito pluriofensivo, afecta varios bienes jurídicos protegidos, siendo lo
preponderante el bien jurídico tutelado por la norma, la administración de
justicia.
 El injusto es un delito de mera actividad y la acción dolosa del agente consiste en
denunciar un hecho punible, a sabiendas que no se ha cometido; de manera que,
para la configuración del tipo no se requiere necesariamente el resultado del inicio
del proceso de investigación que acabe en una absolución.
 Jorge HUGO ÁLVAREZ, Delitos contra la administración de justicia.
Denuncia
 Es el acto procesal consistente en una declaración de conocimiento (verbal o escrita) emitido
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1.
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5.

por una persona determinada, en virtud de la cual proporciona al titular del órgano
competente la noticia de la existencia de un hecho que reviste los caracteres de delito.
Conforme lo señala Fernando L. Ibáñez López-Pozas de la citada definición se puede
desprender las siguientes notas esenciales de la denuncia:
Es un acto procesal que puede realizar cualquier persona que presencie, o que por razón de
sus cargos conozca, o que por cualquier otro medio diferente de los mencionados tenga
constancia de la perpetración de algún comportamiento con apariencia delictiva;
Es un acto procesal de conocimiento, una declaración de conocimiento, obligatoria cuya
comisión es sancionable es sancionable por la Ley;
La notificación se realiza ante la autoridad policial, Ministerio Público o en algunos casos
parte de la autoridad judicial y provoca la iniciación del proceso penal, según sea el caso;
El denunciador no está obligado a probar los hechos denunciados ni a ser parte en el
proceso, quedando sujeto exclusivamente a aquella responsabilidad penal que se produjera
ante una acusación o denuncia;
La noticia se refiere a un hecho que revista los caracteres de delito o hecho presuntamente
delictivo. Creemos que será la autoridad correspondiente quien va a calificar si se trata de la
comisión de un delito o no.
IBÁÑEZ LÓPEZ-POZAS, Fernando L., Especialidades procesales en el enjuiciamiento de delitos privados y semiprivados,
Dykinson, Madrid, 1993, p. 114.
Jurisprudencia
 “Para la existencia del delito de denuncia calumniosa, se requiere que la
persona efectúe la denuncia sabiendo que el delito no existe, por lo que al
existir éste, pero no haberse demostrado la responsabilidad del
denunciado, no se configura el mismo; el efectuar una denuncia por la
comisión de un delito constituye el ejercicio legítimo de un derecho, no
constituyendo delito”
 Sala Superior de Ancash, Exp. N°62-96, 07 de junio de 1997.

 “Al no haberse determinado la existencia o no del delito en los proceso
penales, por haberse declarado fundadas las excepciones la prescripción,
no se configuran los elementos normativos del tipo penal consagrado en el
artículo 402° del Código Penal”. Ejecutoria Suprema del 18 de marzo de
1998, Exp. N°7337-97.

Jurisprudencia
 “Se configura el delito, al haber la procesada efectuado denuncia por usurpación
no obstante conocer la situación del predio, el mismo que se hallaba ocupado
cuando lo adquirió, lo cual era de conocimiento de la procesada”
 Sala Penal Superior de Lima Exp. N°8373-98, 08 de abril de 1998.
 “La interposición de una queja contra miembros de la Policía, por supuestos
cobros indebidos, que dieron origen a una investigación policial donde no se
probaron estos hechos, pero sí se detectaron irregularidades, produciendo que la
superioridad policial sancione administrativamente a uno de los quejados, no
configura denuncia calumniosa; tampoco se configura en tanto la queja ha
quedado sólo a nivel policial y no se ha realizado ninguna investigación a nivel
jurisdiccional; por lo mismo, la presentación de una queja no puede ser
considerada dolosa, en tanto todo ciudadano tiene derecho a recurrir ante la
autoridad policial o judicial para que se investigue hechos irregulares, siendo ello
el ejercicio legítimo de un derecho”
 Sala Superior Penal, Exp. N°80-98, 24 de marzo de 1998.
Jurisprudencia
 “El acusado denunció ante el Ministerio Público a la ahora agraviada por la
comisión del delito de hurto, debido a que había ordenado a unos niños a
que ingresaran a su inmueble para destruir plantaciones y recoger fruta; en
la investigación preliminar se estableció que los niños ingresaron a recoger
flores y al observar las frutas las recogieron para su alimentación; que luego
de las investigaciones el Fiscal Provincial desestimó la denuncia declarando
el archivo definitivo y el Fiscal Provincial declaró infundada la queja de
derecho interpuesta, ordenando de oficio denuncia por delito de denuncia
calumniosa; que el accionar del acusado es haber ejercido su derecho
constitucional de acción al realizar la denuncia respectiva ante el Ministerio
Público, por considerar los hechos un ilícito penal en su agravio, no
constituyendo delito contra la función jurisdiccional –denuncia
calumniosa-, al haber existido motivos fundados para impulsar al órgano
jurisdiccional”.
 Ejecutoria Suprema del 30-12-2002, Exp. 340-2002.
Ocultamiento de menor a las
investigaciones (Art. 403°)
 El que oculta a un menor de edad a las
investigaciones de la justicia o de la que realiza
la autoridad competente, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de tres años.
Comentario
 El bien jurídico es la administración de justicia, en cuanto la acción material del
sujeto activo se orienta a dificultar o entorpecer su curso al ocultar al menor
investigado por una infracción que el agente sabe que cometió.
 Ocultar es equivalente a esconder, tapar o disfrazar algo con la finalidad de que
no pueda ser visto o descubierto.
 Manuel Frisancho dice que tal como se encuentra descrita la hipótesis típica,
no es requisito fundamental en esta figura que el sujeto activo oculte a un
menor que se presume responsable de una infracción. Sólo se exige que el
menor ocultado sea objeto de investigación de la justicia (penal, civil o
administrativa) o de la que realiza la autoridad competente. El ser objeto de
una investigación no implica que el menor investigado tenga, necesariamente,
algún tipo de participación en la comisión de una infracción penal o
administrativa, sino que puede ser, por ejemplo, testigo de algún delito o
infracción. Se presenta la posibilidad de que la verdadera finalidad que guía a
quien oculta al menor sea, en este caso, procurar que el menor no rinda su
testimonio –el mismo que puede ser adverso al ocultador-.
Encubrimiento Personal (Art. 404°)
 El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una
pena o de otra medida ordenada por la justicia, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
 Si el Agente sustrae al autor de los delitos previstos en los artículos 152° al
153° A, 200°, 273° al 279°-D, 296° al 298°, 315°, 317°, 318°- A, 325° al
333°; 346° al 350°, en la Ley N° 27765 (Ley Penal contra el Lavado de
Activos) o en el Decreto Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad para los
delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la
instrucción y el juicio), la pena privativa de libertad será no menor de siete ni
mayor de diez años y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.
 Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o servidor público
encargado de la investigación del delito o de la custodia del delincuente, la
pena será privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.
Jurisprudencia
 “Si en aquel momento se le pedía su asesoramiento y su patrocinado le hubiera
confirmado ser autor del delito, el abogado no tiene ninguna obligación moral ni
legal de entregarlo a las autoridades o hacerlo capturar; por el contrario, necesita
conocer la realidad de los hechos para ejercer la defensa en la forma en que
mejor convenga; no subsumiéndose su conducta en el delito de encubrimiento”.
 Ejecutoria Suprema del 06-03-1986, Exp. N°90-86.

 “Si bien es correcto archivar el proceso respecto del delito de tráfico ilícito de
drogas seguido contra los imputados, pues éstos sólo liberaron ilegalmente a los
autores materiales de aquel delito; tal liberación se produjo después de haber
incautado e incinerado ilegalmente la droga, por lo que el accionar de los
imputados se adecua al tipo de encubrimiento personal agravado descrito en el
segundo párrafo del artículo 404° del Código Penal”.
 Ejecutoria Suprema del 15-12-2000, Exp. N°1590-98, San Martín.
Jurisprudencia
 “La acción material del favorecimiento personal se prevé en la
norma invocada en una forma positiva, esto es, que el agente debe
sustraer a una persona de la persecución penal o a la ejecución de
una pena o de otra medida ordenada por la justicia, para lo cual
debe brindarse una ayuda al favorecido para que salga de la
situación difícil en la que se encuentra o lo que es lo mismo,
impidiendo que la autoridad consiga llegar a él, ya sea utilizando
como medio el ocultamiento o facilitando la fuga”.
 Ejecutoria Suprema del 14-10-1999, Exp. N°3175-99.
Jurisprudencia
 “Es de tener presente que el delito de encubrimiento personal
materialmente consiste en trabar o entorpecer la acción de la
justicia, cuya meta es esclarecer si se ha cometido o no un hecho
delictivo y de ser el caso imponer la sanción penal que
corresponda. Por consiguiente, si el objeto de la acción de la
justicia penal no es condenar o absolver sino, en sentido estricto,
garantizar un procedimiento razonable y un amplio esclarecimiento
de la imputación, sin admitir entorpecimiento alguno a ese
cometido, lo que constituye su presupuesto, entonces, es
indiferente a tal finalidad que la persona favorecida con el
comportamiento del encubridor sea absuelta o condenada”.
 Ejecutoria Suprema del 20-04-2004, Exp. N°376-2003.
Jurisprudencia
 “Que a pesar de que en la fecha de los hechos el procesado no se encontraba con un auto de
apertura de instrucción en su contra ni se había dictado algún mandato judicial causalmente
vinculado a una investigación en curso, debe precisarse que el elemento objetivo del tipo penal
“persecución penal” está construido finalistamente para evitar todo tipo de actividad o ayuda
prestada a los autores o partícipes de un delito para que eludan la acción de la justicia, sin que
sea necesario un proceso penal o siquiera el inicio formal de diligencias de averiguación por la
autoridad encargada de la persecución penal, en este caso el Fiscal o la Policía; que ello es así
por la naturaleza del bien jurídico: “la administración de justicia” en su función de averiguación
y persecución de los delitos; siendo particularmente esclarecedor al respecto el artículo 405
del Código Penal, que prevé el delito de encubrimiento o favorecimiento real, para cuya
materialización solo se requiere la desaparición de las huellas o pruebas que se hagan de la
comisión del ilícito, sin que se requiera la existencia de un proceso penal, mandato judicial,
intervención fiscal o policial, que imposibilite la remoción del estatus producido por la
infracción. En suma, la figura penal de Favorecimiento personal busca la protección de toda
actividad vinculada a la persecución penal, la que por mandato constitucional está constituida
por los actos de averiguación de la Policía y la fiscalía, derivados del conocimiento o posibilidad
de conocimiento de la comisión de un delito, y no solo por la actividad estrictamente
jurisdiccional iniciada con el auto de apretura de instrucción o las medidas limitativas de
derechos dictadas previas al procesamiento formal de una persona, en consecuencia,
comprende todos los actos dirigidos a ese fin y que potencialmente puestos en conocimiento
de la autoridad policial o fiscal obligan a su persecución”.
 Ejecutoria Suprema de 02-08-2004, Exp. N°730-2004.
Encubrimiento Real (Art. 405°)
 El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición
de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del
mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
dos ni mayor de cuatro años.
 Si el hecho se comete respecto a los delitos previstos en los
artículos 152° al 153° A, 200°, 273° al 279°-D, 296° al 298°,
315°, 317°, 318°- A, 325° al 333°; 346° al 350° o en el Decreto
Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad para los delitos de
terrorismo o los procedimientos para la investigación, la
instrucción y el juicio), la pena privativa de libertad será no menor
de siete ni mayor de diez años y de ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días multa.
Jurisprudencia
 “El tipo pena contenido en el artículo 405 del Código Penal requiere que el
procesado haya actuado con dolo, procurando el ocultamiento de la prueba
del delito o el ocultamiento de los efectos del mismo, es decir, que tal
conducta por sus características propias debe ser intencionada y sin que
medie excusa de ningún tipo que justifique o pretenda justificar dicho
ocultamiento; en tal sentido la imputación dirigida contra el procesado,
agente de bolsa, de haber omitido dar la información requerida por la
policía acerca de la identidad de las personas que adquirieron el paquete
accionario de la entidad bancaria, no se encuadra en la tipicidad del delito
en estudio, al no apreciarse que dicho levantamiento del secreto bursátil
que le asiste al agente de bolsa, no fue solicitado mediante pedido formal
de la autoridad jurisdiccional en ejercicio de funciones”.
 Ejecutoria Superior de Apelaciones con reos libres de Lima, 19 de
diciembre de 1997, Exp. N°2067-97.
Jurisprudencia
 “El tipo penal de encubrimiento real se perfecciona o satisface plenamente –consumación
típica- con la sola realización de actos destinados a desaparecer las huellas o pruebas del delito,
o con la realización de actos de ocultamiento de los efectos de este, como formas de dificultar
la acción de la justicia. Los verbos rectores empleados no indican que el delito se siga
consumando mientras dura el lapso en que las huellas o pruebas y efecto se hallen ocultos, esto
es, de que cada momento en que subsiste la desaparición u ocultación sea una prórroga
duradera de la fase de consumación del delito. Que si bien tanto la modalidad de “desaparecer”
(cuando no solo se procura para ello sino cuando efectivamente se consigue), como de
“ocultar” pueden implicar cierto lapso de tiempo en que las huellas o pruebas y efectos se
hallan fuera del conocimiento de las agencias de persecución penal, sin embargo, se trata de
una consecuencia no exigida en el tipo penal, que, por ende no hace depender o influye en la
efectiva consumación del delito (la que está enlazada estrictamente al cumplimiento de los
verbos rectores típicos antes mencionados); desde este punto de vista, el primer supuesto del
delito de encubrimiento se estructura como un ilícito de mera actividad, que se consuma en el
momento que se procura la desaparición de las huellas o prueba del delito (basta realizar una
conducta idónea encaminada a ese fin), mientras que el segundo supuesto se estructura como
un delito de resultado instantáneo, cuya consumación acaece cuando se oculta los efectos de un
hecho punible (cuando se realiza una conducta que efectivamente impida su hallazgo), sin que a
la consumación afecte el momento –la mayor o menor prontitud o demora- del
descubrimiento de los actos de ocultación (o de las huellas, prueba o efectos encubiertos), que
es una nota de orden criminalístico no exigida en el tipo penal”.
 Ejecutoria Suprema del 23-10-2007, R. N. N°5084-2006, Lima.
Excusa absolutoria (Art. 406°)
 Están exentos de pena los que ejecutan
cualquiera de los hechos previstos en los
artículos 404º y 405º si sus relaciones con la
persona favorecida son tan estrechas como
para excusar su conducta.
Jurisprudencia
 “Si bien es cierto que la participación de la acusada se encuentra debidamente
acreditada, también lo es que ésta resulta ser hermana del acusado, razón por la
cual debe ser declarada exenta de pena, en atención a lo dispuesto por el Art.
406° del Código Penal, pues nos encontramos frente a un supuesto de no
exigibilidad de otra conducta”.
 Ejecutoria Suprema, R. N. N°2117-97 del 31-03-1998, Lima.
 “La convivencia bajo un mismo techo por razones familiares cercanas no
implica, por sí sola, coautoría en el tráfico ilícito de drogas. La suposición de
una posición de garante entre aquellos [que lo habitan] no contaría con
respaldo legal, pues en estos delitos de incumplimiento de deber se
superpondría con una obligación de denunciar que el ordenamiento jurídico no
quiere imponer, prueba de ello se daría con lo establecido n el Art. 406° del
Código Penal, que excluye la aplicación del encubrimiento cuando las
relaciones con la persona favorecida son tan estrechas como para excusar su
conducta; por lo que la absolución resulta por el colegiado se encuentra con
arreglo a la ley”.
 Sala PenalTID, Exp. N°968-97 del 06-09-2000, Callao.
Omisión de Denuncia (Art. 407°)
 El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca
de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por
su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos años. Si el hecho punible no denunciado
tiene señalado en la ley pena privativa de libertad superior a cinco
años, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años. Si la
omisión está referida a los delitos de genocidio, tortura o
desaparición forzada, la pena será no menor de dos ni mayor de seis
años.

 Obligados a denunciar (Art. 326°.1 CPP)
 En algunos casos el ciudadano está facultado —es decir, no obligados— para denunciar ante la
autoridad pertinente, sin embargo, otras sí están obligados a denunciar:
 a) Los que así lo manda la ley son, los profesionales de la salud, por los delitos que conozcan en
el desempeño de su actividad, así como los educadores por los delitos que hubieren tenido
lugar en el centro educativo. Así tenemos los casos que en centros de salud ingresan personas
con lesiones, probable violación sexual, aborto, etc., entonces los galenos, enfermeras o
personal de salud cualquiera tiene que poner inmediatamente en conocimiento de la policía o
del fiscal, para que se proceda a investigar, como los casos también donde se produce la muerte
de una persona siendo indiferente si el deceso se produjo antes o después de llegar al
nosocomio. Del mismo modo cuando un escolar llegue al colegio con signos de haber sido
maltratado o tenga algún problema que amenaza o perjudica su indemnidad sexual, entre otros.
Sucede muchas veces que las niñas o los niños no cuentan a sus padres lo que les ha sucedido,
pero sí cuentan a sus profesores o amigas (o).
 b) Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del cargo, tomen
conocimiento de la realización de algún hecho punible. Así el policía o cualquier funcionario
público que en el ejercicio de su cargo se notician de la probable comisión de un delito, para lo
cual previa indagación que en algunos casos le exige la ley, pongan en conocimiento
inmediatamente de la autoridad correspondiente para que proceda a investigar y esclarecer los
hechos. Por ejemplo, en los gobiernos centrales, regionales o municipales, quien dirige dicho
organismo conoce que se estaría cometiendo un delito de peculado, tendrá que poner en
conocimiento de su área de control y éste lo hará a su vez al Fiscal.
Jurisprudencia
 “La omisión sólo se tipifica como delito contra la administración de justicia
cuando el agente estuviera obligado a comunicarse a la autoridad las
noticias que tuviera acerca de la comisión de algún ilícito penal debido a su
profesión o empleo”.
 Ejecutoria Suprema del 12-02-90, Exp. N°1000-89, Lima.

 “Del análisis de lo actuado durante el proceso se acredita la comisión del
delito contra la función jurisdiccional que se le atribuye al encausado, dado
que en su condición de Director del hogar albergue, al tener conocimiento
de los hechos de violación sexual contra la menor, que venían sucediendo al
interior de la misma, no actuó conforme a sus atribuciones y
responsabilidades”.
 Ejecutoria Suprema del 29-03-2001, R. N. N°250-2001, Callao.
Fuga del lugar de accidente de tránsito
(Art. 408°)
 El que, después de un accidente automovilístico o de otro similar en
que ha tenido parte y del que han resultado lesiones o muerte, se
aleja del lugar para sustraerse a su identificación o para eludir las
comprobaciones necesarias o se aleja por razones atendibles, pero
omite dar cuenta inmediata a la autoridad, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de cuatro años
y con noventa a ciento veinte días-multa.
Comentario
 El agente se aleja del lugar para sustraerse a su identificación u otro
similar. Pero si abandona el lugar para dirigirse al servicio de
emergencia de un hospital, a fin de que l suturen las heridas y, de
esta manera, evitar perder mucha sangre. Es atendible su
alejamiento. En tal caso, sólo se castiga la omisión de dar cuenta
inmediata a la autoridad acerca del accidente, salvo que lo hubiera
efectuado inmediatamente.
 Por esta razón, este artículo tipifica, además de la fuga indolente, la
omisión del deber de colaborar con la justicia para la identificación
o captura de los posibles responsables de un accidente, cuyo
accionar configura, generalmente, un delito culposo con resultado
grave. Manuel Frisancho Aparicio.
Jurisprudencia
 “La conducta ilícita de este delito consiste en alejarse del lugar donde se
provoca un accidente con la finalidad de sustraerse a la justicia, después de
haber ocasionado lesiones o muerte; en el presente caso la conducta de los
procesados no reviste los elementos típicos que señala el artículo 408° del
Código Penal, por cuanto en ningún momento se dieron a la fuga luego de
producido el accidente, hecho que se encuentra corroborado con la
declaración preventiva de la agraviada, quien sostiene que el día de los hechos
luego de haber colisionado los vehículos de los procesados fue atendida por el
cobrador del carro en el cual viajaba, y en vista que no llegaban a un acuerdo
los inculpados con respecto a la responsabilidad por los daños ocasionados se
retiró a su domicilio; hechos que no prueban la responsabilidad de los
procesados respecto al delito contra la función jurisdiccional, al no haberse
identificado en su conducta los elementos constitutivos del tipo penal”.
 Ejecutoria Superior de la Sal Superior Penal de Lima de21 de septiembre de
1998, Exp. N°3055-98, Lima.
Falso testimonio a la justicia (Art. 409°)
 El testigo, perito, traductor o intérprete que, en un procedimiento
judicial, hace falsa declaración sobre los hechos de la causa o emite
dictamen, traducción o interpretación falsos, será reprimido con pena
privativa de libertad, no menor de dos ni mayor de cuatro años.
 Si el testigo, en su declaración, atribuye a una persona haber cometido un
delito, a sabiendas que es inocente, la pena será no menor de dos ni
mayor de seis años.
 El Juez puede atenuar la pena hasta límites inferiores al mínimo legal o
eximir de sanción, si el agente rectifica espontáneamente su falsa
declaración antes de ocasionar perjuicio.

Jurisprudencia
 “No existe ninguna prueba que demuestre que los encausados hayan
faltado la verdad al expedir los informes médico-ginecológicos,
obrante en autos, señalando que la menor presentaba himen íntegro
y genitales externos de caracteres normales, sobre todo si el
certificado médico tomado inicialmente como válido para la
imputación del ilícito sub materia ha quedado completamente
desvirtuado a través del reconocimiento médico legal dispuesto por
el juzgado, al concluir que no ha existido penetración de pene de
un adulto”.
 Ejecutoria Suprema del 22-01-98, R.N. N°1775-97, Amazonas.
Obstrucción de la justicia (Art. 409°-A)
 El que mediante el uso de fuerza física, amenaza, ofrecimiento o
concesión de un beneficio indebido, impide u obstaculiza se preste
un testimonio o la aportación de pruebas o induce a que se preste
un falso testimonio o pruebas falsas, será sancionado con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
 Si el hecho se comete respecto en la investigación preliminar o
proceso penal por delito previsto en los artículos 152° al 153°-A,
200°, 296° al 298° o en la Ley N° 27765 (Ley Penal contra el
Lavado de Activos), la pena privativa de libertad será no menor de
cinco ni mayor de ocho años y de ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días multa.
 (*) Artículo incorporado por el artículo 2° del D. Leg. n° 982, publicado el 22/07/2007.
Revelación indebida de identidad (Art. 409°B)
 El que indebidamente revela la identidad de un colaborador
eficaz, testigo, agraviado o perito protegido, Agente Encubierto
o especial, o información que permita su identificación, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de seis años. Cuando el Agente es funcionario o servidor
público y por el ejercicio de su cargo tiene acceso a la
información, la pena será no menor de cinco ni mayor de siete
años, e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1, 2 y 4.
Comentario
 Vemos que el bien jurídico sería la correcta administración de
justicia, de forma específica el recaudo material probatorio, su
actuación y subsiguiente valoración judicial, necesaria para
esclarecer la materia de controversia.
 El modelo acusatorio ha introducido una gama de instituciones y
procedimientos, como la colaboración eficaz, el agente encubierto,
etc., que conllevan a descubrir la verdad y resolver el conflicto.
Avocación indebida de procesos en
trámite (Art. 410°)
 La autoridad que, a sabiendas, se avoque a
procesos en trámite ante el órgano
jurisdiccional, será reprimida con pena
privativa de libertad no mayor de dos años e
inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos
1, 2 y 4.
Comentario
 Es una figura penal cualificada por el sujeto activo (solo puede ser
sujeto activo del tipo, la autoridad) y por el bien jurídico tutelado:
el normal ejercicio de la administración de justicia expresada en la
independencia o autonomía en el ejercicio de la función
jurisdiccional.
 Avoque, significa asumir, tramitar, investigar, resolver aquello que
un juez ya viene tramitando por mandato expreso de la ley.
 La acción dolosa del agente se traduce en asumir la facultad de
tramitar, investigar o resolver aquello que un juez o sala viene
tramitando ante el órgano jurisdiccional; el agente sabe o tiene
conocimiento de ello (“a sabiendas”).
Falsa declaración en procedimiento
administrativo (Art. 411°)
 El que, en un procedimiento administrativo, hace
una falsa declaración en relación a hechos o
circunstancias que le corresponde probar, violando la
presunción de veracidad establecida por ley, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor
de uno ni mayor de cuatro años.
Jurisprudencia
 “El tipo penal descrito en el artículo 411 del Código Penal requiere como
presupuesto objetivo que el agente realice una falsa declaración en relación a
los hechos; en el presente caso se incrimina al acusado, que en su calidad de
administrador del centro educativo, haber realizado declaraciones falsas en
procedimiento administrativo levado a cabo por el órgano de control interno;
no obstante durante la secuela del proceso no se ha acreditado fehacientemente
que la declaración vertida por aquel haya sido falsa, si se tienen en cuenta las
declaraciones testimoniales obrantes que corroboran la versión del acusado; de
lo que se infiere que no se ha establecido que el procesado haya lesionado real y
efectivamente el bien jurídico penal tutelado, surgiendo en todo caso una duda
razonable que en materia penal favorece al imputado en aplicación del
principio universal del in dubio pro reo; confirman la sentencia apelada que
falló absolviendo de la acusación fiscal por delito de Falso Testimonio en
Proceso Administrativo”.
 Ejecutoria Suprema del 30-03-1998, Exp. N°6461-97, Lima.
Jurisprudencia
 “El falso testimonio es un delito puramente procesal, siendo el bien
jurídico protegido la seguridad en la administración de justicia; de
allí que el fundamento del castigo se halla en el perjuicio que acarrea
que se pronuncien sentencias injustas”.
 Sala Mixta de Camaná-Arequipa, del 20-05-1998, Exp. N°169-98.
Aporte de prueba falsa o resistencia a
decir la verdad (Art. 412°)
 El que, legalmente requerido en causa
judicial en la que no es parte, expide una
prueba o un informe falsos, niega o calla la
verdad, en todo o en parte, será reprimido
con pena privativa de libertad no mayor de
tres años.

Jurisprudencia
 “El tipo objetivo del delito imputado [prueba o aporte falso en
proceso judicial] se limita al perito o testigo; en el presente caso se
le atribuye al denunciado la calidad de testigo, es decir, la persona
que interviene en el proceso para decir cuánto sabe acerca de los
hechos relacionados con el objeto del proceso, con la finalidad
probatoria, considerándose doctrinariamente que la declaración ha
de afectar a algún extremo esencial del proceso, ello se debe tener
una significación probatoria”.
 Ejecutoria Suprema del 07-01-1998, Exp. N°696-97.
Fuga de reo mediante violencia o
amenaza (Art. 413°)
 El que, estando legalmente privado de su
libertad, se evade por medio de violencia o
amenaza, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de tres años.
Jurisprudencia
 “El acusado estando legalmente detenido se fugó mediante amenaza
cuando era trasladado del Establecimiento Penitenciario, luego de haber
realizado una diligencia judicial en un juzgado penal, para lo cual cuatro
sujetos que se encontraban a bordo de un vehículo de transporte público,
simulando ser pasajeros amenazaron al conductor del mismo y al oficial
de policía; que dicha conducta se subsume en el artículo 413° del Código
Penal y no en el artículo 415° del mismo cuerpo de leyes que regula la
conducta, con la diferencia que en este el medio empleado es el
amotinamiento”.
 Ejecutoria Suprema del 08-07-1999, R.N. N°1902-99, Lima.
Favorecimiento a la fuga (Art. 414°)
 El que, por violencia, amenaza o astucia, hace evadir a un preso,
detenido o interno o le presta asistencia en cualquier forma para
evadirse, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
dos ni mayor de cuatro años.
 Si el agente que hace evadir, o presta asistencia para tal efecto, es
funcionario o servidor público, la pena será privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de ocho años.
 Si el agente actuó por culpa, la pena será no mayor de un año.
Jurisprudencia
 “Al haberse retirado el acusado del local de la gobernación por un lapso
breve de tiempo para ingerir alimentos, para luego al volver percatarse que
los detenidos habían forzado la puerta del calabozo logrando darse a la fuga;
tales hechos se adecuan dentro de los alcances del artículo 414 del Código
Penal que tipifica el favorecimiento culposo de fuga y no así en el tipo penal
de encubrimiento personal del artículo 404”.
 Ejecutoria Suprema del 12-11-1997, Exp. N°5493-96, Cusco.

 “Del acta de inspección ocular se desprende que el calabozo donde fue
recluido el aludido detenido no ofrecía seguridad, habiéndose encontrado
leñas de diverso tamaño, piedras, paquetes de muelles y un fierro angular,
objetos que ayudaron al detenido a fugar del lugar de reclusión; por lo que,
de lo actuado, se colige que los procesados incumplieron con sus
obligaciones que como autoridades les correspondía, incurriendo en
responsabilidad culposa”.
 Ejecutoria Suprema del 21-08-2003, R.N. N°3437-2001, Cusco.
Amotinamiento de detenido o interno
(Art. 415°)
 El detenido o interno que se amotina atacando a un funcionario del
establecimiento o a cualquier persona encargada de su custodia, u
obligando por la violencia o amenaza a un funcionario del
establecimiento o a cualquier persona encargada de su custodia a
practicar o abstenerse de un acto, con el fin de evadirse, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis
años.
 Si el agente provoca un motín, disturbio o cualquier violación contra la
integridad física de cualquier persona o de la seguridad interna o
externa del recinto, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de seis ni mayor de ocho años. Los cabecillas o dirigentes del
motín serán sancionados con la pena señalada, aumentada en una
tercera parte”.
Comentario
 La norma se caracteriza por tener un mayor contenido de
injusto penal con acciones dolosas de concertación para la
evasión; para ello, los detenidos o internos se amotinarán
atacando u obligando por la violencia o amenaza a los
funcionarios del centro penitenciario o a cualquier otra
persona encargada d su custodia a practicar, o abstenerse de
un acto, con el deliberado propósito de la evasión.
 El verbo rector en el tipo penal es el vocablo “amotinar”, que
literalmente significa alzar o reunir gente con el objeto de
armar un motín.
Fraude procesal (Art. 416°)
 El que, por cualquier medio fraudulento, induce
a error a un funcionario o servidor público para
obtener resolución contraria a la ley, será
reprimido con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de cuatro años.
Jurisprudencia
 “Constituye delito de fraude procesal el hecho de haber presentado el acusado ante
la autoridad judicial un escrito de desistimiento a nombre del agraviado, sin su
conocimiento y autorización, falsificando su firma. Aparece de la denuncia del
Fiscal que al sentenciado se le siguió instrucción por delito de lesiones por
negligencia, ocurre que a causa de dicho proceso se le embargó el vehículo –taxide su propiedad, el cual era su herramienta de trabajo, que le sirve de sustento a su
familia y para solventar los gastos de curación del agraviado con que ha venido
cumpliendo, además de pagar el depósito judicial, lo que le creó un problema
económico, por lo que se vio obligado a presentar el escrito de desistimiento a
nombre del agraviado, sin su conocimiento y autorización, falsificando su firma,
escrito que fue faccionado por un tramitador, hecho, suceso del que señala el
procesado se siente arrepentido, no habiendo sido su intención causar perjuicio;
estando probados los hechos la sentencia que fija en dos años la pena privativa de
libertad, suspendida, venida en grado se halla expedida de acuerdo a ley y al mérito
de la pruebas actuadas”.
 Ejecutoria Suprema del 06-01-1998, Exp. N°4636-97,Tacna.
Jurisprudencia
 “Con la pericia de grafotecnia se advierte que el documento
público, partida de nacimiento, utilizado como medio probatorio
en un proceso civil de reivindicación de inmueble, ha sido
adulterado, en cuanto a la numeración del inmueble consignado
como domicilio para probar un hecho con la finalidad de ser
favorecido con una resolución contraria a ley; por tanto la
comisión de los delitos contra la fe pública, en la modalidad de
falsificación de documentos por adulteración y de fraude procesal
o inducción a error a funcionario público, y la responsabilidad
penal del encausado se encuentran debidamente acreditadas”.
 Ejecutoria Suprema del 06-12-2004, R.N. N°70-04,Tacna.
Ejercicio arbitrario de propia mano (Art.
417°)
 El que, con el fin de ejercer un derecho, en
lugar de recurrir a la autoridad, se hace justicia
arbitrariamente por si mismo, será reprimido
con prestación de servicio comunitario de
veinte a cuarenta jornadas.
Jurisprudencia
 “El desalojar violentamente a la persona que vive en
un inmueble debido a la falta de pago del contrato
de compraventa del mismo constituye un concurso
ideal entre el delito de usurpación y el delito de
justicia por propia mano”.
 Exp. N°1398-98 del 25 de septiembre de 1998.
Insolvencia provocada (Art. 417°-A)
 El responsable civil por un hecho delictivo que, con posterioridad a la
realización del mismo y con la finalidad de eludir total o parcialmente el
cumplimiento de la reparación civil correspondiente, realiza actos de
disposición o contrae obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose
total o parcialmente insolvente, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos años ni mayor de cuatro. La misma pena se aplicará a quien
como representante de una persona jurídica, con posterioridad a la realización
de un hecho delictivo, dispone de los bienes de su representada, con la
finalidad de eludir total o parcialmente la imposición de una consecuencia
accesoria en el proceso penal respectivo.
 Si el hecho se comete respecto a proceso por delito previsto en los artículos
152° al 153° A, 200°, 296° al 298°, en la Ley N° 27765, Ley Penal contra el
Lavado de Activos o en el Decreto Ley Nº 25475 (Establecen la penalidad para
los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la
instrucción y el juicio), será sancionado con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de seis años.
Comentario
 En este devenir de política criminal, se pretende a toda costa, cerrar espacios de
impunidad, sancionando con pena todo tipo de conducta, sin interesar que aquélla
cumpla con el estándar exigible por los dictados de un Derecho penal democrático y,
esta propuesta se cristaliza con la acriminación de la figura de la “insolvencia
provocada”.
 Nadie duda, que la tutela judicial efectiva, importa que las víctimas de la conducta
criminal, sean debidamente indemnizadas, según la magnitud del daño y para ello, se
adoptan las medidas cautelares pertinentes; pero, cuestión muy distinta, es querer
evitar la frustración del pago de la reparación civil, a través de la sanción de una figura
delictiva.
 Fijar el objeto jurídico de protección, tarea de hermenéutica imprescindible, resulta
empresa difícil en este caso, en la medida que no vemos posibilidad alguna, de que el
concreto funcionamiento de la administración de justicia, se vea afectada, cuando el
sujeto obligado de cubrir con la responsabilidad civil –generada por la comisión de un
hecho punible-, provoca intencionalmente “insolvencia”. Alonso Peña Cabrera.
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PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y ACUERDO REPARATORIO