LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
EN MÉXICO
ING. JOSÉ LUIS NAVA DÍAZ
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Noviembre del 2008
Marco constitucional de la división de poderes
DICTA
CONGRESO
ATRIBUYE FACULTADES
PARA EJECUTAR
LEY
De Obra Pública
Órganos
Autónomos
EJECUTA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Articulo 49
EMITE
EJECUTIVO
Reglamento de la
ley
ACTOS
JURÍDICO
ADMON.
AFECTA
DERECHOS Y
OBLIGACIONES
Tribunal fiscal
de la
federación
MODIFICA
DICTA
JUDICIAL
SOLICITE
PROTECCIÓN
RESOLUCIONES
SI EXISTE
INCONFORMIDAD
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PERSONAS
JURÍDICAS
Orden de prelación de las normas dentro del marco jurídico aplicable
Constitución Política
Ley de Planeación
Plan Nacional
Planes sectoriales
Programas operativos
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Programación de la Inversión
Pública
Sistema jurídico aplicable
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Reglamento de la LFPRH
C
O
N
S
T
I
T
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C
I
Ó
N
Programa de Inversiones
institucional
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas
Lineamientos para la
programación
de la SHCP
Reglamento de la LOPSRM
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P
R
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L
Programa Nacional de Infraestructura
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA
SHCP
OBRA PUBLICA
• La obra pública es todo trabajo que tenga como
objeto la creación, construcción, conservación o
modificación de los bienes inmuebles o de
capital del gobierno.
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La estructura jurídica del Estado
mexicano
Un enfoque integral en la estructura jurídica que rige el comportamiento
del proceso de contratación de la obra pública en México, permite
encontrar algunas debilidades que pueden propiciar compromisos que
no pueden cumplirse en términos de una administración eficaz, eficiente
y que acredite honradez en el manejo de recursos públicos para
satisfacer los objetivos a los que están destinados, según lo asentado en
el artículo 134 constitucional.
“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados,
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos
de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
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Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación
de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente
se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes”.
El cumplimiento de estas disposiciones por parte tanto del licitante como
de los convocantes en la etapa de adjudicación es indispensable para
dar certidumbre a la contratación, de manera que es condición sine qua
non para cumplir formal y fundamentalmente los requisitos que
establezca tanto el citado artículo constitucional como la legislación
secundaria, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas (LOPSRM) y su reglamentación; en cuanto a asegurar las
mejores condiciones para el Estado.
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Dicha ley establece que dentro de los requisitos para contratar, es el
proyecto ejecutivo de la obra el elemento clave para lograr la seguridad
de las mejores condiciones solicitada, toda vez que en este documento
técnico se encuentran plasmadas las normas de calidad necesarios y las
especificaciones de construcción, parámetros necesarios, tanto para
establecer los tiempos de ejecución, como para llevar a cabo la
construcción y calcular el costo adecuado a la obra por construir.
Por esto, el artículo 24 de la LOPSRM así lo señala: “Para la realización
de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos,
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de
ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras públicas de
gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los
licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar los trabajos hasta
su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa
de ejecución convenido”.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior será de la responsabilidad de los
servidores públicos que autoricen el proyecto ejecutivo.
De manera que, sin contar con el proyecto ejecutivo no es posible
presentar una propuesta técnica ni una propuesta económica que
puedan ser analizadas para determinar la solvencia económica,
determinar la eficacia de la obra para cumplir oportunamente las metas
que se pretenden, ni valorar la eficiencia de los recursos que se
establezcan en el presupuesto.
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De lo anterior puede desprenderse que el hecho de licitar un proyecto de
construcción de una obra pública sin contar con los elementos de
especificidad que permitan a los licitantes presentar propuestas técnica y
económicamente solventes es un error que, voluntario o no, conduce a
la firma de contratos que obligan a gobierno y empresas a establecer
compromisos que, en su gran mayoría, no puedan cumplirse en los
términos pactados: el empresario no puede cumplirlos porque enfrenta
cambios constantes en la calidad requerida, programas cortos y costos
unitarios no redituables; el funcionario a cargo de la construcción no
puede cumplirlos porque carece de los instrumentos para controlar la
calidad de la obra, el programa de trabajo y, en consecuencia, deberá
cotizar tareas extraordinarias a las contratadas que repercutirán en
costos adicionales a los pactados.
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Como consecuencia de lo anterior, con frecuencia es necesario
establecer convenios para modificar las condiciones originalmente
pactadas en cuanto a precio, calidad, programa de trabajo y
financiamiento, con lo cual, resulta cuestionable que la contratación
original se hubiera realizado en las mejores condiciones para el Estado,
puesto que cada convenio debería cumplir nuevamente las mejores
condiciones, lo cual es contradictorio.
En estas irregularidades participan tanto los funcionarios como los
representantes de las empresas licitantes, quienes por ignorancia o mala
fe confunden un proyecto ejecutivo con documentos preliminares o
insuficientes que no conducen adecuadamente la construcción de la
obra contratada y, de esta manera, provocan una relación contractual
que afecta negativamente las finanzas públicas.
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Si fuera posible acreditar las pruebas fehacientes de la mala fe,
entonces estaríamos ante casos de fraude.
En caso contrario, tanto los funcionarios públicos como los contratistas
aducirán ignorancia en el conocimiento y aplicación de la legislación
aplicable, en cuyo caso, habría que revisar si se enmarcan en otros
delitos, como es el caso del ejercicio profesional indebido que se tratará
más adelante.
De cualquier forma, la estadística de la empresa consultora KPMG, que
elaboró los datos para Transparencia Internacional, dice que los pagos
extraoficiales realizados por las empresas a los servidores públicos
ocurre en el 16% si se trata de ganar contratos y en un 11% en las
licitaciones públicas.
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En estos casos pudieran presentarse fraudes o corrupción, según que
las dádivas a funcionarios públicos por parte de los contratistas deriven
de pagos indebidamente recibidos o de sus propias utilidades.
Usualmente, las fallas en la contratación producen incrementos en los
montos de construcción que van más allá de un 50% del monto
contratado para la obra, con lo cual las cifras antes expuestas estarían
sobradamente cubiertas. Estos precios adicionales se refieren a los
pagos de precios extraordinarios, gastos no recuperables por atrasos y
suspensiones de la obra, así como a la modificación a las
especificaciones del proyecto ejecutivo que encarecen la obra, entre
otros.
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LA INTENCIÓN DE CONTRATAR
INADECUADAMENTE
Una interpretación inadecuada del artículo 38 de la LOPSRM, ya sea
por errores o por simulaciones de funcionarios y contratistas, ha
provocado serios daños y perjuicios a los programas de inversión en
obra pública. Como puede apreciarse este artículo no debería dejar
dudas en su interpretación ni en lo técnico ni en lo administrativo.
“Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las
proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los
requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la
convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y
detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo
de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por
realizar.
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“Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los
recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades
de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los
precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona
o región donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán
utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación”.
De manera que formalizar contratos de obra pública que durante su
ejercicio injustificadamente se incrementan en costo y tiempo más allá
de un 25% no puede explicarse por medio de la ineptitud profesional o la
ignorancia en la interpretación de la ley durante la licitación, porque
estos elementos no pueden concebirse como atenuantes, y menos
como excluyentes de responsabilidad en términos de las leyes de
responsabilidades de los funcionarios públicos.
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A mayor abundamiento, los cargos públicos que requieren
especialidades profesionales deberán ser ocupados por las personas
idóneas; en el caso del ejercicio profesional de la ingeniería, deberá
acatarse el artículo 5° Constitucional y lo dispuesto en términos de las
leyes de profesiones aplicables; de tal suerte que ningún funcionario
encargado de estos procesos pueda argumentar que desconoce su
marco atributivo y las leyes aplicables a la contratación administrativa.
Los contratistas, por su parte, no pueden permitir que, con tal de cubrir
bajos salarios, diseñen, supervisen, contraten y paguen la obra los
trabajadores a su cargo que no cuentan con el título y la experiencia
necesaria para obtener éxito en la construcción de la infraestructura.
Quienes desarrollan tareas técnicas, para las cuales se requiere cédula
profesional y, en algunos casos, la certificación profesional prevista en
las leyes de la materia, cometen en sí mismo un delito sancionado en el
derecho penal mexicano si no cuentan con estos requisitos.
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Esto lo regula el CPF cuando señala en su artículo 250 que “Se
sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos
días a quien:
“II.- Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna
profesión reglamentada, expedidos por autoridades u organismos
legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones
reglamentarias del artículo 5º constitucional.
a).- Se atribuya el carácter del profesionista
b).- Realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de
lo previsto en el 3er. párrafo del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de
los artículos 4º y 5º Constitucionales”.
De manera que si un funcionario a cargo de los procesos de
contratación, más tarde de ejecución de la obra y luego del pago de la
misma, no tiene o no contrata los servicios acreditados de quienes
tienen por ley la facultad de prestarlos, incurre en un uso indebido del
servicio público al suponerse atributos profesionales que la ley no le
ING. JOSÉ
LUIS NAVA
permite
y DÍAZ
que, sin duda, el buen Dios no le otorgó.
Se argumenta que un contrato que cumple formalmente con lo previsto
en los requisitos de legitimidad contractual que señala la teoría general
de las obligaciones, fundamentalmente en lo relativo a la expresión de
las voluntades de los que firman el pacto, y que ostentan la
representación legal para obligarse, es suficiente para justificar los
términos convenidos.
No obstante, como se trata de un contrato administrativo, en el cual
deberá permanecer el interés de la sociedad y acatarse las leyes
aplicables en la materia, el representante del gobierno no puede
obligarse más allá de lo que su marco atributivo le permite; y el particular
está obligado a saber que la firma y cumplimiento de este tipo de
contratos se regula por instrumentos jurídicos específicos.
Se puede afirmar entonces, que aunque de un contrato administrativo
formalmente correcto se derive un conjunto de obligaciones de pago por
parte del gobierno, el cumplirlas está sujeto a que las condiciones reales
en las que se desenvuelva el contrato se justifiquen y documenten en la
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forma prevista en las normas del ejercicio presupuestal.
EL ENGAÑO
Los casos de fraude en la contratación se planean desde el diseño de
las bases para licitar propuestas, en donde, los actores principales se
han coludido para acordar los precios y, entonces, la convocatoria,
licitación y fallo se convierten en actos simulados al elaborarse términos
de referencia inadecuados.
El demostrar la intención de engañar, para los efectos de configurar un
delito de fraude, es esencial. Por esto, es necesario que el auditor
forense o de fraude establezca los elementos de investigación con
estricta observancia a derecho, sin presumir conductas dolosas pero sin
acreditar de antemano delitos culposos. Lo determinante estriba en que
el hecho jurídico del quebranto o daño a la Hacienda Pública constituye
un delito cuyos responsables y alcance deberán ser investigados.
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FUNCIONARIO
Y
CONTRATISTA
ESTIMACIÓN DE
TRABAJOS
NO EJECUTADOS
Engaño
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Engaño
FACTURACIÓN
DEPENDENCIA
O
ENTIDAD
La fiscalización tiene un margen de actuación que deberá ser agotado
para conseguir las pruebas necesarias y suficientes para aportar a las
autoridades persecutoras del delito cometido. Es indispensable que el
auditor prevea en sus actividades los tiempos necesarios para aportar la
coadyuvancia que la autoridad judicial pudiera requerir para integrar sus
averiguaciones.
El engaño se confirma cuando un contrato incrementa el monto y el
plazo más allá del 25% que la ley establece como un parámetro
aceptable. En este caso, la variación deberá ser justificada, en caso
contrario, este contrato puede considerase un contrato fraudulento, dado
que rebasar el 25% es una excepción y no es la regla, tal como lo
señala el artículo 59 de la LOPSRM:
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“Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas,
modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la
parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por
ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados”.
Más aún, el fingir que se dispone del proyecto de la obra para fines de
contratación, tiene su origen en una deficiente (intencional o no) etapa
de planeación cuando se realizan inadecuadamente los estudios
económicos de la inversión pública de las obras que se analizan sin
contar con anteproyectos, y se continúa cuando los estudios financieros
son solamente trámites a cumplir sin ajuste a los análisis propuestos en
los lineamientos para el cálculo del costo-beneficio de la SHCP.
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La simulación se continúa durante la etapa de programación en donde
no hay certeza del costo de los proyectos de obra y se confirma, como
se ha señalado, con una contratación plagada de vicios en los
procedimientos establecidos en la ley.
Por lo expuesto, se puede afirmar que las fallas de carácter técnico en
las obras y la interpretación fraudulenta de la normativa jurídica
aplicable, tienen como denominador común la falta absoluta de respeto a
códigos de conducta profesionales, principalmente en lo relacionado con
la capacidad profesional y la impunidad ante las faltas reiteradas a la
legislación sobre responsabilidades administrativas.
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Una vez que un delito de fraude a los contratos de obra pública haya
sido determinado, el alcance de las responsabilidades de quienes
participan en todo el proceso es muy amplio e incluye: a funcionarios
que extienden nombramientos a ineficientes y corruptos, empleados que
participan sin calificación profesional, contratistas que licitan sin juzgar
adecuadamente las bases emitidas, los constructores que incumplen los
contratos firmados, los residentes de las obras que autorizan
modificaciones injustificadas a los contratos, los órganos de control que
no vigilan adecuadamente la comisión de todos estos delitos, las áreas
de auditoría que no actúan jurídicamente en contra de los servidores
públicos involucrados.
Cuando los órganos de control y auditoría determinan un daño a la
Hacienda Pública como resultado de sus investigaciones deberán llevar
a cabo las acciones que la ley les faculta para remediar los efectos
causados, esto es, procurar el resarcimiento económico del daño y
sancionar la conducta del servidor público en el marco de sus
atribuciones.
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Adicionalmente, se tendrá que hacer la denuncia correspondiente a la
autoridad que le compete perseguir los delitos, toda vez que al auditor
no le corresponde determinar responsables ni tipificar conductas, mucho
menos deslindar o fincar responsabilidades, deberá solamente informar
a la autoridad los hechos que le constan, ya que, de lo contrario, será
omiso en su responsabilidad ciudadana y, eventualmente, cómplice de la
probable omisión de un delito.
El simular tareas de control y auditoría es sancionable en términos del
artículo 400 del CPF y abarca a quien no procure, por los medios lícitos
que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la
consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están
cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo
caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras normas
aplicables.
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FRAUDE
Artículo 386.- Comete el delito de fraude el que engañando a uno o
aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de
alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
Código Penal federal
Elementos:
Sujetos Activos: El funcionario público y el contratista
Sujeto pasivo: El Estado
Acción delictiva: Engaño
Vinculación: Contrato administrativo
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CORRUPCIÓN
Es un proceso por medio del cual un servidor
público obtiene beneficios privados o pagos
extralegales aprovechando su posición de
autoridad.
•
Definición de la CEI.
 Elementos: Un sujeto activo: el servidor público.
 Un sujeto pasivo: El contratista
 Acción delictiva: La extorsión
 Vinculación : Contrato administrativo
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EL FRAUDE DURANTE EL PAGO
Los elementos constitutivos del delito de fraude durante la ejecución y
pago de la obra pública son los siguientes: el contratista y el funcionario
como sujetos activos que cometen un engaño con fines de apropiarse de
un dinero que no les corresponde, el Estado como sujeto pasivo que
sufre el quebranto y la consumación del delito que deberá probarse
mediante el documento que acredita el pago realizado y el recibo del
ingreso del dinero al patrimonio del contratista.
En los ejemplos que se citan a continuación, deberá tomarse en cuenta
que, además de los que en cada ejemplo se señalan relacionados con la
LOPSRM, deberá considerarse el cumplimiento de lo que se asienta en
el Artículo 66 del RLFPRH.
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“Las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos
efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los
siguientes requisitos:
I.
Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con
excepción de los anticipos previstos en las disposiciones aplicables;
II.
Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios de
presupuesto autorizados, y
III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los
documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las
disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de
hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la
entrega de las sumas de dinero correspondientes”.
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1.- Pago de trabajos no realizados
Contraviene el artículo 54 de la LOPSRM.
“Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con
una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas
a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la
fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la
dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de
obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará
con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su
presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas
se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación”.
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2.-Pagar obra de mala calidad
El contratista contraviene el artículo 67 de la LOPSRM.
“El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública,
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal
o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia
o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su
inobservancia serán a cargo del contratista.
El funcionario contraviene el artículo 68 de la LOPSRM.
“Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o
entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la
responsable de su realización, el inmueble en condiciones de operación, los
planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones
que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos
de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados”.
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3.- Actualizaciones de precios en exceso de lo pactado y permitido en
ley.
Contraviene la LOPSRM en su artículo 56.
“Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando
procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste
de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 57 de esta Ley. El aumento o reducción
correspondientes deberá constar por escrito.
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4.- Apropiación indebida de anticipos”.
Contravención del artículo 50 de la LOPSRM.
“El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se
sujetará a lo siguiente:
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo
señalado cubrirá los cargos que resulten de conformidad con lo indicado
en el párrafo primero del artículo 55 de esta Ley”.
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Caso general:
Si el servidor público que ejecuta la obra provocó o participó en un
fraude, lo detecta el servidor público a cargo del control y se llega a la
conclusión de que el primer servidor público actuó en contravención de
la ley en términos del ejercicio profesional por no contar con los
conocimientos requeridos que las leyes regulan.
¿El Estado resulta corresponsable y se sancionará a sí mismo, según lo
establecido en el artículo 32 del actual Código Penal Federal?
“VI.- El Estado, solidariamente, por los delitos dolosos de sus servidores
públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y
subsidiariamente cuando aquéllos fueren culposos.
En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado
típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de
evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es
consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que
omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley,
ING. JOSÉ LUIS NAVA DÍAZ
de un contrato o de su propio actuar precedente”.
Propuestas.
1.-Para atacar esta problemática mediante las auditorías al fraude se
requiere:
- Establecer procedimientos de auditoría forense o de fraude.
- Formar grupos multidisciplinarios con profesionales que revisen los
documentos financieros, las normas de ingeniería, la interpretación
contractual.
- Investigar y documentar con pruebas suficientes, relevantes y
competentes los casos de fraude que han de llevarse a la autoridad
competente.
- Separar y atender en su marco normativo aplicable los casos de
corrupción.
- Sancionar en términos administrativos justos las conductas dolosas o
culposas que no constituyen un delito.
ING. JOSÉ LUIS NAVA DÍAZ
2.-Para propiciar un mejor control de los procesos y evitar el Fraude se
requiere:
- Prevenir prácticas ineficientes, corrupción y otros delitos.
- Propiciar ambientes operativos éticos, legales y técnicos favorables
para lograr procesos exitosos en la realización de la obra pública en
México.
- Profesionalizar los procesos de asignación de contratos de obra
pública.
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ELEMENTOS DEL FRAUDE
EN OBRA PÚBLICA
Sujetos
Activos:
Funcionario
y Contratista
Ignorancia
o
Mala fe
Obtención del
Beneficio Indebido:
Intención de
Beneficio Indebido:
Cobro Indebido
Pago indebido
Legislación
incompleta
Sujeto
Pasivo:
Estado
Mexicano
Nombramiento
inconstitucional
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Administración
de justicia
ineficaz
“ Mientras los valores y los
principios no sean el
estandarte de la contratación,
no hay normas que valgan”
“Sólo la confiabilidad de los
procesos y la confiabilidad en
las personas, disminuirá los
riesgos de fraude”
ING. JOSÉ LUIS NAVA DÍAZ
Bibliografía
1.- Legislación administrativa y penal aplicable al ejercicio de la inversión en
obra pública.
2.- Nava Díaz, José Luis. “Auditoría integral de proyectos de inversión pública.
Un enfoque de sistemas.”, en Memorias del primer encuentro de la
comunidad sistémica. Cancún, Q.R., Asociación Mexicana de la Ciencia de
Sistemas (AMCS). Junio, 2005.
3.- Nava Díaz, José Luis. “Auditoría Técnica de la obra pública”. Memorias del
Congreso Auditoría interna y gobierno corporativo. Octubre, 2004.
4.- Nava Díaz, José Luis. “La Ética y las Profesiones”, en Revista Vector, 2 de
Junio de 2001.
5.- Nava Díaz, José Luis. “Ley de obras públicas, una deuda pendiente con la
sociedad mexicana”. Boletín informativo Noticolegio, número 372. México,
CICM. Noviembre, 2004.
ING. JOSÉ LUIS NAVA DÍAZ
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Fraude en la Obra Pública